Un operativo militar de escala, con más de 150 unidades desplegadas, se adelanta desde la tarde del pasado 28 de febrero en zona de media y alta montaña de Tuluá, como parte de una ofensiva del Estado para reducir la presencia de grupos armados ilegales que operan en esta región del centro del Valle del Cauca.Las acciones son ejecutadas por tropas de la Tercera Brigada del Ejército Nacional, que realizan operaciones de control, búsqueda y ubicación de las disidencias de las Farc, estructuras que, según las autoridades, mantienen una disputa territorial que ha incrementado los hechos violentos en esta zona del departamento.Uno de los principales objetivos del operativo es alias 'Óscar Barreto', señalado como cabecilla del frente 57 y considerado objetivo prioritario del Estado. Por información que permita su captura, las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 640 millones de pesos. Este hombre cuenta con más de 15 años de vida criminal, integrando tanto al ELN, las Farc y las disidencias, donde ahora es cabecilla de uno de sus frentes; a su vez es acusado de delitos como tráfico de estupefacientes y armas, reclutamiento forzado, extorsión, terrorismo y desplazamiento forzado, entre otros.Este sujeto tendría injerencia en los municipios de Sevilla, Tuluá, Guacarí, Ginebra, Buga, Palmira y Cerrito.Tras finalizar un consejo de seguridad realizado en Cartago, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó el alcance del operativo y envió un mensaje directo a este cabecilla: “Por alias 'Óscar Barreto', cabecilla de la estructura criminal del frente 57, las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 640 millones de pesos. Se trata de uno de los objetivos prioritarios del Estado. El mensaje es claro: existen todas las garantías constitucionales y legales para que se entregue. De no hacerlo, enfrentará la fuerza legítima del Estado. No le haga más daño al país, no le haga más daño a Colombia. Esta puede ser una oportunidad para cambiar el rumbo de sus acciones. De lo contrario, será neutralizado con toda la fuerza legítima del Estado”.Por su parte, el secretario de Gobierno de Tuluá, Martín Hincapié, advirtió que estas estructuras armadas no solo sostienen una disputa territorial, sino que además estarían vinculadas con el homicidio de líderes y lideresas sociales, así como con múltiples afectaciones a la comunidad en general.Las autoridades confirmaron que la intervención militar se mantendrá en esta zona montañosa del centro del Valle del Cauca y que, de acuerdo con los resultados operacionales, se extenderá hacia el norte del departamento, con el objetivo de restablecer el control territorial y garantizar la seguridad de las comunidades.
Hay conmoción en el barrio Villa San Marcos, en el oriente de Cali, por el asesinato de Nancy Díaz, reconocida defensora de los derechos de los animales, quien fue hallada sin vida dentro de su vivienda. La mujer presentaba signos de asfixia mecánica y se encontraba amarrada de pies y manos, según confirmaron las autoridades.El cuerpo fue encontrado en una de las habitaciones del inmueble, ubicado en la calle 86 con carrera 26G5, luego de que los vecinos y familiares, acompañados por uniformados de la Policía, lograran ingresar a la vivienda. De acuerdo con la información preliminar, la casa estaba completamente desordenada y se reportó la desaparición de algunos elementos, entre ellos un teléfono celular, aspectos que hacen parte de la investigación.En el crimen al parecer estaría involucrado el propio hijo de la víctima, quien, según denuncias de la comunidad y personas cercanas, habría ejercido de manera reiterada maltrato e intimidaciones contra la adulta mayor. Vecinos del sector aseguran que estos episodios de violencia eran frecuentes y que incluso días antes del homicidio la mujer habría sido amenazada para despojarla de 20.000 pesos.“Siempre la amenazaba con el cuchillo, siempre. Le quitaba las cositas y le decía: "Má, deme 1.000 pesos aunque sea". Nancy le respondía que no tenía dinero, que no tenía nada, porque ella hacía limpieza en casas. Él la obligaba a darle plata, porque ella misma me lo decía”. Señaló a una amiga de la víctima.El presunto agresor fue retenido y golpeado por la comunidad, que después lo entregó a las autoridades.Desde la Personería de Cali se rechazó de manera contundente este crimen y se hizo un llamado a las autoridades judiciales para que actúen con celeridad y firmeza, con el fin de esclarecer los hechos y garantizar que el responsable sea judicializado.
