Los usuarios y pacientes de la Nueva EPS en Cali y todo el Valle del Cauca se encuentran desesperados, con las constantes fallas en la prestación de los diferentes servicios de salud y las barreras de atención a las que se enfrentan en las clínicas y hospitales por las deudas de esta entidad.Es por esta razón que desde la capital vallecaucana se sumarán a la convocatoria nacional que se está organizando para el próximo 26 de enero, donde realizarán un plantón a las afueras de la sede administrativa de la Nueva EPS en el norte de la ciudad, exigiendo soluciones a sus tratamientos."Ya se rompió toda posibilidad de aguantar más. La poca garantía al derecho a la salud, la falta de atención ya no tiene precedente, a la gente se le está complicando la salud, se está agudizando, hay pacientes que se han muerto. La convocatoria es para ese 26 de enero, exigiendo al Ministerio y a la EPS que solucionen", aseguró Sandra Martínez, representante de los usuarios de la Nueva EPS en el Valle del Cauca.Actualmente en Cali, la nueva EPS cuenta con más de 300.000 usuarios, quienes exigen la mejora en la atención y la continuidad de tratamientos. Durante varias ocasiones han adelantado protestas pidiendo la protección de la vida de pacientes y la garantía de su derecho a la salud."Las IPS están renuentes a prestar servicios y abrir agenda a los pacientes de la Nueva EPS, cuando el usuario llega, el prestador simplemente le dice: yo tengo suspendido los servicios. Tenemos una crisis con las mamitas, porque Versalles dice que no tiene contrato, el HUV no tiene la capacidad para atender a toda la población y así sucesivamente estamos muy complicado. Otra cosa es la falta de insumos, actualmente no hemos vuelto a conseguir pañales con el dispensario", indicó Martínez.
Persiste la tensión entre la gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro y el Gobierno nacional por la decisión tomada por ella y otros mandatarios departamentales de no acatar el decreto de emergencia económica, que incrementa el valor del impuestos a los licores y cigarrillos.La mandataria vallecaucana reiteró que esta medida lo que hará es incentivar el contrabando en la región, y lo que más le preocupa es que las ganancias que se generen no se quedan en el departamento, por lo que no podrán ser invertidas en salud o educación.Según los primeros cálculos, con esta medida decretada por el Gobierno nacional el Valle del Cauca dejaría de recibir cerca de 800.000 millones de pesos para financiar los programas sociales."Tenemos que ponerle rostro al tema, aquí nosotros usamos los recursos en lo que son derechos fundamentales, como salud y educación. Si estamos con problemas nacionales con el tema de salud, ahora sí que peor que nosotros como departamento no tengamos como pagar el régimen subsidiado, y ahí si no vamos a tener cómo garantizarle a los usuarios ", señaló la mandataria.La venta de licores en el Valle del Cauca significa un importante ingreso de recursos, pues en el 2025 se destinaron 145.000 millones de pesos a sectores como la Salud, Educación y el deporte. Se está a la espera del encuentro este lunes 19 de enero con el ministro de Hacienda para encontrar una solución a las tensiones que aún se mantienen."Tengo que decirle al Gobierno nacional que sería muy chévere que se vinieran a los territorios y no definan solamente desde los escritorios, allá en Bogotá como lo hacen muchas veces", finalizó la gobernadora del Valle.
Un grave hecho de inseguridad se registró en la tarde del jueves, 15 de enero, en la variante de Santander de Quilichao, al norte del departamento del Cauca, donde un grupo de hombres armados interceptó dos camiones tipo niñera que se movilizaban por este importante corredor vial.De acuerdo con información entregada por las autoridades, alrededor de 15 sujetos armados bloquearon el paso de los vehículos de carga, intimidaron a los conductores con armas de fuego y los obligaron a descender de los camiones, que tenían como destino final la ciudad de Pasto, en el departamento de Nariño.En los automotores se transportaban 17 vehículos nuevos de la marca Toyota, los cuales fueron trasladados con rumbo desconocido por los responsables del hurto. Tras el hecho, los conductores resultaron ilesos y dieron aviso inmediato a las autoridades.La situación generó alarma entre otros usuarios de la vía, algunos de los cuales difundieron videos e imágenes en redes sociales alertando sobre lo ocurrido y advirtiendo a quienes transitaban por la zona.Tras conocerse el caso, la Policía Nacional activó un plan de reacción inmediata, en coordinación con unidades del Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con el objetivo de ubicar los vehículos y dar con los responsables.Como resultado de estos operativos, los camiones tipo niñera fueron localizados en una zona limítrofe entre el Cauca y el Valle del Cauca. Sin embargo, los 17 vehículos que eran transportados continúan sin ser recuperados, por lo que las labores de búsqueda y las investigaciones judiciales siguen en curso.Las autoridades no descartan que el hurto esté relacionado con estructuras armadas ilegales que delinquen en esta zona del país, caracterizada por recurrentes hechos de violencia y afectaciones a la movilidad sobre la vía Panamericana.Finalmente, se hizo un llamado a los transportadores y conductores a informar cualquier movimiento sospechoso y a seguir las recomendaciones de seguridad mientras avanzan los operativos para esclarecer este caso.
