De escena de película terminó un operativo en el municipio de Fonseca, La Guajira, cuando un capturado intentó huir de la Policía Nacional teniendo las esposas puestas, incluso, estando en la patrulla mientras se adelantaba todo en un sector concurrido de esta población.Todo sucedió luego de que este hombre fuese capturado por las autoridades por su presenta participación en un robo. La Policía lo atrapó y lo puso en la patrulla mientras adelantaba el operativo, ahí fue que aprovechó teniendo las esposas para bajarse de esta y salir corriendo, dejando sorprendidos a todos los que transitaban en ese momento por esta zona.La persona volvió a ser detenido poco después gracias a la rápida reacción de las autoridades y el caso no pasó a mayores. De hecho, este hombre fue trasladado a una estación policial y se generó un informe interno para conocer cómo y por qué logró abrir la patrulla pese a estar esposado y casi escapar de la escena del crimen.Si bien el hecho causó risa en redes sociales, las autoridades lo vieron como un signo de alerta a la hora de llevar el operativo porque en otro contexto y sin el apoyo de la comunidad podría haber escapado.Este caso de inseguridad se sumó a otro que sucedió recientemente cuando se dio un robo a mano armada en una sucursal de un banco, delincuentes lograron llevarse cerca de 21 millones de pesos y el caso llegó a las manos de las autoridades quienes investigan y tratan de dar con los responsables de este hecho que, según cámaras de seguridad, atemorizaron a todos los que se encontraban en ese momento y en dos ventanillas del sitio.Estos casos de inseguridad han generado preocupación en la población y esperan que haya una mayor rigurosidad por parte de las autoridades para evitar que se sigan repitiendo.
Un juez de conocimiento impartió una condena de 36 meses de prisión y una multa de 8,8 salarios mínimos legales vigentes a Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias el ‘Negro Ober’, por amenazar a la fiscal que tenía a su cargo el proceso en contra de su esposa, Yulieth Vanesa Rodríguez, alias Johana.Como lo relató en ente acusador, los hechos investigados ocurrieron el pasado 27 de marzo de 2023 cuando el señalado cabecilla de la organización delincuencial los ‘Rastrojos Costeños’ grabó y publicó desde la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander, un video en el que intimidaba a la funcionaria judicial y hablaba de posibles acciones criminales si seguía adelante con la judicialización de su pareja.Añadió la Fiscalía que ante la contundencia de las pruebas, alias el ‘Negro Ober’ admitió su responsabilidad frente al delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, lo que generó que este nuevo proceso se adelantara con mayor celeridad.En 2023, la Fiscalía imputó a la pareja del ‘Negro Ober’, Julieth Vanessa Martinez Cantillo, alias ‘Johanna’, los delitos de concierto para delinquir y extorsión, ambos agravados.
El panorama es preocupante en la red pública hospitalaria del Atlántico, donde las deudas con sus contratistas ya se extienden a los seis meses de salario, según el Sindicato de Trabajadores de la ESE UNA. Apunta el presidente sindical, Edgardo Cera, que enviarán una carta al presidente Gustavo Petro para que los rescate de un posible colapso en las operaciones.De hecho, declaró Cera que hace unos días hicieron una querella ante el Ministerio de Trabajo, pues la gerente interventora Maryury Díaz no mostró muchas intenciones de pagarles en la más reciente mesa de trabajo realizada.“En la carta le manifestamos que intervenga, que se apersone prácticamente de la situación que está pasando aquí y que el Gobierno nos ayude inyectando recursos. Luego, habría que activar los servicios que están prácticamente cerrados como en la consulta externa o las contrataciones con la EPS, en especial las que están intervenidas. Desde allá nos pueden ayudar un poco más”, mencionó a Blu Radio.La situación es tan crítica que, por ejemplo, en el Hospital Juan Domínguez Romero de Soledad hay ahora mismo una facturación total de 4.000 millones de pesos, cuando en realidad sus instalaciones requieren de gastos o mantenimientos estimados en 20.000 millones de pesosEn la misiva fueron presentados reclamos por falta de pago al personal (especialistas, médicos, enfermeras y otros), renuncias del personal médico asistencial, baja en la facturación de los servicios prestados, servicios cerrados (Unidades de cuidados intensivos adultos- pediátrica- neonatales), servicios de Atención de servicios de consulta externa cerrados, servicios tercerizado (Radiología entre otros, UCI adultos en algunas sedes), Falta de confianza del personal médico e incumplimiento de la convención colectiva.Se puede leer en el documento que la liquidación de esta entidad solo acarreará fallas en la prestación de los servicios de salud a la población más necesitada, sumados al aumento del desempleo, dado que la sede Juan Domínguez Romero -CACR Soledad, se encuentra ubicada en un municipio con altos índices de violencia en el Dpto. del atlántico.Señala que en días pasados el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, anunció una inversión de $54.000 millones destinada a la recuperación integral de la ESE Universitaria del Atlántico (UNA), que, a la fecha, no han visto materializada, teniendo en cuenta que el pasivo que se refleja asciende a la suma de 210 mil millones de pesos aproximadamente.“Su gobierno que elegimos y seguimos apoyando, tiene el deber, creemos, de colocar personas probas e idóneas al frente de esta entidad capaces de salvarlo. Es necesario arrebatar la salud al monopolio privado que reina en este departamento. Esta acción, se sumaría a los avances que, en este sector, ha tenido su Gobierno, consolidándola como prioridad nacional, mejorando la calidad del servicio de salud a nivel nacional, departamental y municipal”, acotan.“Agradecemos su atención a esta solicitud urgente para proteger instituciones vitales como la nuestra, que trabajan por el bienestar de los pobres y olvidados de esta comarca”, finaliza la carta.
