Santander se une a la rebelión regional contra el ajuste tributario del Gobierno Petro

En un desafío abierto a las recientes políticas fiscales del Gobierno Nacional, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, oficializó su rechazo al Decreto 1474 de 2025, sumándose a la rebelión jurídica liderada por la Federación Nacional de Departamentos (FND). La controversia, que ha escalado a un choque de trenes institucional, se centra en las medidas que incrementan el IVA a los licores del 5% al 19% y establecen un polémico “techo” al recaudo regional.Para el mandatario santandereano, estas determinaciones no son simples ajustes técnicos, sino un golpe seco a las finanzas del departamento. Según el comunicado oficial de la Gobernación, Díaz Mateus advierte que estas decisiones “presionan las finanzas departamentales y pueden afectar la inversión y la capacidad de respuesta en sectores esenciales como la salud, la educación y el deporte”.La mayor indignación de los gobernadores radica en el artículo 15 del decreto, que obliga a las regiones a girar a la Nación cualquier excedente de recaudo que supere el IPC del año anterior. En Santander, donde el impuesto al consumo de licores es una columna vertebral del presupuesto (con recaudos superiores a los $21.400 millones en 2024), esta medida es vista como un asalto desde la centralización.Expertos del sector advierten que el incremento del IVA y del impuesto al consumo podría elevar el precio de una botella de licor hasta en un 50%, lo que, en palabras de los mandatarios, "abriría la puerta al contrabando y la adulteración", destruyendo la base gravable de los territorios.Ante lo que consideran un atropello a la autonomía territorial, Santander respalda la solicitud de un espacio ante la Corte Constitucional para exponer los efectos reales de estas medidas. No se descarta el uso de la excepción de inconstitucionalidad, una figura que permitiría a los gobernadores inaplicar el decreto por considerarlo contrario a la Carta Magna, una ruta que ya anunció su homólogo de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y otros gobernadores del país.La respuesta del Gobierno no se hizo esperar. El ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó la postura de los mandatarios como un "mal ejemplo" y una usurpación de funciones, lanzando incluso advertencias sobre posibles denuncias por prevaricato.Frente a estos señalamientos, el Gobierno de Santander fue enfático en exigir respeto por la institucionalidad regional, señalando que las descalificaciones “afectan el clima de diálogo y desconocen el mandato ciudadano”. La crisis tendrá un capítulo definitivo el próximo 19 de enero, fecha en la que se llevará a cabo una reunión clave entre los gobernadores y el Ministerio de Hacienda para intentar frenar lo que las regiones han denominado un “raponazo” a sus recursos.