De nuevo, la misión médica en el Valle del Cauca se ha visto afectada por la violencia. Pues en las últimas horas, un paciente del hospital Luis Ablanque de la Plata fue asesinado dentro de este centro médico, cuando sujetos armados lograron ingresar y lo atacaron a disparos.La víctima de este crimen fue identificada como Dayan Caicedo Morales, quien se encontraba en la sala post quirúrgica del hospital, recuperándose de una cirugía que le habían realizado tras llegar días atrás gravemente herido."La víctima había sido objeto d eun ataque sicarial en días anteriores. La Policía rechaza cualquier acto de violencia que ponga en peligro la integridad de personas que se encuentran en el cumplimiento de las actividades propias de los centros hospitalarios", explicó la general Sandra Rodríguez, comandante de la Policía Valle.Las autoridades avanzan en la búsqueda de los agresores de esta persona, para capturarlos y judicializarlos. Los responsables de este crimen serían integrantes de la banda criminal 'Los Espartanos', quienes ya habían atacado a la víctima días atrás, en un tiroteo registrado en el barrio Nayita. Los hechos estarían relacionados con un presunto ajuste de cuentas."Hay que rechazar este clase de acciones que vulneran a la misión médica, que debe ser lo más respetado en derechos humanos. El hospital, las ambulancias, el personal de la salud y todo lo relacionado a la misión médica. Le pido a la comunidad que nos ayude, para que de información de quienes fueron los responsables de cometer este hecho atroz, de entrar a un hospital y ultimar a una persona por una disputa económica", indicó la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.
Un año después de que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) iniciara una guerra contra el Frente 33 de las disidencias de las FARC por el control del Catatumbo, que deja cerca de un centenar de muertos y más de 100.000 personas desplazadas, la crisis sigue sin solución, mientras el Ejército asegura que ha reforzado su presencia en esa zona.Así lo advirtió este viernes, 16 de enero, la relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Paula Gaviria, quien señaló que la región atraviesa un "drama prolongado"."Es necesario reflexionar y actuar, cuando se cumple un año de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias del Frente 33", señaló la funcionaria.Gaviria recordó en un mensaje a través de su cuenta de X que, en marzo de 2025, junto con otros relatores de la ONU, envió una comunicación al Gobierno, al ELN y a las disidencias de las FARC por la situación en el Catatumbo, y señaló que, un año después, "miles de familias siguen atrapadas entre la inseguridad y el miedo".En ese sentido, instó a "reforzar las medidas de prevención, priorizar la protección de las víctimas y brindar soluciones duraderas a la población desplazada, como acciones mínimas para atender la crisis en esta región fronteriza".Disputa territorial y por economías ilícitasEl 16 de enero de 2025, el ELN comenzó una guerra contra sus rivales del Frente 33 de las disidencias, motivada por el control territorial y de las economías ilícitas en una zona estratégica por su ubicación fronteriza con Venezuela.El Ejército, por su parte, aseguró hoy que ha desplegado más de 11.200 soldados como parte de la 'Operación Catatumbo' en "respuesta a la disputa del ELN y las disidencias por el control territorial y de las economías ilícitas, especialmente el narcotráfico".Según la institución, durante los últimos doce meses mantuvo una presencia permanente en la zona, con unidades de fuerzas especiales, aviación y despliegue rápido, lo que permitió acompañar a comunidades rurales afectadas por la violencia y ejecutar evacuaciones humanitarias en medio de los enfrentamientos.En materia de seguridad, el balance incluyó la desmovilización de 161 integrantes de organizaciones armadas ilegales y la captura de 167 personas señaladas de cometer ataques contra la población civil en esa región.El Catatumbo, formado por los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, es una región que, a pesar de ser rica en recursos naturales, tiene altos índices de pobreza y bajos niveles de desarrollo.En el último año, la violencia en esta región dejó más de 100.000 personas desplazadas, denunció el jueves la ONG Consejo Noruego para Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés).Según esa organización, la población de esta zona de Colombia, donde viven unas 200.000 personas, vive bajo el temor constante del reclutamiento forzado, el uso de explosivos, homicidios selectivos y amenazas de muerte.