“No está disponible” es la frase que se volvió usual para los más de 400.000 usuarios de la Nueva EPS en el Atlántico, a los que desde el mes de diciembre se les fue suspendida la entrega de medicamentos por la millonaria deuda que esta entidad mantiene con el que era su dispensario médico.Eso deriva en una crisis de pacientes que hoy se están agravando por no continuar con su tratamiento al pie de letra. Tal es el caso de William González, quien dice que optó por tomar una bicicleta desde Soledad para recorrer todos los puntos de Cafam y Nueva EPS en busca de los frascos de Rivaroxabán que necesita su hermana, a la que operaron de corazón abierto y desde hace un año no tiene acceso a sus pastillas.“Se están demorando como seis meses para entregar las medicinas. Uno va y no las hay. Recorrí todas las farmacias desde el Hipódromo, en Soledad. Allá abajo, no las hay, y cuando subo para acá, tampoco. Solo le entregan una parte”, dijo a Blu Radio.La desesperación de William es doble pues a su hermana también le hicieron una cirugía en su columna hace un mes, luego de una caída en su hogar.Casos como este son tratados por el veedor Andrés Meza Pérez, quien hace parte de la Asociación de usuarios de Nueva EPS en el Atlántico. Denuncia que a la crisis de medicamentos se le unen problemas como la agendación de cita con especialistas, las cuales solo están disponibles hasta cinco meses después.“¿Cómo va a ser posible que los códigos y los estatutos del Ministerio de Salud dice que una cita debe ser agendada en no más de 17 días y la dan hasta cinco meses después? No es justo. A veces hay pacientes que están programados para asuntos de una operación y cuando el protocolo se cumple ya es demasiado tarde. Tienen que agendar para mucho tiempo después”, agregó.Meza vive el sufrimiento en carne propia por ser paciente de hemodiálisis, pero su crítica se dirige al Gobierno pues tampoco hay estabilidad de los funcionarios de estas entidades.“Tratamos de minimizar todo esto, pero no podemos porque siempre nos quitan al interventor o cambian a los gerentes. Cuando se tiene algo plasmado luego de meses trabajando, vuelve a suceder. Todo lo que se adelante se pierde, pues una persona no va a firmar lo que otro ya dejó”, concluyó.A las afueras de una sede de la Nueva EPS encontramos -por ejemplo- usuarios que sufren de presión y que desde octubre tienen que comprar medicinas por su cuenta. Del mismo modo, padres de familia a los que a sus hijos con síndrome de down les suspendieron la entrega de hasta pañitos húmedos. Muchos salen molestos y dispuestos a radicar tutelas para solucionar su situación.
El juez 24 del circuito de Bogotá ratificó que el Presidente debe cumplir con un fallo de tutela que le ordena rectificar y eliminar 16 mensajes contra el exgerente de la EPS, Jaime Miguel González.El presidente Gustavo Petro incurrió en un incidente de desacato a un fallo de primera instancia y una acción de tutela que le ordenaban rectificar y eliminar los mensajes que publicó en X y que amplió a través de una alocución presidencial en la que señaló al entonces gerente de Coosalud, Jaime Miguel González Montaño, de ser un “bandido” que convirtió a la EPS en una de las peores prestadora de salud del país.Los mensajes del mandatario señalan a González Montaño de casi triplicar la deuda de la EPS en casi un año (en 2024 alcanzó 2.600 millones de pesos) lo que a juicio del Presidente significa que “se robaron la plata”.Gustavo Petro también responsabilizó a la junta directiva de Coosalud EPS de permitir toda una serie de irregularidades que, según él, pasaban por el direccionamiento de recursos públicos hacia una empresa fantasma en el exterior y autorizar préstamos personales a González Montaño por más de $220.000 millones.En su cuenta de X, Petro anotó que “la investigación completa y su traslado a la Fiscalía la realizó el actual superintendente de salud Giovani Rubiano”.Sin embargo, de esa supuesta denuncia se desconoce su trazabilidad pues la defensa jurídica del Presidente no entregó a los jueces la prueba de su radicación.El juez 24 del circuito de Bogotá, Yimi Alejandro Sánchez García, ratificó la orden de primera instancia para que el presidente Petro se retracte y presente excusas públicas, en el mismo formato en el que lo hizo, al exgerente de Coosalud, Jaime Miguel Gonzalez, por cada uno de sus pronunciamientos en su contra publicados desde inicios de diciembre de 2024.La Presidencia de la República pidió que se anulara el fallo, alegando que se estaba violando el debido proceso y el derecho del presidente a hacer denuncias públicas sobre un caso penal en curso.También solicitó suspender cualquier sanción por desacato mientras se resolvía la solicitud, para evitar un daño grave a las funciones del Presidente.
