Luis Alberto Álvarez Parra, presidente del Consejo de Estado y ponente de los fallos que anularon las elecciones de los alcaldes de Bucaramanga y Girón, advirtió sobre sanciones para abogados que intenten dilatar decisiones judiciales y pidió al Congreso aclarar la norma sobre doble militancia.
Las decisiones del Consejo de Estado que tumbaron las elecciones de Jaime Andrés Beltrán Martínez, en Bucaramanga, y Campo Elías Ramírez Padilla, en Girón, siguen generando impacto político y jurídico en Santander.
Durante el Congreso de Confecámaras, realizado en Cartagena, el presidente del alto tribunal, Luis Alberto Álvarez Parra, rompió el silencio sobre los polémicos fallos que dejaron a dos municipios clave del área metropolitana sin sus mandatarios electos.
El magistrado confirmó que, aunque el caso de Bucaramanga ya está ejecutoriado y Beltrán abandonó el cargo, el proceso contra el alcalde de Girón aún no se cumple en su totalidad.
“En el caso de Girón se están resolviendo los últimos memoriales, y en las próximas semanas quedará firme la decisión”, aseguró. Álvarez Parra, además fue enfático en advertir que los intentos de frenar o dilatar los fallos judiciales tendrán consecuencias.
“Cuando los recursos se presentan con fines dilatorios, el legislador contempla sanciones pecuniarias para los abogados que buscan burlar una decisión judicial”, sentenció. El presidente del Consejo de Estado también aprovechó el escenario para hacer un llamado al Congreso de la República, al señalar que la figura de la doble militancia, causa de las anulaciones, requiere una urgente revisión.
“Es necesario que el legislador entre a precisar algunos aspectos de esta norma, porque no es conveniente que los jueces deban llenar vacíos legales”, subrayó. El magistrado recordó que la doble militancia busca fortalecer la disciplina de los partidos, pero advirtió que su ambigüedad actual ha provocado una cascada de demandas y nulidades que afectan la estabilidad institucional en varias regiones del país.
Con sus declaraciones, el presidente del Consejo de Estado marcó distancia frente a las críticas políticas y dejó claro que las decisiones judiciales deben cumplirse sin excusas ni maniobras.
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