La Contraloría General lanzó una advertencia por los riesgos que rodean la implementación del nuevo modelo de producción de pasaportes, tras revisar los contratos vigentes y el Convenio de Cooperación Internacional 010 de 2025 que entraría en marcha el 1 de abril de este año.El principal problema identificado es la falta de una planeación financiera clara: no existe una proyección completa de costos por vigencia que permita saber cuánto costará realmente el servicio ni si el Fondo Rotatorio de la Cancillería cuenta con los recursos suficientes para sostenerlo. Esta ausencia de un modelo financiero integral, según el ente de control, abre la puerta a sobrecostos que terminarían afectando el patrimonio público.Otro de los puntos críticos tiene que ver con cambios estructurales en la forma de producir los pasaportes. El nuevo esquema pasa de un sistema basado en la demanda real a uno con cantidades mínimas anuales, sin que esté garantizado el suministro adicional si se requiere.Además, varios costos que antes estaban incluidos ahora quedan por fuera, como el transporte de las libretas importadas, impuestos, tasas e incluso intereses que no se cobraban en el modelo anterior. A esto se suma que los valores del servicio están fijados en euros, lo que traslada al Estado colombiano el riesgo cambiario sin que exista un estudio que evalúe cómo cubrirlo.Finalmente, la Contraloría advierte que los retrasos y la falta de definiciones claras ponen en riesgo la entrada en operación del nuevo modelo dentro de los plazos previstos. El incumplimiento de las fechas podría derivar no solo en sanciones económicas, sino también en afectaciones directas al servicio de expedición de pasaportes.Por eso, el ente de control instó a la Cancillería y a la Imprenta Nacional a revisar el esquema y tomar correctivos antes de que estos riesgos se materialicen y generen un impacto fiscal y operativo mayor
El Ministerio de Educación manifestó su preocupación por la persistencia de la confrontación armada entre grupos al margen de la ley en la región del Catatumbo, situación que continúa generando afectaciones sobre la población civil, en especial sobre niñas, niños, adolescentes y las comunidades educativas del territorio.De acuerdo con la cartera educativa, las alteraciones al orden público registradas en municipios como Tibú y El Tarra, en el departamento de Norte de Santander, se presentan a pocas semanas del inicio del calendario escolar 2026, lo que ha generado temor en la comunidad educativa frente a los riesgos que implica el desarrollo de actividades académicas en medio de enfrentamientos armados. Esta situación podría impactar de manera directa la garantía del derecho a la educación y su normal desarrollo.El Ministerio recordó que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes son sujetos de especial protección constitucional, así como de protección reforzada en el marco del Derecho Internacional. Según lo establecido en el Derecho Internacional Humanitario, el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra, el Protocolo II adicional y las normas consuetudinarias obligan a las partes en conflicto a proteger a la población civil frente a los efectos de las hostilidades, con énfasis en la niñez.Así mismo, el Ministerio señaló que los establecimientos educativos son bienes de carácter civil y, por tanto, no pueden ser objeto de ataques, ocupación, utilización con fines militares ni de ningún tipo de instrumentalización en el marco del conflicto armado.Desde el enfoque del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño consagra el derecho de todas las niñas y niños a la educación, lo que implica obligaciones tanto para los Estados como para los actores armados, incluso en contextos de conflicto. Adicionalmente, Colombia acoge los compromisos de la Declaración sobre Escuelas Seguras, orientados a la protección de estudiantes, docentes, directivos docentes y de las instituciones educativas como espacios de aprendizaje y cuidado.En este contexto, el Ministerio de Educación Nacional hizo un llamado a los grupos armados con presencia en el Catatumbo para que respeten la vida, la integridad y los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y se abstengan de realizar acciones que pongan en riesgo a la comunidad educativa o afecten el derecho a la educación. El Gobierno Nacional reiteró que la escuela no debe ser escenario de confrontación armada.
