Una situación de alteración de orden público se presentó en el municipio de Villa Rica, al norte del departamento del Cauca, en las últimas horas, luego de que un grupo de ciudadanos increpara a un uniformado de la Policía, a quien señalaron verbalmente como presunto responsable del asesinato de una persona, hecho donde también resultó lesionada otra persona.En un video grabado por uno de los ciudadanos se observa y se escuchan los reclamos dirigidos al policía, a quien acusan de que el supuesto homicidio habría sido cometido con un arma particular y no con su arma de dotación. En las imágenes también se aprecia cómo varios ciudadanos persiguen al agente durante algunos metros mientras le lanzan insultos y amenazas.“Se presenta una confrontación que deja como resultado una persona fallecida. En este momento la fuerza pública y el comandante de la Policía del Cauca se encuentran en la zona realizando las verificaciones correspondientes del caso”, dijo Maribel Perafán, secretaria de Gobierno del Cauca.Más adelante, el video muestra el momento en el que el agente ingresa a las instalaciones del CAI de la Policía, mientras que dos de sus compañeras permanecen en la parte externa. Es entonces cuando varios ciudadanos atacan físicamente a las uniformadas. De manera extraoficial, se ha indicado que una de ellas habría sido despojada de su arma de dotación y, tras la agresión, las patrulleras logran ingresar a la estación.“Todo esto se da por un caso de intolerancia ocurrido en un espacio público de convivencia. Se presenta una riña con la participación de más de 100 personas; llega la Policía para cumplir con su labor y, en lugar de apoyar el control de la situación, algunos ciudadanos arremeten contra los uniformados, lo que desencadena estos hechos”, explicó la funcionaria.Posteriormente, las imágenes evidencian cómo varios ciudadanos atacan la infraestructura del CAI, causando daños en paredes, ventanas y puertas. Minutos después, un uniformado sale de las instalaciones para enfrentar a los manifestantes y es en ese momento cuando, según se observa y se escucha en los videos, se registra un intercambio de disparos entre el policía y algunos ciudadanos.
Este lunes, 22 de diciembre, fueron dejados en libertad los 18 militares que había sido secuestrados en Carmen de Atrato, Chocó, por comunidades indígenas instrumentalizadas por el ELN.Estos miembros de la fuerza pública estuvieron privados de su libertad durante cerca de 48 horas en zona rural de ese municipio tras una asonada protagonizada por comunidades indígenas que, según el Ministerio de Defensa, habrían sido instrumentalizadas por el ELN mientras los militares adelantaban operaciones contra esa guerrilla en el resguardo La Puria. El secuestro ocurrió cuando "una unidad militar fue rodeada e interceptada por aproximadamente 200 personas, que retuvieron y trasladaron de manera arbitraria a los soldados hacia un resguardo indígena", señaló el domingo la XV Brigada del Ejército en un comunicado.Blu Radio pudo confirmar que los militares fueron entregados a una comisión humanitaria liderada por la Defensoría del Pueblo.El secuestro o retención de militares por parte de civiles se ha vuelto frecuente en los últimos meses en el país porque, según las autoridades, los habitantes de zonas remotas son "instrumentalizados" por guerrilleros o narcotraficantes para que impidan las operaciones en su contra.Los casos más recientes ocurrieron en agosto pasado en el departamento del Guaviare, donde 34 militares fueron secuestrados por campesinos, y en septiembre, cuando otros 45 corrieron la misma suerte en el Cauca. En ambos casos, todos fueron liberados días después con la mediación de misiones humanitarias.El secuestro de los 18 militares en el Chocó se produjo el mismo día en que el ELN anunció un cese al fuego unilateral durante las festividades navideñas y de fin de año, una decisión que contrasta con la escalada de ataques y de intimidación de los últimos días en distintas regiones del país.El cese al fuego comenzará a las cero horas del 24 de diciembre y terminará a la misma hora del 3 de enero de 2026.El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, dijo al respecto que, por parte del Gobierno, "no existe ningún cese al fuego ni orden de detener la protección del pueblo colombiano".