En la noche del viernes 27 de febrero se confirmó la muerte de Jairo Prado Roldán, abogado y notario, hijo de la exgobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán. El fallecimiento del joven profesional ha causado conmoción en el ámbito político y jurídico del departamento.De acuerdo con información preliminar, Prado Roldán, de 36 años, habría fallecido al interior de su vivienda, ubicada en el corregimiento de Rozo, jurisdicción del municipio de Palmira. Las primeras versiones indican que se trataría de un accidente doméstico, aunque las autoridades aún no han entregado un reporte oficial sobre las causas del deceso.El abogado se desempeñaba como notario y era reconocido en la región por su ejercicio profesional. Tras conocerse la noticia, líderes políticos y figuras públicas del Valle del Cauca expresaron mensajes de solidaridad y acompañamiento a la exmandataria y a su familia, lamentando la pérdida y enviando voces de apoyo en este difícil momento.Entre tanto, las autoridades adelantan los procedimientos judiciales y las investigaciones correspondientes para esclarecer plenamente las circunstancias en las que se produjo la muerte. Hasta ahora, no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte de la familia.
Como un paso positivo para que la mesa se mantenga activa calificó el representante de la Iglesia católica en los diálogos de paz, monseñor Héctor Fabio Henao, la Resolución 053 del 25 de febrero, por medio de la cual el presidente Gustavo Petro autoriza la zona de ubicación para la capacitación integral y ubicación temporal del Valle del Guamuez, en el Bajo Putumayo, en el marco de los diálogos de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.El alto prelado dijo a Blu Radio que confía en que este paso trascendental que dio el Gobierno permita restablecer la confianza entre las partes y aseguró que este hecho puede representar un momento muy importante dentro de la transición hacia una forma de ejercicio pleno de la autonomía de la comunidad y dejar atrás cualquier vínculo con la violencia o actividades que puedan afectar a la población o la región en general.Dijo monseñor Henao que este paso es muy valioso y que se deben respetar todas las condiciones pactadas para el buen desarrollo de esa zona de capacitación y ubicación temporal.El representante de la Iglesia católica hizo un llamado a las delegaciones del Gobierno y de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano para que se mantenga la voluntad y se emprenda cuanto antes la transición hacia otras formas de relacionamiento con las comunidades, y mantener en alto los principios que se han trazado a lo largo de la negociación.La Resolución 053 tiene fecha del 25 de febrero y solo se conoció hasta hoy, en la cual el Gobierno establece, "por 10 meses, a partir de la vigencia de la presente Resolución, una zona de ubicación temporal denominada zona para la capacitación integral y ubicación temporal del Valle del Guamuez, ubicada en el área rural de ese municipio del departamento del Putumayo, en el marco del estado avanzado del proceso de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que tendrá como objetivo adelantar el proceso de tránsito a la vida civil de sus integrantes y contribuir en la determinación y terminación del conflicto armado de forma paralela y articulada con las dinámicas de transformación territorial derivadas de la efectiva sustitución de economías ilegales por procesos productivos legales y sostenibles”.La delimitación geográfica de esa zona de capacitación y ubicación temporal está establecida en un documento técnico de carácter reservado.A pesar de que en la resolución no se dice el número de integrantes de Comandos de Frontera que podrían llegar, Blu Radio conoció que en la última reunión de las delegaciones, que se realizó en Tumaco, en el Pacífico nariñense, voceros del Gobierno pidieron a la delegación de ese grupo ilegal que se incrementara de cien a 600 los combatientes que en un primer programa piloto llegarían a esa zona de capacitación y ubicación, que serían distribuidos 300 en el Putumayo y otros 300 en Nariño, donde la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano tiene sus frentes y columnas.En la resolución del Gobierno se dice, en el parágrafo 3, en aplicación de lo establecido en el parágrafo 3 del artículo 8 de la Ley 418 de 1997, modificado por el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022, que dentro de la zona de ubicación temporal que por medio de la presente resolución se establece queda suspendida la ejecución de las órdenes de captura, incluidas las órdenes de captura con fines de extradición, contra los miembros de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano que allí se ubiquen, al igual que durante el transcurso del desplazamiento hacia la misma, conforme al listado que será recibido y aceptado por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, sin perjuicio de las verificaciones relativas a la plena identificación de los miembros, según lo dispuesto en el parágrafo quinto del artículo quinto de la Ley 2272 de 2022.La resolución además contempla que, durante el término de la vigencia de la zona de ubicación temporal que por medio de la presente resolución se establece, el Gobierno Nacional adoptará las medidas necesarias para garantizar las condiciones de seguridad y convivencia, tanto de los integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano que allí se ubiquen como para las personas y comunidades vinculadas en su implementación y funcionamiento en la zona para la capacitación integral y ubicación temporal del Valle del Guamuez.Se deberá garantizar el normal y pleno ejercicio del Estado social de derecho, de modo que las autoridades continuarán ejerciendo sus funciones y atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, sin ninguna excepción y en articulación con los protocolos acordados en la mesa de diálogos de paz, según corresponda.
