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Gobernador de Sucre denuncia que el Clan del Golfo estaría exigiendo plata para dejar hacer campaña

La denuncia fue elevada ante la Comisión de Seguimiento Electoral teniendo en cuenta que, según Olimpo Espinosa, en el 70% de los municipios en Sucre se estaría registrando constreñimiento electoral.

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Gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa.
Foto: BLU Radio.

El proselitismo político en algunos municipios sucreños tendría, al parecer, un precio muy alto a pagar; pues el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, denunció que el Clan del Golfo estaría cobrándoles a candidatos altas sumas de dinero para dejarlos hacer campaña y activismo político en el departamento.

Además, Olimpo Espinosa precisó que esta banda criminal estaría presionando a los aspirantes a las alcaldías y concejos municipales para que asuman compromisos de contratos y espacios políticos con ellos.

Confirmó el mandatario, en medio de su advertencia, que en el 70% de los municipios de Sucre se estaría presentando constreñimiento electoral, entre las subregiones de La Mojana y el San Jorge, La Sabana, Los Montes de María y otros sectores de El Golfo de Morrosquillo.

"Tengo certeza de, por lo menos 10 casos, y rumores de otra cantidad de víctimas de constreñimiento electoral. Estos temas de conflicto me han enseñado que, muchas veces, los rumores se terminan materializando. Los abordan a través de personas que conocen, los hacen ir a unos lugares específicos, los llaman por teléfono, tratan de acercarse a ellos", acotó.

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Así mismo, el gobernador sucreño precisó que "la modalidad es múltiple, pero a la final les toca dar plata para hacer política, dar plata para entrar a un corregimiento, dar plata poder aspirar a la alcaldía, plata para poder aspirar a los concejos; no queremos volver a repetir lo que vivimos hace años cuando estábamos presos de las organizaciones criminales".

Es así como el mandatario de los sucreños hizo un llamado a la Procuraduría General de La Nación y a la Fiscalía para que diseñen una ruta clara que permita garantías de seguridad para los diferentes candidatos.

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"Apenas se produce esa transacción tiene incidencia en el Gobierno nacional y en la toma de decisiones de orden público. Lo que queremos son garantías democráticas, que ningún candidato o votante vaya constreñido a hacer uso legítimo de su derecho al voto", precisó.

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