La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) lanzó una fuerte alerta por la decisión del Gobierno nacional de recortar recursos destinados a dos obras consideradas estratégicas para el desarrollo del país. Según el gremio, la reducción de las llamadas vigencias futuras afecta directamente los proyectos Mulaló–Loboguerrero, en el Valle del Cauca, y la restauración del Canal del Dique, en la región Caribe, comprometiendo inversiones por cerca de un billón de pesos.De acuerdo con el comunicado de la CCI, el ajuste presupuestal implica un recorte aproximado de $340.000 millones para la construcción, operación y mantenimiento de la vía Mulaló–Loboguerrero, y de $636.000 millones para el proyecto ambiental y de infraestructura del Canal del Dique. Ambas iniciativas están priorizadas en el Plan Nacional de Desarrollo y son consideradas fundamentales para la competitividad, la integración regional y el crecimiento económico.El gremio también cuestionó la forma en que se tomó la decisión. Recordó que, mediante un decreto expedido el 29 de diciembre del año pasado, el propio Gobierno había establecido que cualquier modificación a las vigencias futuras debía contar con el acuerdo entre las partes. Sin embargo, dos días después, el Ejecutivo procedió a reducir los recursos de manera unilateral, desconociendo las reglas que él mismo había fijado.Para la CCI, esta actuación no solo afecta la ejecución de las obras, sino que genera un grave precedente de inseguridad jurídica y desconfianza en los contratos de infraestructura. Además, advierte que la medida podría derivar en riesgos legales y financieros para la Nación, al alterar compromisos ya adquiridos con los concesionarios encargados de los proyectos.Ante este panorama, la Cámara Colombiana de la Infraestructura exhortó al Gobierno a restablecer de inmediato las vigencias futuras previstas para 2025 y a cumplir con los compromisos contractuales. Finalmente, el gremio fue enfático en señalar que, de no honrarse estos pagos, los funcionarios responsables podrían enfrentar sanciones disciplinarias y fiscales por poner en peligro obras esenciales para el país.
El mercado de las SUV electrificadas en China sumó un nuevo actor con el debut de la Wuling Starlight 560, un modelo que llega con versiones a combustión, híbrida enchufable y 100 % eléctrica. El vehículo fue presentado por SGMW (una alianza entre SAIC, GM (dueños de Chevrolet) y Wuling) con una estrategia centrada en ofrecer diferentes tecnologías de propulsión en un mismo producto y con precios que parten desde los 9.000 dólares hasta los $14.200, es decir, menos de 50 millones de pesos colombianos al cambio actual.La Starlight 560 se ofrecerá en cuatro versiones y con configuraciones para cinco o siete pasajeros, lo que amplía su alcance dentro del segmento familiar.Autonomía Wuling Starlight 560 versión híbrida enchufableUno de los principales argumentos del modelo está en su variante PHEV, que combina un motor a combustión con un sistema eléctrico. Según la ficha técnica, esta versión alcanza una autonomía combinada de hasta 1.100 kilómetros, medida bajo el ciclo WLTC.El sistema híbrido enchufable utiliza un motor a gasolina de 1.5 litros, con una potencia máxima de 78 kW (105 hp) y un par de 130 Nm, acompañado por un motor eléctrico delantero que entrega 145 kW (194 hp) y 230 Nm. En modo totalmente eléctrico, la SUV puede recorrer hasta 125 kilómetros, de acuerdo con el ciclo CLTC.Oferta mecánica: gasolina, híbrida y eléctricaAdemás de la versión PHEV, la Wuling Starlight 560 también está disponible con un motor de combustión interna y una opción totalmente eléctrica.La variante a gasolina incorpora un bloque 1.5 turbo, capaz de desarrollar 130 kW (174 hp) y 290 Nm de torque, asociado a una transmisión manual de seis velocidades o una caja CVT.Por su parte, la versión eléctrica equipa un motor de 100 kW (134 hp) y 200 Nm, alimentado por baterías de fosfato de hierro y litio (LFP) con capacidades de 54,5 kWh o 56,7 kWh. Dependiendo de la configuración, la autonomía eléctrica se sitúa entre 450 y 500 kilómetros, según el ciclo CLTC.En materia de carga, el modelo admite carga rápida 2C, lo que permite pasar del 30 % al 80 % de batería en unos 20 minutos, o sumar cerca de 200 kilómetros de autonomía en 15 minutos.Dimensiones y capacidad interiorEn términos de tamaño, la Starlight 560 se ubica en el segmento de SUV medianas. Sus dimensiones son 4.745 mm de largo, 1.850 mm de ancho y hasta 1.770 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.810 mm.El baúl ofrece una capacidad estándar de 320 litros, que puede ampliarse hasta 1.945 litros al abatir las filas traseras. Además, los asientos delanteros pueden reclinarse completamente y los respaldos traseros permiten una inclinación de hasta 125 grados, una característica orientada al confort en viajes largos.El diseño frontal varía según el tipo de motorización. Las versiones a gasolina e híbrida enchufable cuentan con una parrilla rectangular tipo malla, acompañada de un parachoques con una placa trapezoidal inferior. En contraste, la versión eléctrica adopta un frontal cerrado, acorde con su configuración sin motor térmico.La gama de colores incluye azul Interstellar, gris Smoky, blanco Silver Frost y negro Obsidian.Tecnología y equipamiento interiorEn el interior, la SUV incorpora una pantalla central de 12,8 pulgadas, desde la cual se gestiona el sistema Ling OS, compatible con HiCar y CarLink. Detrás del volante de base plana se ubica el cuadro de instrumentos digital.El modelo mantiene controles físicos bajo la pantalla central y suma cargador inalámbrico para celulares y portavasos en la consola central.