Las obras de ampliación de las estaciones Calle 187 y Terminal de TransMilenio, ubicadas sobre la Autopista Norte de Bogotá, ya alcanzan un avance cercano al 95 %, según informó el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).El proyecto beneficiará a más de 162 mil personas de las localidades de Usaquén y Suba, al mejorar la capacidad y la experiencia de los usuarios del sistema de transporte masivo.De acuerdo con el director del IDU, Orlando Molano, en las próximas semanas se habilitarán nuevamente los carriles mixtos que permanecen cerrados por las obras, lo que permitirá mejorar la movilidad en este corredor clave del norte de la ciudad.La ampliación incluye nuevos vagones de 60 metros de largo y 5 metros de ancho, además de pasarelas de conexión y la expansión de los módulos existentes en ambas estaciones. Estas intervenciones buscan responder al aumento de pasajeros y ofrecer mayor seguridad y comodidad en el servicio."La buena noticia para los bogotanos es que muy pronto vamos a levantar estos maletines que tenemos en este sector, que alcanzan los 2 km: 1 km por el costado oriental y 1 km por el costado occidental; en pocos días le vamos a devolver ese carril a los carros particulares, al tráfico mixto. Además, vamos a trabajar con todas las entidades para lograr, por supuesto, habilitar y mejorar los retornos acá en la 193", afirmó el director del IDU, Orlando Molano.Actualmente, la estación Calle 187 presenta un avance del 98 %, mientras que la estación Terminal registra un 96 %, entrando ya en su etapa final antes de la entrega definitiva en los próximos meses.Las obras continuarán con trabajos de pavimentación en carriles exclusivos, traslado de redes e instalación de acabados internos, con el objetivo de poner en funcionamiento la infraestructura ampliada y optimizar la movilidad en el norte de Bogotá.
Un niño de apenas 6 años se convirtió en testigo directo del asesinato de su madre y, en medio del desconcierto, fue quien alertó a sus familiares con una frase que reflejaba el horror que acababa de presenciar: “Papi le hizo daño a mami”. Su relato se transformó en una pieza clave dentro de la investigación judicial que intenta esclarecer el crimen.El caso ocurrió en la localidad de El Aibe, en el departamento Banda, provincia de Santiago del Estero, en Argentina, donde fue asesinada María Amanda Chazarreta, madre de tres hijos. De acuerdo con las primeras reconstrucciones, la mujer fue atacada dentro de su vivienda, donde también se encontraban los menores.Según confirmaron fuentes del caso, tras el ataque el niño salió en busca de ayuda. Primero se dirigió a una casa cercana, pero no obtuvo respuesta. Poco después, logró encontrar a familiares, a quienes les contó lo ocurrido con palabras que evidenciaban la gravedad del momento. “Mi papá la hincó a mi mami. Está tirada en la cama y no se mueve”, relató el menor, lo que motivó la inmediata intervención de las autoridades.El principal sospechoso fue Ramón César Jiménez, expareja de la víctima, quien abandonó el lugar tras el hecho. Esto dio origen a un operativo de búsqueda en el que participaron efectivos policiales y vecinos de la zona. Horas después, el hombre fue encontrado muerto en un sector rural cercano, lo que llevó a los investigadores a considerar el caso como un feminicidio seguido de suicidio.El fiscal a cargo, Álvaro Yagüe, confirmó que el testimonio del niño será recogido formalmente mediante Cámara Gesell, un procedimiento especializado que permite obtener declaraciones de menores sin exponerlos a un entorno judicial tradicional. Además, el funcionario explicó que los hijos fueron quienes encontraron a su madre tras el ataque, una situación que agrava el impacto emocional del hecho.Las pericias forenses permitieron establecer que la víctima presentaba múltiples lesiones en distintas partes del cuerpo, incluidas algunas compatibles con intentos de defensa. Este elemento refuerza la hipótesis de un ataque violento en un contexto de conflicto previo.Habitantes del sector también señalaron que la relación estaba marcada por discusiones frecuentes y antecedentes de violencia. Incluso, mencionaron que anteriormente se habían registrado denuncias, aunque la pareja había retomado la convivencia tiempo después.Actualmente, la investigación continúa enfocada en la recolección de pruebas y testimonios, mientras entidades estatales brindan acompañamiento psicológico y social a los tres menores, quienes quedaron en condición de vulnerabilidad tras la pérdida de su madre en circunstancias tan traumáticas.
