El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero Ardila, aseguró que las manifestaciones campesinas en la capital responden a exigencias dirigidas exclusivamente al Gobierno nacional. “Las demandas son al Gobierno nacional”, afirmó el funcionario en Recap Blu, de Blu Radio, al explicar la posición del Distrito frente a las protestas.Quintero Ardila precisó que, por esa razón, la administración distrital no hace parte de la mesa de negociación. “Nosotros estamos fuera de la mesa esperando resultados por los efectos que tiene sobre la ciudad”, indicó, subrayando que el impacto operativo y administrativo sí recae sobre Bogotá, aunque las decisiones de fondo no dependan del gobierno local.El funcionario detalló que cerca de 750 personas llegaron a la ciudad el domingo en la mañana, tras detectarse el movimiento de buses desde la noche anterior. Según explicó, ingresaron a la Universidad Nacional sin previo aviso, donde pernoctaron, y posteriormente se movilizaron hacia la Agencia Nacional de Tierras (ANT), a la espera de una mesa de trabajo.Ante la demora en la instalación de ese espacio de diálogo, se presentaron bloqueos en al menos cuatro entidades, situación que dejó alrededor de 1.300 personas afectadas. “Pasan lo que vimos: más de cuatro entidades bloqueadas con muchas personas encerradas”, señaló el secretario al referirse a los hechos registrados durante la jornada.En cuanto a la actuación institucional, Quintero Ardila afirmó que no hubo intervención directa, aunque sí monitoreo permanente. Indicó que el Distrito está atento a garantizar la integridad de las personas y que, de presentarse situaciones complejas, podría solicitarse el apoyo de la fuerza pública.Finalmente, advirtió que existen alertas sobre la posible llegada de más grupos a Bogotá en los próximos días para nuevas manifestaciones campesinas. Aunque no hay información confirmada, los organismos de monitoreo permanecen en alerta, en una ciudad que —según el funcionario— no cuenta con infraestructura ni recursos suficientes para albergar grandes comunidades en este tipo de escenarios.
Este lunes la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) anunció que entre el martes 17 y el viernes 20 de febrero la ciudad tendrá cortes de agua en distintas localidades y en Soacha.Las suspensiones, que irán desde cuatro hasta 24 horas, se deben a trabajos de reparación y mantenimiento en las redes de distribución del servicio en algunos sectores de la ciudad. De acuerdo con la EAAB, estas obras buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios del sistema de acueducto.Entre las zonas afectadas se encuentran las localidades de Puente Aranda, Tunjuelito, San Cristóbal, Bosa, Usaquén, Suba, Antonio Nariño, Kennedy, Chapinero, Barrios Unidos y Usme.En cada sector, la duración del corte depende del tipo de trabajo a realizar, como empates en redes de acueducto, instalaciones de válvulas, verificación de macromedidores o mantenimientos preventivos.Cortes de agua en Bogotá: barrios afectados y horariosMartes 17 de febreroLocalidad: Puente Aranda / Duración: 24 horas a partir de las 9:00 a. m.Barrios: Veraguas, La Fraguita, Santa IsabelLocalidad: Tunjuelito / Duración: 24 horas a partir de las 10:00 a. m.Barrios: SamoréLocalidad: San Cristóbal / Duración: 24 horas a partir de las 10:00 a. m.Barrios: La Arboleda, Las Gaviotas, San Rafael Usme, Nueva Delhi Oriental, ChiguazaLocalidad: Puente Aranda / Duración: 24 horas a partir de las 10:00 a. m.Barrios: Tejar, Alcalá, alquería, Ospina Pérez, Ospina Pérez SurLocalidad: Bosa / Duración: 24 horas a partir de las 10:00 a. m.Barrios: Bosa Centro, Bosa La EstaciónLocalidad: Usaquén / Duración: 24 horas a partir de las 7:00 a. m.Barrios: Escuela de Ingeniería Julio GaravitoLocalidad: Suba / Duración: 24 horas a partir de las 10:00 a. m.Barrios: Lagos de Torca Occidental, Mirandela, Cantagallo, Britalia, Granada NorteMiércoles 18 de febreroLocalidad: Antonio Nariño / Duración: 24 horas a partir de las 5:00 p. m.Barrios: Policarpa Salavarrieta, Sevilla y La HortúaSoacha / Duración: 24 horas a partir de las 10:00 a. m.Barrios: MaiporéLocalidad: Kennedy / Duración: 4 horas a partir de las 2:00 p. m.Barrios: Tintalá, Osorio I, II, III, Patio Bonito, Galán, María Paz, Ciudad Techo, TintalLocalidad: Chapinero / Duración: 10 horas a partir de las 8:00 a. m.Barrios: María Cristina Rural, Pardo Rubio I, Siberia Central, Siberia II. Siberia Rural, Siberia Urbano, El Paraiso ChapineroLocalidad: Barrios Unidos / Duración: 24 horas a partir de las 8:00 a. m.Barrios: La CastellanaLocalidad: Usaquén / Duración: 24 horas a partir de las 8:00 a. m.Barrios: Molinos Norte, San Patricio, Santa Bibiana, Rincón del ChicóJueves 19 de febreroLocalidad: Kennedy / Duración: 24 horas a partir de las 8:00 a. m.Barrios: Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La IgualdadLocalidad: Tunjuelito / Duración: 24 horas a partir de las 10:00 a. m.Barrios: Venecia, FátimaLocalidad: San Cristóbal / Duración: 24 horas a partir de las 10:00 a. m.Barrios: Altamira, la nueva gloria, Santa RitaLocalidad: Kennedy / Duración: 4 horas a partir de las 