La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia anunció la condena en primera instancia contra el exgobernador del Chocó, Francisco Abraham Palacios Mena, por irregularidades en la contratación de la primera etapa de la sede de la Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis Córdoba en Istmina, un proyecto financiado con recursos del Sistema General de Regalías.La Corte concluyó que el exfuncionario incurrió en el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tras comprobar que tramitó y celebró negocios jurídicos sin observar condiciones esenciales de la contratación estatal.Sin embargo, fue absuelto del delito de peculado por apropiación, al no poder comprobarse que se hubiera apropiado indebidamente de recursos públicos.¿Cuáles son los contratos que tuvo en cuenta la Corte?Este proceso judicial se centró en dos contratos suscritos en 2013: uno de interventoría y otro para la construcción de la primera etapa de la sede universitaria en el municipio de Istmina.Según el fallo, el contrato de interventoría fue celebrado mediante un acuerdo interadministrativo con la universidad sin que su objeto misional justificara esa modalidad de contratación directa.La Corte concluyó que la institución educativa no contaba con la capacidad técnica, administrativa ni logística para ejecutar la interventoría de dicha edificación, lo que llevó a que posteriormente subcontratara esas funciones con un tercero, evidenciando fallas de planeación y transparencia.En cuanto al contrato de obra, el alto tribunal determinó que se adjudicó sin estudios previos completos sobre el terreno, los diseños y las condiciones técnicas del proyecto.Además, se firmó el acta de inicio sin contar con licencia de construcción y el predio presentaba conflictos de ocupación por terceros, lo que impidió la ejecución normal de las obras y generó múltiples suspensiones y modificaciones contractuales.En su decisión, la Corte estableció que existe certeza sobre la responsabilidad penal de Palacios Mena por celebrar contratos sin verificar el cumplimiento de los requisitos legales esenciales. Por ello, anunció sentido condenatorio por ese delito en concurso homogéneo, mientras que dispuso su absolución por peculado.La sentencia completa será dada a conocer en una etapa posterior, en la que se fijará la pena correspondiente por la que deberá responder el exgobernador.
El avistamiento de murciélagos volando en pleno día encendió las alarmas en varios sectores de Cali. En redes sociales y grupos comunitarios comenzó a circular la preocupación de que estos animales podrían estar propagando rabia, generando temor entre los ciudadanos.Ante la inquietud, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) se pronunció para aclarar la situación y desmentir que este comportamiento represente, por sí solo, un riesgo sanitario.En Cali habitan al menos 18 especies de murciélagos, una cifra significativa si se tiene en cuenta que en Colombia se han identificado cerca de 200. Muchas de estas especies están adaptadas a entornos urbanos y periurbanos, y su actividad, incluso en horas diurnas, puede estar asociada a la búsqueda de alimento o refugio, sin que ello represente automáticamente una amenaza sanitaria.La bióloga del grupo de gestión de fauna silvestre del Dagma, Jessica Galíndez, señaló que estos animales enfrentan riesgos derivados principalmente de la desinformación y la pérdida de hábitat.“Este grupo tan importante se ha visto amenazado por la pérdida de hábitat y también por los falsos mitos que se generan por su imagen. Es importante no generar alarma por ver murciélagos volando en el día o en la noche, dado que es una actividad natural en la cual están buscando dónde dormir o qué comer”.La funcionaria insistió en que la presencia de murciélagos no significa que exista un brote de rabia. La enfermedad se transmite principalmente por mordedura o contacto directo con la saliva de un animal infectado, por lo que el riesgo se presenta únicamente si hay manipulación directa.Además, destacó la importancia ecológica de esta especie para el equilibrio ambiental de la ciudad.“Es importante resaltar la importancia de los murciélagos en la naturaleza, dado que contribuyen en la polinización, en la dispersión de semillas y como controladores de insectos que podrían convertirse en plagas. La recomendación del Dagma es no manipularlos y reportar cualquier caso a las autoridades ambientales”.Desde el Dagma reiteraron que, si un murciélago es encontrado herido, en el suelo o dentro de una vivienda, no debe ser tocado ni capturado. En esos casos, la ciudadanía debe comunicarse con la autoridad ambiental para activar el protocolo de atención de fauna silvestre.El llamado final es a la convivencia responsable con la fauna urbana y a evitar la difusión de información falsa que pueda generar miedo injustificado frente a una especie que cumple funciones fundamentales en el ecosistema caleño.