La Policía logró recuperar los vehículos que habían sido hurtados durante un violento hurto a la empresa Concretos El Nogal, ubicada en el kilómetro 5 de la vía San Gil – Charalá, hecho en el que varios trabajadores fueron amordazados por delincuentes que ingresaron de madrugada a las instalaciones.Según el reporte oficial, cerca de diez hombres irrumpieron por la parte posterior del establecimiento, redujeron al vigilante y retuvieron a los empleados mientras se llevaban dos vehículos tipo mezcladora, un camión turbo, una motocicleta, equipos tecnológicos, celulares, el DVR de las cámaras de seguridad y un arma de fuego del servicio de vigilancia.Tras la denuncia, las autoridades activaron un plan candado y, con apoyo de la empresa de monitoreo satelital, accedieron a la geolocalización de los automotores, lo que permitió su recuperación en diferentes municipios.Un vehículo fue hallado en Piedecuesta, Santander, donde fue capturado su conductor; otro en Ubaté, Cundinamarca, con un segundo detenido; y un tercero apareció en un parqueadero de Sutatausa.El mayor Alejandro Esteban Cortinez Villa, comandante del Distrito de Policía San Gil, explicó que “gracias al monitoreo satelital se logró la ubicación en tiempo real de los vehículos. Con el plan candado y la articulación con la empresa de monitoreo se pudo frustrar el robo. La investigación continúa para judicializar a los demás responsables”.Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía por los delitos de hurto calificado y agravado, mientras la Policía mantiene operativos para identificar a los demás implicados en este hecho que genera preocupación entre el sector empresarial de la región, quienes exigen más seguridad de las autoridades.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a cuatro presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) por los delitos de rebelión y desplazamiento forzado, luego de que, presuntamente, obligaron a una familia a abandonar su finca en zona rural de Arauquita, en el departamento de Arauca.De acuerdo con la investigación, los procesados habrían actuado de forma coordinada para sacar a las víctimas del predio y quedarse con el terreno. Según la Fiscalía, los implicados pretendían convertir la propiedad en un punto de apoyo para la planeación de actividades ilegales en la zona de frontera. Las autoridades también señalaron que la familia salió del lugar tras recibir amenazas de muerte y advertencias sobre una posible retención y traslado hacia territorio venezolano.La fiscal del caso explicó que uno de los señalados, conocido como alias 'Monchi', no solo lideró la acción criminal, sino que también vendría ejecutando conductas de desplazamiento forzado contra población civil, con el objetivo de centralizar los bienes despojados a favor del grupo armado. Además, indicó que esta persona tendría una trayectoria aproximada de seis años dentro de la organización, lo que, según la investigación, evidenciaría su rol activo en este tipo de acciones.La Fiscalía señaló que, mientras uno de los procesados habría dado la orden de desplazar a la familia, los demás se habrían encargado de realizar amenazas directas, vigilar el predio para impedir el regreso de los propietarios y apoyar logísticamente la ocupación ilegal de la finca. Los cuatro hombres no aceptaron los cargos, y un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos aseguró este domingo que el portaaviones USS Abraham Lincoln "no fue alcanzado" por cuatro misiles iraníes, como había informado la Guardia Revolucionaria Islámica a través de medios oficiales iraníes."El CGRI de Irán afirma haber atacado el USS Abraham Lincoln con misiles balísticos. MENTIRA", afirmó el Comando Central en su cuenta de X.Las fuerzas armadas estadounidenses aseguraron que el buque no fue alcanzado y que los misiles lanzados "ni siquiera se acercaron"."El Lincoln —continúa el post— sigue lanzando aviones en apoyo de la incansable campaña del CENTCOM para defender al pueblo estadounidense, eliminando las amenazas del régimen iraní".El USS Abraham Lincoln es un portaaviones nuclear de la clase Nimitz que navega acompañado de su grupo de combate, compuesto por tres destructores equipados con misiles para ataque terrestre. Es el segundo buque portaaeronaves desplegado por Estados Unidos en la