Un grave siniestro vial se registró en la noche de este martes y la madrugada de este miércoles en el occidente de Bogotá, dejando como saldo la muerte de un motociclista en la localidad de Engativá.El hecho ocurrió sobre la avenida Mutis, en inmediaciones de la avenida Ciudad de Cali y muy cerca de una de las pistas del aeropuerto El Dorado. De acuerdo con la información preliminar, el accidente se presentó después de las 11:00 de la noche, momento en el que se activaron los organismos de socorro tras reportarse la muerte de un hombre que se movilizaba en motocicleta.Según versiones conocidas en el lugar, minutos antes un bus del SITP habría pasado por el puente vehicular del sector. Posteriormente, el motociclista aceleró, pero al frenar en un bache presente en ese punto de la vía, no se percató de la presencia de una tractomula tipo cama baja que se desplazaba en sentido oriente–occidente. El conductor del vehículo de carga pesada terminó arrollando al motociclista, quien falleció en el sitio debido a la gravedad del impacto.La Secretaría de Movilidad confirmó el siniestro a través de su cuenta oficial en la red social X. A las 11:38 p. m., Bogotá Tránsito informó:“Gestión Del Tráfico. Siniestro vial con fatalidad en la localidad de Engativá, entre tractocamión y motociclista en la Av. Mutis con Av. Cali, sentido oriente-occidente. Unidad de Tránsito y criminalística en desplazamiento. Vía alterna: Av. Boyacá.”Como consecuencia del accidente, la avenida Mutis permaneció cerrada durante varias horas mientras las autoridades adelantaban la inspección técnica y las labores de investigación para establecer con exactitud las causas del hecho. El cierre se mantuvo casi hasta las 2:00 de la mañana.Sobre la 1:21 a. m., la entidad distrital actualizó la información y señaló: “Movilidad Ahora. Finalizan labores por parte de criminalística. Se habilita el tránsito sobre la Av. Mutis. Tránsito y Secretaría de Movilidad lamentan este siniestro vial y se solidarizan con los familiares de la persona fallecida.”Las autoridades de tránsito continúan con la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del accidente, incluyendo el estado de la vía y la dinámica entre los vehículos involucrados.Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto:
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que el Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha liberado a "muchos presos políticos"."Han acordado que van a dejar salir, creo que a la mayoría de ellos. Depende de lo que hayan hecho, pero han liberado, o mejor dicho, han liberado a muchos presos políticos en Venezuela", apuntó el mandatario al ser preguntado en una rueda de prensa sobre la demora en las excarcelaciones.El asunto de los presos políticos en el país caribeño fue uno de los temas tratados en la comparecencia que Trump tuvo en la Casa Blanca para destacar los logros del primer año de su segundo mandato.En la misma rueda de prensa, Trump alabó a la líder opositora venezolana, María Corina Machado, por haberle regalado su medalla del Premio Nobel de la Paz y sugirió que podría "involucrarla" en la transición política en Venezuela.Horas antes, Machado, de visita en Washington, denunció que el chavismo "ha manipulado la situación" en Venezuela y que "no es cierto que hayan liberado a la mayoría de presos políticos".A la salida de una reunión con Albert Ramdin, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Machado lamentó que es una práctica habitual de las autoridades venezolanas el anuncio de que "van a liberar a alguien y luego no ocurre, es una tortura diaria para los familiares que están esperando a que los liberen".La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha asegurado que ya se han producido 406 excarcelaciones, pero no ha ofrecido ninguna lista completa ni un desglose detallado de casos políticos y comunes.Por su parte, distintas organizaciones humanitarias consideran que, aunque se diera por buena esta cifra de más de 400 presos políticos liberados, seguirían encarcelados alrededor del 90 % de los entre 800 y 900 que se calculaban antes de la intervención de Estados Unidos del 3 de enero donde se capturó a Nicolás Maduro.
El maquinista del tren Iryo que sufrió un siniestro en España alertó en una llamada al centro de mando de Atocha de que había tenido “un enganchón” a la altura de Adamuz, en Córdoba (centro-sur). En una segunda comunicación, informó de que el tren había descarrilado y estaba invadiendo la vía contigua, por lo que solicitó detener el tráfico “urgentemente”.De acuerdo con el audio difundido por Cordópolis/eldiario.es, en la primera llamada el conductor explicó que el tren estaba “bloqueado” y no podía desplazarse, y añadió que necesitaba “reconocer” la situación de la unidad. En el registro también se escucha al personal de Atocha pedirle que bajara los pantógrafos —el sistema que toma electricidad de la catenaria—, a lo que el maquinista respondió: “Más abajo no pueden estar”.En un segundo contacto telefónico, el conductor insistió en la necesidad de parar el tráfico de forma inmediata; desde Atocha le indicaron que “no hay ningún tren llegando”, según el citado medio.Durante la conversación, el maquinista detalló que había un incendio en uno de los vagones, por lo que debía abandonar la cabina para comprobar la situación, y solicitó el envío urgente de bomberos y ambulancias, al asegurar que había personas heridas en el tren.En ese intercambio, sin precisar si fue anterior o posterior al choque con el tren Alvia, en ningún momento el maquinista advirtió de la presencia de dicho convoy.El tren Iryo se dirigía a Madrid procedente de Málaga y descarriló, impactando contra un Alvia que viajaba desde la capital española con destino a Huelva.Escuche aquí el audio:
El maquinista de un tren murió y otras 37 personas resultaron heridas, cinco de ellas de gravedad, al chocar este martes contra un muro de contención que cayó a la vía, entre Gelida y Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), a causa de un temporal.El accidente se produjo hacia las 21:00 hora local (20:00 GMT), posiblemente debido a las lluvias, cuando un muro de gran tamaño se desplomó sobre la vía justo cuando circulaba un tren de la línea R4 que había partido de Sant Vicenç de Calders (Tarragona) en dirección a Manresa (Barcelona).El muro cayó sobre el primer vagón del tren de cercanías, que quedó deformado a consecuencia del impacto y en el que viajaban el grueso de los pasajeros afectados, explicó Claudi Gallardo, jefe de intervención de los Bomberos.En el choque murió el maquinista del tren y 37 pasajeros tuvieron que ser atendidos por los equipos sanitarios. Según el último balance del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), cinco personas han resultado gravemente heridas, seis de menor gravedad y 26 leves.Hasta la zona se han desplazado también 35 dotaciones con 75 efectivos de los Bomberos, que han evacuado a todos los pasajeros del tren y que durante más de una hora han trabajado en la extracción de una persona que había quedado atrapada en el amasijo de hierros de la estructura del vagón.Maquinistas y técnicos de infraestructuras ferroviarias revisarán toda la red para garantizar que ningún tramo esté dañado por el temporal.El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que se encuentra hospitalizado en Barcelona por una osteomielitis púbica, un proceso de naturaleza inflamatoria infecciosa, está siguiendo "con atención" el accidente.También el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue "muy atento" las informaciones y la evolución de los trabajos de emergencia."Muy atento a las informaciones sobre el accidente de un tren de Rodalies en Gelida. Pendiente de la evolución de la situación y el trabajo de los servicios de emergencia. Todo mi cariño y solidaridad con las víctimas y sus familias", ha escrito el jefe del Ejecutivo en su perfil oficial de la red social X.Este accidente se produce tan solo dos días después del trágico choque de dos trenes de alta velocidad ocurrido en Adamuz (Córdoba), que se ha saldado, por el momento, con la muerte de 42 personas y 123 heridos, de los que 37 permanecen hospitalizados.
