El crimen ocurrió en noviembre de 2016 en Barrancabermeja y estuvo precedido, según la sentencia, por un patrón de violencia física, psicológica, verbal y sexual contra la víctima. El proceso judicial se extendió durante casi una década.
El Juzgado Sexto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Barrancabermeja condenó a Diego Armando Amaya Pérez a 510 meses de prisión, equivalentes a 42 años y 6 meses de prisión, como responsable del delito de feminicidio agravado de la médica Yolsabeth Durán, asesinada en noviembre de 2016.
De acuerdo con la sentencia, entre julio y noviembre de ese año, Amaya Pérez sostuvo una relación sentimental con la víctima, en la que se habría presentado un patrón reiterado de violencia, control, celos, amenazas y maltrato. Para el despacho judicial, estos antecedentes permitieron establecer un contexto de violencia de género y una relación de poder y dominación.
Los hechos ocurrieron la noche del 22 de noviembre de 2016. Según la investigación, la médica fue inicialmente agredida dentro del vehículo en el que se movilizaba junto al procesado. Posteriormente, habría sido trasladada contra su voluntad hasta la vivienda de Amaya Pérez, ubicada en el barrio Miraflores de Barrancabermeja.
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En el inmueble continuaron las agresiones. La sentencia establece que la mujer fue sometida a una violencia extrema, inmovilizada y posteriormente asfixiada mediante sofocación. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente, 23 de noviembre, enterrado en una fosa clandestina ubicada en el patio trasero de la vivienda.
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Las pruebas forenses fueron determinantes para establecer las circunstancias de la muerte. La necropsia indicó que se produjo por obstrucción de las vías respiratorias con cinta adhesiva, lo que ocasionó que la víctima aspirara su propio contenido gástrico. También fueron documentados signos de inmovilización en los tobillos, lesiones en las muñecas y múltiples traumatismos.
Para el juez, las lesiones evidenciaron un sometimiento físico cruel y prolongado y no correspondían a una simple riña o a un hecho accidental. El despacho determinó que existió una relación de poder y dominación ejercida sobre la víctima.
La sentencia también valoró testimonios sobre el comportamiento controlador que Amaya Pérez habría mantenido durante la relación, incluyendo episodios de celos, aislamiento, insultos, agresiones físicas y acciones encaminadas a limitar la autonomía de la mujer y alejarla de su entorno familiar.
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El caso tuvo un importante giro durante el proceso judicial. En 2017 se había producido una condena por homicidio agravado, decisión que fue apelada por la representación de las víctimas.
Posteriormente, en 2021, el Tribunal Superior de Bucaramanga decretó la nulidad de lo actuado desde la audiencia de verificación del allanamiento, al considerar necesario analizar la posible configuración del delito de feminicidio a partir de nuevos elementos obtenidos de la necropsia.
Después de ese trámite, la Fiscalía presentó acusación formal por feminicidio agravado, delito por el cual finalmente se produjo la condena de 510 meses de prisión.