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En un contundente golpe a las estructuras dedicadas al tráfico de sustancias ilícitas en Barrancabermeja, la Fiscalía General de la Nación logró la judicialización y el envío a prisión de siete hombres que, presuntamente, mantenían el control de la comercialización de estupefacientes en el neurálgico sector de La Carrilera.
Esta zona, que durante años ha sido un punto crítico para la seguridad de los barranqueños, se convirtió desde mediados de 2025 en el epicentro de un meticuloso operativo de inteligencia que hoy arroja sus primeros resultados de peso, devolviendo un poco de tranquilidad a los residentes y comerciantes que conviven diariamente con la problemática del microtráfico.
La investigación, que se extendió por cerca de diez meses, permitió poner nombre y rostro a quienes serían los dinamizadores de esta economía ilegal. Los procesados fueron identificados como Miguel Ángel González Alvarino, Orsan Wilfred Ortega Vides, Stiven Andrés Suárez Mantilla, Elmer José Yepes Chávez, Kevin Andrés Medina Segura, Moisés David Quintero Cueto y Fabián Andrés García Rodríguez.
Según el ente acusador, estos individuos habrían establecido un sistema de distribución de “todo tipo de alucinógenos”, adaptando sus movimientos para evitar la detección policial, aunque sin contar con que cada uno de sus pasos estaba siendo documentado por agentes encubiertos.
El éxito de este proceso judicial radica en la solidez del material probatorio recolectado desde junio de 2025. Los investigadores de la policía judicial no solo se limitaron a las capturas, sino que construyeron un expediente robusto mediante seguimientos personalizados, análisis de cámaras de seguridad y registros fotográficos que capturaron los momentos exactos de las entregas.
Esa labor de inteligencia permitió que, al momento de presentarlos ante el juez de control de garantías, la Fiscalía tuviera evidencias físicas e incautaciones previas que vinculaban directamente a los siete sujetos con la red local de expendio.
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Durante las audiencias concentradas, un fiscal seccional les imputó el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. A pesar de la contundencia de los videos y las pruebas técnicas presentadas, ninguno de los procesados aceptó los cargos. Sin embargo, dada la peligrosidad que representan para la comunidad y la probabilidad de que continúen delinquiendo, el despacho judicial determinó que todos deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el juicio en su contra.
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