10:00 a. m.Barrios: Villa Alsacia, El Vergel, Bavaria, Castilla, Pio XII, Ciudad Techo, Las Dos Avenidas, Tintalá, Valladolid, El Vergel, Sabana Grande, El Chanco, La Magdalena, Zona FrancaLocalidad: Barrios Unidos / Duración: 24 horas a partir de las 10:00 a. m.Barrios: La Patria, Escuela Militar, Entrerríos, Jorge Eliecer Gaitán, 12 de Octubre, La Libertad, Simón Bolívar, Metrópolis, San Fernando, San Miguel, Popular Modelo, José Joaquin Vargas, El Rosario, Parque Distrital Salitre, Campín Occidental, Nicolas de Federman, Pablo VI, Pablo VI NorteLocalidad: San Cristóbal / Duración: 24 horas a partir de las 10:00 a. m.Localidad: Suba / Duración: 24 horas a partir de las 10:00 a. m.Barrios: San José de BavariaViernes 20 de febreroLocalidad: Usme / Duración: 7 horas a partir de las 10:00 a. m.Barrios: Aguas Claras, Aguas Claras Sur
Desde de la mañana de este lunes, 16 de febrero, se han presentados diversas manifestaciones en Bogotá por parte de líderes del movimiento campesino del Cauca, quienes, durante horas, tuvieron retenidos a funcionarios de diversas entidades públicas en la capital.Afortunadamente, sobre las 4:30 de la tarde, a través de X, la Secretaría de Gobierno confirmó la salida de los 1.500 funcionarios retenidos en el sector del Centro Administrativo Nacional, cerca de la avenida Calle 26, en donde se encuentran entidades como el Ministerio de Educación y la Agencia Nacional de Tierras, así como de la Rama Judicial."Lamentamos que no se haya cumplido la reunión. Nos preocupa que las personas completen ya varias horas sin poder salir. Ninguna causa justifica la retención ni la afectación de la libertad", advirtió el secretario de gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, antes de comenzar a darse la salida de los funcionarios y sobre la afectación que se dio en la zona a raíz de estas movilizaciones.Pese a las lluvias, los manifestantes se plantaron durante horas y evitaron que los funcionarios se pudieran movilizar por la zona con total normalidad, por eso, hubo presencia de autoridades en el sector al igual que unidades de diálogo del Distrito para que se pudiese dar un acuerdo que, finalmente, permitió la salida de estas personas hacía sus hogares tras una tensa jornada laboral."Tras varias horas de bloqueo a los ingresos de entidades nacionales en el CAN, se dio la salida del personal allí retenido. Rechazamos estas vías de hecho que vulneran libertades fundamentales de las personas. De manera paralela debe arrancar la mesa de trabajo entre delegados de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, el Ministerio del Interior y la Agencia Nacional de Tierras", indicó el secretario de Gobierno.
Una discusión por celos y consumo de licor terminó en tragedia en el centro de Bogotá. María Rubiano, hoy condenada a 34 años de prisión, relatóen entrevista con el podcast Condcuta Delictiva que el hecho ocurrió ocho días después de que su entonces pareja, con quien llevaba apenas dos meses de relación, agrediera a su hijo de 12 años en medio de una pelea. “Ese tipo no tenía por qué haberme tocado a mi hijo”, aseguró la mujer, al recordar el episodio que marcó el inicio del desenlace fatal.Según su testimonio, la primera confrontación se produjo cuando ella intentó terminar la relación. El hombre, en estado de embriaguez, llegó hasta la vivienda y la atacó físicamente. “Él me cogió el pelo”, afirmó. En medio del altercado, el menor intervino para defenderla, pero también resultó herido con un arma cortopunzante. “Cuando yo vi a mi hijo herido, ahí fue cuando yo me llené de mucha rabia”, dijo. Aunque en ese momento no acudió a las autoridades, sostuvo que tomó la decisión de “arreglar ese problema” por su cuenta.Ocho días después, el encuentro definitivo se dio en la Plaza España, en pleno centro de la ciudad. María contó que ese día había salido a trabajar y que ambos habían consumido alcohol. Al verlo, el hombre se acercó nuevamente para exigirle que retomaran la relación. “No me agreda porque yo no respondo y no le quiero hacer daño”, afirmó que le advirtió. Sin embargo, la discusión escaló frente a comerciantes y transeúntes. “Yo estaba en mis tragos y él también. Me trataba mal y yo callada. Un momento a otro ya no me aguanté más”, relató.En medio del forcejeo, la mujer sacó un arma blanca que, según dijo, solía cargar por seguridad. “Le mandé el chuzón así, pero se me pasó como una sombra negra por los ojos”, expresó. Instantes después, el hombre se llevó la mano al pecho y le dijo: “María…”, antes de desplomarse. “Yo del susto cerré la navaja y salí a correr”, contó. Fue capturada minutos más tarde por la Policía, luego de que varios testigos señalaran su huida. “Yo misma me entregué”, aseguró.Tras la detención, fue trasladada a un centro judicial y posteriormente a la cárcel El Buen Pastor. “Cuando lo vi con una sábana blanca, ahí supe lo que había pasado”, dijo entre lágrimas. Aunque inicialmente obtuvo detención domiciliaria, años después fue recapturada y hoy paga la condena impuesta por el homicidio. “Yo estoy pagando por lo que hice. Por mi hijo doy la vida, pero fue un error”, concluyó.