Con el objetivo de garantizar la seguridad de propios y visitantes durante la temporada decembrina y en el desarrollo de la versión número 68 de la Feria de Cali, la Policía Metropolitana anunció la implementación de un robusto dispositivo de seguridad que contará con más de 1.200 uniformados desplegados en distintos puntos de la capital vallecaucana.Según las autoridades, se estima que cerca de 140.000 personas llegarán a la ciudad para participar en los eventos culturales, musicales y gastronómicos que hacen parte de la tradicional Feria de Cali. El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Edwin Urrego, confirmó que los uniformados estarán enfocados en la ejecución de diversas estrategias preventivas y de control, entre ellas la instalación de puestos de control en las principales vías de acceso, así como presencia permanente en centros comerciales y zonas de alta afluencia."Estaremos desarrollando planes como puestos de control y presencia en centros comerciales y en el sector gastronómico, teniendo en cuenta la llegada de cerca de 140.000 personas a la feria. Por esta razón, hemos reforzado el personal en sitios turísticos y comerciales. Además, se adelantarán operativos de revisión a vehículos de servicio público y presencia en establecimientos nocturnos, ya que no solo garantizamos la seguridad de los más de 50 eventos de la feria, sino también de toda la ciudad", explicó el general Urrego.Como parte del dispositivo, la Policía Metropolitana dispondrá del helicóptero ‘Halcón’ para labores de vigilancia aérea, además del uso de drones que realizarán recorridos estratégicos en zonas priorizadas. Estas acciones se complementarán con el monitoreo permanente a través de las cámaras de seguridad ubicadas en distintos sectores de Cali."Vamos a tener puestos de control para blindar la ciudad en los puntos de ingreso, pero también contaremos con controles internos móviles, realizando requisas a vehículos y garantizando que las personas se movilicen sin portar armas, evitando así cualquier situación que pueda vulnerar la seguridad de la ciudad", señaló el comandante de la Policía Metropolitana.A este despliegue se suman los constantes operativos contra el licor adulterado que se adelantan en la ciudad. El más reciente dejó como resultado la incautación de 580 botellas que, según las autoridades, pretendían ser distribuidas durante los eventos de la Feria de Cali. Estos operativos se realizaron en los barrios Obrero y Santa Elena.
Se cumplen cinco días del secuestro de dos personas vinculadas a una firma contratista de la compañía Energética de Occidente, quienes fueron retenidas contra su voluntad mientras adelantaban actividades operativas en el municipio de Corinto, en el norte del departamento del CaucaCauca.El secuestro ocurrió el pasado 18 de diciembre en zona rural de ese municipio, cuando los trabajadores fueron abordados por sujetos desconocidos que los obligaron a desplazarse con rumbo desconocido. Posteriormente, el grupo armado que se los llevó exigió a las directivas de la empresa una alta suma de dinero a cambio de su libertad."Ellos estaban realizando unas labores ni siquiera tan técnicas, sino relacionadas con el cumplimiento de un tema de legislación ambiental. Empezamos a gestionar con la comunidad si era posible su regreso, su retorno a casa, pero nos dicen que no porque ya están en manos de un grupo al margen de la ley. Posteriormente, recibimos del contratista la información de que se está solicitando una cantidad, una suma de dinero, para que ellos puedan ser devueltos a la libertad", dijo Paola Ramos Caicedo, gerente de Asuntos Corporativos de CEO.En este momento, las autoridades adelantan labores de búsqueda para dar con el paradero de los secuestrados, mientras que la empresa decidió suspender temporalmente las operaciones en la zona hasta que se restablezcan las condiciones de seguridad necesarias para proteger la integridad del personal y según lo denunciado por la misma empresa, los responsables del secuestro estarían solicitando más de 200 millones de pesos por su liberación."Estos hechos representan un grave riesgo para la seguridad de quienes trabajan diariamente en la misión de garantizar la continuidad y calidad del servicio eléctrico en el territorio. Rechazamos de manera categórica estos actos que atentan contra la vida, el bienestar de los trabajadores y contratistas, y que afectan la continuidad y calidad del servicio de energía eléctrica", señala un comunicado emitido por la compañía. Además, advierten que durante este año se han registrado 54 incidentes graves, de los cuales 22 comprometen directamente a la compañía y 32 a contratistas, incluyendo este secuestro. A esto se suma que, en lo corrido de 2025, varios vehículos han sido robados, razón por la cual solicitan mayores garantías de seguridad a las autoridades competentes para el ejercicio de su labor en el Cauca.