Un intento de hurto en inmediaciones del barrio El Trébol finalizó en un enfrentamiento entre la Policía y un grupo de ladrones, situación que generó pánico entre la comunidad del oriente de Cali. Los hechos ocurrieron en un reconocido supermercado ubicado sobre la autopista Suroriental entre las calles 58 y 59, hasta este lugar llegaron varios hombres armados que intimidaron a las personas que estaban haciendo sus compras, exigiéndoles la entrega de sus pertenencias.Uno de los vecinos logró avisarle a las autoridades, por lo que rápidamente el lugar fue acordonado, teniendo incluso apoyo del helicóptero Halcón de la Policía, con el fin de evitar que los sujetos lograran escapar."Eso había un poco de gente, patrullas, ambulancias, antimotines, el helicóptero, mejor dicho. Ahorita salieron dos esposados y la Policía estaba corriendo a la gente, un poco de carros parqueados", indicó una testigo del hecho.Según los habitantes del sector, se lograron escuchar por lo menos diez disparos, en el enfrentamiento entre las autoridades y los presuntos delincuentes. Algunos sujetos intentaron huir, pero fueron interceptados metros más adelante."Había personas vestidas de civil pero con chalecos antibalas persiguiendo a los ladrones y ahí fue que empezó la balacera. Después de eso, viene uno de los tipos y corre hacia los lados del motel del lado, vuelve para el supermercado y vuelven a disparar", narró otro vecino del lugar.Esta es la tercera balacera registra en Cali en menos de 48 horas, una situación que enciende las alarmas de la comunidad, la cual exige el refuerzo de la seguridad en la ciudad para evitar estos episodios. Según el primer reporte de la Policía, tras el incidente cinco personas fueron capturadas, una de ellas resultó levemente herida en medio del enfrentamiento.
Un trágico hecho ocurrido en Estados Unidos mantiene de luto a una familia caleña y ha generado conmoción tanto en Colombia como en la comunidad latina en el exterior. Se trata del asesinato de Johan David Adarve, un joven de 17 años, quien fue atacado con arma de fuego cuando salía de su jornada académica en la ciudad de Chicago, estado de Illinois.De acuerdo con la información conocida, el menor residía junto a su familia en Estados Unidos desde hacía aproximadamente cuatro años. El crimen se registró cuando Johan David se disponía a regresar a su vivienda, luego de salir del colegio, en compañía de su pareja sentimental, quien también es menor de edad y su primo, que también fue agredido.En ese momento, el joven habría sido abordado por uno de sus compañeros de institución, quien presuntamente le disparó en repetidas ocasiones. Aunque varias personas intentaron auxiliarlo de inmediato y alertaron a los servicios de emergencia, el adolescente falleció en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas.Keila Adarve, tía del joven, manifestó que la familia solicitó acompañamiento y medidas de protección, al advertir que el adolescente era objeto de burlas, intimidaciones y amenazas por parte de algunos compañeros. Sin embargo, sostienen que no recibieron una respuesta efectiva que permitiera prevenir una situación de riesgo."Johan venía presentando problemas de acoso escolar, el cual se reportó a la escuela, pero la escuela nunca tomó medidas acerca de esto. El niño que disparó el arma de fuego estaba afuera, lo estaba esperando junto a otras personas, cuando lo vieron, se fueron detrás de mi sobrino, le dispararon en dos ocasiones, una en el pecho y otra en el pie", manifestó la tía.Los familiares también expresaron su preocupación por la seguridad de otros jóvenes cercanos a Johan David, quienes, según indican, continúan siendo víctimas de acoso, por lo que temen que se presenten nuevos hechos de violencia si no se adoptan acciones oportunas.Las autoridades locales iniciaron una investigación penal para esclarecer las circunstancias del homicidio, identificar a los responsables y establecer si existían antecedentes que permitan determinar responsabilidades adicionales. En el proceso se adelantan labores de recolección de testimonios y análisis de material audiovisual de la zona donde ocurrió el ataque.Por su parte, la institución educativa a la que asistía el menor emitió un comunicado en el que lamentó profundamente lo sucedido y aseguró que se encuentra colaborando con las autoridades para contribuir al esclarecimiento de los hechos.Entre tanto, familiares, amigos y miembros de la comunidad han realizado manifestaciones y actos simbólicos en memoria de Johan David Adarve, exigiendo justicia y medidas que garanticen la protección de los estudiantes, especialmente frente a situaciones de acoso escolar y violencia juvenil.
