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Un grupo de trabajadores de la Electrificadora de Santander, empresa filial del Grupo EPM, protagonizó actos de protesta y movilización en varios municipios del departamento, pues según las denuncias, la compañía mantiene una postura inflexible frente al reconocimiento de derechos laborales básicos, entre ellos el ajuste salarial conforme al aumento del salario mínimo legal vigente.
Como parte de las manifestaciones, algunos empleados se encadenaron frente a las instalaciones de la empresa, una acción simbólica con la que buscan llamar la atención de las autoridades, sobre el conflicto laboral que persiste al interior de la compañía.
De acuerdo con las organizaciones sindicales, los trabajadores habían aceptado previamente una prórroga de 21 días solicitada por la administración con el fin de alcanzar acuerdos. Sin embargo, aseguran que no se registraron avances concretos, lo que los llevó a retomar las movilizaciones. También cuestionaron que la empresa rechazara la intermediación del Ministerio del Trabajo; lo que, a su juicio, evidencia falta de voluntad para lograr consensos.
Carlos Roncancio, asesor legal de los trabajadores de la energía eléctrica en Colombia, aseguró que el comportamiento de la compañía refleja falta de gobernanza en el conflicto laboral, generando un alto riesgo operacional.
“La junta directiva de esta compañía y, sobre todo, EPM deben tener en cuenta todos los factores y los riesgos que se pueden presentar. Por eso, hacemos un llamado a la empresa para que en las oportunidades que aún faltan en este conflicto, haga una propuesta acorde a los lineamientos constitucionales y convencionales, respetando el decreto del Gobierno nacional sobre el incremento del salario mínimo”, aseveró.
Según Roncancio, la Electrificadora de Santander cuenta con calificación triple A (AAA) y en 2024 registró ingresos operacionales superiores a los 2,5 billones de pesos, además de una utilidad neta cercana a los 252.000 millones y un ambicioso plan de inversiones entre 2025 y 2028.
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Los sindicatos señalan que, entre las principales exigencias están pidiendo el ajuste del salario vital de acuerdo con los decretos del Gobierno nacional, la formalización laboral para evitar la tercerización, y mayores garantías de seguridad para el personal que realiza labores de alto riesgo, como trabajos con redes eléctricas y transformadores.
Una eventual paralización total de actividades tendría impacto sobre más de 940.000 usuarios del servicio de energía eléctrica en los municipios santandereanos donde opera la empresa.
Los trabajadores advierten que desconocer sus derechos laborales resulta contradictorio, dado que el desempeño financiero de la empresa se sustenta en gran parte en el compromiso de su talento humano. Incluso alertan que decisiones administrativas y problemas de gobernanza podrían poner en riesgo la estabilidad de la compañía y su reputación en el mercado.
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Las protestas se desarrollan en las seccionales de Bucaramanga, Barrancabermeja, Socorro, San Gil y Barbosa, desde donde los trabajadores reiteraron su llamado al Gobierno nacional, al Ministerio del Trabajo y a los organismos de control para que intervengan y faciliten una salida pronta, justa y acorde con la Constitución al conflicto laboral.
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