En la madrugada de este miércoles se presentó el hecho en el que, según habitantes del barrio San Roque, en el suroriente de Barranquilla, se encontraba departiendo Jonathan José Fontalvo Torres con unos amigos, en la terraza de la vivienda que servía de sede de la danza El Torito Ribeño, de la que era su tamborero.Según residentes del barrio, hasta ese lugar llegó un sicario a pie que le propinó varios impactos de bala a Fontalvo Torres. Acto seguido, el victimario se dio a la huída y en este momento está siendo buscado por las autoridades.Para su hermana, Ingrid Fontalvo, el hecho no tiene explicación, ya que Jonathan, de 41 años, era un hombre trabajador que se dedicaba a la carpintería y a mantener vivo el legado cultural y folclórico de la danza el Torito Ribeño, que lidera su padre, el rey Momo en 2005, Alfonso Fontalvo.“Él era carpintero y no conocíamos que tuviera amenazas. Estamos esperando para ver qué nos dicen las autoridades”, comentó su hermana.La víctima fue trasladada al Hospital de Barranquilla, donde falleció a causa de las heridas.Jonathan Fontalvo era un heredero de la tradición y sin duda hoy su familia, el Carnaval y la danza El Torito Ribereño lamenta su inesperada muerte.El torito RibereñoComo lo destaca Carnaval de Barranquilla, la historia de la danza que dirige Alfonso Fontalvo se remonta al 20 de enero de 1878, “cuando un grupo de jóvenes liderado por Elías Fontalvo fue a la sede de la danza El Toro Grande a pedirles que los dejaran ser miembros del congo, pero fueron recibidos con desdén y rechazados” por su juventud.
Como una “catástrofe” institucional califican la situación que viven alrededor de 550 trabajadores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en el Atlántico a los que no les han renovado sus contratos a pocos días de entrar en vigencia la Ley de Garantías este 31 de enero. Entre las personas afectadas hay varias mujeres embarazadas y lactantes, denunciaron desde Sintrafamiliar.Alejandro Camargo, presidente de ese sindicato, afirma que el limbo laboral en el que se mantienen más de 550 trabajadores, entre los que se encuentran madres embarazadas o que están en periodo de lactancia, es inédito en los 15 años que tiene trabajando en el ICBF en el Atlántico.“Esto nunca se había visto, que las madres embarazadas y lactantes sean las últimas que contraten. En años anteriores esas personas, máximo el 2 de enero ya tenían contrato para no afectar su hijo, su proceso de maternidad, de lactancia, pero hemos llegado al límite de que a esas mujeres les ha tocado esperar mes y medio, dos y hasta más meses para ser contratadas”, indicó.Agregó el presidente de Sintrafamiliar que lo que se vive en el Centro de Servicios Judiciales Para Adolescentes (Cespa), por ejemplo, es crítico, ya que no hay cómo atender de manera eficiente en este momento a sus internos por el déficit de personal.“En este momento en el Cespa existe una sola nutricionista para tres equipos, dos trabajadoras sociales para cinco equipos. Esto es algo inconcebible. Aquí estuvo la directora nacional en diciembre (Astrid Eliana Cáceres) y dejó unas líneas, pero hoy día solo hemos tenido inconvenientes muy graves”.Camargo subrayó que en el actual Gobierno del presidente Gustavo Petro, el paso de cinco directores por el ICBF en el Atlántico, ha generado situaciones como la actual, la falta de una hoja de ruta clara en el plan de acción del Instituto y violencia institucional contra los trabajadores, ya que como él lo afirma, cada uno de ellos quiere imponer sus lineamientos sin valorar al funcionario “por sus conocimientos en políticas sociales, trabajo y respeto por el sentido misional”.Ante esta situación de incertidumbre, señala el presidente de Sintrafamiar, que este jueves muchos trabajadores del ICBF en el departamento de Atlántico realizarán un nuevo plantón en la sede Regional, carrera 46 con calle 61, desde las 2 de la tarde.
En $3.9000 quedó el pasaje que deberán pagar durante este 2026 los usuarios del sistema de transporte masivo de Cartagena, Transcaribe.La Alcaldía de Cartagena expidió el decreto que fija la nueva tarifa para los usuarios del sistema con un aumento de 500 pesos, es decir, el pasaje pasa de 3.400 a 3.900 pesos, lo que representa una variación del 14,7%.El nuevo valor de la tarifa, que empieza a regir desde el viernes 23 de enero, señaló la Alcaldía, obedece al aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el valor del combustible, que en este caso es Gas Natural, y al aumento del salario mínimo.“Estos factores inciden en rubros como la remuneración a los concesionarios de operación, Sotramac y Transambiental, así como a la empresa contratista que opera TransCaribe Operador (Cartagena Complementaria Social de Indias), así como en acciones necesarias como lavado de vehículos, mantenimiento preventivo y correctivo de la flota, alistamiento, personal de aseo y vigilancia, conductores y operación pública, entre otros”, explicaron en un comunicado sobre el aumento.De igual manera, detallan que en la determinación de la tarifa, el aumento del salario mínimo tiene una participación del 46%, el aumento del IPC del 34%, y el del combustible, del 20%, siendo el salario mínimo el factor de mayor incidencia en el valor final de la tarifa.Convocan plantón en rechazo al incrementoEl anuncio de este incremento generó molestia entre usuarios del sistema que lo calificaron como “desproporcionado”, al tiempo que organizaciones estudiantiles convocaron un plantón para rechazar la implementación de la nueva tarifa este mismo viernes a partir de las 4:30 de la tarde en el Patio Portal.“Sentimos una indignación muy profunda con la decisión del alcalde Dumek Turbay de este incremento injustificado de la tarifa de Transcaribe, que ha quedado como la tarifa más cara del país. Esto representa un golpe durísimo a la clase trabajadora de esta ciudad; cada vez tenemos menos acceso a la ciudad por el gobierno distrital que se ha dedicado a hacer excesivos gastos en show y tarima, sin garantizar derechos básicos como el transporte”, aseguró el Santiago Pombo, integrante de la organización de educación y comunicación popular Fogón Rebelde.Para los organizadores de plantón el servicio que brinda hoy Transcaribe, con buses y estaciones en mal estado, y retrasos en la operación, son otro motivo para rechazar este incremento.“Hace menos de un bus vimos como buses terminaron incinerados por las condiciones paupérrimas de mantenimiento, nos acostumbramos a ver escenas diarias de buses varadas y en mal estado, y sobretodo a ver a los usuarios en hacinamiento, porque la forma en que está organizada este transporte nos trata como ganado”, señaló el joven.