Las recientes alteraciones al orden público en el Valle del Cauca están generando preocupación sobre las garantías de seguridad para las elecciones al Congreso de la República previstas para el próximo 8 de marzo. En municipios con antecedentes de presencia de grupos armados ilegales, las autoridades locales ya evalúan posibles traslados de puestos de votación.Uno de los casos que más inquieta es el de Dagua, donde en las últimas horas se registraron ataques contra la fuerza pública en zona rural. Aunque no se reportaron personas lesionadas, los hostigamientos encendieron las alertas frente a la participación electoral en corregimientos apartados.El personero municipal, Hamlet Caicedo, confirmó que existe una solicitud para revisar la permanencia de tres puestos de votación en áreas rurales del municipio.“Hay una solicitud para dejar tres puestos de votación, puntualmente El Danubio, La Isla y La Cascada. Sin embargo, hasta el momento no se ha emitido ningún tipo de autorización para el traslado. Se entiende que la seguridad de la fuerza pública y de la comunidad es importante, pero también hay que reconocer que parte de la labor de la fuerza pública es brindarle seguridad a la comunidad y permitir que la gente pueda desarrollar en paz su derecho al sufragio”, señaló el funcionario.La situación también genera preocupación en la zona rural de Buenaventura, donde la presencia de estructuras armadas ilegales ha motivado solicitudes de revisión en algunos puestos de votación.El defensor del Pueblo en el Pacífico advirtió que, además de los riesgos de seguridad, existen factores humanitarios que deben analizarse, especialmente en sectores con comunidades desplazadas.“En el corregimiento 8 tenemos comunidades que están desplazadas desde hace mucho tiempo. Esa situación hay que revisarla y verificar si vale la pena mantener puestos de votación allí, donde actualmente permanecen tres o cuatro personas, o si deben trasladarse al casco urbano, donde hoy se encuentra la mayoría de la población desplazada. En el Bajo Calima, en cambio, las comunidades siguen allá y la seguridad debe ser garantizada por la fuerza pública. Esto será objeto de discusión en los próximos comités electorales”, explicó.Las solicitudes serán evaluadas en la próxima mesa de seguridad electoral, donde autoridades locales, departamentales y organismos de control definirán si procede el traslado de puestos de votación y qué medidas adicionales se adoptarán para garantizar el desarrollo de la jornada democrática en el departamento.
En el centro y norte del Valle del Cauca continúan las emergencias provocadas por las fuertes lluvias, que han generado graves afectaciones en la zona rural del departamento. En total son once municipios los que han reportado novedades, relacionadas con vendavales, inundaciones y daños en vías terciarias.Las emergencias más complejas se han registrado en los municipios de Ginebra, con viviendas destechadas; y y Ansermanuevo, donde la creciente súbita de una quebrada generó daños en el puente que comunica a este municipio con Argelia."En el municipio de Ginebra, se tuvo en el corregimiento de Costa Rica un fuerte vendaval que desprendió la cubierta de aproximadamente 32 viviendas. Ya se hicieron los respectivos censos y en las próximas horas, la Secretaría Departamental de Gestión del Riesgo y Desastres atenderá con la asistencia humanitaria requerida para estas familias", señaló el secretario de Gestión del Riesgo del Valle, Francisco Tenorio.Más de la mitad de los municipios del Valle se encuentran en alerta por las lluvias, teniendo en cuenta que estas fuertes precipitaciones podrían extenderse hasta el mes de abril."El municipio de Palmira reportó en la vereda El Chontaduro y en la Buitrera fuertes vientos con desprendimiento de cubiertas. Igualmente el municipio de Ulloa, en Calima Darién hubo afectaciones por movimientos en masa y algunos desprendimientos de cubiertas. El municipio del Cerrito con la inundación de un corregimiento. Los municipios de Bolívar, Toro, Restrepo, Vijes, Ansermanuevo y Yotoco han sido los que nos han reportado afectaciones.", finalizó Tenorio.
