Como un paso positivo para que la mesa se mantenga activa calificó el representante de la Iglesia católica en los diálogos de paz, monseñor Héctor Fabio Henao, la Resolución 053 del 25 de febrero, por medio de la cual el presidente Gustavo Petro autoriza la zona de ubicación para la capacitación integral y ubicación temporal del Valle del Guamuez, en el Bajo Putumayo, en el marco de los diálogos de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.El alto prelado dijo a Blu Radio que confía en que este paso trascendental que dio el Gobierno permita restablecer la confianza entre las partes y aseguró que este hecho puede representar un momento muy importante dentro de la transición hacia una forma de ejercicio pleno de la autonomía de la comunidad y dejar atrás cualquier vínculo con la violencia o actividades que puedan afectar a la población o la región en general.Dijo monseñor Henao que este paso es muy valioso y que se deben respetar todas las condiciones pactadas para el buen desarrollo de esa zona de capacitación y ubicación temporal.El representante de la Iglesia católica hizo un llamado a las delegaciones del Gobierno y de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano para que se mantenga la voluntad y se emprenda cuanto antes la transición hacia otras formas de relacionamiento con las comunidades, y mantener en alto los principios que se han trazado a lo largo de la negociación.La Resolución 053 tiene fecha del 25 de febrero y solo se conoció hasta hoy, en la cual el Gobierno establece, "por 10 meses, a partir de la vigencia de la presente Resolución, una zona de ubicación temporal denominada zona para la capacitación integral y ubicación temporal del Valle del Guamuez, ubicada en el área rural de ese municipio del departamento del Putumayo, en el marco del estado avanzado del proceso de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que tendrá como objetivo adelantar el proceso de tránsito a la vida civil de sus integrantes y contribuir en la determinación y terminación del conflicto armado de forma paralela y articulada con las dinámicas de transformación territorial derivadas de la efectiva sustitución de economías ilegales por procesos productivos legales y sostenibles”.La delimitación geográfica de esa zona de capacitación y ubicación temporal está establecida en un documento técnico de carácter reservado.A pesar de que en la resolución no se dice el número de integrantes de Comandos de Frontera que podrían llegar, Blu Radio conoció que en la última reunión de las delegaciones, que se realizó en Tumaco, en el Pacífico nariñense, voceros del Gobierno pidieron a la delegación de ese grupo ilegal que se incrementara de cien a 600 los combatientes que en un primer programa piloto llegarían a esa zona de capacitación y ubicación, que serían distribuidos 300 en el Putumayo y otros 300 en Nariño, donde la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano tiene sus frentes y columnas.En la resolución del Gobierno se dice, en el parágrafo 3, en aplicación de lo establecido en el parágrafo 3 del artículo 8 de la Ley 418 de 1997, modificado por el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022, que dentro de la zona de ubicación temporal que por medio de la presente resolución se establece queda suspendida la ejecución de las órdenes de captura, incluidas las órdenes de captura con fines de extradición, contra los miembros de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano que allí se ubiquen, al igual que durante el transcurso del desplazamiento hacia la misma, conforme al listado que será recibido y aceptado por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, sin perjuicio de las verificaciones relativas a la plena identificación de los miembros, según lo dispuesto en el parágrafo quinto del artículo quinto de la Ley 2272 de 2022.La resolución además contempla que, durante el término de la vigencia de la zona de ubicación temporal que por medio de la presente resolución se establece, el Gobierno Nacional adoptará las medidas necesarias para garantizar las condiciones de seguridad y convivencia, tanto de los integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano que allí se ubiquen como para las personas y comunidades vinculadas en su implementación y funcionamiento en la zona para la capacitación integral y ubicación temporal del Valle del Guamuez.Se deberá garantizar el normal y pleno ejercicio del Estado social de derecho, de modo que las autoridades continuarán ejerciendo sus funciones y atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, sin ninguna excepción y en articulación con los protocolos acordados en la mesa de diálogos de paz, según corresponda.
Tras el anuncio del aumento de aranceles del 30 al 50 % por parte de Ecuador hacia Colombia, crece la preocupación en el Valle del Cauca, segundo mayor socio comercial del vecino país. Esta decisión se da en medio de una disputa de seguridad, donde la administración del presidente ecuatoriano Daniel Noboa asegura que Colombia ha mostrado poco compromiso en la lucha contra las drogas en la frontera.Ana María Castillo, directora de Conexiones Globales de la Cámara de Comercio de Cali, explicó que “el Valle del Cauca es un departamento que comercia en gran medida con Ecuador, es nuestro segundo socio comercial. El año pasado tuvimos más de 460 empresas de todos los tamaños, con más de 368 millones de dólares en exportaciones”.La directora también señaló que “estamos enviando productos de belleza, alimentos, altas manufacturas e ingredientes. El comercio internacional es un gana-gana para ambos países. Ecuador es importante como primer destino de nuestras exportaciones, pero también hay otros mercados: Centroamérica y Caribe. Desde la Cámara de Comercio vamos a seguir acompañando a las empresas para conquistar nuevos mercados”.Por su parte, Juan Manuel Sanclemente, director ejecutivo del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, hizo un llamado a los gobiernos de ambos países: “Hacemos un llamado especial al gobierno ecuatoriano y al gobierno colombiano para que no sea a través de tarifas que solucionemos nuestras dificultades en materia de seguridad, sino mediante la diplomacia y la concertación de una agenda decidida de seguridad que nos permita salir de esta problemática”, indicó.Se espera que en las próximas semanas se logre destrabar el escenario comercial y evitar un impacto prolongado sobre la economía del suroccidente colombiano.
