El ataque perpetrado el pasado 16 de noviembre por Juan Carlos Blanco Salazar, de 34 años, contra cuatro vigilantes del Hospital Universitario de Santander (HUS), ya avanza en la justicia. El agresor fue imputado por el delito de homicidio en grado de tentativa, una conducta que, según las autoridades, podría acarrearle una pena de entre 17 y 36 años de prisión.
El gerente del HUS, Ricardo Hoyos, confirmó que la audiencia de legalización de captura y posterior imputación se llevó a cabo dentro de las instalaciones del hospital, donde Blanco Salazar permanecía bajo observación médica tras ser atendido por las lesiones que presentaba.
“La audiencia de legalización de captura se realizó en el hospital, en un ejercicio de colaboración armónica entre la Policía y la justicia. Esta persona enfrenta un proceso por homicidio en grado de tentativa, que puede ser alrededor de 17 a 36 años, con una medida de aseguramiento intramural”, explicó Hoyos.
Cabe recordar que Blanco Salazar había ingresado al HUS hacia las 5:50 de la mañana del domingo 16 de noviembre, aparentemente, tras resultar herido en medio de una riña. Aunque llegó por sus propios medios, testigos señalan que presentaba un alto grado de alteración, posiblemente bajo efectos del alcohol.
En medio del proceso de valoración, el hombre intentó retirarse sin alta médica y, al ser requerido por los vigilantes para realizar una requisa, reaccionó de manera violenta.
“Hubo un proceso de no colaboración y cuatro vigilantes se vieron afectados con armas cortopunzantes por este usuario”, relató Hoyos.
Uno de los guardas recibió una lesión en la zona precordial y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Los otros tres vigilantes registraron heridas en brazos, tórax y rostro, y fueron dados de alta el mismo día, mientras que el cuarto herido permanece estable y bajo supervisión médica.
El gerente del HUS aseguró que hoy el parte médico es favorable.
“El vigilante que estuvo más comprometido ya se encuentra estable en recuperación”, indicó.
Además, confirmó que la institución acompañó desde el primer día a los funcionarios afectados para interponer las denuncias correspondientes.
“A título personal, cada uno de ellos instauró las denuncias; se hizo el proceso en Medicina Legal y se activaron los mecanismos necesarios para la legalización de la captura”, añadió.
Mientras avanza el proceso penal, la Policía Metropolitana de Bucaramanga mantiene la custodia del agresor, quien tras ser dado de alta quedó a disposición de las autoridades judiciales.