La Asociación de Transportadores de Carga, ATC, encendió las alarmas al revelar lo que califica como un problema estructural en varios de los principales puertos de Colombia: cobros irregulares y las presuntas presiones que estarían afectando de manera directa a los camioneros.Según los transportadores, en medio de procesos como asignación de citas, inspecciones y movimientos en patios de contenedores, se estarían exigiendo pagos que van desde 30.000 hasta 300.000 pesos para agilizar trámites. La regla, es que quien paga, avanza más rápido; quien no lo hace, puede esperar hasta 10 días con el contenedor sobre su vehículo, e incluso arriesgarse a ser vetado y quedarse sin trabajo.“Esta situación es más extorsivo, es un enfoque que le hemos querido hacer ver al Ministerio de Transporte y la Superintendencia de mil maneras, pero parece que no lo comprenden”, señaló Anderson Quiceno, presidente de la ATC, tachando esta situación cómo “una estafa legalizada”.Los casos, principalmente se presentan con mayor frecuencia en puertos estratégicos como Buenaventura, Aguadulce, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena y Tolú, donde, según la ATC, algunos operadores portuarios estarían realizando estos cobros, obligando a los conductores a asumir costos que no les corresponden.“Son mafias que están organizadas alrededor de las diferentes necesidades de las operaciones portuarias y son cobradas a los transportadores. Es decir, son los camioneros en última los que tienen que sacar plata de su propio bolsillo para poder que les bajen o les suban un contenedor en tiempo oportuno y no se genere precisamente esa crisis alrededor de lo que tiene que ver con los descargues y cargas de los contenedores”, añadió Quiceno.Pero el impacto va más allá de los pagos irregulares. Cientos de camioneros deben permanecer durante días con la carga montada, funcionando en la práctica como bodegas móviles, mientras se resuelven trámites que son responsabilidad de importadores, exportadores o navieras. Ese tiempo perdido no es reconocido ni remunerado.Las cifras que entrega la asociación son alarmantes. Calculan que entre 200 y 300 camioneros pueden llegar a perder semanalmente entre 26 y 30 millones de pesos cada uno, sumando parqueaderos, alimentación, hospedaje y otros gastos derivados de las largas esperas. En conjunto, las afectaciones superarían los 5.000 millones de pesos por semana.Ante este panorama, la ATC exige al Ministerio de Transporte y a la Superintendencia de Puertos y Transporte que reconozcan un problema que, aseguran, lleva décadas sin resolverse y que trasladen las denuncias a las autoridades competentes.“Si esos cobros son legales, pues que los incluyan precisamente dentro de los costos. Hay que reconocerle a los camioneros para que a través del sistema de costos eficientes se los reconozca la empresa de transporte de carga. Pero no ha habido poder humano que haga entender a los funcionarios del ministerio, comenzando por la viceministra, cuál es el problema estructural en los puertos de Colombia”, exigió el Presidente de la ATC.De no haber intervención, plantean una alternativa. Así como las navieras cobran en dólares las demoras en la devolución de contenedores, los camioneros deberían poder cobrar automáticamente por el tiempo que permanecen retenidos con la carga. Para el gremio, se trata de dignificar al eslabón más vulnerable de la cadena logística nacional.