zona, junto al USS Gerald Ford, el mayor buque de este tipo en el mundo, que viaja con cuatro destructores.Guardianes de la Revolución de Irán aseguraron haber atacado el USS Abraham LincolnCuatro misiles balísticos iraníes alcanzaron este domingo el portaviones estadounidense Abraham Lincoln, según un comunicado de la Guardia Revolucionaria Islámica recogido por la agencia oficial Irna."Tras las acciones de las Fuerzas Armadas de Irán y el ataque a objetivos de los enemigos, Estados Unidos e Israel, el portaviones militar estadounidense Abraham Lincoln fue alcanzado por cuatro misiles balísticos", asegura la nota.El USS Abraham Lincoln, es un portaviones nuclear de la clase Nimitz, que navega acompañado de su grupo de combate, compuesto por tres destructores equipados con misiles para ataque terrestre. Es el segundo buque portaaeronaves desplegado por Estados Unidos en la zona, junto al USS Gerald Ford, el mayor buque de este tipo en el mundo, que viaja con cuatro destructores.Los impactos en el buque estadounidense que ha anunciado la Guardia Revolucionaria Islámica a través de medios iraníes, no han sido confirmados por ninguna otra fuente.Por el contrario, el Comando Central de Estados Unidos ha informado en X de que una corbeta iraní de clase Jamaran fue atacada por fuerzas estadounidenses durante el inicio de la Operación Furia Épica y que el buque se hunde actualmente en el Golfo de Omán.
Un gigantesco incendio se registró en la tarde de este domingo en el oriente de Cali, específicamente en la comuna 15 afectó un total de ocho viviendas de un asentamiento ilegal en el sector conocido como “La Antena”, en el barrio Mojica. A través de redes sociales fueron compartidos varios videos por parte de los ciudadanos donde se ve la magnitud de la emergencia. Los habitantes de la zona intentaron sacar sus pertenencias de sus viviendas antes de que fueran consumidas por las llamas."Se activó el sistema distrital de gestión de riesgos de la ciudad de Cali, y por la rápida activación de los bomberos de la ciudad, tuvimos la afectación a ocho viviendas, pero afortunadamente logramos evitar que cincuenta fueran afectadas, por lo que destacamos las actividades de los organismos de socorro", dijo Ricardo Peñuela, subsecretario para Conocimiento y Reducción del Riesgo de la alcaldía de Cali.En el lugar, los bomberos atendieron la emergencia con tres máquinas extintoras con 12 unidades de bomberos, dos carrotanques, así como dos ambulancias con dos paramédicos para darle los primeros auxilios a las personas afectadas por la inhalación de humo.El Sistema Distrital de Gestión del Riesgo continuará adelantando el censo de las familias damnificadas con el fin de brindar la atención oportuna a quienes perdieron sus pertenencias y sus hogares en esta emergencia.
En redes sociales es viral un video donde se ve a una persona con un maletín negro y un casco pegando un letrero en una puerta de una vivienda con un mensaje que dice "usted es un cliente moroso", mientras relata: "Esto es para que pague con amor y no se ponga con pendejadas porque pa' la próxima le tumbamos la puerta".Esta acción, al parecer, se trataría de los llamados 'gota a gota' como mecanismo de presión a sus deudores para que paguen sus cuotas. Ante este hecho, que ha generado preocupación en los habitantes de Cali, las autoridades indicaron que están tras la pista de estas personas, ya que esto es catalogado como extorsión."Esto no está permitido, nosotros ya, con la Secretaría de Seguridad y Justicia, hemos diseñado una presencia institucional con el fin de evitar que estos hechos se presenten. Hay una estrategia de seguridad con unos delitos priorizados, como el hurto, el homicidio y las extorsiones, y ese justamente hace parte de la estrategia. Con toda la capacidad de la Policía Nacional, vamos a afectar estos grupos de delincuencia común que se dedican a generar intranquilidad en los ciudadanos", dijo el general Carlos Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.Aunque por el momento no se conoce exactamente el punto de origen ni el barrio donde fue grabado el video, las autoridades piden que los ciudadanos realicen las respectivas denuncias, ya que así facilitan los procesos para identificar a las personas que con esta práctica están atemorizando a los ciudadanos.