Luego de tres años de separación de cuerpo, ya está lista la separación legal entre Daysuris Vásquez y Nicolás Petro, quienes han sido protagonistas en los últimos años de un escándalo que involucra presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Se trata de una decisión proferida por el Juzgado Octavo de Familia de Oralidad de Barranquilla, el cual decretó el pasado 18 de diciembre el divorcio del matrimonio civil que se celebró en abril de 2019. Sin embargo, la decisión no habría sido bien recibida por el equipo jurídico de Dayruris, el cual confirmó a Blu Radio que presentará una solicitud de nulidad a esta decisión, debido a que no habrían sido notificados del proceso, lo que no les habría permitido participar del mismo. Vale la pena mencionar que, en el fallo del mencionado juzgado, se cita como un problema jurídico el hecho de que la demandada, en este caso Vásquez, nunca hubiese contestado la demanda. No obstante, al respecto el juez planteó que esta fue notificada "en debida forma". Le puede interesar: Day Vásquez amplía denuncia contra Nicolás Petro por injuria, calumnia y hostigamiento"La demandada se notificó en debida forma y no contestó la demanda, lo que hace entender que está de acuerdo con el divorcio y la propuesta", expone el fallo. Petro Burgos, quien fue el solicitante de la demanda, expuso que solicitaba el divorcio al no tener obligación alimentaria con su ex cónyugue, por lo que solicitaba la liquidación de esa sociedad conyugal, incluyendo una repartición equitativa de los bienes. Petro y Vásquez se habrían separado desde finales de 2022. Su proceso de separación se vio marcado por unas polémicas declaraciones entregadas
El municipio de Tiquisio, en el sur de Bolívar, se encuentra de luto tras el hallazgo de los cuerpos sin vida de Brillith Thalía Rodríguez, de 29 años, y sus tres hijos de 13, 10 y 6 años. El descubrimiento ocurrió al mediodía del pasado martes, luego de que los vecinos alertaran a las autoridades al no recibir respuesta de la familia.Hipótesis que manejan las autoridades 1. Inhalación de monóxido de carbono: esta es, hasta el momento, la principal hipótesis que maneja la Policía de Bolívar, debido a que el sector estuvo sin servicio de energía eléctrica durante todo el día y la familia habría dejado encendida una planta eléctrica dentro de la vivienda mientras dormían.Así lo planteó el coronel Diego Fernando Pinzón, quien explicó que la familia pudo haber inhalado los gases tóxicos emitidos por el generador durante la noche.2. Intoxicación alimentaria: aunque la inhalación de gases es la línea de investigación más fuerte, el alcalde de Tiquisio, Neil Enrique Cantillo, mencionó una segunda posibilidad, tras analizar si las víctimas pudieron haber consumido un pudín que se encontraba en la nevera, lo que habría provocado una intoxicación letal.Los cuatro cuerpos fueron trasladados al municipio de Magangué, donde Medicina Legal determinará la causa exacta de las muertes.Finalmente, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, dispuso un equipo de la Secretaría de Salud para brindar asistencia psicoemocional a los familiares y aseguró que se brindará todo el apoyo necesario para esclarecer los hechos.
Barranquilla pidió suspender el trámite administrativo que adelanta el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) para resolver la disputa limítrofe entre la capital del Atlántico y Puerto Colombia, en la que está en juego la jurisdicción del corredor universitario. La petición fue informada por la Alcaldía de Puerto Colombia, la cual aseguró que “de manera sorpresiva y cuando aún no iniciaba la segunda audiencia del trámite administrativo ante el IGAC, el Distrito de Barranquilla de una manera incoherente e improvisada solicitó la terminación del procedimiento técnico por supuesta falta de competencia del Instituto, a pesar de que ellos fueron quienes solicitaron dicha diligencia”.Al respecto, el alcalde de Puerto Colombia, Plinio Cedeño, afirmó que "es delirante" que Barranquilla ahora considere que el IGAC no tiene competencia para este trámite, justo ahora cuando su municipio esperaba presentar todo su material probatorio para ratificar sus límites.El mandatario criticó que “Barranquilla, en su pretensión expansionista y ante la ausencia de pruebas, solicitó la suspensión de la diligencia haciendo incurrir a la autoridad geográfica del país y a Puerto Colombia en un desgaste administrativo que afecta los fines esenciales del Estado y los principios que orientan la función administrativa”.“Sin contar con las pruebas suficientes ante el IGAC, Barranquilla evidencia que su postura es improvisada y carece de fundamento técnico. Resulta incoherente hacer que tanto la Alcaldía de Puerto Colombia como el mismo IGAC inviertan tiempo y recursos en un proceso que solo muestra su afán de cercenar nuestro territorio”, manifestó el alcalde Cedeño.En marzo pasado, el director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Gustavo Adolfo Marulanda, confirmó que el conflicto entre Barranquilla y Puerto Colombia, por el dominio de las 1.402 hectáreas que comprenden el llamado corredor Universitario, será definido en los meses venideros por el Congreso de la República.“Nosotros apoyamos el tema en cada una de las instancias, pero quien toma la decisión es una entidad diferente. Aquí, en principio, la decisión la tomó la Asamblea y se cayó ese hecho porque no era el competente para asumir la tarea. Vamos a tener que llegar a que el Congreso defina, mas eso tiene un trámite previo de deslinde que está definido normativamente”, dijo en ese momento.