Quedó lista la obra de reconstrucción y reforzamiento del muro de contención que protege a Centroabastos, la zona industrial de Bucaramanga y unas 150 familias del barrio José Antonio Galán.El proyecto fue promovido desde Centroabastos y materializado por la CDMB (Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga), con una inversión que osciló entre los 27.000 y 28.000 millones de pesos, incluyendo obra, interventoría y estudios previos.Carlos Eduardo Quiroga, gerente de Centroabastos, recordó que durante 20 años enfrentaron crisis recurrentes por las inundaciones generadas por la creciente del río.“Es una obra de reforzamiento de lo que se deterioró desde hace 20 años. Tuvimos una crisis con la inundación por la creciente del río de Oro 2005 y no queríamos volver a pasar lo mismo”, afirmó.Según explicó, la configuración de una curva en el sector generaba que el caudal impactara con fuerza hacia predios vecinos, especialmente hacia Almagrario, lo que provocó emergencias en el pasado.“Lo que hicimos fue generar la problemática, hacer amigos en todas partes y buscar que nos brindaran esta protección. La CDMB fue la que nos prestó atención y construyó la obra”, señaló el directivo.La intervención consistió en la reconstrucción del muro de gaviones en la margen derecha del río de Oro, con una extensión de 866 metros lineales. Durante más de un año trabajaron alrededor de 100 personas en la ejecución del proyecto.La obra incluyó un sistema estructural de avanzada, compuesto por gaviones y 95 anclajes activos que refuerzan el punto más crítico de la margen derecha del afluente. Además, se construyó una estructura especial de estabilización en la parte baja, diseñada para prevenir fenómenos de socavación y erosión lateral provocados por la fuerza del río.También se levantaron estructuras perpendiculares a la margen que permiten la acumulación de sedimentos, formando playas naturales que ayudan a controlar la erosión y disminuir el impacto del caudal sobre la infraestructura.Para Juan Carlos Reyes Nova, gerente de la CDMB, el proyecto trasciende la infraestructura física. “Más de dos millones de santandereanos se ven favorecidos de manera indirecta, de los cuales 1,2 millones hacen parte de la jurisdicción de la CDMB. Esto no es solo infraestructura, es protección de la fuente hídrica, seguridad alimentaria y resiliencia para las futuras generaciones”, recalcó.Con esta obra, se busca mitigar el riesgo de nuevas emergencias en uno de los sectores estratégicos para la economía regional, garantizando mayor estabilidad a la central de abastos y a las empresas asentadas en la zona industrial de Bucaramanga.
La Policía Nacional confirmó que un auxiliar que se encontraba de turno en le Subestación de Puente Iglesias salió de su turno en horas de la tarde del pasado 18 de febrero, decidió ir a las orillas del río Cauca, lugar en donde fue visto por última vez por uno de sus compañeros.La información que se ha conocido hasta el momento es que el auxiliar se lanzó al afluente y nunca más fue visto en la superficie, por lo que se comenzó de inmediato con la búsqueda del joven de 19 años, sin que hasta el momento se hayan encontrado indicios de su paradero.El coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía Antioquia, manifestó que las autoridades en esta zona del Suoreste antioqueño comenzaron con diferentes labores para tratar de hallar al joven auxiliar."Terminó su turno y se fue a bañarse pues al río Cauca, a la ribera del río Cauca y uno de los compañeros pues dio informe que el muchacho se había tirado y no volvió a salir al río. Están en la búsqueda, no ha sido encontrado este jovencito, vamos a esperar que resulta de acuerdo a las labores propias de búsqueda con el personal idóneo en la zona", indicó el uniformado.Por ahora, autoridades de gestión del riesgo de Fredonia y Venecia, así como el DAGRAN de la Gobernación de Antioquia se encuentran haciendo presencia en esta zona. Además, se conoció que incluso se ha hecho un recorrido en lancha por el afluente, sin que se haya avistado al uniformado.Hay que mencionar que debido a las fuertes lluvias que hay caído sobre el departamento de Antioquia, uno de los puntos de riesgo para comunidades es precisamente el río Cauca en donde desde hace varios días se había hecho la recomendación de no hacer ningún tipo de actividades como, por ejemplo, nadar.
