El representante a la Cámara por Santander, Cristian Avendaño, lanzó fuertes cuestionamientos contra el proceso de contratación del alumbrado público en Piedecuesta y anunció que demandó el decreto que otorgó facultades al alcalde municipal para crear una empresa de economía mixta encargada del servicio. Según el congresista, la licitación que adelanta la administración municipal “abre la puerta para que un grupo empresarial privado mantenga el control del alumbrado por otros 30 años”.
En entrevista con Blu Radio, Avendaño aseguró que el modelo planteado por el municipio terminaría trasladando los recursos del impuesto de alumbrado público, que pagan los usuarios a través de la factura de energía, a un operador privado con vínculos, según él, con una “malla empresarial” que habría manejado el sistema desde 2002.
“Lo que están haciendo es un negocio para que la plata que paga cada piedecuestano en su factura se quede en manos de un privado que lleva años manejando el alumbrado. Liquidaron el contrato anterior en tiempo récord y ahora quieren prolongar el negocio a través de una empresa de economía mixta”, afirmó el representante.
El congresista señaló que la anterior concesión, firmada en 2002 y con vencimiento en 2027, fue terminada bilateralmente en cuestión de días. Acto seguido, indicó, se radicó en el Concejo el proyecto que dio facultades al alcalde para crear la nueva sociedad mixta que administrará el servicio. Según Avendaño, la licitación en curso tiene un único oferente y estaría vinculada a empresas sancionadas por la Superintendencia de Industria y Comercio.
El representante mencionó el caso de Roy Alpha, empresa que, de acuerdo con él, aparece tanto en la antigua concesión como en la nueva estructura societaria, con una presunta relación con figuras del sector como Euclides Torres. “Al que le liquidaron el contrato es el mismo al que se lo quieren entregar por 30 años. Solo están cambiando el esquema”, expresó.
Avendaño también cuestionó las cifras presentadas por el municipio para justificar el proyecto. Aseguró que no existen estudios técnicos claros sobre el costo real del mantenimiento, la operación, las inversiones ni la tarifa.
“No tienen sustento técnico, no saben cuánto va a costar el servicio. A 30 años son 2,3 billones de pesos”, afirmó.
El congresista confirmó que interpuso una demanda contra el acuerdo municipal que otorgó facultades al alcalde para conformar la empresa mixta. El proceso ya fue admitido.
El cuestionado contrato por $46.8740 millones tiene como objeto la selección de un privado para conformar la sociedad de economía mixta.
A las críticas del representante se suma un requerimiento urgente de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, que encontró riesgos graves en la licitación SGTIC-LP-04-2025, encargada de seleccionar al socio privado que integrará la sociedad de economía mixta.
Según el ente de control, la Administración no presentó:
Memorias de cálculo, inventarios técnicos ni soportes de los costos del servicio, proyectados a 30 años.
Justificaciones para cifras contradictorias en el componente de inversión, donde se mencionan $280.872 millones en unas tablas y $87.494 millones en el anexo técnico.
Explicaciones sobre el retorno económico del socio privado, pese a que este recibiría el 49 % de los dividendos de la nueva empresa.
La Procuraduría advirtió que estas omisiones pueden afectar la igualdad entre oferentes, comprometer los principios de transparencia, planeación, economía y selección objetiva, e incluso derivar en causales de nulidad absoluta del eventual contrato.
El organismo también alertó sobre un posible detrimento patrimonial si el modelo financiero no está correctamente soportado, ya que comprometería recursos del impuesto de alumbrado público durante tres décadas.
El organismo de control le ordenó al alcalde Óscar Javier Santos entregar, en un plazo de tres días: soportes técnicos completos de todos los costos del servicio (CSEE, CINV, CAOM, COTR) con metodología, inventarios y bases de datos; estudios que justifiquen el retorno económico del socio privado y su proporcionalidad frente a los aportes públicos.
Además, la Procuraduría exhortó a suspender la licitación y evaluar la revocatoria del acto de apertura, mientras se analizan las posibles irregularidades advertidas.
Hasta el momento de publicación de este informe la Alcaldía de Piedecuesta no se ha pronunciado sobre la denuncia del congresista Cristian Avendaño y el requerimiento de la Procuraduría por posibles irregularidades en la licitación del alumbrado público.
Este es el documento de requerimiento de la Procuraduría.
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