En entrevista con Vamos Pa' Eso Podcast, Sonia Mora contó que los hechos se originaron cuando tenía entre 9 y 10 años, momento en que su agresor inició un ciclo de manipulación y abusos.La joven dijo que tras al separación de sus padres, "para mí era supremamente normal ver a mi mamá teniendo relaciones sexuales con diferentes hombres". Tras 8 años, un hombre llamado José inició una relación oficial con su mamá.José y la mamá de la joven tuvieron una hija; posteriormente se fueron a vivir juntos. "Me daba el estudio, me compraba mis uniformes, los útiles, él me trataba como una hija más, pero a puerta cerrada la historia era muy diferente", dijo"Los castigos eran fuertes, eran castigos en que no me hablaban, me trataban como un mueble más de la casa, me encerraban en el cuarto mucho tiempo", recordó.Sonia añadió que siempre la maltrataban psicológicamente tanto su padrastro como su madre. El primer episodio de abuso fue cuando el hombre le mostró sus partes íntimas; luego iniciaron los tocamientos.La víctima relató que el hombre justificaba sus acciones diciéndole: "Yo te hago esto y te enseño esto para que aprendas a ser una buena esposa".La mujer dijo que posteriormente, cuando el hombre la obligaba a practicarle actos sexuales, la grababa. Dijo además que su mamá era víctima de violencia física.Su madre se separó por dos años, pero decidió aceptar que Jose visite a su hija menor. "Llegaba una hora antes de que mi hermana saliera del jardín a la casa, pues claramente a repetir los hechos conmigo", indicó."Es una persona muy enferma porque él se daba cuenta de que yo lloraba mientras lo hacía. Yo perdí la cuenta de cuántas veces lo hizo. Al día de hoy decido bañarme dos veces porque a veces lo recuerdo", indicó.Sonia dijo que incluso intentó acabar con su vida. "Él me decía que me iba a alejar de mi mamá y de mi hermana y al final lo logró porque lo logró; yo llevo sin ver a mi hermana 7 años".Dijo que cuando le contó a su mamá los abusos, ella lo tomó bastante tranquila. Cuando habló con ella, su madre le dijo que estaba buscando plata. Al día siguiente, el hermano de Jose la golpeó, sin que, según la joven, interviniera su mamá.Un juez dictó una sentencia de 20 años de prisión contra José, el padrastro de Sonia, tras hallarlo culpable de múltiples abusos cometidos en el barrio San Cristóbal Sur de Bogotá. El proceso judicial, que tomó fuerza tras la denuncia formal en 2019, llegó a su etapa definitiva luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara en firme la condena; sin embargo, las autoridades reportan que el agresor se encuentra actualmente huyendo de la justicia.
La posible declaratoria de una emergencia económica por parte del Gobierno Nacional sigue generando inquietud entre analistas y exfuncionarios del sector económico. Más allá del debate jurídico, el impacto real se sentiría en el bolsillo de los colombianos, en un contexto de inflación aún sensible y finanzas públicas presionadas.En entrevista con Blu Radio este 21 de diciembre de 2025, la excodirectora del Banco de la República, Carolina Soto, explicó que las medidas que se estudian no solo tendrían efectos inmediatos sobre consumidores y empresas, sino que abrirían un precedente complejo en el manejo fiscal del país, especialmente de cara a 2026.En ese escenario, Soto fue directa al describir las consecuencias del decreto en discusión. “Lo primero es que a todos los colombianos se nos suben los impuestos”, advirtió, al señalar que el borrador conocido contempla un aumento inmediato del gravamen a los movimientos financieros, que pasaría del 4 por 1.000 al 5 por 1.000, encareciendo las transacciones del sistema financiero.Advierten más impuestos y presión sobre el bolsillo de los colombianosSegún la exfuncionaria, el impacto no se limitaría al GMF. También habría mayores cargas para personas naturales de altos ingresos mediante un nuevo impuesto al patrimonio, así como para empresas de sectores como hidrocarburos, carbón, licores y tabaco. “Son mayores precios que va a tener que pagar el consumidor y que se van a ver reflejados en presiones al alza de la inflación”, explicó.Soto subrayó que, aunque el objetivo sea cerrar un hueco fiscal, el efecto agregado sería un golpe al consumo y un aumento del costo de vida, en un momento en el que buena parte de la población aún enfrenta restricciones económicas.Emergencia económica: un precedente fiscal cuestionadoLa excodirectora también puso el foco en el precedente institucional. Para ella, acudir a una emergencia económica tras el hundimiento de la ley de financiamiento envía un mensaje problemático. “No pasa la ley en el Congreso y entonces se saca por decreto. Es un precedente cuestionable para el manejo de las finanzas públicas”, afirmó.Desde su perspectiva, la negativa del Legislativo no constituye un hecho sobreviniente, sino una expresión normal de la autonomía de poderes. “Que el Congreso no apruebe lo que quiere el Ejecutivo no es una emergencia, eso es la democracia”, puntualizó.Soto también cuestionó la reciente colocación directa de deuda por 23 billones de pesos. “Es una decisión sin precedentes, atípica y con mucha opacidad”, dijo, al advertir que este tipo de operaciones generan desconfianza en los mercados y un costo reputacional para el país.A su juicio, el mayor daño podría no ser inmediato ni solo económico, sino institucional, afectando la credibilidad y la transparencia del mercado de deuda pública colombiano en el largo plazo.