Luego de la decisión del Consejo de Estado de suspender el incremento salarial del 23,7 %, el presidente Gustavo Petro anunció en su alocución de este domingo que expedirá un nuevo decreto transitorio. El mandatario, además, habló de la implementación del salario mínimo móvil, una figura que busca que la remuneración no sea una cifra estática anual, sino que se ajuste dinámicamente para garantizar el sustento de la canasta familiar vital.¿Qué es el salario mínimo móvil y cómo operaría?A diferencia del modelo tradicional de ajuste fijo, la movilidad implica que el salario responda con flexibilidad a las realidades económicas del país. “Móvil significa que si varían las condiciones, varía también el salario; debe mantener esa flexibilidad”, explicó el jefe de Estado. El objetivo técnico es que el pueblo trabajador no pierda capacidad de compra frente a la inflación, asegurando que el monto siempre cubra las necesidades básicas determinadas por el DANE.Petro confirmó que el nuevo documento mantendrá inicialmente el valor del "salario vital" fijado para 2026 en dos millones de pesos. No obstante, advirtió que la cifra podría modificarse al alza tras presentar nuevos estudios al Consejo de Estado.“Si queremos cerrar la brecha ahora, el salario mínimo vital debería ser de 2. 155.000 pesos mensuales”, publicó el presidente antes de su alocución.Concertación y movilización nacionalPara definir el futuro de la remuneración, el Gobierno convocó a la Comisión de Concertación este lunes, con la participación del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, sindicatos y gremios económicos. “Se puede hacer un pacto, indudablemente oiremos, pero inmediatamente después haremos el decreto nuevo transitorio”, enfatizó el presidente.Finalmente, Petro hizo un llamado a la ciudadanía para que este jueves se movilice en las plazas públicas del país. Según el mandatario, la defensa de esta "conquista histórica" no solo depende de argumentos jurídicos o económicos, sino de la "fuerza del pueblo trabajador" en las calles para respaldar la estabilidad del ingreso familiar.
En un contexto marcado por la reciente reconfiguración política del país, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, emitió un balance contundente sobre la situación de orden público en Venezuela. Durante un acto oficial en el estado Nueva Esparta, el funcionario afirmó que la nación caribeña se posiciona actualmente como la más segura de todo el continente americano.Según las cifras presentadas por el también vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Venezuela registra actualmente "menos de tres delitos por cada 100.000 habitantes". Esta estadística, de acuerdo con el ministro, coloca al país en una posición de vanguardia respecto a sus vecinos regionales."Esto lo voy a decir con total y absoluta responsabilidad, no hay un solo país de América que tenga mejores índices de seguridad que Venezuela, no lo hay", sostuvo Cabello en declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión (VTV).Vigilancia semanal y el reto de la ciberseguridadEl alto funcionario subrayó que el Ejecutivo mantiene un monitoreo constante sobre la actividad criminal. Según sus declaraciones, las autoridades revisan "todas las semanas los índices delictivos" para ajustar las estrategias de los cuadrantes de paz. No obstante, reconoció que, si bien los delitos tradicionales han mostrado una tendencia a la baja, se ha detectado un incremento específico en los delitos informáticos, un fenómeno global que también ha impactado la infraestructura digital venezolana.Cabello también destacó el crecimiento en el interés de los jóvenes por profesionalizarse en el área de seguridad. Según el ministro, las solicitudes de ingreso a la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) han aumentado significativamente. Para el titular de Interior, este fenómeno es una señal de confianza ciudadana, afirmando que el pueblo venezolano "no tiene miedo" a pesar de la inestabilidad política vivida a inicios de año.Un despliegue masivo para el asueto de CarnavalEl anuncio de estas cifras coincide con el inicio de las festividades de Carnaval. Para garantizar la paz durante el asueto, el Gobierno ha ordenado un despliegue sin precedentes. Desde el pasado jueves, un total de 228.028 funcionarios, entre militares, policías y personal de protección civil, se encuentran desplegados en todo el territorio nacional.Este operativo representa un incremento del 19,7% en comparación con el despliegue realizado en 2025, cuando se movilizaron 190.495 efectivos. El refuerzo del pie de fuerza busca cubrir los principales ejes viales, balnearios y centros turísticos del país durante los días de festividad que concluyen el próximo martes.