En medio de una prolongada crisis política, con cambios frecuentes de presidentes y alta rotación de autoridades, Perú ha logrado mantener una estabilidad macroeconómica que llama la atención en la región.Para explicar ese fenómeno, el exministro de Finanzas Luis Miguel Castilla aseguró en Mañanas Blu 10:30 que la clave ha estado en la fortaleza institucional del Banco Central y en el rechazo ciudadano a la inflación.“Creo que ustedes le han dado al clavo porque la estabilidad en el Banco Central es que ya tenemos el presidente que tenemos ya hace 20 años. Ha sido lo que ha permitido, digamos, lidiar con estas aguas tumultuosas políticas que no se ven. Entonces, la independencia y la continuidad y el manejo meritocrático de la política monetaria ha sido clave en el país”, afirmó.¿Cómo lo han logrado?Castilla señaló que existen dos factores determinantes. El primero, la autonomía constitucional del Banco Central, que —según explicó— ha “blindado al Banco Central del poder político”. El segundo, un consenso social amplio en torno a la estabilidad de precios. “La población no tolera la inflación y eso ha percolado a la clase política”, dijo.Esa combinación ha permitido que presidentes de distintas corrientes ideológicas hayan ratificado en el cargo al actual titular del Banco Central. “Tenemos que presidentes de todo el espectro ideológico, incluido desde García hasta Pedro Castillo, en las antípodas ideológicas han ratificado a Julio Velarde. Entonces a mí me tocó ser el segundo en ratificarlo en la época del expresidente Humala, y eso creo que es el secreto, digamos, de por qué hay esa continuidad y ese respeto”, sostuvo.El exministro destacó además un elemento poco común: el alto nivel de conocimiento ciudadano sobre la autoridad monetaria. “Probablemente sea un país insólito donde probablemente el 80% de la población sepa quién es el presidente del Banco Central. Eso no ocurre en todas partes, y eso creo que hace parte de la credibilidad que tiene el manejo monetario en el Perú”, afirmó.Sobre el papel de la informalidad, Castilla reconoció que tiene un doble efecto. “Es bueno y malo”, explicó. “Es malo porque tenemos mucha población vulnerable cuando hay shocks como la pandemia, no tienen ahorros y son mucho más expuestos a los embates de las crisis. Pero lo cierto es que también ha sido una válvula de escape para poder tener una economía resiliente”.A su juicio, Perú ha vivido un fenómeno particular: “el fenómeno de las cuerdas separadas, ¿no? La economía va por un lado, la política va por el otro”. No obstante, advirtió que esa desconexión tiene límites. “Tanto cambio y tanta rotación de autoridades está minando, está minando a la economía, y eso se ve una paralización de toma de decisiones que le pasa factura a la economía”, señaló. Incluso aseguró que el país podría estar creciendo más con los actuales precios de materias primas: “En lugar de crecer 6% con estos precios, las materias primas debemos estar creciendo al doble. Este, creo que ese 3 podría crecer 6”.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
Las dificultades que atraviesa el sistema de salud actualmente en el territorio nacional no conoce de creencias ni regiones, comunidades indígenas con asentamientos en el Urabá antioqueño denuncian que el sistema de salud los tiene abandonados y buscando como suplir sus dificultades de salud a través de otros medios.Una de las comunidades indígenas más importantes de este país es el Pueblo Zenú, quienes tienen un asentamiento en el municipio de Necoclí. Ellos denuncian que su los miembros de su comunidad están afiliados en su mayoría a la Nueva EPS y Savia Salud, y a causa de la intervención del Gobierno nacional también están sufriendo las consecuencias.Pacientes con patologías como diabetes, cáncer e hipertensión no han recibido sus medicamentos en lo que va corrido de este año, una situación que tiene preocupados a los líderes de su comunidad. "No estamos siendo atendidos, los medicamentos no llegan a los territorios, sobre todo en la zona norte de Urabá. Toda la que tienen atenciones primordiales, diabetes, las personas que tienen de pronto hipertensión, hay personas que necesitan otro tipo de atención, que tienen unas enfermedades graves, no las han atendidas", aseguró Sandra Milena Flores, líder del resguardo indígena Zenú de Necoclí.Esta situación que viven estos resguardos indígenas se concentran en otras zonas del territorio antioqueño, donde la comunidad Zenú también tiene presencia, en municipios como Frontino hay más de 5.000 indígenas que tienen problemas con su sistema de salud, y en Urrao hay más de 4.000 personas de esta comunidad con la misma problemática."Más de 25.000 indígenas, necesitamos primero una buena atención y que la administradora que ingrese nos pueda garantizar eso que tanto solicitamos. La entrega de medicamentos ha sido leve, no quieren ingresar a los territorios, dicen que no hay suministro, hay desabastecimiento y toca esperar mucho tiempo para que puedan ser entregadas", manifestó Flores.Esta problemática de salud que hoy viven más de 27 mil indígenas de la comunidad Zenú en el Urabá antioqueño es expuesta en la primera asamblea departamental de autoridades indígenas del departamento. Con la participación de representantes de más de 120 cabildos.
