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Fallo ordena que Alcaldía de Puerto Colombia decida sobre exhumación de cuerpo

La familia de la enfermera Marilyn Pérez lleva tres meses sin tener certeza del paradero de su cadáver.

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Foto: Referencia AFP

En segunda instancia, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Barranquilla ordenó que se vincule al municipio de Puerto Colombia y a la Secretaría de Salud de esta población en el proceso judicial con el que la familia de la enfermera Marilyn Pérez busca dar con el paradero de su cadáver, a través de una exhumación.

La familia Pérez lucha hace más de tres meses para confirmar si los restos de Marilyn yacen en el Parque Cementerio Jardines de la Eternidad, como les aseguró la Clínica El Prado días después de que se produjo allí su muerte por COVID-19 .

El Juzgado Cuarto Penal Municipal le había ordenado a la Alcaldía de Barranquilla realizar la exhumación, pero esta administración distrital impugnó el fallo alegando que el cementerio está ubicado en el municipio de Puerto Colombia y no en la ciudad.

Fue así como un juez, en respuesta a esta impugnación, anuló la orden impartida a Barranquilla y exigió vincular a la Alcaldía de Puerto Colombia para que decida sobre la exhumación.

"Era de esperarse, como hija he manejado esto con paciencia, porque así es la justicia aquí en Colombia. No nos estamos dando por vencidos, el proceso sigue y vamos a esperar el tiempo que sea necesario con el fin de hacer la exhumación e identificación del cadáver", expresó Katherine Hernández, hija de la fallecida.

La enfermera falleció el pasado 6 de julio, pero su cuerpo habría sido sepultado en Jardines de la Eternidad por una familia desconocida, en medio de un cambiazo de cadáveres que se produjo entre la clínica y la funeraria, por lo que un juez también les ordenó a ambas empresas pedir disculpas públicas.

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Aunque tres familias resultaron perjudicadas por este error, a mediados de julio, la Fiscalía decidió archivar las tres denuncias que los afectados interpusieron en contra de estas empresas, pues no encontró evidencia para determinar que la clínica o la funeraria incurrieron en el delito de irrespeto a cadáveres.

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