El gerente del Hospital Universitario del Valle, Irne Torres, respondió a los señalamientos hechos por el presidente Gustavo Petro, quien cuestionó públicamente el modelo de vinculación laboral en la institución y lo calificó como un “centro de esclavitud”.En entrevista con Mañanas Blu, Torres rechazó esa afirmación y aseguró que se trata de un señalamiento “desafortunado” contra el personal médico y asistencial que, según dijo, garantiza la atención de pacientes en medio de la crisis del sistema de salud.“Es muy triste que la primera autoridad del país haga un comentario de ese tipo frente a un talento humano que está salvaguardando la salud de los vallecaucanos”, afirmó el gerente, quien calificó la declaración como “prematura” y “discriminatoria”.Vinculación por agremiaciones sindicalesUno de los puntos centrales del debate es la forma de contratación del personal. Según explicó Torres, el hospital vincula parte de su talento humano a través de agremiaciones sindicales que, aseguró, están autorizadas por el Ministerio de Trabajo.De acuerdo con sus cifras, actualmente hay 3.078 personas vinculadas mediante estas agremiaciones, 475 trabajadores en planta y el resto corresponde a personal contratado por empresas de aseo y vigilancia.La viceministra de Trabajo, Sandra Muñoz, señaló que existiría una desproporción, pues cerca del 90 % del personal estaría bajo la figura de contrato sindical. Torres respondió que esa cifra es imprecisa y que no ha recibido un informe oficial con hallazgos concluyentes.“Son figuras que están autorizadas por el Ministerio. No se puede satanizar un proceso que ha sido validado institucionalmente”, sostuvo.Diferencias salarialesDurante la entrevista también se abordó la presunta brecha salarial entre trabajadores de planta y quienes están vinculados por agremiaciones. Según lo expuesto por el Gobierno, un empleado de planta podría recibir en promedio 3.300.000 pesos mensuales, mientras que uno vinculado mediante contrato sindical percibiría cerca de 1.700.000 pesos.Torres reconoció que existen diferencias entre las modalidades de contratación, similares a las que se presentan en contratos de prestación de servicios frente a cargos de planta. Sin embargo, aclaró que el hospital no define directamente cuánto reciben los trabajadores afiliados a las agremiaciones.“Nosotros contratamos un servicio mediante licitación y la agremiación, de manera autónoma, establece la compensación de su talento humano”, explicó.Limitaciones financieras y Ley 550El gerente indicó que el hospital se encuentra bajo la Ley 550, lo que limita la creación de nuevas plazas en planta y obliga a utilizar las herramientas contractuales disponibles para garantizar la prestación del servicio.Añadió que la institución depende en gran medida de los pagos que realizan las EPS por los servicios facturados y que, según afirmó, actualmente los hospitales reciben menos del 50 % de lo que facturan.“Utilizamos los mecanismos que nos permite la ley para garantizar la atención, no para desconfigurar los derechos de los trabajadores”, señaló.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
La Alcaldía de Santiago de Cali alertó a la ciudadanía tras conocer denuncias sobre grupos políticos que estarían ofreciendo bajar el puntaje del Sisbén a cambio de apoyo electoral. Las autoridades señalaron que estos ofrecimientos son falsos y buscan engañar a la comunidad, aprovechándose de la necesidad de los ciudadanos.Frente a esta situación, la subdirectora de Desarrollo Integral del Departamento Administrativo de Planeación, Vanessa López, explicó que no existe ninguna persona autorizada para modificar la clasificación del Sisbén.“Queremos alertar a la ciudadanía sobre supuestos ofrecimientos para bajar la clasificación del Sisbén, los cuales no son ciertos. El Sisbén no depende de funcionarios, campañas políticas ni de ningún tipo de intermediarios. La clasificación depende únicamente de la encuesta que se realiza en cada hogar, por lo que ninguna persona tiene la facultad de reclasificar a un ciudadano dentro del Sisbén”, afirmó la funcionaria.Por su parte, José Valencia, coordinador de los Puntos de Atención Sisbén, indicó que la categoría asignada a cada ciudadano responde a un procedimiento técnico definido a nivel nacional.“La categoría del Sisbén no se negocia ni depende de candidatos o partidos políticos. Es un proceso técnico que depende exclusivamente del Departamento Nacional de Planeación. Si una persona no está de acuerdo con su clasificación, puede solicitar una nueva encuesta seis meses después de la última aplicación, que es la única vía oficial para que su situación socioeconómica sea evaluada nuevamente”, explicó.Finalmente, la Alcaldía de Cali hizo un llamado a la ciudadanía a no entregar documentos ni información personal a terceros que prometan alterar la clasificación del Sisbén y a denunciar ante las autoridades cualquier situación irregular relacionada con este sistema.