El pasado jueves 14 de enero, en horas de la noche, se registró el homicidio de un menor de 17 años en el barrio Barberena, comuna 12, en el oriente de Cali, hecho que generó un amplio despliegue de las autoridades en esta zona de la ciudad.Tras conocerse el crimen, unidades de la Policía Metropolitana de Cali activaron de manera inmediata un plan candado con el objetivo de ubicar y capturar a los responsables. Durante el procedimiento, los presuntos implicados, al notar la presencia de los uniformados y verse acorralados, abrieron fuego contra las patrullas policiales, lo que obligó a los agentes a reaccionar con sus armas de dotación.En medio del intercambio de disparos, los dos hombres resultaron heridos y, posteriormente, fueron capturados por las autoridades. Ambos fueron trasladados a un centro asistencial, donde permanecen bajo custodia policial.El coronel Andrés Arias, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Cali, confirmó que los detenidos presentan antecedentes judiciales y entregó detalles del operativo.“Luego del cruce de disparos, los dos hombres salieron lesionados y, actualmente, se encuentran bajo custodia en un centro hospitalario. Durante el procedimiento se logró la incautación de un arma de fuego y una motocicleta en la que se movilizaban. Los capturados, de 18 y 21 años, registran anotaciones judiciales por tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir y receptación”, precisó el oficial.Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles de este homicidio y establecer si estaría relacionado con disputas por el control territorial, conocidas como fronteras invisibles, o si existen otras causas detrás de este hecho violento. Asimismo, se busca determinar la plena responsabilidad de los capturados en el asesinato del menor.
Una vez más, el oriente de Cali fue escenario de un enfrentamiento violento entre jóvenes de distintos barrios de la ciudad. La riña, que se prolongó durante varios minutos, se presentó en las afueras de la estación del MIO de Aguablanca.De acuerdo con la información preliminar, en el hecho habrían participado pandillas juveniles de los barrios Mojica y Bonilla Aragón. En videos difundidos en redes sociales quedaron registrados los momentos de tensión y la magnitud del enfrentamiento, que se desarrolló en plena vía pública.La situación generó preocupación entre los habitantes del sector, quienes denunciaron afectaciones a viviendas y riesgos para personas ajenas al conflicto. David Moreno, residente de la zona, expresó su rechazo a estos hechos y pidió una intervención urgente por parte de las autoridades.“Es muy triste porque se dañan las casas, los vidrios, y también se afecta a personas que no tienen nada que ver con esto. De todo corazón, le pedimos a las autoridades que hagan presencia, que nos den soluciones y que nos brinden seguridad a la comunidad”, señaló Moreno.Ante la situación, unidades de la Policía Metropolitana de Cali llegaron hasta el lugar, lograron dispersar a los involucrados, y restablecer el orden en el sector.Por su parte, desde la Secretaría de Seguridad y Justicia manifestaron que este tipo de enfrentamientos, conocidos como ‘Guireo’ o ‘Chacaleo’, están asociados a conflictos por fronteras invisibles entre barrios. La entidad aseguró que se adelantan acciones de prevención e intervención para evitar que estos hechos se sigan presentando en la ciudad.