Lo que comenzó como una travesía por los imponentes paisajes de la Sierra Nevada de Santa Marta, el sistema montañoso litoral más alto del mundo, estuvo a punto de terminar en tragedia para el ciudadano estadounidense Clark Andrews Shimeall. El extranjero permaneció atrapado por cerca de 20 horas en las zonas altas del macizo, enfrentando condiciones climáticas adversas y un rápido deterioro de su estado de salud.La emergencia se activó formalmente el pasado viernes 13 de febrero, alrededor de las 5:00 de la tarde. Según relató la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, la alerta llegó directamente desde el consulado de Estados Unidos: "Por la situación de salud de un ciudadano norteamericano que se encontraba en la Sierra Nevada de Santa Marta. Desde ese momento iniciamos una articulación con el Ejército Nacional, el hospital San Rafael, el hospital Julio Méndez, nuestro gabinete departamental, el Ministerio de Salud, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con el fin de hacerle rescate a este ciudadano".Un operativo de alta montaña y diplomaciaLa complejidad del terreno, ubicado a más de 10.000 pies de altura, exigió una coordinación sin precedentes. La Gobernación del Magdalena informó que el éxito de la misión dependió del liderazgo de la mandataria Guerra y de un engranaje institucional que involucró al Ministerio de Salud, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la embajada de los EE. UU. y el Ejército Nacional.Sin embargo, un factor determinante fue la participación de las comunidades indígenas. Estos guardianes del territorio fueron los encargados de localizar y trasladar a Shimeall a un punto seguro para facilitar su extracción aérea. "El rescate se cumplió gracias al liderazgo de la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, y el trabajo conjunto con el Ministerio de Salud, la UNGRD, la embajada de los EE. UU, el Ejército Nacional y las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, para salvaguardar la vida del extranjero", detalló el comunicado oficial.El traslado: De Jekichen a la Unidad de Cuidados IntensivosTras ser estabilizado inicialmente por las comunidades y organismos de socorro, un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) despegó desde Bogotá con destino a la comunidad indígena de Jekichen (Yechiuin). El primer punto de atención fue Nabusimake, considerada la capital espiritual de los Arhuacos, donde el paciente recibió los primeros auxilios antes de su traslado final a Santa Marta.El diagnóstico médico fue delicado. Al momento de su extracción, Shimeall presentaba un cuadro crítico: "Equipo médico de tercer nivel atiende al ciudadano estadounidense cuyo rescate demandó casi 20 horas (...) presenta dificultades pulmonares y deshidratación severa", confirmaron las autoridades.Recuperación y respuesta institucionalUna vez el helicóptero aterrizó en el Batallón Córdoba, Shimeall fue movilizado en una ambulancia de alta complejidad hacia el Hospital Julio Méndez Barreneche. Allí, la administración departamental garantizó una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con un equipo multidisciplinario.La gobernadora Guerra destacó la celeridad del proceso a través de sus redes sociales, enfatizando que el resultado se dio en tiempo récord: "Fruto del trabajo coordinado entre el Gobierno Nacional y la Gobernación del Magdalena. Cuando se trata de salvar vidas, actuamos sin demora, con responsabilidad y compromiso".Este incidente resalta la importancia de la activación de protocolos como el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) y el Puesto de Mando Unificado (PMU), herramientas que permitieron mantener una comunicación minuto a minuto con el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, y la familia del afectado en Estados Unidos.
De acuerdo con la comunicación enviada a los usuarios el pasado fin de semana, Movistar aclaró que hace parte del grupo Millicom, pero que esto no afecta los servicios ni los derechos de sus clientes bajo la legislación colombiana. Millicom informó que Tigo y Movistar seguirán operando como marcas independientes, al menos mientras se completan los trámites regulatorios derivados de la integración autorizada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).La resolución 94169 de 2025 de la SIC avaló la integración empresarial entre ambas compañías, pero dejó claro que el proceso de convergencia comercial y eventuales cambios de marca estará sujeto a condiciones y tiempos adicionales. Por ahora, la indicación a los usuarios es no adelantar ningún tipo de trámite: no cambiar la SIM, no actualizar contratos ni modificar planes de manera preventiva. La empresa remarcó que cualquier ajuste futuro en la marca o en la oferta será informado de forma oficial y con suficiente anticipación a los clientes. En paralelo, la integración comercial ya está en marcha, lo que permitirá coordinar estrategias entre Tigo y Movistar sin que ello suponga, en esta etapa, la desaparición inmediata de la marca Movistar.¿Qué pasará con los usuarios de Movistar?Para los clientes, el mensaje central es de continuidad: no habrá cambios inmediatos en los servicios contratados ni se exigirán trámites adicionales por efecto directo de la operación. Los usuarios seguirán siendo clientes de Movistar, mantendrán las mismas condiciones contractuales y no se prevén modificaciones en planes, precios o beneficios únicamente por la integración con Tigo. La SIC estableció condicionamientos para proteger la competencia y a los consumidores, entre ellos exigencias de transparencia en ofertas empaquetadas y límites a prácticas comerciales que puedan afectar a operadores más pequeños.A mediano y largo plazo, Millicom proyecta aprovechar la escala del nuevo grupo para acelerar el despliegue de redes 5G, ampliar la cobertura de fibra óptica y lanzar paquetes convergentes más agresivos que integren servicios móviles y del hogar. Ese reforzamiento posiciona al bloque Tigo–Movistar con más de 40 millones de líneas móviles, muy cerca del liderazgo que hoy ostenta Claro en el mercado colombiano. En cualquier escenario futuro de unificación plena bajo la marca Tigo, la transición deberá pasar por nuevas evaluaciones de las autoridades y del mercado, por lo que, por ahora, Movistar continuará operando con su nombre y canales habituales.Telefónica sale y Millicom toma el controlLa