Diecinueve municipios de cinco departamentos del país están bajo alerta roja por cuenta de los incrementos en los niveles del río Cauca, a partir de las lluvias ocasionadas por el frente frío que transita por el Caribe. Se trata de Antioquia, Risaralda, Bolívar, Córdoba y Sucre los departamentos que enfrentan el mayor riesgo, lo que involucra a los municipios de aledaños a la Central Hidroeléctrica de Ituango, al bajo Cauca y a La Mojana, donde hay amenaza latente de inundaciones. "Desde la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre hacemos seguimiento permanente y articulación con autoridades territoriales... La Alerta Roja indica probabilidad de amenaza inminente y posible movilización de recursos y evacuaciones", señaló la UNGRD a través de su cuenta de X. La confirmación se da a partir de la alerta que entregó el Ideam, frente a inundaciones y crecientes súbitas para los municipios de Santa Bárbara, La Pintada, Fredonia, Venecia, Olaya, Zaragoza, El Bagre, Nechí (incluye cuenca del río Medellín y río Nechí), La Virginia, Pereira, San Jacinto del Cauca, Montecristo, Puerto Libertador, Montelíbano, Caimito, San Benito Abad, Guaranda, San Marcos y Sucre. "Durante la mañana ha predominado el tiempo seco en gran parte del país, salvo en sectores de Chocó, Antioquia,Córdoba y Boyacá donde se han presentado algunas lluvias. Sobre el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ha predominado el tiempo seco", indicó el Ideam en su cuenta de X.
Fuertes señalamientos realizó la Fiscalía este jueves en contra del abogado de Nicolás Petro, Alejandro Carranza, en medio de la audiencia preparatoria de juicio que en estos momentos busca definir la pertinencia de las pruebas que el juez Hugo Carbonó aprobó o no para la cita esperada.Durante ese proceso de discutir la validez de las apelaciones expuestas por la defensa, la fiscal Lucy Laborde apuntó que el abogado tiene titubeos imaginarios, pues quiere conocer una verdad para de allí escoger las pruebas a utilizar, cuando según ella el orden correcto es indicar los materiales probatorios para luego confirmar si Petro Burgos se enriqueció o no ilícitamente.Una de esas pruebas controvertidas señaladas por la Fiscalía, y con la que habla de un presunto proceso de interrupción a su investigación, es la del celular que fue incautado a Day Vásquez. Aunque Alejandro Carranza pidió que no fuese admitida, defienden desde el ente acusador que al tratarse de una entrega voluntaria no se necesitaba una orden judicial para sacar sus datos.“No se requiere una orden de un juez de garantías para buscar lo que ya ha sido entregado para su examen. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, más exactamente la decisión AP 3439 de 2024, aclara que la entrega voluntaria de información digital por su propietario no constituye una búsqueda selectiva en bases de datos, sino un acto de colaboración con la justicia que no requiere autorización judicial antecedente”, indicó Lucy durante el encuentro.Apunta Laborde que de allí no se hicieron dos extracciones de información como dice Carranza, sino que un fiscal sacó los datos y otro los analizó. Por ende, espera que esta prueba llegue a juicio pues de allí sale la base fundamental de la teoría de la Fiscalía, hablando de las conversaciones entre Day y Nicolás Petro.Añade que no tiene necesidad de informarle o propiciar interrogatorios a sus fuentes no formales, pues lo concreto no son sus declaraciones sino los resultados operativos de sus datos. Es decir, se usan como camino no como fin.Por de más, para la Fiscalía tampoco hay necesidad de excluir el interrogatorio realizado a Nicolás Petro Burgos, debido a que esas declaraciones no fueron dichas en un marco de principio de oportunidad fallido, sino —dice ella— inexistente.“No se realizó ninguna actividad respecto de un principio de oportunidad. No fue fallido, fue inexistente. Es así como no se puede hablar de que sea necesario excluir esas declaraciones que rindiera Nicolás Fernando Petro Burgos frente al investigador bajo la gravedad del juramento, puesto que no se entran dentro del beneficio mencionado”, aseguró.Finalmente, la fiscal Lucy Laborde insiste en que el juez Hugo Carbonó debe compulsar copias contra el abogado Alejandro Carranza tras citar una evidencia que, según ella, fue obtenida ilícitamente. Se refiere a un video de la audiencia de solicitud de orden de captura en contra de Nicolás Petro y Day Vásquez, diligencia que fue privada y para obtenerla debió solicitar una autorización.En esa diligencia fue donde se dio a conocer que Mario Burgo obtuvo información de fuentes que luego se utilizaron para aprobar la orden de captura y el allanamiento de la casa del hijo del Presidente.