En Palmira, Valle del Cauca, el Ejército destruyó maquinaria amarilla utilizada para minería ilegal, propiedad de las disidencias de las Farc que delinquen en el centro del departamento. En un operativo desarrollado por las tropas de la tercera brigada del Ejército, en coordinación con la policía del Valle del Cauca, fue encontrado un yacimiento ilegal en el corregimiento de Los Ceibos.El inicio de actividades de minería ilegal, generaba un alto grado de contaminación en el río Amaime, que cruza en la zona y abastece de agua a varias comunidades de este sector rural.En la operación se intervinieron dos dragas y tres motobombas, que serían propiedad del frente Adán Izquierdo, con las cuales generaría más de 60 millones de pesos mensuales, a través de esta economía ilícita."La afectación ambiental sobre la capa vegetal, la remoción de suelo y la contaminación sobre el río Amaime, fuente hídrica de alta importancia para la comunidad, son daños ambientales que llevan de 20 a 30 años para la recuperación del hábitat", indicó la Tercera División del Ejército a través de un comunicado.
Con el paso de las horas, la tensión aumenta en la vía Panamericana debido a este bloqueo que completa cuatro días, el cual es adelantado por comunidades indígenas del resguardo de Cerro Tijeras en el sector de La Agustina, al norte del departamento del Cauca.En medio del tráfico detenido, no solo está represado el transporte de carga y buses intermunicipales, sino también vehículos de la misión médica, tal es el caso de dos ambulancias del hospital San José de Popayán que no han podido regresar a esta ciudad por el bloqueo.A través de un comunicado, el hospital denunció la situación y también advirtió que no ha sido posible el despacho de balas de oxígeno para la institución, las cuales se utilizan en momentos de transporte y soporte.A través de las redes sociales, los transportadores de carga del sur del país denuncian las dificultades que han tenido que atravesar durante estos días, debido a que los manifestantes se tornan agresivos y, en muchas ocasiones, les pinchan las llantas para no permitirles avanzar.A pesar de los intentos de diálogo por parte de las delegaciones del Gobierno nacional, no ha sido posible lograr un acuerdo con las comunidades y, día a día, las afectaciones económicas para la región aumentan, con pérdidas millonarias en todos los sectores."Cada día cerca de 14.000 pasajeros se movilizan por esta vía y, con los bloqueos, estas personas ven vulnerados sus derechos básicos: a la movilidad, al trabajo, a la salud. Las pérdidas económicas superan los 30.000 millones de pesos diarios", dijo Juan Manuel Sanclemente, director ejecutivo del Comité Intergremial del Valle.Diferentes sectores de la región piden urgentemente al Gobierno nacional intervenir la vía Panamericana y habilitar el paso vehicular, y de ser necesario, que este procedimiento se realice con la unidad de diálogo y mantenimiento del orden.
En el más reciente consejo de seguridad realizado en Cali, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que en el suroccidente del país se realizarán bombardeos por parte de la Fuerza Pública, para contrarrestar el accionar delictivo de grupos armados ilegales como las disidencias al mando de alias 'Iván Mordisco', entre otros.Estos bombardeos se desarrollarán inicialmente en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca si se cumplen ciertas condiciones que definen el Gobierno nacional y el Derecho Internacional Humanitario.Al conocer el anuncio y teniendo en cuenta el incremento de ataques aéreos que la disidencia 'Jaime Martínez' ha perpetrado en el Valle del Cauca, la gobernadora Dilian Francisca Toro manifestó su respaldo al anuncio del ministro, asegurando que la ofensiva debe ser fuerte contra este grupo ilegal para proteger a los vallecaucanos."En las únicas veces en las que no se pueden hacer los bombardeos es porque hay menores o sociedad civil alrededor y es difícil, pero nosotros estamos de acuerdo. En donde se pueda bombardear, hay que bombardear porque nosotros sí tenemos mucha afectación aquí. Y si no los bombardeamos nosotros, pues ellos van a afectarnos con actos terroristas como ha venido pasando en Cali, Jamundí, Riofrío y Buenaventura", indicó la mandataria vallecaucana.La gobernadora Dilian Francisca Toro, además, reiteró su llamado para fortalecer la tecnología antidrones en la región y así proteger al departamento de ataques aéreos que han afectado a civiles y miembros de la Fuerza Pública.