integración se produce tras la venta del 67,5% de las acciones de Colombia Telecomunicaciones (Movistar Colombia) que Telefónica Hispanoamérica tenía en el país, operación que se cerró en 2026 por unos 214 millones de dólares. Con ello, Telefónica pone fin a más de dos décadas de presencia directa en Colombia, período en el que fue protagonista de la modernización de la telefonía móvil, fija y, más recientemente, de la introducción de tecnologías de quinta generación. Esta desinversión se enmarca en la estrategia global del grupo español de reducir su exposición en Hispanoamérica para concentrarse en mercados como España, Alemania, Reino Unido y Brasil.Millicom, matriz de Tigo y con sede en Luxemburgo, consolida así su posición como segundo gran operador del país, al reunir bajo su control las operaciones de Tigo y Movistar. El nuevo mapa competitivo queda dominado por tres grandes jugadores —Claro, el bloque Tigo–Movistar y otros operadores de menor tamaño— en un contexto de alta concentración que seguirá bajo la lupa de las autoridades para evitar efectos adversos sobre tarifas, calidad y opciones de servicio para los usuarios
El ayuno intermitente no está a la altura de su fama para perder peso. La mayor revisión de la evidencia científica llevada a cabo hasta la fecha sobre esta práctica, muy popularizada en las redes sociales por sus "beneficios metabólicos", indica que no es más efectiva que hacer dieta o llevar una vida saludable.El metaanálisis que publica este lunes el Sistema Cochrane ha incluido 22 estudios sobre el ayuno intermitente, con casi 1.995 participantes adultos de Norteamérica, Europa, China, Australia y Sudamérica a los que se hizo un seguimiento durante 12 meses.La revisión evalúa las diversas modalidades de ayuno intermitente, incluyendo la restricción de alimentación en días alternos, el ayuno periódico y la alimentación limitada por intervalos de tiempo.Los investigadores, entre ellos Eva Madrid, del Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona, comparan el ayuno intermitente con los consejos alimentarios tradicionales para no engordar y con qué ocurre cuando no hay ninguna intervención.La evidencia no justifica el entusiasmoSus conclusiones apuntan a que el ayuno intermitente no resulta especialmente eficaz para la pérdida de peso en adultos con obesidad o sobrepeso, los cuales mostraron una pérdida de peso moderada con esta práctica.Además, los autores tampoco aprecian ninguna diferencia significativa respecto al asesoramiento dietético habitual o a la mejora en los hábitos de salud.Los investigadores reconocen que aún hay pocos estudios que hayan estudiado el impacto del ayuno intermitente a largo plazo.Teniendo en cuenta que la obesidad es, precisamente, una enfermedad a largo plazo, eso dificulta que el ayuno intermitente tenga un respaldo científico fuerte, al menos de momento, como para ser recomendada clínicamente, señalan.La mayoría de los estudios incluidos reclutaron predominantemente a poblaciones blancas en países de ingresos altos. Por ello, los autores advierten de que sus resultados podrían dar pistas, pero que no se pueden extrapolar a toda la población, ya que podrían variar según el sexo, la edad, el origen étnico, el estado de la enfermedad o los trastornos o conductas alimentarios subyacentes.“Con la evidencia actual disponible, es difícil hacer una recomendación general. Los médicos deberán adoptar un enfoque individualizado para cada caso a la hora de asesorar a adultos con sobrepeso para adelgazar”, señala Eva Madrid.La obesidad requiere tratamientos personalizadosLa obesidad es un problema importante de salud pública que se ha convertido en una de las principales causas de muerte en los países de ingresos altos. Según la OMS, 2.500 millones de habitantes de países ricos sufrían sobrepeso en 2022, y de ellos 890 millones padecían obesidad.“Estamos ante una revisión rigurosa. Sin embargo, la calidad de muchos estudios es limitada y el seguimiento es corto, por tanto no es la última palabra", señala Ana Belén Crujeiras, jefa de Epigenómica en el grupo de Endocrinología y Nutrición del Instituto de Investigación en Salud de Santiago de Compostela (IDIS), en una reacción recogida por Science Media Centre.Crujeiras explica que si el ayuno intermitente está bien hecho se crea una situación de cetosis nutricional que puede conferir beneficios para la salud, ya que las moléculas cetónicas tienen propiedades antioxidantes, y antiinflamatorias."Se ha observado que este estado de cetosis nutricional se asocia con mejor bienestar y calidad de vida", apunta.No obstante, la investigadora incide en que la obesidad es una enfermedad crónica, y en que su tratamiento debe ser personalizado y siempre bajo prescripción de un profesional de la nutrición o la endocrinología."A unas personas les funcionan unas estrategias terapéuticas y a otras, otras, depende de su estilo de vida, sus gustos personales y su perfil molecular y fisiológico”, concluye.
Un nuevo revés enfrenta la red de servicios de Nueva EPS. El Hospital de San José informó oficialmente a Gloria Libia Polanía Aguillón, agente especial interventora de la entidad, la decisión de dar por terminado el contrato de prestación de servicios firmado en 2008, que permitía la atención de los afiliados al régimen contributivo.La determinación, sustentada en lo establecido en la cláusula séptima del contrato y amparada por la normativa vigente (Decretos 4747 de 2007 y 441 de 2022), responde a la actual ejecución del acuerdo, así como a la capacidad instalada y a las condiciones de oportunidad del hospital.De acuerdo con el comunicado, la terminación busca garantizar los principios de legalidad, igualdad, universalidad y sostenibilidad para la institución prestadora de servicios, y entrará en vigencia el próximo 1.º de diciembre de 2025. La decisión, asegura el Hospital de San José, permitirá una transición ordenada que evite traumatismos en la atención de los usuarios.“La terminación unilateral del contrato no solo se encuentra enmarcada en la autonomía para contratar que se refleja en los postulados acordados desde el año 2008, sino que está amparada por los Decretos 4747 de 2007 y 441 de 2022, y demás normativa vigente para el sector salud, que regula las relaciones entre los distintos actores intervinientes en el Sistema General de Seguridad Social en Salud”, indica el comunicado.