Recientemente se conoció que Andrés Vásquez, candidato al Senado de la República por el Partido Conservador, se encuentra desaparecido en el municipio de Pelaya, al sur del Cesar.Según lo revelado hasta ahora, el aspirante político, procedente de Bucaramanga, estaba en el municipio de Pelaya visitando a su padre. Sobre las seis de la mañana del miércoles 25 de febrero, cuando se disponía a viajar a Aguachica para una reunión, sus familiares notaron que el vehículo seguía estacionado y, al verificar la situación, hallaron las pertenencias del candidato y las puertas del vehículo abiertas.Así mismo, el secretario de Gobierno departamental, Eduardo Esquivel, señaló que la situación es analizada en conjunto con la Policía Nacional y el Ejército Nacional en la zona, para establecer si tendría relación con un posible secuestro.De hecho, el medio El Heraldo informó que el Gaula de la Policía Nacional indicó que no hay testigos de la presunta desaparición o rapto, pues nadie vio al candidato salir de su vivienda.Esta desaparición se reporta apenas una semana después del secuestro del reconocido ganadero Elí Plutarco Santamaría, también en el Cesar, donde la Gobernación y la Alcaldía de La Jagua de Ibirico han ofrecido una recompensa de hasta 40 millones de pesos para dar con el paradero de este último.Ante esta situación, el Partido Conservador manifestó su rechazo frente a la desaparición del candidato.Partido Conservador rechaza desaparición de Andrés VásquezFrente al presunto rapto del candidato al Senado Andrés Vásquez, el Partido Conservador, colectividad a la que pertenece, publicó en su cuenta de X un mensaje de rechazo por lo ocurrido."Rechazamos y condenamos la desaparición de nuestro candidato al Senado Andrés Vásquez, quien, de acuerdo con información oficial, se encontraba en Pelaya y desapareció luego de salir hacia Aguachica para una reunión".Además, solicitaron a las autoridades activar todos los protocolos y medidas necesarias para dar con su paradero: "Su vehículo fue hallado junto a las pertenencias del candidato. Pedimos a las autoridades activar todos los protocolos para su ubicación, al tiempo que reclamamos del Gobierno Nacional protección y seguridad para los candidatos".De momento, las autoridades no han entregado más información sobre el caso. Tanto el Partido Conservador como sus familiares esperan que se logre establecer el paradero de Andrés Vásquez lo más pronto posible, en un hecho que ocurre a pocos días de las elecciones legislativas en Colombia.
A 13 se elevó la cifra de mujeres asesinadas este año en el Atlántico, tras los recientes ataques a bala de los que fueron víctimas dos jóvenes en el área metropolitana de Barranquilla.Por un lado, en el municipio de Soledad, asesinaron a Glenis Patricia Rodríguez Ariza, una joven de 18 años a la que recientemente habían declarado objetivo militar por parte de la estructura delincuencial de ‘Los Costeños’.La madre de la víctima confirmó a la Policía que su familia había sido amenazada por la mencionada banda, por lo que todo apunta a que este crimen, ocurrido en el barrio Villa Paraíso, habría sido el cumplimiento de la advertencia.El reporte preliminar de las autoridades también indica que, según los testimonios de habitantes del sector, la víctima y su familia harían parte de la banda delincuencial ‘Los Pepes’, enemigos de ‘Los Costeños’.Así las cosas, la guerra entre estas organizaciones criminales también tiene bajo sangre y fuego a las mujeres, sin que haya un plan de acción de las autoridades que las proteja y aleje de estos entornos, como lo manifiesta la psicóloga Ruth Pareja, miembro del Movimiento Amplio de Mujeres."Las mujeres cada vez están siendo objeto de estas bandas delincuenciales, pero ningún gobierno ha venido trabajando de una manera estructural para intervenir estos casos, porque cada caso tiene una historia de vida, cómo llegan a esto, ya sea por involucrarse con una pareja que esté en la delincuencia o por esa falta de oportunidades", expresó Pareja.Horas después de la muerte de Glenis, se reportó el crimen de Luzdaris Maickell Guerrero Corro, una adolescente de 17 años a la que ultimaron a tiros en el sector de Bajo Carrizal, en el sur de Barranquilla.Testigos contaron a la policía que hombres armados llegaron a su vivienda, golpearon la puerta y al entrar le dispararon directo a la menor hasta dejarla sin vida.Los móviles son motivo de investigación, pero se ha podido determinar que hace cinco días, la adolescente habría sostenido una riña con un habitante del sector, conocido con el alias de ‘Javi’.
Avanza el segundo día de protestas en Antioquia por parte de los docentes del magisterio por problemas en su sistema de salud, que tras dos años de implementación persiste con fallas en o entrega de medicamentos, citas, procedimientos y trámites, motivo por el que a esta hora una comisión hace presencia en la sede de la Fiduprevisora en Bogotá, a la par que otros de ellos protestaron a las afueras del Fomag en la avenida 33.Una de las afectadas por esta situación y que se sumó a la jornada de protesta por 72 horas narró las dificultades que se vienen evidenciando sin que al parecer haya una respuesta clara por parte de la Fiduprevisora.A la situación se ha sumado en las últimas horas el pronunciamiento de la Gobernación de Antioquia, que indicó que tienen sustento jurídico para no pagarle el salario a quienes participen de la jornada, que solo el primer día fueron 12.000 de los 20.000 docentes con los que cuentan los municipios no certificados del departamento, afectando a 250.000 estudiantes. La secretaria de Educación, Mónica Ospina."Nosotros respetamos la protesta, los sindicatos y también las movilizaciones, pero esto nunca puede ir en contra de la desescolarización de los niños. Además de eso, pues también nos preocupa la salud de los maestros, sin embargo, también tenemos que tener muy presente que esos resultados de salud de los maestros es una decisión del Gobierno Nacional que de hecho se da desde hace dos años que apenas se está presentando y que hoy los maestros lo están diciendo y es por el mismo gobierno que ellos eligieron", dijo.Consultada por este medio sobre las implicaciones jurídicas que tendría este anuncio, en especial por el derecho a la protesta que tienen los educadores, Ospina reiteró que estos no contaban con autorización para la manifestación y desescolarización de los estudiantes, que la educación es un derecho fundamental, según la Constitución. No obstante medidas similares en un paro del año 2001, cuando no pagaron los salarios de los docentes que protestaron, generando numerosas demandas contra el Estado.Por lo pronto, los docentes continuarán con las manifestaciones este jueves con un plantón a las afueras del sindicato ADIDA, en el centro de la ciudad.