Según datos de Migración Colombia, este año emigraron 174 connacionales con destino a Ucrania. De ellos, 75 argumentaron que viajaban por trabajo, mientras que el resto indicó motivos como turismo, residencia, eventos, estudios y negocios. Del total, 25 fueron mujeres y el resto, hombres entre los 30 y 38 años.Ucrania es uno de los destinos, junto con Sudán, donde el fenómeno de los mercenarios colombianos se ha convertido en un problema creciente. Desde el Congreso, el representante Alejandro Toro impulsó un proyecto de ley que ya pasó a sanción presidencial y que busca tipificar como delito esta práctica.“Son datos escabrosos. Unos 1.500 mercenarios en Sudán, con grupos paramilitares entrenando niños de 12, 13 y 14 años. Además, según información del sector funerario, están llegando entre 15 y 20 cuerpos por semana desde Ucrania, de colombianos que fallecen en ese conflicto”, aseguró el congresista.Toro denunció que las empresas que reclutan connacionales para combatir en guerras extranjeras convirtieron en un negocio la no repatriación de los cuerpos de quienes mueren en estas actividades, ya sea argumentando que no fueron encontrados o cobrando por la repatriación sin realizarla. Señaló, además, que no solo estarían llevando militares retirados, sino también médicos y enfermeros, a quienes entrenan entre 20 y 30 días antes de enviarlos a zonas de combate.La ley aprobada busca frenar estos casos. “Lo que creamos es un marco para que exista el delito, que es la principal dificultad que tenemos hoy en Colombia. Actualmente, cualquier empresa puede hacer financiamiento, entrenamiento y reclutamiento sin que tengamos herramientas para decir que eso es ilegal”, explicó.La Cancillería está respaldando esta iniciativa.
El Ministerio de Justicia se pronunció sobre el pedido de extradición a Reino Unido de Zulma Guzmán, señalada de estar detrás del envenenamiento que causó la muerte de dos menores de edad en Bogotá con talio y quien fue capturada en ese país el pasado martes.Ante esto, el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, señaló que Reino Unido aún no da el beneplácito para que Zulma Guzmán sea traída de vuelta al país.“Estamos precisamente esperando que dicho beneplácito se dé esta semana para que ya sea cuestión de coordinación entre las entidades del orden nacional de Colombia y del Reino Unido, porque recuerden que ese tipo de situaciones tienen una coordinación de máximo cinco horas. Si todo sale bien, el Gobierno del Reino Unido ya nos dé la autorización para que sea traída a Colombia”, dijo.Ante la pregunta de si existe la posibilidad de que Zulma Guzmán sea extraditada a Colombia antes de que finalice el año, el ministro de Justicia (e) aseguró que ello depende de si la defensa de ella interpone algún recurso.“Esperaríamos que antes de que termine el año llegara, eso está, por supuesto, al margen de cualquier tipo de recurso legal que interponga; entonces, si no hay recursos legales, eso tendría que materializarse esta semana”, aseveró.Zulma Guzmán Castro es requerida por la justicia por su presunta responsabilidad en un caso de homicidio agravado que dejó dos niñas muertas y otras dos personas gravemente afectadas por ingerir frambuesas envenenadas con talio.Guzmán fue detenida esta semana por las autoridades británicas tras la activación de una notificación roja de Interpol. Su localización se produjo en Londres, a orillas del río Támesis, cerca del puente Battersea, luego de un seguimiento internacional que permitió establecer su salida de Colombia y su paso por varios países de América Latina y Europa.