El auditorio Mario Santo Domingo del complejo cultural La Aduana será el escenario de Larvaria, una nueva producción del colectivo artístico Mandragorart que, según su director Albie Birmann, proyectará en Barranquilla “una metáfora sobre la transformación de la identidad transgénero, a través del amor y el autosacrificio”.La obra Larvaria es una puesta en escena de cabaret, poesía y música pop, que se estrenará este jueves, 5 de junio, a las 7:00 de la noche, como parte del lanzamiento del Caribe Pride Festival 2025, el primer encuentro cultural, turístico y empresarial diverso de la región, que se llevará a cabo en Cartagena, en octubre próximo."Digamos que todo el proceso de creación apunta a una sola cosa y es hacer una metáfora de la transformación de la mujer trans en este momento en el que estamos atravesando una nueva ola de violencia hacia las personas LGBT, sobre todo muy específicamente hacia las mujeres trans en Colombia", manifestó Albie Birmann, director de la obra."La obra es una respuesta también a un caso muy reciente que ocurrió en Antioquia, porque estos procesos de transformación de ellas muchas veces son muy dolorosos y dolorosos de muchas maneras, no solo física, sino también emocional", agregó.Con la presentación de esta obra, protagonizada por Iván Alfonso, Fabio Padilla, Angel Álvarez y Christian Viloria, inicia la agenda cultural con la que Barranquilla celebrará el mes del orgullo.El ingreso de los asistentes será previa inscripción a través de las redes sociales de @mandragorart, en Instagram.
Varios de los posibles precandidatos a las elecciones presidenciales 2026 se dieron en cita en la Convención Bancaria que se realiza en Cartagena, para debatir sobre el futuro del país y sus propuestas en materia de economía, seguridad, e, incluso, sobre las actuales reformas del Gobierno nacional.Precisamente la polémica consulta popular fue uno de los temas centrales del debate moderado por el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, y en el que participaron el Alejandro Gaviria, exministro de Educación; Felipe Córdoba, excontralor; Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá; la senadora María José Pizarro y el empresario Santiago Botero y Ricardo Arias.En medio de su intervención, los precandidatos calificaron la decisión del presidente Gustavo Petro de aprobar la consulta popular vía decreto como “un irrespeto a la democracia” que pone en juego la institucionalidad.Uno de los más críticos con la decisión fue el exministro Gaviria, quien señaló que cada vez duda más de que el presidente Petro sea un demócrata.“Es como si quisiera que el Congreso no actuara, que se convirtiera en un simple notario de sus reformas”, sostuvo.Por su parte, el excontralor Córdoba dijo que los más de 700 millones de pesos que costaría una consulta popular deberían ser invertidos en temas prioritarios para el país, como la deuda a la salud o los subsidios de Icetex.“No puedo estar de acuerdo con saltarnos la legalidad, las instituciones de este país (…) Si el presidente lo quiere hacer que lo haga como lo que tiene hacer, ir al Congreso de la República, ya el congreso le dijo que no, y es allí dónde están representados los más de 22 millones de colombianos, yo creo que eso hay que respetarlo, y que él como demócrata, que dijo que era al principio, debe respetar la voluntad del Congreso de la República”, aseguró.A su vez, Juan Daniel Oviedo dijo que la consulta del presidente Petro rompe la balanza de poderes.“Rechazo en concreto a esa decisión, porque en Colombia hay 28.1 millones de personas que dicen que el equilibrio de poderes es fundamental para que la democracia funcione; y hay apenas hay 15 millones de colombianos que conocen la figura de la consulta popular”, detalló.El exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa fue un poco más allá y dijo que el presidente lo que busca es quedarse en el poder.“Por supuesto que lo rechazo, pero si la llegan a sacar adelante no van a pasar el umbral y van a perder (…) Pero aquí lo está en juego, Petro siempre ha querido quedarse en el poder, de eso es que se trata, aquí lo está midiendo es si la Corte Constitucional le va a dar el apoyo, porque después se inventa cualquier pretexto, problemas de orden público, para prolongar su periodo o alguna salvajada parecidas”, agregó.Por su parte, la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, la única a favor de la consulta, dijo que lo que se ha vivido en el Congreso son “trampas constantes, y la incapacidad absoluta de dialogar y debatir”.Asimismo, indicó que está a la espera que la justicia defina la legalidad de esa votación en el Congreso.“Quienes realmente han actuado con un absoluto autoritarismo y hay una persona en concreto se llama Efraín Cepeda, y creo él actuó de manera atropellada en la forma en la que condujo el debate y creo que hubiéramos podido evitarnos todas esas circunstancias si realmente si hubiera podido permitir ese debate”, señaló.
La tarde del miércoles en una tienda ubicada en la carrera 5 con la calle 7A del barrio El Ferry, en Barranquilla, fue asesinado de un disparo en la cabeza un hombre de 74 años por parte de dos delincuentes que realizaron varios disparos contra el negocio.Testigos contaron a las autoridades que la víctima se encontraba dialogando con el propietario de la tienda cuando ocurrió el ataque.La persona asesinada respondía al nombre de José Francisco Hernández García. El hombre alcanzó a ser auxiliado por la comunidad, sin embargo, murió al llegar a un centro asistencial.Por el momento, la Policía busca identificar a los delincuentes que pasaron caminando. El hecho, según la primera hipótesis, estaría relacionado con el cobro de extorsión al propietario del negocio donde ocurrieron los hechos.