En Santa Marta fue lanzado el programa Eleva 500+, una iniciativa de la Alcaldía municipal, la Fundación Con.Ciencia y Cenit, filial del Grupo Ecopetrol, con la que se busca beneficiar a más de 4.000 personas de 3.000 emprendimientos, con capacitación, acompañamiento y apoyo en innovación para fortalecer sus negocios.Para este objetivo fue firmado un Memorando de Entendimiento entre Cenit y la Alcaldía de Santa Marta en el segundo semestre del 2024 y estará vigente hasta noviembre de 2027.“Eleva 500+ se configura como un ejemplo tangible de generación de valor para las comunidades de Santa Marta, al demostrar la importancia de los convenios interinstitucionales con objetivos comunes para el desarrollo de los territorios en donde la compañía tiene presencia”, indicó Alexander Cadena, presidente de Cenit.Carlos Pinedo Cuello, Alcalde de Santa Marta, dijo que “la ciudad tomó la decisión de fortalecer su base productiva con hechos y no solamente con palabras. Eleva 500+ significa acompañamiento serio, acceso a mercados y fortalecimiento empresarial”.Del mismo modo, en Eleva 500+ se desarrollarán proyectos de inversión socioambiental, cooperación y fortalecimiento institucional “para contribuir al desarrollo sostenible, económico y social de los territorios”.Entre la iniciativa se esperan mejorar las condiciones de los emprendimientos tradicionales y la economía popular, desplegar una estrategia comercial a través de mercados, vitrinas y capitalización; e incentivar la internacionalización para movilizar la economía local, entre muchas otras.“Cenit y la Alcaldía Distrital de Santa Marta avanzan en el fortalecimiento del desarrollo sostenible de las comunidades en la ciudad, mediante la promoción de un equilibrio entre la continuidad operativa y el fortalecimiento de los territorios”, concluyeron en un comunicado.
Santa Marta completa más de 20 días con una de sus principales conexiones rurales cerrada. El colapso del puente sobre el río Mendihuaca dejó incomunicada a buena parte de la zona rural y afectó el tránsito hacia La Guajira, en un corredor clave para el turismo y el comercio local.Lo que comenzó como una emergencia vial hoy es también una crisis económica para comunidades como Guachaca, Puerto Nuevo y Palomino, donde muchas familias dependen de la venta de víveres a viajeros y de la dinámica turística.Jimmy Díaz, habitante de Puerto Nuevo Guachaca, resume el impacto en pocas palabras:“Desde que el puente colapsó, la economía colapsó también”, dijo.Cuenta que apenas se conoció la caída de la estructura, el turismo disminuyó de manera drástica. "La gente tiene miedo de cruzar y en redes dijeron que el puente se iba a caer del todo. Eso hizo que muchos dejaran de venir”, explicó.Mientras tanto, algunos vendedores se han trasladado hasta inmediaciones del puente para intentar sostener sus ingresos. Es el caso de Betty Castro, comerciante de la zona, quien asegura que el cierre los obligó a desplazarse para poder vender algo.“Esto es un desplazamiento laboral de nosotros. Nos movemos para buscar el dinerito, pero no hemos visto que el Gobierno se haga presente para ayudarnos”, señaló. También advierte que los transbordos y el aumento en los costos de transporte están reduciendo aún más las ganancias.A la dificultad económica se suma ahora el clima. Las lluvias de los últimos días afectaron el paso alterno en el que trabajaba la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, lo que prolonga la solución definitiva a la emergencia vial.Por ahora, la comunidad espera que tanto el Gobierno nacional como el local aceleren las obras y contemplen ayudas para quienes hoy sienten que, además del puente, también se vino abajo su sustento.
La muerte de Cecilia Quintero en Cúcuta volvió a encender las alarmas sobre la situación del sistema de salud en Norte de Santander. La mujer falleció mientras esperaba medicamentos para su hijo con discapacidad, un caso que sindicatos del sector califican como reflejo de un modelo que atraviesa una profunda crisis financiera y, según denuncian, un proceso de “deshumanización”.En entrevista con MañanasBlu10:30AM, el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Salud de Norte de Santander, Aristides Hernández, responsabilizó al Gobierno Nacional por la gestión de las EPS intervenidas, especialmente de la Nueva EPS, y cuestionó los constantes cambios en su dirección."El gobierno nacional ha cambiado 5 veces la interventoría en menos de 2 años... estratégicamente cambian el interventor porque cuando nos sentamos a hacer las conciliaciones y concertaciones, y cuando llegamos a la nueva mesa para mirar el desarrollo, lo que vemos que no se ha cumplido en nada", afirmó.Según el dirigente, cada relevo en la interventoría implica retrocesos en los acuerdos de pago con hospitales y clínicas, lo que mantiene en asfixia financiera a la red prestadora.Aunque desde la intervención se asegura que se realizan giros directos de entre el 80 % y 90 % a hospitales y farmacias, en el Hospital Universitario Erasmo Meoz —principal centro asistencial del departamento— aseguran que esos recursos no se reflejan en la práctica. Hernández, quien participa en la mesa de control de gastos del hospital, sostiene que las deudas siguen creciendo.El sindicato advierte que el caso de Cecilia Quintero no sería aislado. Hernández habló de un patrón de desatención que estaría generando consecuencias fatales."Nosotros ya decimos a los medios de comunicación que muera una persona por desatención ya no es noticia, porque todos los días, todos los días podemos llevar en este momento más de 5.000 personas que han fallecido por la desatención", expresó.Además del impacto en los pacientes, la crisis golpea directamente al personal médico. En varias IPS del departamento se reportan salarios adeudados desde octubre del año pasado y pagos parciales que no permiten estabilidad económica. Esto ha provocado renuncias y despidos, debilitando aún más la capacidad de atención.Frente a las declaraciones del Ministerio de Salud sobre llevar a las EPS a “cuidados intensivos”, Hernández respondió: "Los que estamos en cuidados intensivos somos los colombianos".