Como Víctor Manuel Sánchez Zapata, de 24 años, fue identificado el patrullero asesinado en Suárez, ubicado al norte del departamento del Cauca, el pasado 26 de abril, en medio de sus actividades de control y prevención de ese municipio. En un video que fue compartido en redes sociales, la comunidad dio a conocer del hecho.Según la información suministrada por las autoridades, el uniformado habría recibido un impacto con arma de fuego, al parecer por un francotirador, lo que ocasiono su muerte minutos después."Esto fue una acción directa contra la humanidad del policía cuando estaba de turno, justo realizando las actividades de la seguridad perimetral, eso fue un francotirador que lo hiere y a pesar de que fue llevado hasta un centro médico, luego pierde la vida en el hospital local de ese municipio", dijo Giovany Torres, comandante de la policía del departamento del Cauca.Por el asesinato de Zapata, se ofreció una millonaria recompensa por información que permita ubicar a los responsables del crimen. El caso fue atribuido a la disidencia de las Farc Jaime Martínez que delinque en el norte del cauca y sur del valle."Así como lo ha indicado el señor ministro y el director general, se ofrecen hasta $200 millones por información que nos permita ubicar a estos delincuentes y hasta $20 a quien nos suministre información por ataques que tenga planeado estos terroristas", expresó el oficial.Para evitar nuevos atentados se hizo un despliegue de la fuerza pública a ese municipio, mientras en coordinación con el Ejército Nacional se llevan a cabo operaciones militares en zona rural de ese municipio donde hacen presencia los integrantes del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, liderados por 'Iván Mordisco'.
Ante el ultimátum del ministro del Interior de que si en 20 días los grupos armados ilegales no se concentran los diálogos se acaban, el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar dijo que “la decisión de acabar o no con los diálogos de paz es potestad del presidente de la República. La política de seguridad y paz no puede hacerse de esa manera condicionada en donde están resultando los procesos de paz”.El mandatario seccional dijo a Blu Radio que los dos procesos de diálogos que se cumplen por separado en Nariño han mostrado en un año avances significativos, con la destrucción de material de guerra por parte de Comuneros del Sur y el anuncio de sustitución voluntaria de 30.000 hectáreas de hoja de coca, acuerdo logrado en la mesa entre el Gobierno y las disidencias de las Farc, Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.Escobar fue más allá e insistió en que, más allá de las declaraciones del titular de la cartera de política, “lo que me preocupa es que seamos efectivos en el programa de sustitución voluntaria de cultivos de hoja de coca, porque hay que brindar la seguridad a las comunidades que ya dijeron sí a ese acuerdo logrado en el proceso de diálogos de paz".Dijo Escobar que las comunidades en Roberto Payán quieren sustituir las primeras cinco mil hectáreas de las 15 mil anunciadas para Nariño y que allí se ha propuesto un modelo muy interesante de sustitución de cultivos de uso ilícito que no se ha dado en el país, incorporando transformaciones territoriales como en el tema de vías, acueductos, colegios, puestos de salud, entre otras obras.“Creo que vamos avanzando de manera importante, porque las comunidades quieren hacer esa sustitución, pero necesitamos garantizarles seguridad”, agregó Escobar.Sobre el futuro de los diálogos con los grupos ilegales Comuneros del Sur y con la Coordinadora Ejército Bolivariano, el gobernador de Nariño dijo que, más allá de la efectividad que han mostrado esos diálogos, esta es una decisión que tiene que tomar el presidente, y “sin duda lo que yo espero es que se muestre, que se vean los avances que hay en los dos procesos de paz que estamos en el departamento de Nariño, y estamos invitando al Estado Mayor Central que opera en la cordillera a que efectivamente se acoja a la necesidad de diálogo con el Gobierno Nacional y con el territorio”.El mandatario seccional reconoció que, durante la cumbre de gobernadores que se cumplió en Yopal, departamento de Casanare, fue muy oportuna y buena la presentación del ministro de Defensa, en la medida en que con cifras reales mostró cómo se va avanzando en materia de seguridad en el país.Dijo que a partir de la llegada del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, “creo que todos los gobernadores llevamos tranquilos en la medida en que se ve un quiebre en el trabajo del Ministerio de Defensa, reconociendo el trabajo de la Policía y del Ejército. Sin duda, lamentando y rechazando ese plan pistola que tienen los grupos armados ilegales contra nuestras fuerzas, desde aquí mandamos nuestra solidaridad a las familias de los 15 soldados y policías caídos en esa barbarie de estos grupos terroristas, y por supuesto también nuestra solidaridad con nuestras Fuerzas Armadas frente a este tema”.“Yo creo que Nariño, a raíz de lo que avanzamos en los dos procesos de paz en materia de seguridad, ha mostrado con datos cómo ha avanzado el departamento en seguridad. Sin duda, lo que ocurrió el 22 de abril en la zona de El Peñón, en el atentado cruel que se hizo, lo mencionamos allá en la cumbre de gobernadores y manifestamos nuestra necesidad de fortalecer la seguridad hacia la zona norte del departamento”, finalizó.