Noé Biscué Robledo y Wilson Zuluaga Meneses fueron imputados por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, por ser facilitadores en el homicidio de Cristian Fernando Salinas Chocué, líder comunitario y juvenil e integrante del partido Comunes.Según la Fiscalía, el crimen ocurrió en una estación de servicio del corregimiento de Costa Rica, en Ginebra, Valle del Cauca, el 7 de enero de 2023. La entidad indicó que Biscué Robledo y Zuluaga Meneses seguían y vigilaban a la víctima para conseguir información de su día a día, con el fin de que unos sicarios en moto pudieran cometer el crimen.Así lo explicó la fiscal del caso, quien resaltó que los dos hombres fueron facilitadores del crimen. “Obrando en coparticipación criminal, realizando esta efectiva división de funciones, ustedes eran las personas encargadas de marcar a la víctima, realizar un seguimiento antes de la ocurrencia del hecho, eran las personas encargadas de dar aviso cuando pasara la víctima y así garantizar la ejecución de la acción de matar y portar armas de fuego sin permiso de la autoridad competente”, indicó.Al joven le propinaron varios disparos, después de haberlo seguido por una carretera, hasta llegar a la estación de servicio en donde fue asesinado.La DIJIN capturó a los dos hombres en Ginebra, Valle del Cauca. Los hombres no aceptaron los cargos que les fueron imputados y un juez los envió a una cárcel de la región mientras avanza el proceso.
En el oriente de Cali, cuatro personas resultaron heridas cuando delincuentes atacaron con fusil a una patrulla de la Policía que atendía un supuesto caso de hurto.Este hecho se registró cuando, a la línea 123, se recibió la denuncia del presunto crimen ocurrido en el barrio Manuela Beltrán. De inmediato se envió una patrulla desde la estación de Policía más cercana. Cuando los uniformados estaban llegando al sitio indicado, fueron atacados a disparos por delincuentes.Los patrulleros reaccionaron al ataque, desatando así un enfrentamiento que generó minutos de pánico entre la comunidad, que rápidamente corrió a refugiarse en casas y negocios cercanos.Uno de los aspectos que más llama la atención es que uno de los atacantes estaba utilizando un fusil, con el cual le provocó lesiones a uno de los policías. Otras tres personas también resultaron heridas, quienes rápidamente fueron llevadas al hospital Carlos Holmes Trujillo.De los hombres que iniciaron el ataque, las autoridades confirmaron que uno fue capturado y otro fue abatido en medio de la balacera. Ahora lo que se investiga es si esa llamada inicial, que hizo ir a los patrulleros al lugar de los hechos, habría sido una trampa para poder atacar a los uniformados.
El sector agroindustrial de la caña en el Valle del Cauca y todo el suroccidente del país se encuentra en alerta, en medio de lo que han denominado la crisis del Etanol. Esto debido a la gran cantidad de litros almacenados de este biocombustible, en los tanques de los ingenios que aún no son comercializados.Esta situación hoy amenaza con detener por completo el funcionamiento de la industria, poniendo en riesgo más de 28 mil empleos. Según Asocaña, esto se debe a la falta de controles claros en la comercialización de etanol importado, que en los últimos meses ha reemplazado el producto nacional."Sí, estamos en una crisis, porque tenemos 50 millones de litros de etanol que de no venderse, vamos a tener que parar las plantas de etanol, por ende las plantas de azúcar y de generación de energía. Nosotros hoy estamos con una acumulación de inventarios que todos los días se incrementa y que está desplazando el producto nacional por producto importado", señaló Claudia Calero, presidente de Asocaña.La líder gremial actualmente se encuentra mediando entre los sindicatos y el gobierno nacional, en medio de las protestas que se adelantan en la ciudad de Bogotá, solicitando medidas estructurales para superar la sobre producción del biocombustible, equilibrando el mercado entre el producto nacional con el importado."Que pueda consumirse el producto nacional, que se bajen los inventarios y que las plantas no paren y por supuesto que el empleo no se afecte. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y por el otro lado también, establecer una medida estructural que limite que estas crisis se vuelvan cíclicas, de manera que no volvamos a tener esta crisis que nos tiene a días de parar", aseguró Calero.Si bien la crisis del etanol es la situación más compleja para este sector actualmente, también preocupa la situación de inseguridad que sigue afectando a los trabajadores en las zonas rurales de los departamentos de Valle y Cauca.