Al conocerse la decisión de un juez de Bogotá de dejar en libertad a José David Celis, principal señalado de la muerte de Laura Valentina Lozano en hechos ocurridos en la madrugada del pasado 21 de febrero en un apartamento de Usaquén, su madre, Nancy Torres, aseguró que es injusto que la justicia diga que este hombre no representa un peligro para la sociedad, afirmando que Colombia necesita un cambio en el sistema judicial.Por otro lado, asegura que en reiteradas ocasiones, según lo dice la madre de Laura Valentina, José David Celis había tenido actitudes de manipulación hacia ella y su mamá. Tanto así como relata, intentó alejar a su hija e imponer una demanda en su contra. Sin embargo, para no entorpecer la investigación, prefiere no contar detalles de hechos anteriores.“¿Cómo es posible que digan que una persona que premeditadamente mata a otra persona no es un peligro para la sociedad? Este señor hoy lo hizo con mi hija. Yo, de alguna forma, tuve la oportunidad de conocer a esta persona. Esa persona es una persona manipuladora. Nosotros vivimos una situación con este caballero hace más o menos un año y yo le dije a mi hija: ‘Vale, aléjate de ahí, demandemos’. Mi hija no me dejó demandar a este tipo”.Entre tanto, como lo cuenta Nancy Torres, José David y Laura Valentina, al momento de la muerte, no tenían una relación. Sin embargo, lo que los mantenía en comunicación era una perrita a la que Laura le había dado hogar de paso y su expareja se ofreció para cuidarla. Cuenta que al llegar a este sitio a recogerla, y después de bajar a la mascota a un vehículo en el que se transportaba, Laura se devolvió al apartamento de este joven por su celular y desde ahí se perdió su rastro.“Mi hija en algún momento sirvió de hogar de paso para una perrita. Ella también salía mucho por su trabajo, por su universidad. Entonces este señor se ofreció a cuidar la perrita y fue otra forma de manipularla. Antes de llegar la cogió y fue: ‘Llame, llame, llame, venga por su perra, venga por su perra’. Fue a recoger a su perra. Ella bajó el animalito, lo metió en el carro de la persona que la estaba transportando y él le había… ella había dejado el celular allá. No sé si él se lo quitó o no, bueno, no sé. El caso es que ya subió nuevamente por el celular y ya nunca volvió a bajar”, relató.Así las cosas, Nancy Torres, madre de Laura Valentina, exige a la justicia que se “reivindique” con ella y la familia. Concluye diciendo que se quedó sin su mano derecha, una mujer luchadora y responsable.
Desde la Alcaldía de Barranquilla expresaron su preocupación por la falta de respuesta formal por parte de la Aeronáutica Civil frente a la solicitud enviada hace dos meses para asumir la operación del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, infraestructura que, según el Distrito, no está a la altura del crecimiento turístico y empresarial.La gerente de ciudad, Ana María Eljure, aseguró que el aeropuerto “no está a la altura de la transformación y la dinámica que lleva Barranquilla”, y señaló que esta situación requiere acciones inmediatas para que no se siga afectando la competitividad de la capital del Atlántico."Cada día hemos venido trabajando por atraer más turismo, porque llegue mucha más gente a la ciudad y lo que estamos viendo es que desafortunadamente los viajeros prefieren llegar por Cartagena o por Santa Marta, porque no encuentran aquí en nuestra ciudad un aeropuerto que tenga las amenidades básicas y mínimas que se requiere para una experiencia del turista", expresó la funcionaria.Aljure confirmó que, hasta el momento, la Alcaldía no ha recibido comunicación formal por parte de la Aerocivil respecto a la solicitud presentada por el alcalde para que el Distrito asuma la operación de la terminal aérea. Ante esto, la funcionaria agregó que en una visita recientemente realizada verificaron que las obras actuales tendrían apenas un avance del 6 %, pese a tratarse de un contrato cercano a los 34.000 millones de pesos."Pero acá hay una situación y es que ya llevamos cuatro directores de la Aeronáutica. Entonces, no hay una estabilidad jurídica o laboral que a nosotros nos permita tener una tranquilidad de que efectivamente las obras sí se van a cumplir", dijo, advirtiendo así sobre posibles riesgos financieros en la ejecución contractual.
En medio del recrudecimiento de la violencia y los homicidios en este inicio del 2026, sobre todo luego del fin de la tregua entre Pepes y Costeños el pasado mes de enero, para este viernes 27 de febrero, desde las 8:30 de la mañana, fue agendada una reunión por parte del Gobierno Nacional en pro de escuchar a las víctimas de estas bandas criminales y establecer una hoja de ruta que permita avanzar hacia el proceso de paz urbana que han querido instalar.La cita será liderada por el facilitador de este proceso, Camilo Pineda, quien declaró que la mano del Gobierno sigue extendida y que la intención es que los próximos pasos dentro de la mesa representen el deseo de la comunidad.“Lo que se busca es liberar un espacio de articulación con la comunidad, con los líderes políticos, con las autoridades cívicas, militares, de manera que podamos conocer su voz o quizás saber en boca de ellos directamente cuáles son sus expectativas con relación a un proceso de paz, que ha tenido sus altos y sus bajos, pero que sigue abierto”, dijo inicialmente a Blu Radio.Mientras se determina qué acciones concretas deben realizar las bandas para su desescalamiento, en las localidades suroccidente y suroriente de la capital del Atlántico habrá activaciones de paz en el mes de marzo junto con el padre Cirilo Swinne, con el fin dice Pineda de involucrar más a los que han sido golpeados por la violencia.Al mismo tiempo, la tarea pendiente es definir lo que pasará con los traslados de cabecillas de Pepes y Costeños hacia Barranquilla, en este caso Digno Palomino y Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias 'Castor'. Indicó el facilitador que es una tarea de la que ya se apropió el Comisionado de Paz, Otty Patiño, junto con la Fiscalía con el fin de reestructurar la estrategia jurídica a utilizarse.“El Comisionado de Paz (Otty Patiño) viene adelantando algunas conversaciones con la Fiscalía General de la Nación para definir cuál va a ser la estrategia jurídica en el marco de este, digamos, primer intento que se realizó durante el mes de de enero, para la instalación del espacio de diálogo de servicios jurídicos”, agregó.Por ahora, la idea del Gobierno solo es ajustarse a las intenciones de paz entre Pepes y Costeños. De lograr un buen resultado, no se descarta que una eventual mesa se extienda hacia más grupos criminales del Atlántico.