A esta hora se normaliza la movilidad sobre la Avenida de las Américas con Avenida Carrera 68, en la localidad de Kennedy, luego de un grave accidente de tránsito que paralizó por completo el tráfico en la zona durante varias horas de la mañana. El incidente involucró a una camioneta blanca que se estrelló contra un bus de TransMilenio tras invadir el carril exclusivo.De acuerdo con testigos, el choque ocurrió cerca de las 7:00 de la mañana, una de las horas más críticas para los bogotanos que salen a trabajar. “Acabo de salir de mi trabajo y voy para mi casa. Pero por este trancón tengo que caminar más de una hora. Eso no es justo. Dicen que todo comenzó porque ese carro blanco se iba a escapar de los agentes de tránsito”, relató Vanessa, una de las usuarias afectadas.El impacto provocó una parálisis total en la troncal de las Américas. Miles de pasajeros, ante la imposibilidad de avanzar, optaron por bajarse de los buses y caminar hacia el oriente de la ciudad, a pesar de las limitadas alternativas de transporte en esa zona del suroccidente de Bogotá. La congestión se extendió rápidamente a varias estaciones, que dejaron de recibir buses, mientras el desespero aumentaba entre los usuarios.Aunque el reporte preliminar de las autoridades confirmó que no hubo personas lesionadas, se estima que más de 500 pasajeros resultaron afectados por la interrupción del servicio. TransMilenio informó que personal operativo y agentes de la Secretaría de Movilidad trabajaron en el lugar para regular el tráfico y retirar los vehículos involucrados.La situación evidenció nuevamente las dificultades de movilidad en este corredor, donde las obras en la Avenida 68 y las conexiones con la calle 13 y la avenida 50 agravan el caos diario, sin que hasta el momento se hayan definido rutas alternas eficaces para los miles de ciudadanos que se desplazan desde el occidente de la capital.
En horas de la tarde de este miércoles, 24 de septiembre, se presentó una fuerte manifestación a la altura de la Avenida Ciudad de Cali con calle 26, que afectó la movilidad en una de las vías más importantes de la capital.TransMilenio informó a través de redes sociales sobre la afectación a sus servicios y pidió paciencia a los usuarios que se desplazan por el occidente de Bogotá. “Persiste la afectación en la operación en las rutas alimentadoras y zonales. Sin embargo, rutas alimentadoras pueden ingresar al Portal El Dorado presentando retrasos en los servicios”, indicó la entidad en un mensaje publicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter).En la noche de hoy miércoles 24 de septiembre de 2025, las manifestaciones continúan en la avenida Ciudad de Cali con avenida El Dorado o calle 26, generando traumatismos en el tránsito de vehículos, rutas TransMiZonales y rutas alimentadoras de TransMilenio del Portal El Dorado. La presencia de manifestantes sobre este importante corredor vial obligó a detener el tráfico en varios momentos, lo que produjo fuertes afectaciones en la movilidad de la zona y complicaciones para miles de conductores y pasajeros del transporte público.De acuerdo con los reportes de la Secretaría de Movilidad, un grupo de manifestantes se instaló sobre la vía bloqueando, primero de manera parcial y luego total, el tránsito vehicular en la avenida Ciudad de Cali con calle 26. Esta situación ocasionó un represamiento considerable, ya que este punto conecta con corredores estratégicos como la avenida El Dorado y la calle 26, una de las principales salidas hacia el occidente de la capital y el aeropuerto El Dorado.Ante la contingencia, unidades de Agentes Civiles de Tránsito, el Grupo Guía y personal de movilidad acompañan la jornada con el fin de orientar a los conductores, minimizar el impacto del bloqueo y garantizar la seguridad en el sector.Vías alternasComo medida de contingencia, las autoridades recomendaron a los conductores tomar vías alternas como la calle 63, la avenida La Esperanza o la avenida José Celestino Mutis para ingresar o salir de las localidades de Engativá y Fontibón, mientras avanza el operativo para restablecer la normalidad.
Fueron suspendidos otros dos funcionarios de la Aeronáutica Civil por el caso del joven de 18 años que, sin autorización alguna, dio instrucciones a vuelos comerciales desde la torre de control del aeropuerto El Dorado de Bogotá.Este caso ocurrió el pasado 21 de julio, cuando la terminal aérea, la más importante del país y una de las más transitadas de América Latina, fue escenario de un hecho sin precedentes: un joven, sin ningún tipo de acreditación profesional ni capacitación formal, ingresó a la cabina de operaciones y, presuntamente, dio instrucciones de despegue y aterrizaje a aeronaves en vuelo.Según se pudo conocer, el hecho se dio en medio de la visita de uno de los hijos de funcionarios de la torre de control, quien aquel día subió una historia a sus redes sociales, en la que se le vio controlando el tráfico aéreo desde el aeropuerto El Dorado.Tras conocerse el caso, la Aerocivil rechazó la situación y aseguró que, si bien la operación aérea nunca estuvo en riesgo, fueron activados los protocolos correspondientes de seguridad, junto con acciones para reforzar los controles. Dos meses después, la entidad confirmó que ya fueron sancionados otros controladores aéreos asociados a la investigación.“Con estas nuevas suspensiones, ya son cinco los controladores apartados temporalmente de sus funciones (siguen siendo servidores públicos, pero no están en la Aeronáutica Civil y no reciben salario). La medida busca blindar el proceso investigativo evitando que se presenten conductas que puedan incumplir con los estándares, normas y procedimientos establecidos para garantizar la seguridad aérea del país”, aseguró el organismo en un comunicado.La Aeronáutica manifestó que busca aclarar la posible violación de los protocolos de seguridad en la operación, por lo que el caso se desarrolla dentro de los términos legales, garantizando así el debido proceso de todas las personas involucradas.“La Aerocivil subraya que este caso no representa la conducta de la mayoría de los profesionales del control aéreo, quienes desempeñan sus funciones con compromiso, ética y estricto cumplimiento de las normativas vigentes. La entidad rechaza categóricamente este tipo de situaciones y reafirma su compromiso con una investigación rigurosa y transparente. La seguridad aérea es un intangible no negociable”, finaliza el documento.