Aunque los homicidios y enfrentamientos entre las bandas criminales en Buenaventura se han reducido en las últimas semanas, en la realidad la comunidad continúa siendo intimidada y amenazada por los integrantes de estos grupos.La situación más preocupante la viven los comerciantes bonaverenses quienes todos los días se ven obligados a pagar altas sumas de dinero a integrantes de estas bandas, para evitar ataques a sus negocios y a sus trabajadores. Esto ha obligado en las últimas horas a dos reconocidos establecimientos de comidas del distrito, a realizar su cierre definitivo, pues se ha vuelto insostenible."Este es un fenómeno que ha existido siempre y ahorita con lo que estamos viviendo, el anuncio de muchos negocios que cierran. Parte del sector pesquero también ya lo están pensando, hablan de seis u ocho negocios que cierran las puertas. Entonces eso es complicado, estamos mirando cómo buscamos de reunirnos con esas personas.", señaló Emiliano Muñoz, presidente de la Agremiación de Comerciantes de Buenaventura.Por su parte, el personero de Buenaventura, Carlos Jefferson Potes, hizo un llamado a las autoridades locales a garantizar la tranquilidad de los bonaverenses, teniendo en cuenta que si bien los enfrentamientos entre bandas criminales se han reducido, otras conductas delictivas como las extorsiones, el reclutamiento de menores, entre otros, aún siguen activas."Efectivamente, esa es la gran preocupación que tenemos, que lo que sucedió en 2025 no se vuelva a presentar, cuando más de 200 comerciantes solicitaron traslado de sus negocios. Estamos en 2026, justamente queremos minimizar ese riesgo de que la gente por falta de seguridad tome la decisión de cerrar su negocio", añadió el personero.
En una reciente entrevista, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, detalló la crítica situación que atraviesa el departamento tras un ataque terrorista perpetrado en la vereda Alto del Oso, en el municipio de San José del Palmar. El atentado, dirigido contra tropas de la Decimoquinta Brigada del Ejército Nacional, dejó un saldo de diez uniformados heridos (nueve soldados y un suboficial) debido a esquirlas producidas por un artefacto explosivo artesanal.Innovación técnica del terrorismo y posibles responsables Lo más alarmante del suceso es la metodología empleada: el uso de drones cargados con explosivos, una técnica que la gobernadora calificó como "cobarde" y violatoria del Derecho Internacional Humanitario. Aunque no hubo una acción directa que permitiera la identificación de insignias, el Ejército presume que el responsable es el ELN, grupo que ejerce control territorial en la zona. Se maneja la hipótesis de que este ataque es una retaliación por golpes operacionales recientes, como la muerte de 'Santiago', un cabecilla clave de la estructura del Pacífico colombiano.El reto de la modernización tecnológica La gobernadora Córdoba enfatizó la necesidad de una inversión tecnológica urgente para contrarrestar estas nuevas formas de terrorismo. A diferencia de departamentos con mayores recursos, el Chocó no tiene la capacidad financiera propia para adquirir sistemas antidrones. Sin embargo, se ha estructurado un proyecto por 5.000 millones de pesos provenientes de regalías para fortalecer a la Fuerza Pública y la Fiscalía con equipos que incluyen drones y otros insumos de seguridad. La mandataria señaló que estos recursos, usualmente destinados a infraestructura o educación, han tenido que ser reorientados ante la gravedad de la amenaza.Bloqueos viales y presión sobre las comunidades A la situación de orden público se suma una complicación logística y social: el cierre de las vías Quibdó-Medellín y Quibdó-Pereira por parte de algunas comunidades indígenas del Alto Andágueda. La gobernadora expresó su temor de que el ELN esté utilizando o presionando a estas comunidades para generar bloqueos administrativos en momentos de alta tensión militar, lo que dificulta el control territorial y la movilidad en un departamento que depende críticamente de estas dos arterias viales. Actualmente, la prioridad de las autoridades es garantizar la atención médica de los militares heridos, cuya evacuación se ha visto dificultada por las adversas condiciones climáticas en la zona.Escuche aquí la entrevista:
Un hostigamiento armado contra la fuerza pública se registró en la tarde de este miércoles en el municipio de Suárez, departamento del Cauca, luego de que grupos armados al margen de la ley atacaran la estación de Policía de esta localidad.Según información preliminar entregada por las autoridades, los hechos ocurrieron hacia las 6:50 de la tarde, cuando se reportaron disparos esporádicos contra las instalaciones policiales. De manera inmediata, unidades de la Policía Nacional reaccionaron para repeler el ataque, el cual habría sido perpetrado por disidencias de las Farc.A través de un comunicado oficial, las autoridades informaron que durante el hostigamiento un dron cayó en las afueras de la estación, motivo por el cual se activaron los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de situaciones.En el mismo pronunciamiento, se indicó que la Policía Nacional y el Ejército Nacional respondieron a las agresiones con el fin de proteger la infraestructura y salvaguardar a la comunidad.Las autoridades confirmaron que, hasta el momento, no se reportan uniformados ni civiles lesionados como consecuencia de estos hechos.Actualmente, unidades del Ejército y de la Policía mantienen presencia en la zona para garantizar la seguridad de los habitantes del municipio y prevenir nuevas acciones por parte de este grupo armado ilegal.