Son siete las personas que están siendo atendidas en puestos de salud y centros hospitalarios de Villavicencio tras presentar graves afectaciones médicas.La entrega de un plato de comida a población en condición de calle por parte de un hombre que se movilizaba en una camioneta de alta gama por el sector de Ciudad Porfía, en Villavicencio, terminó convirtiéndose en un grave problema de salud para estas personas.Dos horas después de consumir la lechona entregada por este desconocido, se presentaron desmayos y malestares estomacales en quienes ingirieron el alimento, por lo que fueron trasladados a puestos de salud y centros hospitalarios de la ciudad.Tres personas presentan pronóstico reservado y cuatro más se encuentran intubadas por problemas cardiorrespiratorios. Las autoridades sanitarias realizan un barrido en centros clínicos para identificar si se registran más personas intoxicadas tras consumir este alimento.La secretaria de Salud de Villavicencio, Yaned Sierra, se pronunció al respecto: “Medicina Legal y la Policía están al frente de la investigación, porque aparentemente se trata de un caso que presenta indicios de haber sido premeditado”.Las autoridades no descartan un posible caso de envenenamiento contra habitantes de calle de esta zona, ya que la grave reacción en la salud de estas personas se debería, presuntamente, a intenciones premeditadas.
Faltan pocos días para que inicie la Feria de Cali y ya hay decenas de eventos preparados para que miles de propios y turistas se gocen los días más festivos en la capital del Valle del Cauca.Uno de ellos es ‘Brisas Caleñas’, un festival alternativo con una rica programación de música en vivo que se tomará el Parque Uribe, diagonal a la tradicional iglesia La Ermita en el centro de la ciudad.El festival se realizará del 25 al 30 de diciembre donde también hay experiencias urbanas y actividades abiertas al público, conectando la identidad de la ciudad con sonidos del Pacífico, escenas urbanas contemporáneas, propuestas tropicales alternativas, rock independiente y los ritmos tradicionales que marcan el cierre del año en el país.La programación musical reúne artistas de distintas generaciones y regiones, reflejando la diversidad sonora que atraviesa a Cali y al suroccidente colombiano.El cartel incluye a Herencia de Timbiquí, Kronos y Julio Victoria Live Band, junto a propuestas como Element Black, Venesti, Branbel, Últimos Nietos, Tropicana Club, Los Borbotones, More, Polo y Teban, Maikcel, Mangle Sonoro, Juanito Alimaña, Emberatriz y Carmela de Buxiraco. La experiencia se amplía con los sets de Prieto Riddiman, DJ Wins, DJ Animal, Molano, Marton Selektor, Caramelo Difícil, Darkfox, Los Indajaus y Chonta DJ, que conectan distintos públicos y escenas musicales. Más allá de los conciertos, Brisas Caleñas plantea una experiencia de ciudad.El festival es presentado por La Divina, cuenta con el patrocinio de BBC y el apoyo de Corfecali, y se integra a la Feria de Cali como una apuesta complementaria que busca descentralizar la experiencia y ofrecer nuevos puntos de encuentro durante la temporada.“Brisas Caleñas nace de la necesidad de mostrar que Cali tiene mucho más que decir. Aquí celebramos la música, las tradiciones y el encuentro, y proponemos que la ciudad se convierta en un gran escenario abierto durante diciembre”, indicó Jaramillo, director de La Divina.Durante los seis días del festival se desarrollará una agenda paralela de actividades culturales y comunitarias que buscan promover la apropiación del espacio público y la participación ciudadana. Entre ellas se encuentran jam poético, podcast en vivo, caminatas urbanas, recorridos por el centro de la ciudad, jornadas de limpieza del río Cali y espacios de juego y encuentro como canchas de tejo. Estas iniciativas amplían el alcance del festival y refuerzan su carácter social y cultural.
