Foto: Freepik
“Decreto de nuevo modelo de salud no va en contravía de las normas”: Acesi
Olga Lucía Zuluaga defiende legalidad y pertinencia del decreto que impulsa el modelo preventivo en salud pública.
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La reciente expedición del decreto 0858 por parte del Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, ha encendido el debate público sobre la legalidad y el alcance de esta medida, que algunos expertos consideran como una “reforma a la salud 2.0 por la puerta de atrás”. Sin embargo, Olga Lucía Zuluaga, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (Acesi), considera que el decreto no solo es legítimo, sino que además se enmarca dentro de las normas constitucionales y legales vigentes.
“Legalmente, sin ser abogada, considero que no va en contravía de todas las normas que en este momento existen en Colombia”, afirmó Zuluaga en entrevista con #MañanasBlu, defendiendo el decreto como un instrumento coherente con la Constitución Política, la Ley 715 y la Ley 1438.
Modelo preventivo y territorial: una estrategia no tan nueva
El decreto busca fortalecer un enfoque preventivo y predictivo en la prestación del servicio de salud, con énfasis en la atención primaria y la gestión sanitaria por áreas territoriales. Para Zuluaga, esta propuesta no es nueva, pero sí representa un paso necesario.
“Siempre se ha hablado de la importancia de prevenir… incluso desde el punto de vista financiero, que es mejor prevenir que luego curar, pero nunca se le habían asignado recursos”, señaló la directora de Acesi. El modelo territorial de salud, que reconoce las particularidades locales y promueve una atención descentralizada, había sido mencionado ya en gobiernos anteriores, pero no se había concretado con políticas efectivas ni con recursos específicos.
Zuluaga enfatizó que el nuevo enfoque parte del principio de que el sector salud, por sí solo, no puede solucionar los problemas estructurales, como lo demuestra el caso de La Guajira y las muertes por desnutrición. Por ello, se propone una estrategia intersectorial que implique a distintos actores del Estado.
¿El decreto sustituye la reforma legislativa? Acesi responde
Una de las principales críticas al decreto es que algunos lo ven como un intento del Gobierno de sustituir el debate legislativo en el Congreso. Sin embargo, Olga Lucía Zuluaga fue clara al señalar que este no es el caso.
“La reforma a la salud como ley igual se requiere porque hay tres puntos claros que no los soluciona el decreto”, explicó, subrayando que aspectos clave del sistema —especialmente en términos de financiamiento y aseguramiento— solo pueden ser modificados vía ley. En ese sentido, Zuluaga aclaró que el decreto actual se limita a fortalecer lo que ya está contemplado en la legislación vigente, sin interferir en las funciones legales de las EPS ni alterar el modelo de aseguramiento.
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Sobre las EPS y el modelo de aseguramiento
Otro punto de discusión ha sido el impacto del decreto en las Empresas Promotoras de Salud (EPS). Críticos aseguran que podría generar una crisis en la atención si las funciones de estas entidades son asumidas por entes territoriales o por la ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud). Sin embargo, Acesi descarta esta posibilidad.
“El decreto no está modificando absolutamente ninguna función de las EPS con relación a la parte financiera y a la parte de la prestación del servicio”, aseguró Zuluaga.Añadió que las EPS seguirán contratando la prestación del servicio, pero que esta contratación deberá alinearse con redes integradas e integrales de atención, como lo establece la Ley 1438 y la Ley 1999.
Asimismo, criticó el actual sistema de giros de recursos: dijo que gran parte de estos se concentran en operadores logísticos y estructuras con integración vertical y deja de lado a hospitales públicos.
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“Los 20 primeros beneficiarios del giro que se llevan el 64 % de los recursos están en integración vertical y en operadores logísticos”, denunció Zuluaga, sugiriendo la necesidad de una transformación profunda del modelo financiero, lo cual sí deberá resolverse a través de una reforma legal.
Sistema de salud: la comparación con la remodelación de una casa
Sin embargo, desde el Colegio Médico de Bogotá y Cundinamarca, la percepción es distinta. Su presidenta, Clemencia Mayorga, advierte que el decreto genera más incertidumbre que soluciones, principalmente por la forma en que fue expedido y la ausencia de recursos claros para su implementación.
“Llevamos tres años oyendo al Gobierno decir que la reforma debía hacerse por ley, con participación y discusión, y ahora resulta que el 90% de esa reforma aparece en un decreto”, reclamó Mayorga, quien cuestionó el “giro inusitado” del Ejecutivo.
Mayorga advirtió que el decreto sí modifica competencias de actores como entes territoriales, EPS y CAPS, algo que a su juicio no puede hacerse sin una ley aprobada por el Congreso. Además, expresó preocupación por la falta de financiación para cumplir con las nuevas responsabilidades que el decreto impone, como la formalización del talento humano en salud.
“Nos dice el decreto que se debe formalizar al talento humano en salud, lo cual suena bien, pero no viene acompañado de recursos nuevos. Entonces ¿cómo lo van a hacer?”, se preguntó.
¿Descentralización sin recursos?
El decreto promueve una descentralización del sistema, asignando a los entes territoriales la responsabilidad de implementar modelos de atención primaria. Para Acesi, esto es positivo y se alinea con las leyes existentes que reconocen la responsabilidad de los departamentos en salud. Pero desde el Colegio Médico, se ve como una medida riesgosa si no está acompañada de inversión.
“Vamos a fortalecer la atención primaria y los equipos territoriales, pero con los mismos recursos. Eso va a agravar la crisis”, afirmó Mayorga.De hecho, la presidenta del Colegio Médico recordó que el sistema ya enfrenta una profunda crisis financiera, con aumento de tutelas, quejas por falta de medicamentos y advertencias de organismos como la Corte Constitucional y la Contraloría.
“La Corte Constitucional le ha ordenado al Gobierno recalcular la UPC porque el sistema está desfinanciado”, enfatizó, alertando que redistribuir recursos sin aumentar el presupuesto puede desmejorar la atención actual.
Un espíritu compartido, pero caminos divergentes
Ambas expertas coinciden en que el objetivo de fortalecer un modelo preventivo es válido y necesario. No obstante, difieren en la forma de lograrlo. Mientras Acesi considera que el decreto respeta el marco legal y puede implementarse de forma progresiva, el Colegio Médico alerta sobre improvisación, falta de claridad en la responsabilidad entre EPS y CAPS, y un peligroso desfinanciamiento.
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“El espíritu es adecuado. Siempre hemos dicho que primero la prevención. Pero eso hay que hacerlo técnicamente y con recursos”, afirmó Mayorga, quien hizo una metáfora clara:“Es como si vas a remodelar tu casa, pero no tienes con qué remodelarla y empiezas la obra igual. Eso es lo que está haciendo el Gobierno con el sistema de salud”.
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