El realme GT Master Edition es un celular con varias características atrayentes para diferentes públicos como los amantes de la fotografía o de los juegos.Tiene un procesador Snapdragon 778G 5G y cuenta con hasta 8GB de RAM y tecnología de expansión dinámica de RAM.Cuenta con una pantalla super AMOLED de 6,43”, que incluye el sensor de huella. Una de las funciones más interesantes de la pantalla es la de Screen Off Display.Es un celular rápido con sistema operativo realme UI 2.0 basado en Android 11 y es ligero y de fácil agarre, pesa 180 gramos y tiene 8.7 milímetros de grosor.El celular cuenta con la posibilidad de tener activas dos tarjetas SIM Card cuyo uso se controla fácilmente desde el menú de configuración.La caja del celular viene acompañada del cargador y de una funda para protegerlo. Uno de los diseños principales del celular fue creado por el diseñador industrial Naoto Fukasawa, inspirado por la importancia de los viajes en la vida de los jóvenes, la parte trasera del teléfono está grabada para reflejar la rejilla ondulada de una maleta.Vea el review:Para los amantes de los juegos, el realme GT Master Edition cuenta con Hyper Boost 3.0, Game Space; Flash Back, que regresa rápidamente al juego después de estar en segundo plano; Modo Inmersivo, perfecto para aquellos que no quieren ser interrumpidos pues bloquea notificaciones.En cuanto a las cámaras, este celular cuenta con tres lentes, una cámara principal de 64MP, un ultra gran angular de 8MP y un macro de 2MP, además de una cámara selfie de 32MP.Además, tiene varias opciones como el modo urbano, una novedad de la marca en el cual se podrá tener un enfoque automático o instantáneo.¿Y la batería? No solo cuenta con una carga rápida que en media hora alcanza el 100 por ciento, sino que puede durar más de un día con un uso normal de aplicaciones.Le puede interesar: escuche Blu 4.0 Podcast
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Sigue el cierre de la calle 11 en El Poblado tras las fuertes lluvias que levantaron el asfalto: expertos evaluarán el box culvert para repararlo. La Alcaldía de Medellín aseguró que está priorizada una obra para mitigar el riesgo en La Presidenta, la quebrada que se desbordó.Luego de 48 horas del diluvio que afectó a Medellín, cerca de 300 personas, con maquinaria pesada y equipos, trabajan para restablecer la normalidad, con labores de limpieza y remoción de material en el sector de El Poblado, donde el desbordamiento de las quebradas La Presidenta, La Poblada, La Escopetería, La Aguacatala y La Cristalina generaron inundaciones en vía pública, vehículos atrapados y colapso en la movilidad.Con palas, escobas y baldes habitantes y comerciantes de la zona se sumaron a estas acciones por las que ya van 141 metros cúbicos de lodo retirados, equivalentes a 10 volquetas, y 2.300 metros cuadrados lavados en las zonas más afectadas. Los afectados narraron los momentos de pánico que se vivieron la tarde anterior por los altos niveles del agua."Parecía un río, y estaba colapsada la ciudad. La gente no se metía, yo me metía. Esto es un carro eléctrico y dije que se iba a apagar, porque se sentían las rocas, se sentía como si el río estuviera aquí en la autopista", comentó uno de ellos.Una de las zonas con mayores afectaciones a la infraestructura fue la calle 11 en inmediaciones de la glorieta de Monterrey, donde el agua produjo daños parciales en la calzada y obligó a su cierre, que persiste por precaución mientras avanzan las obras para su reparación.El secretario de Infraestructura Física, Jaime Andrés Naranjo, explicó que fue la quebrada La Poblada, que desemboca en La Presidenta, la que causó una especie de “explosión” que originó el daño en el asfalto.Sin embargo, gracias al trabajo del equipo de Emvarias y la Secretaría de Infraestructura, se logró habilitar las vías en los sectores Patio Bonito y Euskadi de Medellín, reveló el alcalde Federico Gutiérrez en su cuenta en X.Por su parte, la secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz, anticipó que avanzan los estudios y diseños de la solución hidráulica en la confluencia de las quebradas La Presidenta y La Poblada, como parte del convenio con el Área Metropolitana y el proyecto Mi Río, Mis Quebradas, los cuales estarán listos en marzo para gestionar recursos y ejecutar la obra definitiva.“Está priorizada la construcción de una obra que solucione esta situación que está en este momento en estudios y diseños por parte del área metropolitana del Valle de Arauco para que luego podamos hacer la construcción de esta obra esperando que se solucione. Obviamente estamos partiendo de una visión integral de Cuenca y se ha hecho también una inspección en las partes altas de las quebradas que se activaron”, afirmó.En otro frente de la emergencia, cuadrillas de EPM lograron normalizar en las últimas horas el servicio de energía de 334 instalaciones ubicadas en el sector de la Cola del Zorro, que también se afectaron tras la caída de árboles en esa zona de la ciudad.