Un ataque contra la estación de policía del municipio de Suárez interrumpió la tranquilidad de la comunidad durante la tarde del pasado domingo, dejando un saldo de un civil herido. El incidente ocurrió entre las 5:30 y las 6:00 de la tarde, mientras se desarrollaba un campeonato anual de fútbol interbarrios en el que participaban equipos de "rodillones" y de categoría libre.El hostigamiento, atribuido a grupos de disidencias que operan en la región, se realizó mediante varias ráfagas de disparos que no fueron continuas, sino separadas en el tiempo. Según explicó el alcalde de Suárez, César Cerón, la ubicación geográfica de la cabecera municipal, situada en una zona baja, facilitó que el ataque se perpetrara desde la parte alta y desde el otro lado del río Cauca.Población civil en medio del fuego cruzadoLa cancha de fútbol donde se encontraba reunida la comunidad está ubicada a escasos 300 metros de la estación de policía, lo que provocó que los asistentes quedaran atrapados en medio del conflicto."Se desarrollaba un campeonato que se hace anualmente, donde juegan los rodillones, como llamamos popularmente, y el equipo libre. Estando allí la comunidad reunida se da un ataque contra la estación de policía, quedando en medio del fuego cruzado toda la comunidad. Fueron varias ráfagas en un tiempo separado, tanto del grupo armado como de la Fuerza Pública defendiéndose. Nunca nos había pasado un evento como esto y eso lo que único que hace es poner en riesgo mucho más a la población civil. Esto es, entre otras muchas, violación del derecho internacional humanitario", afirmó el mandatario. Le puede interesar: Pánico en Suárez, Cauca, por ataque guerrillero durante encuentro deportivo y familiarComo resultado del cruce de disparos entre el grupo armado y la fuerza pública, un joven de 23 años resultó herido en una de sus extremidades superiores. El herido fue trasladado a una clínica en Cali, donde se encuentra en estado estable.El alcalde Cerón denunció que, tras los disparos, se produjo una estampida humana, lo que aumentó el riesgo para los habitantes. Llamado urgente al Gobierno nacionalEl alcalde expresó su rechazo absoluto a la violencia, señalando que la comunidad de Suárez no debe estar sometida a un conflicto que "no les pertenece"."No es posible que nosotros tengamos que vivir sometidos a toda esa clase de situaciones que no son las mejores para nosotros. Pedimos al Gobierno nacional que revise la situación que estamos viviendo y a los grupos al margen de la ley, que nos dejen tranquilos, finalizó.Escuche la entrevista aquí:
El secuestro de 18 militares del Ejército en un resguardo indígena del Chocó dejó en evidencia la compleja relación entre algunas comunidades y la Fuerza Pública en esta zona del país. Los uniformados fueron retenidos el pasado domingo cuando realizaban una operación contra el ELN, según confirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien calificó lo ocurrido como un “secuestro” y aseguró que los soldados fueron rodeados por más de 200 personas y trasladados por la fuerza hasta un resguardo indígena.Ante este hecho, el general William Caicedo, comandante de la Brigada 15 del Ejército, entregó detalles de lo ocurrido y confirmó que los militares se encuentran con vida. “Básicamente sabemos que están bien. Hemos tenido contacto con la comunidad indígena directamente con el suboficial comandante de la unidad”, explicó el oficial.Comunidades indígenas impidieron operación militar en ChocóSegún lo revelado por el general Caicedo en entrevista con Mañanas Blu, la retención ocurrió cuando una unidad se encontraba en el resguardo La Puria, perteneciente a la comunidad indígena de Río Claro, en el municipio de Carmen de Atrato. “Fueron rodeados por aproximadamente entre 200 y 220 personas y, bajo presión, llevados hasta la escuela de la comunidad indígena, lugar donde se encuentran desde el día anterior”, señaló.Así mismo, Caicedo reiteró que el Ejército no requiere autorización para operar en el territorio nacional. “Usualmente nosotros hacemos las operaciones militares en todo el territorio nacional sin necesidad de autorización alguna”, afirmó. No obstante, reconoció que en varios casos se busca concertar el ingreso con las comunidades, algo que en esta ocasión no fue posible debido a la presencia del ELN en la zona.Ejército señala presencia activa del ELN en la zonaEl objetivo del operativo era una estructura del ELN que, de acuerdo con el Ejército, continúa operando en el área. “Había una estructura del ELN que aún permanece allí, de aproximadamente 16 hombres en armas, con alias Ramiro, cabecilla de comisión, el tercero del Frente Manuel Hernández El Boche”, explicó Caicedo. Según el oficial, este grupo estaría vinculado a extorsiones, quema de vehículos y constreñimientos armados en vías del Chocó.Para el general, la actuación de algunos integrantes de la comunidad resulta contradictoria. “No debería ser así, es todo lo contrario. Deberían capturar, si tienen una guardia indígena, a los miembros de cualquier estructura armada ilegal, porque la legalidad es lo que debe prevalecer”, sostuvo.Caicedo advirtió además que las comunidades estarían siendo instrumentalizadas por el ELN. Recordó que en operaciones recientes se han registrado capturas y muertes en combate, incluso de integrantes de comunidades indígenas. “Sí están siendo instrumentalizados. También se está presentando mucho el delito de reclutamiento ilegal de menores”, denunció.Sobre el armamento de los soldados retenidos, el general aclaró que permanece bajo control militar. “El armamento estaba ubicado a un lado de donde estaban ellos, pero el control lo tenía la unidad”, dijo, explicando que la decisión de desarmarse se tomó para evitar una tragedia. “Eran 500 indígenas contra 18 soldados”, agregó.Mientras avanzan las gestiones de la Gobernación, la Alcaldía y la Defensoría del Pueblo para lograr la liberación, el Ejército insistió en que no suspenderá sus operaciones. “No vamos a frenar, las operaciones se van a seguir desarrollando”, advirtió Caicedo, quien concluyó con una reflexión: “Cuando se piden garantías de seguridad, pero no se permite que la Fuerza Pública se desplace, se abre el camino para que los grupos armados ilegales ingresen al territorio”.
