La preocupación por el dengue volvió a encender las alarmas en Santa Marta. Mientras los casos de la enfermedad aumentan más de un 53 % en la ciudad y el Magdalena, la capital del departamento quedó por fuera del primer grupo de territorios priorizados para recibir la vacuna, decisión que la Personería Distrital considera incomprensible frente a la realidad social y sanitaria del Distrito.
Por eso, el personero de Santa Marta, Edwar Orozco Oñate, radicó una solicitud formal ante el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud para que se implemente, de forma urgente, una jornada de vacunación masiva contra el dengue en la ciudad, con un enfoque especial en las poblaciones más vulnerables.
“Hemos solicitado una implementación urgente para que se inicie un proceso de vacunación contra el dengue, priorizando obligatoriamente a nuestros niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, específicamente de los estratos 1, 2 y 3 con registro en Sisbén, por las situaciones que hoy nos están afectando”, explicó el personero.
Uno de los argumentos centrales del Ministerio Público local es que en Santa Marta el riesgo no solo está en las cifras, sino en las condiciones estructurales: la crisis de agua obliga a miles de familias a almacenar líquido en pimpinas, tanques y recipientes improvisados, justo el escenario ideal para la reproducción del mosquito transmisor. A eso se suma el rebosamiento permanente de aguas residuales y un sistema de alcantarillado obsoleto en varios sectores de la ciudad.
“Nos afecta la escasez de agua, el rebosamiento permanente de aguas de alcantarilla y las condiciones bioclimáticas que sirven como generadores en la transmisión de este virus en comparación con otros territorios del país”, advirtió Orozco, al insistir en que Santa Marta debería tener un trato prioritario en la estrategia nacional de vacunación.
La Personería también cuestionó que municipios como Neiva, Palermo y Rivera ya hayan recibido y distribuido miles de dosis, mientras Santa Marta sigue esperando.
“Nos preguntamos si esos municipios tienen las mismas condiciones que incrementan la transmisión del virus. ¿Allá también hay escasez de agua que obligue a comprar pimpinas? ¿Allá la gente tiene que almacenar agua lluvia? ¿Tienen un sistema de alcantarillado obsoleto con rebosamientos permanentes como el que tenemos hoy en Santa Marta?”, planteó el personero.
Otro punto clave del llamado es el componente económico. Según la Personería, la mayoría de las familias de estratos 1, 2 y 3 no pueden pagar una vacuna que cuesta alrededor de 460.000 pesos en el mercado privado, cuando el salario mínimo para 2026 es de 1.750.905 pesos.
“Estas personas no pueden comprarla. Con lo que ganan no les alcanzaría, porque además deben asumir gastos como la compra de pimpinas de agua y el sostenimiento de sus familias”, agregó Orozco, al pedir que la vacuna llegue primero a quienes no tienen cómo costearla.
Hasta el momento, el Distrito no ha recibido respuesta del Ministerio de Salud ni del INS frente a esta solicitud. Mientras tanto, la Personería insiste en que Santa Marta necesita una intervención diferencial y urgente, no solo campañas de prevención, sino una estrategia de vacunación que tenga en cuenta su realidad: una ciudad con alta circulación del virus, crisis de agua, problemas de alcantarillado y una población que, en gran parte, vive al límite de sus ingresos.