En medio del dolor que deja el trágico accidente aéreo ocurrido en la ruta Cúcuta–Ocaña, en las últimas horas comenzó a circular en redes sociales una imagen que ha conmovido profundamente a los colombianos.Se trata de la última foto tomada por una de las pasajeras al interior del avión de Satena que se precipitó en zona rural de Norte de Santander, dejando como saldo la muerte de sus 15 ocupantes.La joven fue identificada como Gineth Tatiana Rincón Sanjuán, una estilista oriunda de Ocaña que por motivos laborales residía en Cúcuta. De acuerdo con versiones cercanas a su familia, Gineth regresaba a su tierra natal cuando abordó la aeronave en el aeropuerto Camilo Daza, sin imaginar que ese vuelo sería el último de su vida.La imagen, captada minutos antes del despegue, muestra a la joven sentada en uno de los asientos del avión, sonriente y tranquila, mientras otros pasajeros se acomodaban para iniciar el trayecto. Según las autoridades, la aeronave de Satena se accidentó aproximadamente 20 minutos después de despegar de Cúcuta con destino a Ocaña. En el siniestro fallecieron los 13 pasajeros y los dos tripulantes, hecho que conmocionó a Norte de Santander y encendió las alertas de los organismos de emergencia y de investigación aérea.Mientras avanzan las labores técnicas, el Gobierno nacional confirmó recientemente el hallazgo de las cajas negras —los grabadores de datos de vuelo y de voz de cabina—, lo que permitirá esclarecer las causas del accidente. Último audio del avión de Satena accidentadoDe acuerdo con la transcripción conocida, la última comunicación se dio cuando los tripulantes informaron a la torre de control de Cúcuta que estaban listos para iniciar el descenso.“Cúcuta, aproximaciones Satena 8849 estaría listo descenso”, se escucha en el audio, a lo que la torre respondió autorizando la maniobra y entregando instrucciones de procedimiento, al no reportarse tránsito en la zona.Este es el audioPiloto: Cúcuta, aproximación, Satena 8849, estaría listo descensoTorre de control: Satena 8849, descenso a discreción, sin tránsito reportado. Notifique 10 millas antes de Ocaña.Piloto: Llamará 10 millas fuera y descenso a discreción.Torre de control: Satena 8849, comunique autoanuncios en Ocaña.Minutos después de esa comunicación, el avión se perdió de los radares y se activaron los protocolos de búsqueda, que culminaron horas más tarde con la confirmación del accidente.