En respuesta a la crítica situación de seguridad que atraviesa la ciudad, Cali recibió un refuerzo de 400 policías que permanecerán de manera definitiva, la Policía Metropolitana completa 6.800 uniformados en servicio en la capital vallecaucana y su área metropolitana. A este pie de fuerza se sumará, en los próximos días, el apoyo temporal de 800 policías adicionales para el plan de seguridad de la Feria de Cali.Según la institución, los nuevos agentes serán desplegados en microterritorios priorizados por su alta incidencia delictiva, mientras que otro grupo fortalecerá unidades especializadas.El alcalde Alejandro Eder reiteró que la ciudad necesita respaldo tecnológico por parte del Gobierno nacional para enfrentar amenazas emergentes.“Reconozco el envío de estos policías, pero requerimos capacidades como sistemas antidrones para proteger a la ciudadanía y a los mismos uniformados”, sostuvo el mandatario.Eder recordó que este año la Alcaldía ha entregado 300 motocicletas y 60 vehículos a la fuerza pública para reforzar las labores de patrullaje y reacción.
En desarrollo de las operaciones contra los grupos armados ilegales que operan en el Pacífico colombiano, la Armada de Colombia, en coordinación con la Policía Nacional, incautó material de guerra, recuperó a dos menores de edad y capturó a un hombre señalado de pertenecer al GAOR Jaime Martínez, en zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca.La acción fue realizada por tropas de la Brigada de Infantería de Marina No. 2 y uniformados de la Policía Nacional, quienes llevaron a cabo un allanamiento en el sector conocido como La Esperanza. En el lugar fue capturado un sujeto, se recuperaron dos menores y se incautaron dos fusiles, dos pistolas, cuatro artefactos explosivos improvisados, detonadores eléctricos, proveedores, 275 cartuchos de diferentes calibres, prendas de uso exclusivo de las Fuerzas Militares y equipos de comunicación.Según las autoridades, este material presuntamente iba a ser utilizado para realizar ataques contra la fuerza pública y la población civil, poniendo en riesgo la seguridad y tranquilidad de las comunidades de la región."De acuerdo con las investigaciones preliminares, el capturado, conocido como alias 'Danilo Gutiérrez', estaría involucrado en actividades como el uso de menores de edad para acciones criminales, la adecuación de drones, la instalación de explosivos, el cobro de extorsiones y labores de inteligencia ilegal en esta zona del Pacífico" dijo la Armada.El capturado, los menores recuperados y el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones y garantizar la protección y restitución de los derechos de los menores.
Son 30 los vallecaucanos lesionados con pólvora en el Valle del Cauca, 12 de ellos menores de edad. Es por este motivo que desde el Gobierno departamental se reitera el llamado para que los ciudadanos eviten el uso inadecuado de estos artefactos que afectan la integridad física de las personas.“La recomendación sigue siendo: no use pólvora, si van a quemar pólvora, que lo hagan los expertos. Recuerde que la pólvora afecta la vida de las personas en condiciones de vulnerabilidad, especialmente los niños, adultos mayores, aquellas personas que tienen problema de enfermedad mental, las personas en condición de discapacidad, la fauna y la flora”, detalló María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle.Buga, Buenaventura, Tuluá y Florida, son los municipios que mayor número de casos registran a la fecha. “Este año seamos generosos y tengamos una fiesta tranquila. Vivamos nuestro 24 de diciembre lleno de ilusión y de esperanza, en familia y sin pólvora”, agregó Lesmes.Las quemaduras en miembros superiores, seguidas por lesiones en cara, cuello, cabeza y miembros inferiores, son las más frecuentes en este tipo de consultas.