La Lotería de Bogotá volvió a captar la atención de miles de jugadores en todo el país con su sorteo número 2835, realizado en la noche del jueves 19 de febrero de 2026. Con un atractivo plan de premios y múltiples categorías, esta edición dejó nuevos ganadores en diferentes regiones de Colombia y reafirmó su posición como una de las loterías más consultadas cada semana.Premio Mayor de $10.000 millonesEl gran ganador de la noche fue el número 5816 de la serie 073, correspondiente al Premio Mayor de $10.000 millones. Este billete se convirtió en el protagonista del sorteo, marcando un momento especial para su afortunado poseedor y consolidando el atractivo de este tradicional juego de azar, que cada jueves genera expectativa en miles de hogares colombianos.Premios secos del sorteo 2835 de la Lotería de BogotáAdemás del premio mayor, el sorteo entregó una amplia lista de premios secos en distintas categorías, ampliando las oportunidades de ganar.Premio Trébol Mágico – $1.000 millones3016 – Serie 1092 Premios Duendes de los Deseos – $500 millones6011 – Serie 1386064 – Serie 2813 Premios Gatos de la Fortuna – $200 millones0341 – Serie 2664963 – Serie 3609349 – Serie 1536 Premios Alcancías de los Sueños – $50 millones2254 – Serie 0945528 – Serie 3629529 – Serie 4035258 – Serie 1219018 – Serie 3569583 – Serie 33010 Premios Herraduras Suertudas – $20 millones0021 – Serie 4011244 – Serie 3585847 – Serie 2466590 – Serie 3926591 – Serie 4206662 – Serie 2558278 – Serie 1718419 – Serie 4468436 – Serie 1858954 – Serie 04430 Premios Estrellas Fugaces – $10 millones0228 – Serie 2288000 – Serie 0676535 – Serie 0246005 – Serie 1734554 – Serie 0903608 – Serie 3131963 – Serie 3320354 – Serie 0518260 – Serie 0237456 – Serie 2186217 – Serie 0394951 – Serie 0553658 – Serie 1102275 – Serie 1560522 – Serie 0929072 – Serie 4327566 – Serie 1586386 – Serie 4514980 – Serie 4173937 – Serie 3152619 – Serie 1340890 – Serie 2339414 – Serie 4057942 – Serie 3766426 – Serie 2255960 – Serie 4594427 – Serie 2983168 – Serie 3381841 – Serie 1289460 – Serie 087Una tradición que respalda la salud en ColombiaCon más de un siglo de historia, la Lotería de Bogotá se mantiene como uno de los juegos de azar más tradicionales del país. Su plan de premios, la transmisión en vivo de los sorteos y la constante aparición de ganadores en distintos departamentos fortalecen la confianza de los jugadores semana tras semana.Además, parte de los recursos recaudados se destinan al fortalecimiento del sistema de salud en Colombia, lo que refuerza su impacto social y su relevancia dentro del panorama de las loterías nacionales.Los resultados publicados corresponden a los números oficiales del sorteo 2835 del 26 de febrero de 2026. Se recomienda a los jugadores verificar sus billetes con los canales oficiales para confirmar cualquier premio.
Según el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, en el 2026 la capital fue testigo de 1.761 manifestaciones, que según estas cifras hubo un incremento del 20 % frente al 2024. Números que se revelan después de que la concejal Heidy Sánchez asegurará que efectivamente el distrito plantea la posibilidad de cambiar los protocolos que están estipulados en el decreto 053 del 2023 en el marco de las protestas y bloqueos. Según la cabildantes, esta respuesta se dio por un derecho de petición radicado al Distrito.“¿Se plantea, por parte de la administración distrital, agún cambio en el protocolo contenido en el decreto 052 de 2023? A lo que el distrito respondió: “Esta dirección se encuentra adelantando un análisis de cáracter telecinco y jurídico"", menciona el documento.Y es que, según los explicado por la administración del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, la principal razón con este cambio es salvaguardar la integridad de quienes no participan en las manifestaciones y protestas, proteger vias y lugares importantes como el aeropuerto, edificios administarivos y hasta el TransMilenio, que ha sido victima de vandalizaciones en medio de las alteraciones de orden público.Sin embargo, esto ha generado algunas reacciones. Precisamente la concejal Heidy Sánchez aseguró que en vez de cambiar estos protocolos que, según afirma, “activa inmediatamente la represión”, hay que activar más canales de diálogo.“Quieren que el TransMilenio sea intocable y que, cuando alguien ose bloquearlo, se anulen sus derechos y se active inmediatamente la represión violenta por parte de la Policía. En vez de entender por qué la gente protesta más, en vez de robustecer los canales de diálogo, para que los gestores ayuden a generar puentes con las autoridades competentes y no se limiten a pedirle a los manifestantes que se retiren de la vía, lo que hace esta administración es agudizar la represión", concluyó la concejal.Entretanto, hay quienes defienden la iniciativa del Gobierno distrital. El concejal Juan David Quintero aseguró que es de carácter urgente blindar TransMilenio en medio de los bloqueos ya que “defender los derechos es de carácter fundamental”.“Bloquear TransMilenio impide que la gente llegue a las clases, a la cita médica, al trabajo… Acciones que concretan derechos fundamentales. Que algunos pocos, busquen defender sus ideas políticas violando derechos fundamentales no es admisible en nuestra democracia. No más bloqueos a TransMilenio. El derecho a la protesta no puede seguir anulando los derechos de los usuarios del sistema", escribió.Asimismo, la respuesta de la Secretaría de Gobierno de Bogotá es que este proyecto busca blindar a las persianas que se ven afectadas por los bloqueos en la ciudad, es decir, pacientes, trabajadores que van de regreso a casa o simplemente de quien no participa en las protesta.“Consideramos desmedido el bloqueo deliberado, incluso a veces el ataque violento, contra el transporte público en horas pico y en troncales, afectando millones de personas que van a estudiar, trabajar o a una cita médica. Los derechos de todos y todas importan”, concluyó el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero.
