La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia realizó este miércoles 23 de septiembre la audiencia de imputación de cargos contra el exgobernador de Santander Mauricio Aguilar Hurtado, por el presunto delito de peculado por apropiación, relacionado con el contrato para la construcción de la nueva sede del colegio Lucas Caballero, en Suaita.
La investigación está relacionada con el contrato 3835 de 2023, adjudicado a la Unión Temporal Colucas 2022, con un presupuesto superior a $15.000 millones y un plazo inicial de ejecución de 12 meses.
Sin embargo, tres años y medio después de la firma del contrato, el proyecto permanece paralizado. De acuerdo con la información conocida, el contratista únicamente ha ejecutado movimientos de tierra y no ha iniciado la construcción de la infraestructura educativa prevista.
El proyecto ha enfrentado diferentes dificultades desde su inicio. Entre ellas se encuentran problemas relacionados con los estudios y diseños, el traslado de redes eléctricas y posteriormente restricciones ambientales.
A esta hora la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema Justicia imputa cargos al exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar, por el delito de peculado por apropiación, dentro de una investigación por presuntas irregularidades en construir de un colegio en Suaita #MañanasBlu pic.twitter.com/lDoDj54XV4
— Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 23, 2026
La Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) ordenó la suspensión de actividades de tala y remoción de tierra después de establecer que parte de la infraestructura proyectada estaría ubicada dentro de la franja de protección de las quebradas Chorreras e Inmaculada. Según información reportada, cerca del 38 % de la obra proyectada estaría dentro de esa zona de reserva.
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A esto se suma la decisión del Departamento Nacional de Planeación de suspender el flujo de recursos provenientes del Sistema General de Regalías, que representan aproximadamente el 60 % de la financiación del proyecto. La medida fue adoptada mientras se adelantan los procedimientos de control correspondientes.
Incluso se ha planteado la posibilidad de una liquidación anticipada del contrato, debido a las dificultades que enfrenta la obra y a la imposibilidad de avanzar en su ejecución.
El caso también ha generado actuaciones de los organismos de control. La Procuraduría formuló cargos contra funcionarios que ejercieron labores de supervisión y contra el representante legal del consorcio interventor, por presuntas irregularidades relacionadas con el seguimiento y control de la ejecución contractual.
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La investigación involucra a Antonio José Pinzón Páez y Próspero Alberto Arenas Castillo, quienes ejercieron labores de supervisión del contrato, y a Nelson Eduardo Navas Beltrán, representante legal del consorcio encargado de la interventoría de la obra.
De acuerdo con la Procuraduría, las posibles irregularidades estarían relacionadas con las labores de seguimiento y control realizadas durante la ejecución del contrato, suscrito en 2022 y cuyo valor supera los $15.000 millones.
El organismo de control busca establecer si los supervisores y el interventor cumplieron con las obligaciones que tenían a su cargo para garantizar que el proyecto se desarrollara de acuerdo con los requisitos establecidos.
La audiencia judiciala de este miércoles determinará los términos de la imputación presentada por la Fiscalía contra el exmandatario. La imputación de cargos no constituye una condena y será la justicia la encargada de establecer la eventual responsabilidad penal de Aguilar Hurtado.
Cabe recordar que la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia acusó hace varios meses al exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, por los presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación con el Canal TRO.
De acuerdo con el ente acusador, existe material probatorio suficiente para demostrar la presunta responsabilidad del exmandatario departamental en la comisión de estos delitos, relacionados con irregularidades en la contratación de dos convenios por más de $8.000 millones entre la Gobernación de Santander y el Canal TRO, destinados a la producción y transmisión de contenidos institucionales.
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