En Bogotá, las ciclorrutas se han convertido en un símbolo de transformación urbana. Lo que empezó hace dos décadas con apenas 10 kilómetros de senderos para bicicletas, hoy suma más de 660 y proyecta alcanzar 754 en 2035. Cada día, cerca de 900,000 viajes se realizan en bicicleta, consolidando este medio de transporte como una alternativa real frente al trancón y la contaminación. Sin embargo, la realidad en la vía dista de ser idílica.Los corredores diseñados para bicicletas están cada vez más congestionados por actores que no deberían estar allí. Peatones, motos, ciclomotores, bicitaxis e incluso vendedores ambulantes circulan en estos espacios, convirtiéndolos en escenarios de riesgo. Los números de la Secretaría de Movilidad muestran la magnitud del problema: entre 2020 y junio de 2025 se registraron más de 11.000 siniestros con bicicletas, que dejaron más de 10.000 heridos y 411 fallecidos.Ante esta situación, el vicepresidente del Concejo de Bogotá, Juan David Quintero, presentó un proyecto de acuerdo que busca crear un cuerpo especial de agentes de tránsito dedicados exclusivamente a vigilar las ciclorrutas. La idea es que estén ubicados en puntos estratégicos, controlen el uso indebido de los corredores y garanticen la seguridad de ciclistas y peatones. En casos de incumplimiento, también tendrían la facultad de imponer sanciones.Más que un refuerzo operativo, la propuesta plantea un cambio en la forma en que la ciudad protege a los actores más vulnerables de la movilidad. La propuesta argumenta que no basta con construir más kilómetros de ciclorrutas, sino que es necesario que estas funcionen de manera segura. Y lo hace apelando no solo a cifras, sino también a un marco normativo que incluye la Ley de Incentivos para el Uso de la Bicicleta (2016) y la Ley Julián Esteban (2022), que fortalecen la seguridad vial.“Todo esto son amenazas para la población más vulnerable y mayoritaria. Cerca de un millón de viajes diarios se hacen en bicicleta. Por eso estamos defendiendo la creación de un cuerpo de agentes de tránsito formados en temas de la ciclorruta, capacitados especialmente para ellas, pero que además tengan presencia permanente y exclusiva en las ciclorrutas”, mencionó Juan David Quintero, vicepresidente del Concejo.Por ahora, la discusión apenas empieza en el Concejo. Mientras tanto, en las ciclorrutas la vida cotidiana sigue igual: ciclistas zigzagueando entre motos, peatones invadiendo el carril y el sonido constante de los timbres intentando abrir paso. Una escena que retrata los desafíos de una ciudad que avanza, pero que todavía busca cómo pedalear de manera segura hacia el futuro.
La Vicerrectoría de la Universidad Nacional confirmó el pasado domingo 15 de febrero que llegaron más de 700 personas a la Ciudad Universitaria; estas habrían arribado en 17 buses hacia las 7:00 de la mañana.De acuerdo con lo revelado, en los buses venían personas de comunidades afrodescendientes y campesinas que hacen parte de 40 consejos comunitarios articulados en la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC).Ante ello, la solicitud para alojarse dentro del campus fue denegada, al declarar que la Universidad no cuenta con condiciones adecuadas para el alojamiento de personas en sus instalaciones.Los consejos comunitarios y la guardia indígena salieron a las calles este lunes; se ha reportado que se tomaron entidades como la Universidad Nacional, el Ministerio de Educación, el DANE, el Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Tierras (ANT).Consejos comunitarios se tomaron la ciudadDe acuerdo con lo revelado por la Secretaría de Gobierno de Bogotá, las movilizaciones impulsadas por ACONC iniciaron en horas de la mañana del lunes 16 de febrero, lo que ha generado afectaciones en varios puntos de la capital.Algunos manifestantes se ubican en las puertas del Ministerio de Educación y de la ANT, lo que ha impedido la evacuación de las personas que se encuentran en el interior del recinto.De hecho, varios funcionarios y empleados de la Rama Judicial revelaron que integrantes de las comunidades indígenas habrían bloqueado puertas para impedir el acceso y la salida de la sede judicial en Bogotá: "La guardia afro nos tiene secuestrados en los juzgados administrativos".Ante eso, las autoridades han realizado trabajos de sensibilización para evitar bloqueos en los accesos; aunque los voceros han señalado que no quieren apoyo de entidades distritales, sino que requieren la presencia de entidades del orden nacional.Por su parte, en la Universidad Nacional todavía se mantiene el monitoreo preventivo en la parte externa del edificio Uriel Gutiérrez, aunque no se evidencian aglomeraciones ni situaciones que puedan representar afectaciones a la movilidad.En la carrera 30 con calle 26 también se adelantan monitoreos preventivos, pero hacia las 11 de la mañana no se registraban concentraciones ni novedades que afectaran la movilidad.
Una escena de violencia generó alarma en la localidad de Chapinero, en Bogotá, donde un grupo de hombres armados con cuchillos de gran tamaño protagonizó una riña en vía pública, según confirmaron las autoridades, por una gorra. El hecho, ocurrido en la madrugada del domingo, quedó registrado en video y muestra momentos de tensión entre varias personas en plena calle 45 con carrera 13.En las imágenes se observa a varios hombres intimidando a otros ciudadanos con armas blancas de gran tamaño. Incluso, en uno de los momentos más impactantes, uno de los implicados golpea su cuchillo contra el suelo, generando chispas, mientras otro aparece con sangre visible en su ropa, lo que aumentó la preocupación entre quienes presenciaron el altercado.El video también muestra la reacción de una mujer que atendía un puesto de comida en el sector, quien intervino con un palo al notar que, al parecer, intentaban agredir a un hombre que había tropezado y caído al suelo. La escena ha generado indignación en redes sociales, donde usuarios cuestionan la falta de presencia de autoridades en una zona concurrida de la ciudad.Tras la difusión del material, la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que el hecho sí ocurrió y que, según las primeras versiones, se trató de una discusión entre personas que estaban en el lugar. Sin embargo, indicó que no hay reportes oficiales de personas lesionadas ni fallecidas, pese a que en el video se observan individuos con aparentes heridas y manchas de sangre.