Con el objetivo de garantizar una jornada transparente, segura y en paz, la Procuraduría General de la Nación anunció un amplio dispositivo de acompañamiento para las elecciones del próximo 8 de marzo en el departamento de Santander.La procuradora regional de instrucción de Santander, Magda Buendía, aseguró que, a la fecha, no se tiene identificado ningún riesgo electoral en el territorio, gracias al trabajo preventivo que se ha venido adelantando de manera articulada con las diferentes autoridades.La estrategia hace parte de una iniciativa liderada por el procurador general, Gregorio Eljach, denominada “paz electoral”, que busca promover elecciones transparentes, seguras y respetuosas de los resultados.El lanzamiento de la campaña en Santander se realizó en la Universidad Industrial de Santander (UIS), con la participación de funcionarios de la Procuraduría, quienes invitaron a la comunidad estudiantil a convertirse en multiplicadores del mensaje democrático.“La campaña es una iniciativa del señor procurador Gregorio Eljach para que las elecciones se realicen de una manera transparente, segura. La estrategia se llama Paz Electoral y en ella están la Registraduría y la Contraloría. La idea es que las elecciones se desarrollen de manera consciente, oportuna y libre, que se respeten los resultados”, expresó Buendía.Frente al panorama para la jornada del 8 de marzo, la procuradora regional fue enfática en señalar que no existen alertas de riesgo en el departamento.“Hasta el momento no tenemos un riesgo. Hemos trabajado para ello. En cada puesto de votación va a haber seguridad de Policía y Ejército. De igual manera, en cada punto va a estar el Ministerio Público en las mesas de justicia, unidos con la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y las personerías”, indicó.La articulación institucional incluye la presencia de organismos de control y autoridades de seguridad en todos los puestos de votación, con el fin de prevenir irregularidades y atender de manera inmediata cualquier eventualidad.Como parte del dispositivo especial, la Procuraduría dispuso la conformación de un grupo élite que recorrerá los distintos puntos y puestos de votación durante la jornada electoral.“Se han dispuesto funcionarios y también unos grupos élites para estar revisando las elecciones. El grupo élite va a pasar revista por todos los puntos y puestos de votación y, si se presenta alguna situación que amerite la presencia de la Procuraduría Regional o de alguno de los procuradores provinciales, vamos a estar ahí tratando de solucionar en tiempo las situaciones que se puedan presentar”, explicó la procuradora.En el área metropolitana de Bucaramanga se contará con aproximadamente 120 funcionarios de la entidad, además de procuradores judiciales que acompañarán los escrutinios en cada una de las comisiones.“Tenemos todo dispuesto. Hay un compromiso de todos los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación frente a esta campaña de Paz Electoral”, puntualizó Buendía.Con este despliegue institucional, las autoridades buscan garantizar que la jornada electoral del 8 de marzo en Santander se desarrolle con normalidad.