A los cordobeses este martes les llovió tanto que la resignación les volvió a mojar los pies. Fueron al menos diez horas de un aguacero que afectó a Montería y a unos nueve municipios, donde las quebradas volvieron a desbordarse con corrientes de agua que venían a buscar los pocos animales que quedaron vivos, mientras en el embalse de Urrá luchaban por controlar a un imbatible que en menos de 12 horas triplicó su cauce. Al menos la contención ayudó a que las inundaciones fueran menores ante los 113.7 milímetros de lluvia que cayeron, siendo esta la descarga más intensa de todo el mes.Pero la vuelta del agua también arrastró la ilusión de los habitantes de la vereda Nueva Colombia donde más de 200 hombres fueron voluntarios durante los últimos 13 días para construir un dique artesanal con ‘ingeniería ancestral’, para contener al río Sinú, porque con las inundaciones se rompió un boquete que alcanzó los 650 metros, a tal punto que la corriente se unió con la Ciénaga de Bañó, toda el área se convirtió en agua y no quedó ni un solo acceso para trasladar maquinaria vía terrestre.De allí la necesidad de la gente de resolver con sus propias manos la crisis en la que los tiene sumergidos el río, según cuenta el alcalde de Lorica Carlos Mario Manzur.Pero anoche, cuando al fin cerraron la estructura de madera, llegó una creciente que mostró que había pilares que aún estaban débiles. El alcalde motivó a la comunidad para ir a dormir con la tranquilidad de que hoy reforzarían la estructura, pero lo que encontraron esta mañana fue un nuevo boquete en su dique de casi 25 metros.A pesar de la desolación, los hombres volvieron con sus martillos y con sacos de tierra al hombro a completar los 25 mil que deben ser colocados para cerrar el boquete. El trabajo sigue, como un reinicio que no puede frenarse, pues el agua no puede llevarse también la esperanza.
Luz Ana Camacho habla con la voz apretada de quien ya aprendió a vivir con miedo, pero sin darse el permiso de parar. Dice que está sola, que no tiene un esquema de seguridad y que cada vez que sale de su casa lo hace dejando a alguien pendiente de sus hijos, mientras ella —“encomendándose a Dios”— vuelve a recorrer veredas y municipios donde están las víctimas que espera representar en el Congreso.La líder social, hoy candidata a una curul de paz por la CITREP 12, denuncia que fue amenazada nuevamente y que, con este episodio, ya no se trata de una advertencia aislada: asegura que es una cadena que viene desde el año pasado. “Vengo siendo amenazada desde 2024, por el tema de que siempre estoy denunciando, siempre he venido acompañando a las comunidades”, relató en diálogo con Blu Radio.Según su testimonio, la situación más reciente ocurrió el sábado pasado, cuando recibió una llamada en la que, asegura, le pidieron un “aporte” y se identificaron como “paramilitares”. Ella se negó, colgó y bloqueó el número. Pero —dice— la presión continuó. “Me siguieron escribiendo por WhatsApp… que si no les hacía caso, entonces se meterían con un ser querido”, contó.Camacho afirma que después vinieron más llamadas desde números desconocidos. Y en una de esas llamadas, asegura, el mensaje fue directo: debía retirarse de la contienda o habría consecuencias contra su familia. “Me decían que si no me retiraba… se iban a meter con mi hija. Ya saben que solo tengo una hija”, afirmó.La candidata sostiene que ha presentado denuncias y que ha enviado comunicaciones a distintas entidades, incluso internacionales, pero que sigue sin respaldo efectivo. “He estado escribiendo a la ONU, a todas las entidades, y hasta el momento no he recibido apoyo como debe ser ni de la UNP ni de ningún ente al que le corresponda la seguridad”, señaló.En su llamado, Camacho pide que el Estado no normalice este tipo de intimidaciones, especialmente contra quienes buscan representar a las víctimas en las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. “Nosotros… nos encontramos en completo abandono. Estamos en nuestros territorios haciendo nuestra campaña sin apoyo, sin acompañamiento de seguridad. No nos han tenido en cuenta para nada”, dijo.Y remató con una frase que, en su caso, no suena a discurso: suena a urgencia. “Estoy temiendo por mi vida y por la de mi familia… Tengo que salir de mi casa porque no puedo dejar el proceso tirado”, expresó.Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado oficialmente sobre esta denuncia. Mientras tanto, la candidata insiste en que seguirá caminando el territorio, pero pide garantías antes de que el país tenga que lamentar otra tragedia anunciada.
La Dirección General Marítima (DIMAR), a través del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH), informó que el oleaje y la intensidad del viento en el sector insular del archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina e Islas Cayos del Norte, han aumentado considerablemente, debido a la incidencia de un frente frío que se aproxima desde el Golfo de México.Autoridades reportan que los vientos han alcanzado velocidades entre 16 y 24 nudos, es decir, entre 30 a 44 kilómetros por hora, mientras que las olas han superado los 3 metros. Aunque este panorama se presenta desde el martes, se espera que hacia la tarde de este miércoles 25 de febrero empiecen a mejorar las condiciones de forma gradual.“Debido a la influencia del frente frío sobre el Caribe, se presentan condiciones meteorológicas adversas con aumento del oleaje y variaciones importantes en la intensidad y dirección del viento. Frente a estas condiciones se han impuesto restricciones temporales para las actividades marítimas negativas y la operación de embarcaciones menores en zonas expuestas como medida preventiva para proteger la vida humana en el mar”, puntualizó el teniente de Navío, Jorge Arteaga Cabrera, Jefe de Marina Mercante de la Capitanía de Puerto de San Andrés.Las autoridades recomiendan seguir las directrices oficiales y consultar la actualización de las condiciones meteomarinas a través del sitio web oficial de Dimar.