Luego de varios intentos y años de espera que tenía a la comunidad cansada, finalmente, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) confirmó que iniciaron las obras de uno de los puentes que daría alivio al norte de Bogotá.El director del IDU, Orlando Molano, aseguró que esta vez el proyecto del puente peatonal de la calle 112 con carrera novena, en la localidad de Usaquén finalmente tiene luz verde a iniciarán sus obras correspondientes.Puente de la calle 112: ¿cuándo será entregado?La obra que hace parte del Acuerdo de Valorización 724 de 2018 y beneficiara a más de 76.000 personas que transitan diariamente por este corredor del norte de Bogotá.El nuevo puente será una estructura metálica de 223,5 metros de longitud y tres metros de ancho, obras que contará con:Rampas en ambos costados.Escaleras en el costado oriental.Un gálibo entre 5,79 metros sobre la vía y 7,39 metros sobre el corredor férreo.La inversión del proyecto supera los 24.000 millones de pesos y el responsable de llevarlo a cabo será el Consorcio Puente Epsilon, con interventoría del Consorcio InterBogotá CPG.Ahora bien, las obras iniciaran con actividades de descapote, tratamientos silviculturales, demolición de pilotes y carpeta asfálticas esxistentes, además de la instalación de redes de alcantarillado y de acueducto adecuado a la obra, por lo que, se espera que de cumplir el cronograma de manera adecuada, la obra estaría en servicio en el año 2027.¿Por que se ha demorado la obra? Tropiezos desde el 2020El puente tiene una historia de tropiezos, pues inicialmente fue adjudicado en marzo de 2020 y debía ser entregado en 2021. Sin embargo, el primer contratista no cumplió con la obra. Luego fue cedido en 2022 y el responsable tampoco concluyó el proyecto en 2023.El IDU sancionó económicamente a las empresas y declaró la caducidad del contrato y tomó posesión de la obra en 2023, pero para ese año, una licitación fue declarada desierta por falta de oferentes.Para octubre de 2024, la administración del alcalde Carlos Fernando Galán adjudicó nuevamente el proyecto. Ahora, tras la etapa de preconstrucción en 2025, finalmente la fase constructiva arrancó en enero de 2026.Con esto se busca finalmente cumplirle a los bogotanos que día a día se enfrentan a afectaciones en la movilidad debido a los múltiples frentes de obras que se presentan en la ciudad, ahora los vecinos de la calle 112, esperan que tras más de 5 años de espera, finalmente el proyecto se logre concretar.
La noche del 11 de febrero, un ataque armado en la calle 85 con carrera Séptima, en el norte de Bogotá, dejó dos personas muertas: el empresario Gustavo Andrés Aponte Fonnegra y su escolta, el intendente retirado Luis Gabriel Gutiérrez Garzón. De acuerdo con el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Giovanni Cristancho, el hecho fue un crimen “totalmente planeado” y ejecutado con seguimiento previo a las víctimas. El ataque ocurrió en inmediaciones de un gimnasio del sector, una de las zonas comerciales más transitadas de la capital.Las autoridades informaron que el sicario vestía traje y corbata para pasar desapercibido y permaneció alrededor de 15 minutos en el lugar antes de disparar. Según las imágenes recopiladas por cámaras de seguridad, el hombre habría recibido una llamada segundos antes de accionar el arma. Tras el doble homicidio, los responsables huyeron en motocicleta por la carrera Séptima, lo que activó un plan candado en la zona y un operativo de búsqueda apoyado en registros de video y testimonios.Aponte Fonnegra era reconocido en el sector agroindustrial como propietario de la marca Arroz Sonora y directivo de la empresa de empaques Flexo Spring. También lideraba la Fundación Aponte Rojas. Familiares del empresario aseguraron que no había reportado amenazas recientes y pidieron celeridad en las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen. "Yo necesito saber por qué mataron a nuestro hijo. Ustedes se podrán imaginar el dolor de padre, el dolor de madre. Nosotros somos una familia pequeña, dos hijos cada uno con sus nietos. Gustavo Andrés, una persona fuera de serie, todo el mundo lo quería mucho, no tenía enemigos, no sé quién hizo esta maldad", afrimó el padre de la víctima en Noticias Caracol. Una de las principales hipótesis que manejan las autoridades apunta a que el crimen estaría relacionado con un caso de extorsión, una problemática que, según el gremio arrocero, afecta de manera recurrente al sector. Representantes de esta actividad económica señalaron que los productores han estado históricamente expuestos a este tipo de presiones ilegales, especialmente en regiones donde operan estructuras armadas.De igual forma, se conoció que la víctima había sido secuestrada en la década de los años 90 por grupos guerrilleros, hecho que en su momento marcó su vida personal y empresarial. Este antecedente ahora hace parte de las líneas de investigación que adelantan las autoridades para esclarecer los móviles del crimen.Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, calificó el ataque como “milimétricamente planeado” y señaló que equipos especializados de la Policía y la Fiscalía trabajan en la identificación de al menos cuatro personas que habrían participado en la acción criminal.