La decisión de la Alcaldía de Bogotá de aplicar pico y placa dos sábados al mes a los vehículos matriculados por fuera de la capital desató un fuerte rechazo en la región. En entrevista con Noticias de la Mañana, el abogado Julián Prada anunció que interpondrá una acción popular para frenar la medida, que considera “segregadora y contraria a la ley de región metropolitana”.
La restricción, que comenzaría a regir en el primer semestre de 2026, afectará a los vehículos de otros municipios y departamentos que circulan por Bogotá los fines de semana. El alcalde Carlos Fernando Galán ha defendido la medida argumentando que tres de cada diez carros que transitan por la ciudad no están matriculados en la capital, pero sí generan congestión, contaminación y deterioro en la infraestructura sin aportar impuestos.
Sin embargo, el anuncio fue recibido con críticas desde distintos sectores. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, calificó la decisión como “excluyente” y ajena a la integración territorial. También propuso revisar el uso de los recursos compartidos y estudiar reformas que obliguen a una redistribución del impuesto vehicular entre Bogotá y Cundinamarca.
Una decisión arbitraria
El abogado Julián Prada Betancourt confirmó que presentará una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para frenar el decreto. Según dijo, la administración distrital está desconociendo la Ley 2199, que establece que todas las decisiones de movilidad en la región metropolitana deben tomarse bajo principios de coordinación, concurrencia y complementariedad.
“El alcalde está actuando como si Bogotá fuera una isla. Está tomando medidas unilaterales que afectan directamente la movilidad, un derecho colectivo, y desconoce la realidad de miles de personas que estudian y trabajan entre Bogotá y Cundinamarca”, afirmó.
Prada señaló que la restricción perjudicaría a las familias de la sabana que dependen de la circulación diaria hacia la capital, así como a quienes ingresan los fines de semana. También advirtió que, bajo esa lógica, los municipios podrían imponer restricciones similares a los carros matriculados en Bogotá, afectando a los propios capitalinos.
El decreto debe ser suspendido "tal y como dice la ley"
La acción popular buscará que se suspenda el decreto una vez sea expedido y que se obligue al Distrito a concertar una política regional de movilidad, tal como lo exige la ley. El abogado enfatizó que las decisiones deben tomarse con base en datos confiables, y cuestionó la información que estaría usando la Alcaldía para justificar la medida.
Desde el Distrito, la secretaria de Hacienda, Ana María Cárdenas, defendió el pico y placa asegurando que Bogotá no puede seguir perdiendo participación en el registro vehicular mientras aumentan las necesidades de inversión en semáforos, vías e infraestructura.
El debate continúa abierto. Mientras la Alcaldía insiste en la necesidad fiscal y ambiental de la medida, la Gobernación y sectores ciudadanos reclaman concertación, datos precisos y respeto por el espíritu de integración regional.
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