Son inquietantes las imágenes que se han hecho virales por las redes sociales en las que un avión de Satena, cuyas matrículas son HK-4806, tiene que luchar contra los fuertes vientos que azotan la isla de Providencia esta semana para poder aterrizar, en medio de un nuevo frente frío que llega hasta el Caribe. Los pilotos necesitaron tres intentos para poder descender con todas las medidas de seguridad hacia la pista de aterrizaje, aunque el miedo abordó a los varios pasajeros, quienes indicaron que lo que pronosticaban como un viaje de solo 17 minutos terminó siendo un susto que duró más de media hora. Blu Radio pudo conocer el testimonio de Jeimy De Ávila Watson, una de las pasajeras que estuvo en ese vuelo junto con su hijo de solo 11 años, describiendo ambos que es la primera vez que pasan por algo similar. “Unos no hablaban y otros estaban desesperados, pero afortunadamente aterrizamos bien. Gracias a Dios. Hay personas que les ha tocado devolverse a San Andrés, el avión le ha tocado devolverse con pasajeros. La verdad, el día está un poquito gris, espero que los de hoy no vivan esa experiencia porque no se la recomiendo a nadie Uno está allá arriba y no sabe qué va a pasar”, fueron sus primeras palabras. Recordó Jeimy que durante mucho tiempo ha escuchado las experiencias de otro, pero en esta ocasión le tocó vivirlas en carne propia.“Hace un mes se cayó un avión de Satena, hace como 15 días a otro le tocó volver a San Andrés por cuestiones vientos, son pensamientos negativos lo invaden a uno. Dan miedo, comienza entonces a pedirle a Dios que guíe a los pilotos, que lleguemos sanos y salvos. Él es grande y nos dio fortaleza. Después del tercer intento, aterrizamos”, dijo.“El piloto se comunicó desde cabina y dijo que era el último intento. Si no se lograba aterrizar, nos devolvemos para San Andrés. Gracias a Dios por la tripulación, la azafata fue muy amable. Nos tranquilizó y dijo que estaba atenta a cualquier cosa”, agregó.Al mismo tiempo, contó que su hijo vivió el momento con mucho más miedo, le palpitaba el corazón bastante fuerte, aunque pudo calmarlo conforme pasaban los minutos.Vea el video aquí:
Dos jóvenes con apariencia de ser menores de edad serían los autores del asesinado de un trabajador de la empresa Cootransoriente registrado la mañana de este miércoles. La víctima es Rafael Ángel Osorio Peralta.El hombre fue atacado cuando se encontraba en su puesto de trabajo en la carrera 38 con calle 38, barrio San Roque de Barranquilla, despachando los buses que cubren los municipios ubicados sobre la vía Oriental.Testigos afirman que el sicario y su cómplice se le acercó caminando al trabajador y le propinó un solo disparo que lo impactó en el cuello. Mal herido, Osorio fue subido a un bicitaxi y llevado de urgencias al Hospital Barranquilla, ubicado a solo unas cuadras, sin embargo poco después se produjo su deceso.El atentado perpetrado en una zona donde opera una terminal de buses que viajan hacia municipios del centro y sur del Atlántico, generó zozobra entre el gremio transportador, pues no se descarta que este hecho pueda estar relacionado con cobro de extorsiones a las empresas de buses.Aunque la Policía y la empresa Cootransoriente aún no han emitido ningún pronunciamiento sobre el reciente ataque, este hecho trae a la luz otro atentado cometido contra funcionarios de la empresa transportadora.En el año 2023 sicarios asesinaron de varios disparos al entonces gerente de la compañía Jorge Meriño Mercado. En el mismo atentado perpetrado a las afueras de la empresa Cootransoriente, en el municipio de Santo Tomás, resultó herido Omar Almanza Martínez, presidente de la junta directiva de la compañía.En su momento el comandante de la Policía del Atlántico informó que el gerente de Cootransoriente, una de las empresas de buses intermunicipales más grande del Atlántico, había denunciado extorsiones, pero por recomendación de los abogados, desistieron de la investigación.El alto oficial reveló que el transportador había recibido un panfleto amenazante en días pasados.
En video quedó registrada la fuerte molestia que se generó entre los asistentes que no lograron ingresar al evento de instalación de la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD+20), que se realiza en el Centro de Convenciones de la ciudad de Cartagena.Entre gritos y discusiones, los asistentes a los que no les dieron acceso ni siquiera a los pasillos contiguos al auditorio Getsemaní reclamaron que no pudieron estar presente en el evento que era presidido por el presidente Gustavo Petro en compañía de sus ministros y delegaciones de más de 50 países.“Para qué nos invitaron sino nos dejan entrar”, se escuchaba a las afueras del auditorio, mientras integrantes de la organización del evento intentaban explicar que se trataban de determinaciones de la seguridad presidencial y el cumplimiento del aforo en el lugar.En las imágenes también se observa como algunos asistentes criticaron que no se dispusiera de un espacio con más capacidad.“Siempre van a decir que la culpa es de la Casa Militar. La culpa es del Ministerio de Agricultura , para qué registraron tanta gente, para qué registraron más gente de la que podían recibir”.Entretanto, Jaime Alberto Arias, integrante del Comité de Reforma Agraria del Valle del Cauca, cuestionó la logística del evento, que asegura, habría dejado por fuera, incluso a representantes de delegaciones internacionales.“Pues yo creo que en esta en esta logística tuvo que ver mucho la seguridad, y nos dejaron por fuera, pero no es justo porque están quedando no sólo representantes de los territorios de Colombia, de los corregimientos y municipios y departamentos, sino delegados internacionales, entonces me preocupa esa situación porque no tuvieron en cuenta delegados que estaban haciendo otro evento con nosotros muy importante”, dijo en declaraciones a medios de comunicación.A su vez, el representante de Valle del Cauca pidió que se tengan en cuenta todos estos aspectos para el desarrollo del evento internacional que apenas empieza.“La verdad vemos como una falta de logística, una falta de organización, porque nosotros tenemos la escalapera, o sea, estamos invitados, estamos contados dentro de todos los que íbamos a estar dentro del evento”, sostuvo.Colombia es desde este martes y hasta el 28 de febrero, anfitriona de la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural ICARRD+20, un foro global que cuenta con el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la agricultura (FAO).