El sueño de obtener un título en el área de la belleza se vio frustrado para varios estudiantes, luego de que la academia en la que se estaban formando, ubicada en el sur de Cali, cerrara de manera repentina y sin ofrecer explicación alguna.Desde entonces, los afectados han intentado comunicarse con la institución para conocer qué ocurrió con sus procesos académicos y el dinero invertido, pero aseguran que no han recibido ningún tipo de respuesta.Así lo denunció Lina Oliveros, una de las estudiantes afectadas, quien aseguró que, tras el cierre del lugar, no ha sido posible establecer contacto con los responsables de la academia.“Hasta el momento, la señora no se ha comunicado con absolutamente nadie. Nosotras empezamos a indagar y nos encontramos con que la misma situación se estaría presentando en Bogotá y Medellín. Son demasiadas las jóvenes que fuimos presuntamente estafadas, alrededor de 700 personas, o incluso más”, indicó.Blu Radio pudo establecer que este no sería un caso aislado. De manera preliminar, se conoció que estudiantes en otras ciudades del país, como Medellín y Bogotá, también habrían sido afectados, ya que la academia tendría sedes en estas capitales.En Bogotá, Rocío Gómez, madre de una estudiante, relató que su hija inició el curso en agosto del año pasado, luego de realizar un pago cercano a los 3 millones 800.000 pesos, y que semanas después fueron notificadas del cierre de la sede.“Hicimos un pago de 3 millones 800 mil pesos y mi hija comenzó el curso en agosto de 2025. Al alcanzar a tomar seis clases, nos enviaron un comunicado por WhatsApp informando que la sede iba a cerrar. Supuestamente, nos dijeron que era por una remodelación y que a las alumnas les harían la devolución de parte del dinero. Intentamos comunicarnos nuevamente, pero dejaron de responder, nos bloquearon y no volvieron a dar información. La última comunicación que recibí fue en noviembre, cuando nos aseguraron que harían una devolución, pero después de eso no volvieron a contestar”, aseguró.Las autoridades ya tienen conocimiento de esta situación y adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido, mientras cientos de estudiantes permanecen a la espera de respuestas frente a lo que consideran un proyecto de vida truncado.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro llegó este miércoles a Buenaventura, para adelantar varios recorridos en los barrios del distrito verificando la realidad que viven sus habitantes en materia de seguridad, bienestar, desarrollo económico entre otros. En medio de esta jornada, la mandataria entregó oficialmente los dispositivos antidrones a la Armada además de otros equipos tecnológicos, con el fin de reforzar la seguridad en el Pacífico y así combatir los ataques aéreos por parte de grupos armados ilegales, contra la Fuerza Pública.Esta intervención social tiene el objetivo de hacerle frente a la criminalidad con nuevas oportunidades para la comunidad, acciones que están acompañadas de mayor seguridad, principalmente en la zona del río Naya, considerado un corredor estratégico de los grupos armados para el narcotráfico."Ya adquirimos un antidrón, ya se lo dimos a la Armada. En la próxima venida vamos a ir hasta Málaga porque el antidrón lo colocaron fijo en el buque, porque allí es donde más nos atacan. Hace unos días hablé con el ministro de Defensa, nosotros hemos venido proponiendo que se haga expersión con drones", indicó la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.En medio de esta 'megatoma' fue capturado alias 'El Búho', el hombre que se desempeñaba como puente entre una de las bandas criminales que delinque en la zona urbana del distrito y las disidencias de las Farc, para coordinar ataques contra la fuerza pública.Se trata del actor criminal de 'Los Espartanos' Arley Gómez, conocido como alias 'El Búho', con una trayectoria de más de nueve años, en varios de los grupos delincuenciales de Buenaventura.