El inhabilitado exmagistrado Jorge Mola Capera acaba de ser acusado por la Fiscalía General de la Nación, por cuenta de presuntas irregularidades cometidas en 2018 para dilatar un proceso contra el exrector de la Universidad Metropolitana de Barranquilla Juan José Acosta Osío y y el exalto consejero del centro de educación superior Alberto Enrique Acosta Pérez. De acuerdo con el ente acusador, Mola Capera es presuntamente responsable por los delitos de prevaricato por acción en concurso homogéneo y heterogéneo, y fraude procesa. Le puede interesar: Según el expediente, el exmagistrado habría afectado el curso normal de un proceso que estaba pendiente por audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Acosta Osío, para suspenderlo, pero, además habría dispuesto interrumpir el desarrollo y cesar los efectos jurídicos de una audiencia de restablecimiento de derechos que cursaba en otro juzgado. "En decisiones tomadas durante el estudio de una tutela suspendió dos audiencias que se surtían ante jueces de control de garantías, una de imposición de medida de aseguramiento y otra de restablecimiento de derechos", indicó la Fiscalía en un comunicado de prensa. Mola Capera actualmente se encuentra destituido e inhabilitado por 10 años por este mismo proceso, siendo que en 2023 la Comisión Nacional de Disciplina Judicial consideró que este tomó decisiones contrarias a la ley para favorecer al exrector y a varios miembros de su grupo administrativo. Lo anterior, en torno a la puja por el manejo de la Universidad Metropolitana y el Hospital Metropolitano.
Según un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), los grupos armados ilegales alcanzaron 27.121 integrantes, tras incorporar más de 5.000 nuevos miembros solo en 2025, mientras las disputas armadas llegaron a niveles récord y el Estado sigue sin recuperar el control territorial.“Colombia deja atrás un año que cerró en rojo en varios de los indicadores de seguridad e impacto humanitario, y se enfrenta a un 2026 que comienza con señales claras de deterioro en estos frentes y con los grupos armados marcando el pulso en amplias zonas del país”, advierte la FIP.El documento señala que estas estructuras crecieron 23,5 % frente a 2024, una tendencia sostenida desde 2018 que, de no revertirse, podría llevarlas a cerca de 30.000 integrantes en el corto plazo. Del total de combatientes, 13.794 corresponden a hombres en armas y 13.327 a redes de apoyo.“Estos dos tipos de integrantes cumplen funciones diferentes, pero en ambos casos sus acciones generan impactos sobre la seguridad. Por ejemplo, aunque los hombres armados participan directamente en las actividades militares, las redes de apoyo son el pilar fundamental de la vigilancia y garantizan el cumplimiento de las normas del actor armado sobre el territorio”.El crecimiento más acelerado lo registra el Clan del Golfo, con un aumento del 30 %, lo que equivale a casi 2.300 personas más en sus filas.Más guerra y más territorios en disputaLa FIP alerta que en 2025 las confrontaciones entre grupos armados aumentaron 34 %, alcanzando el nivel más alto de la última década. Actualmente, 13 zonas del país están en disputa armada, casi el doble de las que existían al inicio del gobierno del presidente Gustavo Petro en 2022.Regiones como Catatumbo, Cauca, Guaviare y Caquetá concentran las mayores afectaciones humanitarias, con comunidades atrapadas entre enfrentamientos, desplazamientos forzados y confinamientos masivos. Solo en 2025, más de un millón de personas resultaron afectadas por restricciones a la movilidad, una cifra que triplica la registrada el año anterior.Drones, control social y expansión criminalEl informe advierte, además, que en 2025 se registraron 277 ataques con drones cargados de explosivos, más del doble que en 2024, la mayoría atribuidos a disidencias de las FARC. A esto se suma el uso de cámaras ocultas y nuevas tecnologías de vigilancia para seguir los movimientos de la Fuerza Pública.La FIP advierte un control cada vez más fuerte sobre la vida cotidiana de las comunidades, con restricciones a la movilidad, carnetización, presión sobre líderes sociales e intentos de incidir en el poder local y la organización comunitaria.“Este avance territorial no solo implica más presencia armada, sino un control cada vez más fuerte sobre las comunidades. Los grupos buscan incidir en el poder local y en los procesos organizativos de la sociedad civil, ampliando su influencia sobre la vida cotidiana en las zonas donde operan”, señala el informe.Estado reactivo y Paz Total en crisisAunque en 2025 las acciones de la Fuerza Pública aumentaron 34 %, la FIP concluye que la respuesta del Estado sigue siendo reactiva.“Mientras los grupos armados se adaptan con rapidez a las nuevas estrategias oficiales, la Fuerza Pública muestra pocas capacidades para ajustarse a los cambios en las dinámicas del conflicto”, advierte la Fundación.En paralelo, el documento señala que 2026 inicia con la política de Paz Total golpeada por escándalos y con un reconocimiento cada vez más extendido sobre sus límites y fracasos, “incluso por parte del propio presidente”.“En ese contexto, la creación de Zonas de Ubica-ción Temporal (ZUT) con cuatro grupos distintos se perfila como uno de los mayores retos del tramo final de esta administración, tanto en términos de seguridad física como de las garantías jurídicas que implican.La FIP ha advertido que la Paz Total cada vez más se asemeja a una ‘paz electorera’, entendida como un medio para cumplir otros fines distintos a los de llevar alivios humanitarios a los territorios más afectados por el conflicto”, advierte la FIP.