Una fuerte explosión en una casa que estaba acondicionada como polvorería sorprendió en horas de la madrugada a los habitantes de Zarzal, Valle. La emergencia ocurrió en el barrio Buenos Aires, ocasionando pánico en los residentes de la zona.El hecho dejó a siete personas lesionadas, cuatro de ellas que tuvieron que ser llevadas por los bomberos a un centro asistencial y tres más que llegaron por sus propios medios con quemaduras y otras lesiones."Fue en una vivienda donde se producía o fabricaba pólvora, al sitio llegó el cuerpo de bomberos voluntarios para atender la emergencia, ahí se trasladaron estas personas al hospital local por diferentes lesiones, hasta el momento el cuerpo de bomberos sigue en la zona de la tragedia", dijo Francisco Tenorio, secretario de Gestión del Riesgo del Valle.La explosión dejó en pérdida total a la vivienda donde estaba almacenada la pólvora, pero además causó afectación a varias casas más aledañas al lugar de la emergencia."Alrededor de unas 30 viviendas quedaron afectadas luego de esta explosión, por ejemplo, la casa donde tenían la pólvora quedó muy mal, pero además otras que están al lado; hay una que está a punto de colapsar, y otras que presentan daños en sus puertas, ventanas y fachadas", explicó el funcionario público.Por cuenta de la emergencia, el servicio de gas domiciliario fue suspendido en por lo menos tres barrios aledaños a la zona para evitar emergencias durante las próximas horas, mientras que organismos de socorro se encuentran en la zona para establecer las causas que originaron la explosión.
Tras el anuncio del aumento de aranceles del 30 al 50 % por parte de Ecuador hacia Colombia, crece la preocupación en el Valle del Cauca, segundo mayor socio comercial del vecino país. Esta decisión se da en medio de una disputa de seguridad, donde la administración del presidente ecuatoriano Daniel Noboa asegura que Colombia ha mostrado poco compromiso en la lucha contra las drogas en la frontera.Ana María Castillo, directora de Conexiones Globales de la Cámara de Comercio de Cali, explicó que “el Valle del Cauca es un departamento que comercia en gran medida con Ecuador, es nuestro segundo socio comercial. El año pasado tuvimos más de 460 empresas de todos los tamaños, con más de 368 millones de dólares en exportaciones”.La directora también señaló que “estamos enviando productos de belleza, alimentos, altas manufacturas e ingredientes. El comercio internacional es un gana-gana para ambos países. Ecuador es importante como primer destino de nuestras exportaciones, pero también hay otros mercados: Centroamérica y Caribe. Desde la Cámara de Comercio vamos a seguir acompañando a las empresas para conquistar nuevos mercados”.Por su parte, Juan Manuel Sanclemente, director ejecutivo del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, hizo un llamado a los gobiernos de ambos países: “Hacemos un llamado especial al gobierno ecuatoriano y al gobierno colombiano para que no sea a través de tarifas que solucionemos nuestras dificultades en materia de seguridad, sino mediante la diplomacia y la concertación de una agenda decidida de seguridad que nos permita salir de esta problemática”, indicó.Se espera que en las próximas semanas se logre destrabar el escenario comercial y evitar un impacto prolongado sobre la economía del suroccidente colombiano.