Bajo alerta naranja emitida por el Ideam se encuentra todo el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, debido a la llegada de un nuevo frente frío que está provocando vientos de hasta 45 km/h y olas en el mar que alcanzan entre los 2.3 y 3 metros de altura.Dadas las condiciones climáticas, la Gobernación y la Armada Nacional están haciendo recorridos por todas las islas para advertir a bañistas y operadores turísticos sobre este fenómeno, prepararlos ante el azote de los fuertes vientos y el mar de leva, y actuar a tiempo frente a cualquier emergencia.Como parte de las estrategias para enfrentar estos embates del clima, las autoridades también están haciendo una evaluación de los refugios existentes en el archipiélago para constatar que sean seguros y estén en condiciones de habitabilidad para alojar a personas que así lo requieran.Así lo informó la ingeniera Luisa Acevedo, del Área de Reducción del Riesgo de San Andrés, quien explicó que la idea es prepararse de cara a la próxima temporada de huracanes."Estamos realizando la visita de inspección de los refugios oficiales departamentales que se encuentran en la isla de San Andrés, para ver cuál es su nivel, su condición en los aspectos estructurales y de servicios para la futura temporada huracanes que inicia a partir del mes de junio", manifestó.Por lo pronto, la autoridad marítima también hace campañas de prevención en los muelles de embarque a turistas y residentes para que estén alerta ante el frente frío.
Luego del gran apagón eléctrico registrado recientemente en España, el presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), Camilo Sánchez, declaró en Barranquilla que nuestro país también está en riesgo de sufrir algo similar tras las deudas del Gobierno con las generadoras y, sobretodo, por la masificación de la energía solar.Sánchez detalló que el problema se deriva de la falta de regulación en la transición energética que se quiere hacer en el país, lo que en algún momento provocaría un apagón en el sistema tal como sucedió en Europa.“Ese sistema se apagó y esto puede pasar en Colombia, ojalá que no pase. Ojalá que lo que hemos construido durante estos últimos 30 años, dé lo necesario. Sin embargo, estamos hablando en decretos acerca de que cualquier colombiano puede meter su energía de techos solares hacia el sistema”, apuntó a los medios de comunicación.“Imaginen eso, que no está bien diseñado, ¿Qué puede suceder con esa tecnología que se está incorporando?, pues que de la noche a la mañana esas redes viejas puedan colapsar”, añadió Sánchez.De la misma manera, Andesco denunció que, por ejemplo, en la región Caribe la empresa Air-e Intervenida, no ha podido realizar inversiones ni mantenimientos a sus redes por la falta de recursos.Además, los avances con la energía solar solo se podrán ver tras la instalación de al menos 14 millones de paneles en Colombia, según sostuvo Camilo Sánchez.Hablando acerca de la deuda que hoy mantiene el Gobierno nacional con las generadoras de energía en el país, Andesco afirmó que ya asciende a los $3.5 billones, con $300.000 millones de pesos que se suman cada mes que pasa sin que haya un pago de los mismos.Como si fuera poco, Sánchez declaró que a ese saldo se le suma otros compromisos económicos referentes al gas, por lo que la deuda total supera los $8 billones.Es por ello, que desde la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones hicieron un llamado a la Contraloría y a la Procuraduría para que investiguen esta falta de pagos, así como aquellos usuarios morosos que hoy suman pérdidas de hasta 1.2 billones.El director de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica, Juan Camilo Manzur, dijo que la crisis por la falta de pago en los subsidios podría provocar aumentos en las tarifas de energía para los estratos 1, 2 y 3 de la región Caribe hasta del 100%. En el Chocó, ascendería hasta en un 140%
A partir de la alerta generada, especialmente en la región Caribe, por el plan pistola que desarrolla el Clan del Golfo, la Policía Metropolitana ha reforzado la seguridad de todas las instalaciones, tanto CAI, subestaciones, estaciones y comando, para atender cualquier novedad.Para esto, se ha reforzado, además, el trabajo de patrullaje en las diferentes localidades. Así lo pudo constatar Blu radio en un recorrido realizado por la estación de policía de Puerto Colombia, Galapa y en CAIs, como el del barrio Las Flores, localidad Riomar de la capital del Atlántico.Las medidas por esta situación también se extienden a centros educativos. Por ejemplo, debido a su cercanía con la estación policial del barrio El Bosque, en el suroccidente de Barranquilla, la sede del Sena en este mismo sector tuvo que suspender sus clases ante las amenazas latentes del plan pistola del Clan del Golfo. Al menos 1.000 estudiantes se encuentran afectados.Son cerca de 1.000 los estudiantes que en estos momentos se encuentran afectados, debido a la recomendación que recibió una de las sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, dada su cercanía con la Estación de Policía en el barrio El Bosque, en el suroccidente de Barranquilla.La suspensión se la confirmaron a Blu radio desde este mismo centro educativo, misma que habría iniciado recientemente.Por su parte, la Estación del Bosque, así como la gran mayoría ubicadas del área metropolitana de Barranquilla, se encuentran bajo alta vigilancia para evitar atentados como ya hubo en varios sectores de la región Caribe.
