El Tribunal Administrativo de Santander ordenó a la Universidad Industrial de Santander (UIS) entregar toda la información relacionada con los contratos de prestación de servicios celebrados con Juliana Andrea Guerrero Jiménez, aspirante al Viceministerio de las Juventudes, que habrían superado los $14.500 millones.
El fallo, con ponencia de la magistrada María Eugenia Carreño, responde a una acción interpuesta por la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, quien solicitó acceso a los documentos y soportes contractuales que la UIS se había negado a divulgar, argumentando una supuesta cláusula de confidencialidad.
Según la sentencia, la universidad deberá informar de manera “expresa, clara y concisa” los criterios que llevaron a la selección de Guerrero como enlace territorial en actividades de sensibilización y convivencia ciudadana, en el marco del Contrato Interadministrativo 2402 de 2023, firmado entre la UIS y el Ministerio del Interior.
El caso ha tomado relevancia nacional debido a que Guerrero habría recibido millonarios honorarios del Estado sin contar con título profesional, entre los años 2023 y 2024. Asimismo, se cuestionan los procesos de contratación y las posibles irregularidades en la adjudicación de los convenios.
La congresista Pedraza celebró la noticia y, a través de su cuenta de X, escribió: “Una decisión judicial más en contra de Juliana Guerrero. El Tribunal Administrativo de Santander me dio la razón: la UIS no podía esconder los contratos de Guerrero, protegidos con una falsa ‘cláusula de confidencialidad’. La transparencia no se negocia”, afirmó.
El Tribunal ordenó a la UIS entregar los informes de supervisión y los soportes de ejecución de los contratos en un plazo máximo de tres días tras la notificación del fallo. Sin embargo, la institución deberá proteger los datos personales y sensibles contenidos en los documentos, en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos.
Vea la entrevista con Juliana Guerrero en Mañanas Blu