Las autoridades en Manizales capturaron al exalcalde de Filadelfia y actual subgerente de Inficaldas, William Jairo Noreña Vázquez, de 50 años, por un hecho violento ocurrido al interior de una residencia-hotel ubicada en inmediaciones de la Plaza de Bolívar, establecimiento donde, según versiones conocidas, prestan servicios trabajadoras sexuales y mujeres transgénero.De acuerdo con el informe de la Policía, una llamada a la línea de emergencias alertó sobre la situación. Al llegar al lugar, las patrullas encontraron a dos personas lesionadas y procedieron a la captura en flagrancia del dirigente político.El reporte oficial indica que, según las versiones recopiladas en el sitio, el exmandatario habría accionado un arma de fuego contra las dos personas. Una resultó herida en un glúteo y la otra en una pierna y en el abdomen.Durante el procedimiento fue incautada una pistola con cinco municiones. La Policía precisó que el arma contaba con permiso de porte vigente, aunque actualmente rige suspensión general de estos permisos por la temporada electoral.En la plazoleta del comando ubicado en el barrio Linares, la institución presentó oficialmente al capturado, realizó la reseña y el registro fotográfico como parte del protocolo judicial.Le puede interesar: Capturan en Caldas, Antioquia, a hombre buscado por Interpol mediante circular azulEl detenido deberá comparecer en audiencias concentradas ante un juez de control de garantías, quien definirá la legalidad de la captura, la eventual imputación de cargos y si procede o no una medida de aseguramiento.Las autoridades no entregaron mayores detalles sobre el curso de la investigación. No obstante, este medio conoció que el caso podría estar relacionado con un presunto intento de hurto, escenario en el que el exalcalde habría utilizado su arma en lo que considera defensa propia. Además, en un video que circula en redes sociales y que, al parecer, fue grabado por el propio implicado, se escucha mencionar que habría accionado el arma porque intentaban despojarlo de dinero en efectivo y presuntamente lo habrían amenazado con un arma blanca.Por ahora, el capturado mantiene la presunción de inocencia mientras avanza el proceso judicial.
El Ministerio de Defensa anunció una recompensa de 50 millones por información de los responsables del ataque con dron a una familia en Segovia y 20 millones por quien operaba este artefacto. Las autoridades aún intentan determinar qué grupo armado está detrás de esta acción criminal.A la indignación que se registra en Antioquia por el asesinato de una madre y sus dos hijos, tras el ataque con dron con explosivos a su vivienda en la vereda Jaguas del municipio de Segovia, se sumó en las últimas horas el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.Tras cuestionar lo sucedido, el jefe de cartera de Defensa anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quien brinde información efectiva sobre el operador del dron que lanzó el explosivo y hasta 50 millones de pesos por cada uno de los cabecillas de la estructura terrorista que estaría detrás de lo sucedido.Sánchez anunció que estas muertes, que calificó como infames, no quedarán en la impunidad, por lo que las capacidades de la Fuerza Pública han sido desplegadas en esa zona del nordeste del departamento para localizar y neutralizar a los criminales que perpetraron este hecho.El ministro calificó el hecho como un acto de terrorismo y cobardía, cuestionando cómo se puede describir a quienes asesinan de forma cruel a una madre y sus hijos y utilizan explosivos de manera indiscriminada contra personas inocentes. Señaló que estas acciones destruyen familias campesinas y dejan a comunidades enteras marcadas por la violencia, obligándolas a vivir con la ausencia permanente de sus seres queridos, víctimas de estructuras criminales que actúan sin ningún respeto por la vida.Si bien una de las hipótesis que mayor relevancia cobra es que el Frente 4 de las disidencias estarían detrás de la situación que enluta al departamento de Antioquia, las autoridades indicaron que es materia de investigación teniendo en cuenta la “alianza criminal” que tiene este grupo guerrillero con el ELN contra el Clan del Golfo. El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, indicó que el hecho amerita una atención prioritaria por parte del Gobierno nacional.Vale la pena recordar que, por estos hechos, perdieron la vida María Cecilia Silva Silva, Yalusan Cano Silva y Alonso de Jesús Silva, a la par que quedó herido Carlos Arcaes Silva, de 50 años, quien se recupera en el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín por la gravedad de sus heridas.
En un nuevo hecho de violencia que sacude a la capital vallecaucana, Jesús Antonio Cuadros Osorio, primo del padrastro del niño Lyan Hortúa, quien fue recientemente liberado tras un secuestro perpetrado por disidencias de las Farc, fue asesinado en un ataque sicarial en el barrio Bretaña, comuna 9 de Cali.El ataque ocurrió hacia las 9:40 de la mañana en el interior de una cafetería del sector. Según la Policía Metropolitana de Cali, un sicario disparó por la espalda a Cuadros Osorio mientras este desayunaba. El hombre de 38 años falleció en el lugar de manera inmediata. Junto a él se encontraba una mujer de 52 años que resultó gravemente herida y fue trasladada a un centro asistencial, donde permanece en recuperación.Las autoridades confirmaron que la víctima tenía antecedentes judiciales por porte ilegal de armas de fuego, lesiones culposas, y había sido víctima de un intento de homicidio en 2014.El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación asumió el caso para esclarecer las circunstancias del crimen e identificar a los autores materiales. Se investiga si este asesinato guarda relación con otros hechos violentos recientes en la ciudad.Deudas entre narcotraficantes, la historia detrás del secuestro del pequeño Lyan HortúaLa versión que ha circulado sostiene que Cuadros pudo haber sido la misma persona que negoció con los plagiarios para la liberación de Lyan.Este hecho ha llevado a las autoridades a plantear la hipótesis de que tanto el secuestro del niño como el asesinato podrían estar relacionados con un antiguo ajuste de cuentas entre la banda criminal Los Rastrojos y otros grupos criminales que operan en la región.
