Un llamado de carácter humanitario hizo público la familia de Sandra Milena Santa Giraldo, una mujer que completa cerca de 28 años privada de la libertad en Colombia, luego de haber ingresado al sistema penitenciario cuando apenas tenía 18 años.
Sus allegados aseguran que, debido a la forma en que se han sumado varias condenas en su contra, la pena total podría alcanzar cerca de 98 años de prisión.
Sandra Milena, actualmente recluida en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Picaleña, en Ibagué, ha pasado por diferentes establecimientos penitenciarios del país durante su prolongado proceso judicial. Entre ellos se encuentran cárceles en Valledupar , Medellín , Bogotá y Cúcuta .
Según explicó Carolina Santa Giraldo, hermana de la interna, el caso se ha prolongado por la imposibilidad de unificar las penas impuestas en distintos procesos. De acuerdo con su versión, al no haberse autorizado la acumulación jurídica de condenas, la mujer debe cumplir cada sentencia de manera consecutiva, lo que elevaría la pena total a varias décadas adicionales de reclusión.
La familia sostiene que, aunque la mujer ha permanecido durante casi tres décadas en prisión y ha participado en actividades de estudio y trabajo dentro del sistema penitenciario, lo que le ha permitido redimir parte de la pena, hasta el momento no ha logrado acceder a beneficios como la libertad condicional.
Desde 2014, aseguran, se han presentado solicitudes ante diferentes despachos judiciales para revisar la situación jurídica, incluyendo peticiones de acumulación de penas y otros recursos legales. Sin embargo, según indican sus allegados, estas solicitudes no han prosperado.
El caso también ha sido expuesto por la familia desde una perspectiva social y personal. De acuerdo con su hermana, ambas crecieron en un entorno marcado por la violencia intrafamiliar y la falta de apoyo, circunstancias que, afirma, influyeron en las decisiones tomadas durante su juventud.
Tras casi tres décadas en centros penitenciarios, la mujer, según sus familiares, enfrenta actualmente problemas de salud física y emocional derivados del prolongado tiempo de reclusión.
Ante la falta de resultados en las vías judiciales ordinarias, la familia decidió elevar una solicitud de indulto al presidente Gustavo Petro, con el fin de que el caso sea analizado desde un enfoque humanitario y jurídico.
Los allegados también aseguran haber acudido a distintas entidades del Estado y organismos relacionados con derechos humanos, en busca de una revisión de la situación.
Mientras tanto, la mujer permanece recluida en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Picaleña, en Ibagué, a la espera de que alguna instancia revise su caso. Su familia insiste en que, más allá de los errores cometidos, el proceso debería evaluarse bajo criterios de proporcionalidad y resocialización, teniendo en cuenta los casi 30 años que ya ha pasado tras las rejas.