Brillith Thalía Rodríguez, de 29 años, y sus tres pequeños hijos, de 13, 10 y 6 años, son las víctimas de una terrible tragedia que enluta al municipio de Tiquisio, en el sur de Bolívar. La joven madre fue encontrada muerta, junto a sus tres hijos, al interior de su vivienda durante el mediodía de este martes.De acuerdo al reporte preliminar de la Policía de Bolívar, las primeras hipótesis apuntan a que se trató de una intoxicación por inhalación de monóxido de carbono, sin embargo, será Medicina Legal la encargada de entregar el dictamen final.“Presuntamente, las víctimas habrían utilizado una planta eléctrica, al interior de la residencia, para suplir la falta de energía eléctrica que se presenta en el municipio desde el pasado 19 de enero. El equipo habría permanecido encendido durante la noche, generando la inhalación de gases tóxicos: monóxido de carbono”, explicó el coronel Diego Fernando Pinzón, comandante de la Policía Bolívar.Asimismo, el oficial señaló que la investigación quedó a cargo del CTI de la Fiscalía General de la Nación.Le puede interesar: Hospitalizan a niño de 8 años por intoxicación con pólvora en Barranquilla Por su parte, el alcalde de esa población, Neil Enrique Cantillo, detalló que los cuerpos de madre y sus hijos fueron hallados luego de que vecinos del sector alertaran a las autoridades ante la falta de respuesta de la familia durante el día de hoy.“Los vecinos comentan que, en vista que era tarde, y que no se había levantado la familia, proceden a abrir la puerta y encuentran los cuerpos en la habitación. Lamentablemente todos estaban muertos. Por ahora, hay varias versiones. Se hablaba de inhalación de gases, también que habrían consumido un pudín que fue encontrado en la nevera, pero hasta el momento no sabemos”, dijo el mandatario en diálogo con BLU Radjo.La cuerpos de familia fueron trasladados al municipio de Magangué.
Setenta y dos cartuchos calibre 5.56, 40 panfletos y una especie de estatuto disciplinario del Clan del Golfo, hacen parte del material incautado a cuatro personas que se movilizaban en un vehículo en la vía Arjona–Gambote, en el departamento de Bolívar.Los capturados, tres hombres y una mujer, quienes harían parte del GAO Nicolás Antonio Urango Reyes, fueron sorprendidos en medio de un procedimiento de registro y control de uniformados de la Policía de Transito y Transporte.“El procedimiento se desarrolló en la vía que comunica el municipio de Arjona con el peaje de Gambote, específicamente en el puesto de control ubicado en la báscula, donde los uniformados realizaron la inspección que permitió la aprehensión de los sospechosos”, detalló el coronel Diego Fernando Pinzón, comandante de la Policía Bolívar.Entre los capturados se encuentra Duber Esneider Echeverry, de 26 años, alias 'Marcos', señalado como presunto cabecilla financiero de zona.“Este resultado operacional representa una afectación directa a las estructuras criminales que pretenden generar temor y desestabilizar la seguridad en el departamento. Continuaremos ejerciendo controles permanentes en los corredores viales y trabajando de manera articulada con la Fiscalía para proteger la vida y la tranquilidad de los bolivarenses”, señaló el oficial, al tiempo que explicó que sobre alias ‘Marcos’ hay una condena vigente por delitos relacionados con armas de fuego.Los cuatro capturados deberán responder por los delitos de terrorismo y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones.
La Alcaldía Distrital de Barranquilla y la Policía Nacional acordaron el lanzamiento de una estrategia de identificación, búsqueda y judicialización de actores criminales, a los que se les acusa de varios homicidios, extorsiones y venta de drogas tanto en la ciudad como en el área metropolitana.Como parte de esta estrategia, se han diseñado y puesto en circulación tres carteles informativos, cada uno con 20 siluetas de personas relacionadas con estos hechos delictivos, sobre quienes se ofrece pago de recompensa a quienes suministren información veraz y oportuna que permita su plena identificación, ubicación y captura.Esta acción focalizada se desarrolla en sectores priorizados de la ciudad de Barranquilla, especialmente en los barrios El Bosque y Simón Bolívar, así como en el municipio de Soledad, zonas donde se han identificado dinámicas criminales que vienen siendo objeto de investigación por parte de las autoridades.Al respecto habló el jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana de Barranquilla, Yesid Turbay, remarcando que los pagos son desde el millón de pesos en adelante.“Desde la Alcaldía Distrital reiteramos nuestro compromiso con la seguridad de los barranquilleros. Esta estrategia de recompensa es un mensaje claro para quienes insisten en delinquir: no habrá espacios de impunidad. La información de la ciudadanía es clave para seguir desarticulando estas estructuras criminales y devolverle la tranquilidad a nuestros barrios”, fueron sus palabras.Por su parte, el brigadier General Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, manifestó: "Estamos fortaleciendo nuestras capacidades de inteligencia, investigación criminal y trabajo comunitario. Estos volantes hacen parte de una estrategia contundente que busca el apoyo directo de la ciudadanía para identificar a los responsables de graves hechos que atentan contra la vida y la seguridad. Garantizamos absoluta reserva, confidencialidad y una reacción inmediata de nuestras unidades”.La Policía Nacional reitera que toda la información suministrada es completamente confidencial y segura, y puede ser comunicada a través de la Línea de Emergencias 123, la línea directa 323 273 0948, así como a las líneas contra el crimen 317 896 5523 y 321 394 5266, garantizando absoluta reserva.