Después de 19 días de incertidumbre y angustia, la historia del pequeño Lyan José Hortúa, dio un giro que tiene a las autoridades y a la población impresionada. Ahora las autoridades de Cali están investigando posibles conexiones entre su secuestro y un reciente asesinato, lo que sugiere un ajuste de cuentas entre bandas narcotraficantes. La liberación de Lyan Hortúa El pequeño Lyan fue liberado tras un secuestro que atrajo la atención nacional. Sin embargo, la alegría de su retorno se vio ensombrecida tras el asesinato de Jesús Antonio Cuadros, un empresario, quien había estado involucrado en el pago del rescate. Cuadros y su esposa, Esmeralda Troches, fueron atacados a disparos en una cafetería del barrio Bretaña, en Cali, un hecho que ha consternado a la comunidad. Las versiones oficiales y las investigaciones Tras la muerte de Cuadros, las autoridades han revelado que podría haber tenido conflictos previos con bandas criminales debido a antecedentes legales. Según el general Carlos Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, Cuadros había sobrevivido a un intento de asesinato hace más de una década. Los detalles sobre este crimen se están investigando para esclarecer si están vinculados al secuestro del menor. La conexión entre el secuestro y el crimen La versión que ha circulado sostiene que Cuadros pudo haber sido la misma persona que negoció con los plagiarios para la liberación de Lyan. Este hecho ha llevado a las autoridades a plantear la hipótesis de que tanto el secuestro del niño como el asesinato podrían estar relacionados con un antiguo ajuste de cuentas entre la banda criminal Los Rastrojos y otros grupos criminales que operan en la región. Asesinato del primo del padrastroGerardo Mendoza, personero de Cali, enfatizó que la muerte de Cuadros es especialmente trágica considerando que él había luchado por la liberación del niño. "La muerte no puede hacer carrera en el territorio, sobre todo en el caso de alguien que se esforzó por recuperar a una víctima", afirmó Mendoza. Escuche aquí el informe:
En horas de la madrugada de este viernes, 23 de mayo, se registró un fuerte temblor hoy de magnitud 4.7, según el reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano (SGC) el cual encendió las alertas en la región pacífica y el cual se sintió más fuerte en los departamentos del Valle y Cauca.“Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2025-05-22, 23:56 hora local Magnitud 4.7, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Océano Pacífico ¿Sintió este sismo?”, indicó el SGC sobre ese incidente en horas de la madrugada, el cual tuvo como epicentro el océano pacífico.En redes sociales, varios personas se reportaron minutos después de lo sucedido asegurando que sí se sintió bastante fuerte, pero, por ahora, no se han reportado daños materiales ni heridos a raíz de este fenómeno.“Al sur de Cali se sintió fuerte aunque pasó muy rápido”; “Sí, desde Jamundí Valle lo sentí, corto pero fuerte”; “Si se sintió en Cali”; “Se sintió en Dapa corregimiento de Yumbo, suave. Al ser en el Pacífico”, fueron algunos comentarios.
Tras sostener una reunión durante varias horas en el Centro de Eventos Valle del Pacífico del municipio de Yumbo, Valle, los 42 alcaldes del departamento decidieron enviarle una carta abierta al presidente, Gustavo Petro, manifestando su descontento, por las afirmaciones que, a través de su cuenta de X, habló sobre la cancelación de recursos a la región porque, según él, la gobernadora Dilian Francisca Toro, sería la responsable de la caída de la consulta popular en el Senado la semana pasada.Ante esto, los mandatarios de la región señalaron que los recursos pertenecen a obras importantes en el Valle del Cauca y que cualquier movimiento podría afectar su desarrollo que perjudicaría más adelante a la población."Esta carta es para expresarle nuestra preocupación por la advertencia injustificada del Gobierno nacional de suspender los recursos comprometidos para proyectos en el Valle, por eso nos hemos reunido, y nuestro llamado es al cumplimiento de los compromisos adquiridos en proyectos como Tren de Cercanías, Tren del Pacífico, Acueducto para Buenaventura, Licitación del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, Dragado al canal de acceso al Puerto de Buenaventura, vía Mulalo-Loboguerrero, proyecto de soberanía alimentaria, porque son proyectos de un resultado de trabajo de años entre todos", explicó Leonor Abadía, alcaldesa de Guacarí.En ese mismo sentido, la carta puntualizó que otro de los temas que les preocupa a los alcaldes, es la falta de interés que ha tenido el gobierno para cumplir con otras obras que no presentan avances y que fueron compromisos del actual gobierno."En los municipios seguimos esperando muchos de los proyectos prometidos por el Gobierno vitales para el desarrollo para la comunidad, obras que se realizaran con recursos del estado como por ejemplo, plazas de mercado, plantas de potabilización de agua potable, Petar, vías, programas de vivienda, seguridad y recursos para los hospitales que hacen parte de las necesidades de los territorios y que hoy no cuentan con los recursos prometido, y expresamos que esto nos tiene en incertidumbre y exigimos lo que nos corresponde", dijo la alcaldesa.La carta finaliza con una invitación que se le hace al Presidente, Gustavo Petro, al Valle del Cauca, este próximo 29 de mayo para llevar a cabo una reunión, en la cual se pueda debatir los temas relacionados con los recursos y las obras que aún no han podido iniciar por falta de recursos, especialmente en aquellos municipios que dependen únicamente de los recursos girados por la nación.