Es crítica la situación de orden público que se vive en el Caribe por cuenta del plan pistola del Clan del Golfo que ya deja 12 uniformados asesinados, entre policías y soldados, durante los últimos 15 días.Córdoba es el departamento más afectado con seis víctimas, donde el modus operandi, en la mayoría de los casos, corresponde a sicariatos cometidos en las casas de las víctimas, cuando estos se encuentran de descanso o en vacaciones.Por eso, desde este martes, serán suspendidas en Córdoba las vacaciones de los uniformados que estén de descanso, para que respondan a un llamado de acuartelamiento. Esto, a partir de una propuesta que fue realizada por varios gobernadores al ministro de Defensa durante el fin de semana y que fue acogida por el jefe de la cartera.“Según las últimas directrices, vamos a disponer de todas las capacidades. A partir de la fecha, según me comentan, quedan suspendidas en la región todas las vacaciones y permisos de los miembros de la Policía”, explicó el gobernador Erasmo Zuleta.Indicó que, además, permitirán que los uniformados puedan llevarse sus armas de dotación para la casa, debido a que gran parte de los ataques se están dando en los momentos de descanso de los uniformados.“Se permitirá que los uniformados se lleven a su casa sus armas de dotación. Se va a permitir en las regiones donde están asesinando a los miembros de la Fuerza Pública. Que puedan ir para que en caso de cualquier ataque puedan defenderse”, explicó el mandatario.
El alcalde Alejandro Char rechazó la muerte de un barranquillero que hizo parte del pelotón que perdió la vida en medio de una emboscada realizada en San José del Guaviare por las disidencias de las Farc, en el que siete militares perdieron la vida este domingo. El mandatario rechazó el plan pistola que se está registrando en varias zonas del país, lo que ha dejado más de 20 uniformados sin vida e hizo un llamado al Gobierno para que se tomaran las medidas que se requieran para restablecer el orden en las zonas afectadas por el conflicto. "Rechazamos contundentemente los ataques en contra de nuestra Fuerza Pública y hacemos un llamado al Gobierno nacional para que adopte las medidas necesarias y pongamos fin a estos horrores que están enlutando a muchas familias colombianas. No podemos permitir que el miedo se apodere de nuestra gente", indicó el alcalde de Barranquilla. Sus declaraciones fueron entregadas en la red social X, a dos días de las muertes de estos siete militares, quienes entraron en combate con las disidencias al mando de alias 'Calarcá', en la mañana del domingo. En este hecho también falleció el soldado atlanticense Jean Carlos Bolaños, quien llevaba un año de servicio en la zona y era oriundo del municipio de Malambo. Pese a que este fue dado inicialmente como desaparecido, finalmente un día después hallaron su cuerpo sin vida. Al parecer, no habría podido resguardarse de las balas durante el combate porque fue herido en su tobillo.
En el barrio Mateo Gómez, del municipio de El Carmen de Bolívar, no salen del asombro luego de que se conociera el atroz crimen de Erika Esther Ruiz, una mujer de 37 años y madre de dos niños, quien fue asesinada y sepultada por su pareja al interior de su vivienda.Según el reporte de la Policía de Bolívar, este lunes 28 de abril, cuatro días después de cometer el crimen, el agresor se entregó a las autoridades y confesó que el cuerpo de su víctima permanecía enterrado en el patio de la vivienda.El presunto feminicida, identificado como Julio Berrocal Ochoa, quien se encuentra bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación, le habría propinado dos golpes en la cabeza a la mujer.“Lamentablemente, la Policía Nacional de Colombia informa de un caso aberrante en el municipio de El Carmen de Bolívar, donde un ciudadano de 39 años de edad se acerca a las instalaciones policiales manifestando que le había quitado la vida a su pareja sentimental. De manera inmediata, nos desplazamos con Policía Judicial al lugar de los hechos, donde hallamos sin vida a una señora de 37 años de edad en el patio de su residencia”, detalló el mayor José Mora, comandante del Segundo Distrito de la Policía de Bolívar.Los dos menores, hijos de la pareja, quedaron bajo el cuidado de la Comisaría de Familia y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.Por su parte, la Alcaldía de El Carmen de Bolívar rechazó el crimen que ha causado dolor y consternación en el municipio.“Expresamos nuestra profunda solidaridad con sus familiares, amigos y seres queridos, acompañándolos en este doloroso momento que enluta a toda nuestra comunidad. Reafirmamos que ninguna forma de violencia contra las mujeres puede ser justificada. Hoy, más que nunca, exigimos justicia para Erika y un alto definitivo a toda manifestación de brutalidad y violencia de género”, indicaron a través de redes sociales.
Un suboficial de la Armada murió en medio de un accidente aéreo luego de que un helicóptero de la institución cayera sobre un lago, al parecer, por fallas técnicas, mientras realizaba maniobras de abastecimiento en Malagana, Bolívar. Hay otros tres militares heridos, entre ellos dos oficiales y un suboficial.El hecho se registró en la mañana de este 29 de abril en Malagana, Bolívar, cuando uno de los helicópteros Bell 412 ARC-227 de la Armada despegaba desde las instalaciones militares de infantería de Marína. De un momento a otro, según confirmaron fuentes de la Armada, la aeronave perdió potencia cuando estaba despegando y cayó en un lago de las instalaciones.El saldo de este grave accidente, un suboficial de la Armada que hace parte de la tripulación conformada por cuatro personas, los otros tres, entre ellos dos oficiales, piloto y copiloto del helicóptero, y otro suboficial, resultaron heridos y en estos momentos están siendo atendidos.El helicóptero Bell 212 de la Armada que se cayó iba hacia Montes de María a realizar maniobra de abastecimiento, en el momento del despegue al parecer bajaron unos bultos y allí fue que empezó a perder potencia y de un momento a otro se fue hacia al lago. Aunque entra a investigación este accidente, las causas probables hasta el momento son fallas técnicas; sin embargo, hay que esperar el resultado de lS mismas.Noticia en desarrollo...