El Valle del Cauca sigue destacándose a nivel educativo y así quedó demostrado con la inauguración de una nueva biblioteca universitaria que se destaca a nivel nacional.Se trata de la biblioteca Santiago Cadena Copete ubicada en la Universidad Santiago de Cali, un moderno espacio académico que marca un hito en la transformación institucional de la región.Este nuevo entorno, concebido para fortalecer los procesos de investigación, docencia, extensión y aprendizaje, cuenta con una infraestructura superior a los 2.500 metros cuadrados distribuidos en dos niveles, la biblioteca destaca por su diseño funcional, enfocado en la digitalización, la comodidad y la versatilidad, promoviendo el aprendizaje colaborativo y una experiencia integral para la comunidad universitaria.El espacio cuenta además con una sala de lectura general con capacidad para 500 personas, ocho cabinas de estudio grupal, más de 60 computadores para préstamo, una colección general con capacidad para 60.000 libros, una colección especial de 5.000 ejemplares.La biblioteca facilita el acceso a amplias colecciones físicas y bases de datos especializadas, posicionándose como uno de los centros de información más completos a nivel nacional, lo que contribuye al fortalecimiento de la producción académica y al desarrollo científico de estudiantes, docentes e investigadores.Este nuevo espacio lleva el nombre de Santiago Cadena Copete, uno de los fundadores de la Universidad Santiago de Cali en 1958, cuyo legado ha sido fundamental en la consolidación del proyecto educativo que hoy ubica a la institución como una de las más importantes del suroccidente colombiano.La adecuación y puesta en marcha de la biblioteca representó una inversión superior a los 9.300 millones de pesos, reflejando el compromiso de la USC con la modernización institucional y la calidad académica.“En la USC seguimos fortaleciendo nuestras colecciones bibliográficas y bases de datos, al tiempo que promovemos espacios colaborativos que permiten aprender, compartir y crecer en comunidad, sin dejar de lado el valor del libro físico y el avance hacia la transformación digital”, indicó el rector de la USC, Carlos Andrés Pérez Galindo.
En menos de cinco horas, los habitantes del corregimiento de Timba, en Jamundí, vivieron dos ataques con explosivos perpetrados por el frente 'Jaime Martínez' de las disidencias de las Farc, contra las tropas del Ejército que se encuentran desplegadas en los límites de los departamentos de Valle y Cauca.El más reciente se registró en la noche de este miércoles, en inmediaciones del sector de La Torre, ahí la comunidad reportó por lo menos cinco explosiones, que los obligaron a confinarse en sus viviendas, mientras los militares respondían con un contraataque.Esta misma situación ocurrió en horas de la tarde, en límites de Timba con el corregimiento de Guachinte, donde varios artefactos fueron lanzados también desde drones para afectar a las tropas, afortunadamente en ninguno de los casos hubo lesionados.Estas alteraciones al orden público se suman a las ocurridas en el municipio de Dagua, en el corregimiento de El Queremal, donde en menos de 24 horas fue atacada la estación de policía del sector.
Los habitantes del corregimiento de El Queremal, en zona rural de Dagua, se encuentran atemorizados por las consecuencias que pueda generar para el turismo los últimos ataques contra la estación de policía del sector.Los comerciantes del corregimiento están haciendo un llamado a las autoridades para reforzar la seguridad en la zona, y le extendieron a los visitantes una invitación, junto a un parte de tranquilidad, para que tengan la confianza de seguir visitando el pueblo."Mi papá tiene un negocio allá cerca en el pueblo, él nos comentó lo de ese tema, un amigo también, que tiene su panadería al frente del comando, hasta metralla les cayó ahí adentro del negocio, esquirlas, salieron bastante asustados. Realmente pues no eso no es común, no es de todo el tiempo, o sea el pueblo es muy tranquilo", indicó un comerciante de El Queremal.Aunque la normalidad ha vuelto al corregimiento, el temor persiste teniendo en cuenta que El Queremal cada fin de semana es visitado por ciudadanos de Cali y el resto del departamento, especialmente para las fincas y la presencia de grupo armados pondría en riesgo este sector económico.Por su parte, la alcaldesa del municipio, Karol Villarejo, aseguró que la fuerza pública está completamente desplegada no solo en el Queremal sino también en el resto de la zona rural, para garantizar la seguridad tanto de las comunidades como de los visitantes."Bajo ninguna circunstancia el terrorismo puede ser una de las opciones, estamos viviendo momentos complejos y difíciles en el territorio. Pero, por fortuna tenemos nuestra Policía, al Ejército y el apoyo de la Fuerza Aérea", añadió la mandataria.