En alerta se encuentran las autoridades sanitarias en Yumbo, Valle, por cuenta de un brote de un virus en tres instituciones educativas, las cuales tuvieron que suspender de manera inmediata sus actividades escolares para evitar un contagio masivo de niños, tras conocer que varios casos dieron positivo.Se trata de un virus conocido como Coxsackie, con un periodo de incubación de 3 a 6 días, y empieza como un sarpullido y después ocasiona llagas o erupciones cutáneas y se da principalmente en menores de cinco años."Este es un virus que comúnmente llámanos de boca y pies y, desde la Secretaria de Salud, intensificamos las actividades de vigilancia para ciertos virus. Identificamos que en tres instituciones de nuestro municipio, encontramos alrededor de 13 niños sospechosos y por eso cerramos tres aulas en la primera institución, en la segunda institución tuvimos que cerrar todo el salón y en la última solo se hizo una jornada de limpieza", dijo Olga Mariño, secretaria de salud de Yumbo.Asimismo, indicó que en este momento los menores de edad se encuentran aislados y bajo seguimiento médico, ya que el virus ocasiona diferentes reacciones que afectan gravemente la salud de los niños."Los niños presentan fiebre. Posterior a esto, hacen ampollas en la boca, las manos y los pies, genera malestar, diarrea, dolor de garganta, y este virus es altamente contagioso, aunque es un virus que no tiene un alto porcentaje de muertes por casos asociados a su diagnóstico, pero es importante que los padres estén atentos a los síntomas", explicó la funcionaria pública.Entre tanto, la alcaldía decidió llevar a cabo jornadas de desinfección, limpieza y prevención en todos los colegios de ese municipio para reducir al máximo el riesgo de un brote en otros colegios.
El Ministerio del Trabajo realizó una visita de inspección al Hospital Universitario del Valle (HUV) con el fin de revisar las condiciones de contratación de más de 4.000 trabajadores. La diligencia buscaba establecer si se están garantizando los derechos laborales del personal que presta sus servicios en esta institución de salud.Según explicó la viceministra de Relaciones Laborales, Sandra Milena Muñoz, su despacho recibió denuncias que indican que cerca del 90 % del personal estaría vinculado de manera irregular a través de contratos sindicales.“El 90 % del personal del hospital estaría intermediado de manera ilegal a través de la figura del contrato sindical. Estamos hablando de alrededor de 4.000 trabajadores bajo contrato sindical y solo 260 con vinculación directa. Esto genera discriminación laboral. Trabajadores que hacen las mismas funciones reciben salarios muy distintos. Mientras un trabajador con contrato sindical gana cerca de $1.700.000, un trabajador directo puede ganar $3.300.000", dijo Muñoz. Además, la funcionaria aseguró que a este personal "no se le reconoce jornadas justas, horas extras, licencias, incapacidades ni 15 días de vacaciones, como lo establece la ley, sino que solo les dan 5”.Agregó que, durante la inspección, también se identificaron riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, así como denuncias por posibles represalias.“Adicional a esto, hemos identificado riesgos químicos, físicos y ergonómicos. Durante la inspección a la morgue encontramos un manejo inadecuado del formol, que podría generar afectaciones graves a la salud a futuro, incluso, riesgos cancerígenos. Además, varios trabajadores se han acercado a los inspectores para manifestar que temen denunciar estas situaciones, porque aseguran que podrían ser despedidos”.Por su parte, el gerente del Hospital Universitario del Valle, Irne Torres Castro, explicó que la institución realiza la contratación de estos servicios mediante procesos de licitación pública y que se acogerán a las conclusiones de la inspección.“Desde el hospital hemos adelantado procesos de licitación pública, en los que se ofertan los servicios y las necesidades de los distintos procesos. Estos procedimientos se realizan de manera juiciosa y responsable. Esperaremos el concepto y los resultados de la inspección del Ministerio del Trabajo y, con base en ello, tomaremos las decisiones que correspondan”.Esta inspección, según el Ministerio del Trabajo, busca garantizar los derechos laborales de los trabajadores del Hospital Universitario del Valle, sin afectar la prestación de los servicios de salud que reciben los pacientes.Sobre el tema se pronunció el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta en la red social X. "En el hospital universitario del Valle tenían practicamente un centro de esclavitud. La fuerza de la salud debe ser respetada", escribió el presidente Petro.