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia y del Derecho, expidió el Decreto 063 del 26 de enero de 2026, con el cual se reglamenta la ley de mujeres buscadoras (Ley 2364 de 2024) y se establecen las condiciones para que estas mujeres y sus familias accedan a medidas integrales de protección, reparación y reconocimiento por parte del Estado.De acuerdo con el decreto oficial, la reglamentación tiene como propósito “reconocer a las mujeres buscadoras como constructoras y sujetos de especial protección constitucional y adoptar medidas para el acceso a sus derechos, la prevención de violencias, la sensibilización, la atención y la protección integral”.El decreto fija principios obligatorios para todas las entidades competentes del Estado. Entre ellos, el estándar de debida diligencia, que impone la obligación de promover los derechos de las mujeres buscadoras a una vida libre de violencias, “evitando revictimizaciones a partir de una acción diligente, proactiva, oportuna, ética y que permita la materialización efectiva del derecho a la búsqueda de las personas desaparecidas”.Asimismo, establece la atención diferenciada, señalando que el Estado deberá aplicar enfoques diferenciales y una perspectiva interseccional, teniendo en cuenta “las circunstancias específicas de las mujeres buscadoras, conforme a sus necesidades particulares y condiciones de vulnerabilidad”. A esto se suma el principio de participación, que obliga a las entidades a garantizar que las mujeres buscadoras intervengan en las decisiones que las afecten y tengan participación efectiva en los espacios donde se definan planes, programas y proyectos relacionados con su atención integral.Tras la expedición del decreto, el ministro de Justicia destacó el alcance de la medida. En su cuenta de X afirmó que se trata de “un instrumento que las mujeres buscadoras han promovido por mucho tiempo para que se les reconozca el trabajo y la dedicación de décadas en las que no solo han buscado por todos los medios a sus seres queridos”. Agregó que estas mujeres “también han buscado verdad y justicia, en medio de una guerra que ha dejado más de 160 mil personas dadas por desaparecidas”.Según el ministro, la reglamentación permitirá que más de 300 mil mujeres buscadoras de víctimas de desaparición forzada cuenten con una herramienta concreta para acceder a derechos fundamentales. “Hoy, más de 300.000 mujeres buscadoras cuentan con esta herramienta que será la puerta de entrada para que ellas y sus familias puedan acceder a servicios de salud integral, seguridad social, vivienda, educación, trabajo y autonomía económica”, señaló.Ana Angulo, madre buscadora de personas desaparecidas, aseguró que esta reglamentación tiene un valor profundo para quienes han sostenido la búsqueda en medio del miedo y la incertidumbre. “Una de las importancias es que nosotras como Madres Buscadoras hemos venido arduamente en este ejercicio con temor, con miedo, con zozobra, haciéndonos abrir espacio para que reconozcan que sí hay personas desaparecidas y que detrás de ellas hay familias, madres e hijos con dolor, con esperanza”, expresó.Angulo añadió que el respaldo institucional fortalece su labor colectiva: “Saber que nos apoyan en la incidencia política y en la política pública hacia esa ley es importante y reconfortante. Seguimos en la lucha y en la pelea”.
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