La crítica situación de orden público en el Catatumbo, Norte de Santander, obligó a Ecopetrol a suspender temporalmente sus operaciones en la zona norte del campo petrolero de Tibú, tras una serie de ataques armados y el creciente apoderamiento ilegal de hidrocarburos por parte de grupos insurgentes y bandas criminales que operan en la región.
La empresa informó que, en lo corrido del año 2025, se han registrado al menos siete incursiones armadas en la Estación Norte, ubicada en la vereda Palmeras, kilómetro 16 del municipio de Tibú. En estos hechos, los delincuentes hurtaron más de 1.300 barriles de petróleo, afectando la continuidad de las operaciones y poniendo en riesgo la vida del personal que labora en el campo.
Ecopetrol indicó que las acciones violentas han provocado pérdidas superiores a 39 mil barriles de crudo por apoderamiento ilegal y la instalación de más de 150 válvulas clandestinas, las cuales han generado graves daños ambientales y una disminución diaria de alrededor de 300 barriles en la producción.
La compañía advirtió que la presencia de grupos armados organizados, como el ELN y las disidencias de las Farc, en los municipios de Tibú y Sardinata, amenaza directamente la estabilidad energética de la región.
Actualmente, este campo produce unos 1.400 barriles de petróleo y 900 mil pies cúbicos de gas diarios, recurso que abastece la totalidad del servicio público domiciliario de Tibú y cerca del 25 % del consumo de Cúcuta, por lo que la suspensión impacta de manera directa a miles de usuarios.
El experto en seguridad Enrique Pertuz explicó que la problemática en el Catatumbo tiene raíces profundas, ligadas al control territorial que ejercen distintos grupos ilegales sobre los corredores por donde pasa el oleoducto Caño Limón–Coveñas, una de las infraestructuras estratégicas del país.
“Por gran parte de la región del Catatumbo y del sur del Cesar pasa este oleoducto, y esas zonas están controladas no solo por organizaciones insurgentes, sino también por mafias que sustraen los hidrocarburos. Estos combustibles son utilizados en el procesamiento de la hoja de coca, lo que convierte el robo de crudo en una fuente clave de financiamiento para las economías ilícitas”, explicó Pertuz.
El experto advirtió además que en el territorio confluyen insurgencias, estructuras paramilitares y redes de narcotráfico, lo que hace más complejo el panorama de seguridad.
“Estas organizaciones se benefician directamente del combustible sustraído, lo transforman y lo usan en los laboratorios para procesar la cocaína. Así, el robo de hidrocarburos se ha convertido en un eslabón de la economía criminal que mantiene la violencia en la región”, puntualizó.
Ecopetrol reiteró su llamado al Gobierno Nacional y a las autoridades locales para que adopten medidas urgentes que garanticen la seguridad de las operaciones y el bienestar de las comunidades, y expresó su compromiso de retomar las actividades una vez se restablezcan las condiciones mínimas de protección en el territorio.