Las autoridades en Cali continúan adelantando megatomas para reforzar la seguridad y contrarrestar hechos delictivos y homicidios en la capital del Valle del Cauca. Recientemente, los operativos se concentraron en el barrio Sucre, en el centro de la ciudad, donde fueron desplegados cerca de 100 uniformados con el apoyo de varios drones que permitieron el monitoreo en tiempo real de la zona intervenida.Durante la jornada se realizaron actividades de control, registro y verificación tanto en vía pública como en establecimientos abiertos al público. Según informó el coronel Milton Melo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el balance dejó al menos 250 registros a personas y vehículos.Además, las autoridades suspendieron temporalmente la actividad económica de dos establecimientos comerciales por incumplir varios requisitos exigidos por la normativa vigente.La Policía señaló que estos operativos se mantendrán en diferentes sectores de la ciudad. Sin embargo, durante esta semana las intervenciones se concentrarán especialmente en el centro de Cali, con el apoyo de la Alcaldía y del Ejército Nacional, como parte de la estrategia integral para fortalecer la seguridad y recuperar espacios en esta zona de alta afluencia comercial.
Debido a las lluvias recientes en el sur del país, el Valle del Cauca se ha visto afectado por la creciente del río Cauca. Varios municipios cercanos al afluente ya han sentido los efectos, como Candelaria, donde se ha declarado alerta roja.Marco Antonio Suárez, director de la Corporación autónoma regional del Valle del Cauca (CVC), advirtió sobre la situación: “Ha aumentado las precipitaciones en el Valle del Cauca, por encima de los promedios históricos para estas fechas. Por la razón por la cual hago un llamado a todos los alcaldes de Candelaria, Palmira y, por supuesto, de Cali, a los organismos de gestión del riesgo, a la comunidad aledaña a nuestro río Cauca, que estén atentos a los llamados de la CVC, que acaten las recomendaciones de los organismos de control, pero por favor, este no es el momento de estar cerca de nuestro río Cauca, porque está una situación irregular", dijo.Desde Cali, Ricardo Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo, explicó la dinámica del río: “Tenemos que aclarar que no es por la lluvia propiamente del distrito, sino por el departamento del Cauca. El río Cauca es un río en crecimiento lento que depende de los ríos tributarios del Cauca. Tenemos Salvagina, tenemos el Palo y el Desbaratado. Estos ríos y las precipitaciones que se presentan en esos departamentos son los que hacen que el río Cauca crezca. Nosotros atendemos todo el tema de los reportes de manera inmediata, articulamos con los técnicos, con Cruz Roja, Defensa Civil y todas las entidades que hacen parte de este sistema distrital.”Las autoridades reiteraron que es fundamental seguir las indicaciones de los organismos de socorro y mantenerse atentos, mientras las entidades continúan con los controles y la vigilancia para evitar emergencias mayores.
En el Bulevar del Río, uno de los espacios públicos más emblemáticos de Cali, la ocupación temporal de una zona peatonal por parte de un restaurante generó molestia entre algunos ciudadanos, quienes consideraron que este lugar debería ser exclusivo para el disfrute colectivo y no para fines privados.A través de videos en redes sociales, los caleños manifestaron su inconformidad frente a la presencia de mesas y estructuras que, según ellos, alteraban la dinámica normal del espacio.Frente a esta situación, la Alcaldía explicó que no se trata de una privatización, sino de una autorización temporal y regulada. “Lo que estamos haciendo es aplicando un instrumento legal. Dentro de esas actividades está la denominada extensión de uso, que permite que un establecimiento comercial utilice de manera temporal una porción de espacio público, siempre y cuando cumpla con el uso del suelo definido en el Plan de Ordenamiento Territorial. Adicionalmente, esa retribución económica tiene una destinación específica y es el mantenimiento, el mejoramiento y la sostenibilidad de todos los espacios públicos de la ciudad, sobre todo en comunas y corregimientos que tienen déficit de espacio público", detalló Melissa Vergara, subdirectora de Espacio Público.“Que el empresario pueda generar una extensión de uso, lo que pueda hacer para que su empresa pueda continuar, para que pueda mantener el empleo, para que pueda fomentar el turismo, pero al mismo tiempo que genere una retribución por ese espacio que está usando. Podemos seguir usando el espacio bajo las herramientas legales, pero los empresarios vamos a pagar por ese espacio y esa plata va a ir a las arcas del distrito", afirmó, por su parte, Andrés Lozano, cofundador del restaurante Jacaranda e implicado directamente en esta iniciativa.Esta primera ocupación temporal, firmada entre la alcaldía y jacaranda se firmó hasta el primero de diciembre del presente año. Es de resaltar que por metro cuadrado, en esta zona de la ciudad, se paga un aproximado entre los dos millones de pesos que serán usados en el mejoramiento de los espacios públicos.La Administración Distrital reiteró que este mecanismo tiene como objetivo dinamizar la economía local, asegurar que los recursos recaudados se destinen al mantenimiento del espacio público y garantizar que el Bulevar del Río siga siendo un bien común para todos los caleños.