Hace pocos minutos, las autoridades confirmaron que unidades antiexplosivos de la Policía realizaron la detonación controlada de un cilindro que había sido cargado con explosivos en el sector de Las Piñas, específicamente en la vía que comunica a Cali con el municipio de Buenaventura.De acuerdo con información preliminar, hombres desconocidos habrían dejado este artefacto en plena carretera, un corredor vial de gran importancia para el suroccidente del país.Por este motivo, las autoridades ordenaron el cierre total de la vía durante varios minutos, con el fin de prevenir cualquier tipo de tragedia mientras se adelantaban las labores de verificación y manejo del riesgo.Conductores que se movilizaban por esta ruta reportaron, a través de las redes sociales, una fuerte congestión vehicular y largos tiempos de espera debido a la restricción del paso.A esta hora, la circulación ya fue restablecida y se registra un flujo normal de vehículos en el sector. Sin embargo, se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen declaraciones oficiales para conocer más detalles sobre este hecho y avanzar en las investigaciones que permitan establecer quiénes serían los responsables.
En un operativo conjunto de las autoridades contra grupos criminales que operan en el suroccidente del país, fue capturado en la frontera con Ecuador alias ‘Caleño’, señalado integrante del Clan del Golfo y requerido por Interpol mediante circular azul.La captura se logró gracias a un trabajo coordinado entre las fuerzas de seguridad de Colombia y otros países, lo que permitió ubicar y detener a este hombre, considerado una pieza importante dentro de esta organización ilegal.Según explicó la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, alias ‘Caleño’ cumplía un papel clave al servicio del Ejército Gaitanista de Colombia. Desde municipios como Riofrío y Trujillo, se encargaba de observar y reportar los movimientos de la Fuerza Pública, información que luego era usada por los jefes del grupo para planear traslados de armas, municiones y personas, así como para cometer asesinatos.“Su función era alertar sobre la presencia de las autoridades para facilitar las acciones criminales de la organización”, señaló la mandataria, al destacar la importancia de esta captura para la seguridad del departamento.Las autoridades indicaron que alias ‘Caleño’ hacía parte del cartel de los más buscados en el Valle del Cauca. Por información que ayudara a dar con su paradero, la Gobernación ofrecía una recompensa superior a los 50 millones de pesos.La general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía Valle, afirmó que esta captura representa un golpe significativo a la estructura del Clan del Golfo, especialmente en su red de apoyo logístico y armado en el suroccidente del país.Tras el operativo, el capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que ahora se encargará de adelantar el proceso judicial correspondiente.
Luego de varios intentos fallidos y de reiteradas solicitudes a través de cartas y mesas de diálogo con el Gobierno nacional, integrantes del comité del paro cívico de Buenaventura decidieron tomarse las instalaciones del Ministerio de Educación Nacional en Bogotá, con el fin de exigir el cumplimiento de los compromisos pactados.De acuerdo con Miyela Riascos, vocera del comité, los estudiantes, tanto de la zona urbana como rural, actualmente no cuentan con condiciones adecuadas para el desarrollo de sus jornadas educativas.“En términos de infraestructura educativa, no tenemos condiciones habitacionales saludables. No hay confort climático, hay humedad, calor excesivo y salones que no están adecuados. Además, no solo se requieren aulas para recibir clases, sino también espacios como laboratorios”, explicó Riascos.En el mismo sentido, el sacerdote Jhon Reyna Ramírez, integrante de la pastoral de Buenaventura y miembro del comité del paro cívico que permanece en Bogotá, aseguró que no regresarán al Valle del Cauca hasta obtener una respuesta concreta por parte del Gobierno Nacional.“Estamos aquí desde el lunes en la noche y hemos continuado trabajando durante el martes y el miércoles. Hoy estamos haciendo un recorrido por todo el tema de infraestructura educativa. La idea es salir con soluciones concretas y no nos moveremos hasta terminar este ejercicio y tener luz verde tanto del Ministerio de Educación como del Ministerio de Hacienda”, manifestó el sacerdote.Otros de los motivos que respaldan la protesta están relacionados con la falta de acceso permanente al agua potable, deficiencias en la atención en salud y la necesidad de garantizar soberanía alimentaria para las comunidades del distrito.