Luego de entregar los requerimientos legales pendientes y, también pasar una prueba de resistencia en sus palcos, fue aprobada en la mañana de este martes 20 de enero la realización de las corralejas de Sincelejo que iniciarán desde esta tarde hasta el próximo domingo.El tradicional evento estuvo a punto de ser cancelado debido a una medida cautelar proferida por el Juzgado Segundo de Pequeñas Causas y Competencia de Sincelejo, en la que se ordenaba paralizar la construcción del lugar por falta de licencia para ello.Sin embargo, a partir de la realización de los trámites por parte de los privados que estaban encargados del montaje de los palcos y las graderías, se logró terminar la construcción de la estructura mientras se tramitaba la documentación requerida para garantizar la seguridad a los asistentes.Esta podría ser la penúltima corraleja que se desarrolle en el marco de las fiestas del 20 de enero, teniendo en cuenta que a partir de julio de 2027 entrarían en vigor las prohibiciones establecidas en la ley 2385 de 2024. Esta ley prohíbe las peleas de gallos, corralejas, coleos y toda clase de actividad de entretenimiento que implique el uso de animales.Por lo pronto, desde el equipo de la Defensa Civil en Sucre aseguran estar listos para atender las emergencias que se puedan generar a partir de estas fiestas.“La Defensa Civil desde sus capacidades operativas y como integrante del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, y en este caso para las corralejas de este año, hemos analizado todas las actividades que se van a desarrollar. Se dieron las recomendaciones de las medidas preventivas que esperamos que los promotores de este evento de afluencia masiva las ejecuten para evitar situaciones especiales”, dijo el mayor Mauricio Rodriguez Ardila, director de la dependencia.“Se dispondrá un dispositivo en terreno de dos equipos de respuesta y un funcionario dentro del puesto de mando unificado que será instalado en el sector de las corralejas. odo esto para la coordinación de apoyos en camilla o actividades de atención que se requieran dentro del desarrollo de esta actividad. Habrá disponibilidad operativa en coordinación con la Cruz Roja”, agregó.Para este año se espera la asistencia de por lo menos 7.000 espectadores, mientras que se tiene previsto que el primer toro salga al ruedo desde las 2:00 de la tarde.
Hay luto en el norte de Barranquilla, más específicamente en el conjunto Paseo del Parque, ubicado en el barrio Villa Carolina, donde pasadas las 8:00 de la noche de este lunes 19 de enero se registró la muerte de un niño de 12 años que cayó al vacío desde el noveno piso de esta edificación.De acuerdo a los primeros reportes del caso, el menor estaba intentando hablar y jugar con sus amigos desde el balcón mientras estaba sobre una silla. Luego, en medio de un aparente descuido, terminó perdiendo su equilibrio.La emergencia alertó a todos los vecinos, quienes a su vez dieron pronto aviso a las autoridades pese a que fue demasiado tarde para intentar salvarle la vida.“Considero que fue la brisa. El niño era una persona alegre, vivía siempre con su mamá, una vecina muy buena. Estoy impresionada completamente. Le echo la culpa a la brisa, yo vivo allí y pegan los vientos horrible”, declaró a los medios de comunicación una de las vecinas del conjunto.“Su cuerpecito era delgado. Sé cómo debe sentirse esa madre, estoy llorando por su mamá. Él subirá al cielo. Tengo cinco años desde que se murió mi hijo con la pandemia y todavía lo lloro como si fuera la primera vez. Nadie sabe lo que es la muerte de un hijo o una madre hasta que no lo vive. Lamentando mucho esta tragedia, eso es para que los padres tomen conciencia de no mudarse a pisos tan altos para tener niños pequeños. Se pueden utilizar mallas también”, agregó.La noticia también fue lamentada por comerciantes de la zona, quienes acostumbraban a verlo jugar por las tardes: “Era alegre, divertido. Lo que pasa es que la situación es fuerte. Apenas me estoy enterando, solía verlo cuando salía a caminar, o hacia la Olímpica”.Hasta el punto llegaron uniformados de la Seccional de Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana de Barranquilla para ponerse adelante del caso.
En un comunicado dirigido a la opinión pública, la Consejería Comisionada de Paz recordó que el próximo 20 de enero vence el plazo acordado entre los cabecillas de las bandas criminales ‘Los pepes’, y ‘Los Costeños’ para que dichas estructuras desacelerar los actos de violencia urbanas como gestos de paz, razón por la cual el Gobierno nacional adoptó una serie de decisiones para dar continuidad al proceso.Entre las determinaciones anunciadas, se destaca la continuidad de Camilo Pineda como facilitador del proceso, quien contará con el respaldo del sacerdote católico Cyrillus Swinne, reconocido por su labor comunitaria en el Atlántico, con quien concertó una agenda de trabajo social con epicentro en el barrio La Paz del suroccidente de Barranquilla.La continuidad de Pineda en el cargo estuvo cuestionada luego de que se frenaran, por el momento, los traslados a cárceles de Barranquilla de alias ‘Castor’, ‘el Negro Ober’ y otros lideres de zona de Los Costeños.“El Gobierno indica que avanzará en una agenda de trabajo referente a un espacio de conversación socio jurídico con las autoridades del territorio para definir una hoja de ruta concertada sobre los indicadores, las metas y las acciones más adecuadas para avanzar hacia la construcción de paz, sometimiento a la justicia y tránsito hacia la legalidad de las personas que se acojan a este proceso de paz urbana”.Enfatizó que las medidas de traslados de los integrantes de “Los Costeños” se mantienen aplazadas, sin embargo el proceso de exploración sigue abierto con los líderes de esta estructura, así como con los líderes de "Los Pepes".Asimismo, el Gobierno hizo un llamado a las autoridades territoriales y a la Policía en Barranquilla y el Atlántico para reforzar el cumplimiento de sus competencias en materia de seguridad y combate al crimen, subrayando la importancia de garantizar tranquilidad ciudadana de cara a la celebración de los Carnavales.