Tras una batalla jurídica de más de 15 años, el Tribunal Administrativo de Santander propinó un giro definitivo al futuro del Parque de las Mejoras Públicas de Bucaramanga. El fallo de segunda instancia ratificó la sentencia que ordena restituir las tres hectáreas del predio al municipio y garantizar el libre acceso de la ciudadanía.
La decisión judicial desestima las reclamaciones de la Sociedad de Mejoras Públicas de Bucaramanga (SMPB), entidad privada que ha administrado el emblemático corazón ambiental desde finales de la década de 1930 y que pretendía hacer valer una escritura de donación que data del año 1939.
El fallo judicial deja en firme que el terreno es un bien de uso público y otorga un plazo de seis meses a la Alcaldía de Bucaramanga para tomar el control del predio y ejecutar un plan de recuperación ambiental, transformando radicalmente el modelo de explotación comercial que operaba en la zona mediante restaurantes y contratos de arrendamiento a terceros.
Para la comunidad del sector, la providencia representa un logro histórico. Erick Fernández, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Mejoras Públicas, celebró el dictamen:
"Recibimos con bastante beneplácito la devolución de este parque. Lo que ha hecho esta Sociedad es alquilar los terrenos y usurparlos para beneficio de ellos; la idea ahora es el disfrute de todos los ciudadanos". Según Fernández, el sector carece de zonas verdes y este espacio es la única opción para el esparcimiento de niños y adultos mayores.
En la otra orilla, la SMPB calificó la determinación de “injusticia total” y alertó sobre una presunta violación a la propiedad privada. Carlos Octavio Gómez Ballesteros, presidente de la Sociedad, afirmó que el predio les fue donado legalmente por Fomento Urbano de Santander hace 87 años.
"Es un fallo que atenta contra la sociedad privada y no respeta el debido proceso. El juez ordenó restituir al municipio un predio que nunca ha sido de su propiedad; no puede uno restituir algo que jamás ha sido del municipio", enfatizó Gómez, quien anunció que la junta directiva evaluará este lunes las acciones judiciales a interponer.
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El fallo abre la puerta para que el municipio asuma la administración de un pulmón urbano que, según la SMPB, empezó a ser “perseguido” en los últimos años. Gómez Ballesteros concluyó diciendo que “las funciones de la Sociedad son eminentemente cívicas y culturales. Nosotros debemos, por ley, colaborar con la administración municipal en todo lo que sea ornato, ambiente, cultura y civismo”.