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La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, y el alcalde encargado de Girón, Fredy Norberto Cáceres Arismendy, por presunta indebida participación en política y posibles irregularidades administrativas relacionadas con decisiones adoptadas en ese municipio del área metropolitana.
De acuerdo con información del ente de control, uno de los primeros aspectos que será verificado es si se presentaron anomalías en la designación del alcalde encargado de Girón, proceso que estuvo a cargo del mandatario de los santandereanos. La denuncia señala que la escogencia de Cáceres Arismendy pudo haber estado influenciada por criterios ajenos a los exigidos por la ley.
La investigación también incluye presuntas actuaciones de Díaz Mateus y Cáceres Arismendy que configurarían intervención indebida en asuntos políticos. Según la queja presentada ante la Procuraduría, ambos funcionarios habrían tenido una “indebida injerencia en asuntos electorales”, lo cual, de comprobarse, constituye una falta disciplinaria grave para los servidores públicos.
Adicionalmente, la Procuraduría Delegada Segunda para la Vigilancia Administrativa revisa posibles irregularidades en varias declaratorias de insubsistencia realizadas por el alcalde encargado de Girón. Estas decisiones habrían afectado a distintos servidores municipales y podrían haber vulnerado derechos laborales.
Cabe recordar que Cáceres Arismendy asumió el despacho municipal por encargo del gobernador Juvenal Díaz tras la nulidad de la elección de Campo Elías Ramírez por doble militancia, según fallo del Consejo de Estado. Sin embargo, su llegada estuvo acompañada de un remezón en la administración local.
Al llegar, el mandatario encargado solicitó las renuncias protocolarias de los secretarios y directores que venían del gobierno anterior. Aunque inicialmente había manifestado que no aceptaría ninguna de esas dimisiones y mantendría al gabinete, finalmente sí lo hizo y, además, declaró insubsistentes a varios funcionarios.
En total, se aceptaron 11 renuncias y dos cargos fueron declarados insubsistentes. Uno de los casos que más generó indignación fue el de la secretaria Administrativa, Jessica Alejandra Pinzón Jiménez, quien fue retirada de su cargo pese a estar en periodo de lactancia materna. Documentos internos evidencian que, el 24 de octubre —día en que Cáceres asumió el cargo—, la funcionaria había solicitado formalmente el permiso correspondiente para atender a su hija prematura.
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No obstante, el Juzgado Tercero Civil Municipal de Girón falló a favor de Jessica Alejandra Pinzón Jiménez y concluyó que el despido vulneró sus derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, al trabajo y a la lactancia materna, y ordenó su reintegro.
La Procuraduría continuará recaudando pruebas y escuchando testimonios para determinar si existe mérito para avanzar hacia un eventual pliego de cargos. Entretanto, tanto el gobernador como el alcalde encargado deberán rendir explicaciones sobre su actuación en los hechos cuestionados.
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