El gerente del Hospital Universitario del Valle, Irne Torres, respondió a los señalamientos hechos por el presidente Gustavo Petro, quien cuestionó públicamente el modelo de vinculación laboral en la institución y lo calificó como un “centro de esclavitud”.En entrevista con Mañanas Blu, Torres rechazó esa afirmación y aseguró que se trata de un señalamiento “desafortunado” contra el personal médico y asistencial que, según dijo, garantiza la atención de pacientes en medio de la crisis del sistema de salud.“Es muy triste que la primera autoridad del país haga un comentario de ese tipo frente a un talento humano que está salvaguardando la salud de los vallecaucanos”, afirmó el gerente, quien calificó la declaración como “prematura” y “discriminatoria”.Vinculación por agremiaciones sindicalesUno de los puntos centrales del debate es la forma de contratación del personal. Según explicó Torres, el hospital vincula parte de su talento humano a través de agremiaciones sindicales que, aseguró, están autorizadas por el Ministerio de Trabajo.De acuerdo con sus cifras, actualmente hay 3.078 personas vinculadas mediante estas agremiaciones, 475 trabajadores en planta y el resto corresponde a personal contratado por empresas de aseo y vigilancia.La viceministra de Trabajo, Sandra Muñoz, señaló que existiría una desproporción, pues cerca del 90 % del personal estaría bajo la figura de contrato sindical. Torres respondió que esa cifra es imprecisa y que no ha recibido un informe oficial con hallazgos concluyentes.“Son figuras que están autorizadas por el Ministerio. No se puede satanizar un proceso que ha sido validado institucionalmente”, sostuvo.Diferencias salarialesDurante la entrevista también se abordó la presunta brecha salarial entre trabajadores de planta y quienes están vinculados por agremiaciones. Según lo expuesto por el Gobierno, un empleado de planta podría recibir en promedio 3.300.000 pesos mensuales, mientras que uno vinculado mediante contrato sindical percibiría cerca de 1.700.000 pesos.Torres reconoció que existen diferencias entre las modalidades de contratación, similares a las que se presentan en contratos de prestación de servicios frente a cargos de planta. Sin embargo, aclaró que el hospital no define directamente cuánto reciben los trabajadores afiliados a las agremiaciones.“Nosotros contratamos un servicio mediante licitación y la agremiación, de manera autónoma, establece la compensación de su talento humano”, explicó.Limitaciones financieras y Ley 550El gerente indicó que el hospital se encuentra bajo la Ley 550, lo que limita la creación de nuevas plazas en planta y obliga a utilizar las herramientas contractuales disponibles para garantizar la prestación del servicio.Añadió que la institución depende en gran medida de los pagos que realizan las EPS por los servicios facturados y que, según afirmó, actualmente los hospitales reciben menos del 50 % de lo que facturan.“Utilizamos los mecanismos que nos permite la ley para garantizar la atención, no para desconfigurar los derechos de los trabajadores”, señaló.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
La Alcaldía de Santiago de Cali alertó a la ciudadanía tras conocer denuncias sobre grupos políticos que estarían ofreciendo bajar el puntaje del Sisbén a cambio de apoyo electoral. Las autoridades señalaron que estos ofrecimientos son falsos y buscan engañar a la comunidad, aprovechándose de la necesidad de los ciudadanos.Frente a esta situación, la subdirectora de Desarrollo Integral del Departamento Administrativo de Planeación, Vanessa López, explicó que no existe ninguna persona autorizada para modificar la clasificación del Sisbén.“Queremos alertar a la ciudadanía sobre supuestos ofrecimientos para bajar la clasificación del Sisbén, los cuales no son ciertos. El Sisbén no depende de funcionarios, campañas políticas ni de ningún tipo de intermediarios. La clasificación depende únicamente de la encuesta que se realiza en cada hogar, por lo que ninguna persona tiene la facultad de reclasificar a un ciudadano dentro del Sisbén”, afirmó la funcionaria.Por su parte, José Valencia, coordinador de los Puntos de Atención Sisbén, indicó que la categoría asignada a cada ciudadano responde a un procedimiento técnico definido a nivel nacional.“La categoría del Sisbén no se negocia ni depende de candidatos o partidos políticos. Es un proceso técnico que depende exclusivamente del Departamento Nacional de Planeación. Si una persona no está de acuerdo con su clasificación, puede solicitar una nueva encuesta seis meses después de la última aplicación, que es la única vía oficial para que su situación socioeconómica sea evaluada nuevamente”, explicó.Finalmente, la Alcaldía de Cali hizo un llamado a la ciudadanía a no entregar documentos ni información personal a terceros que prometan alterar la clasificación del Sisbén y a denunciar ante las autoridades cualquier situación irregular relacionada con este sistema.
El Ministerio del Trabajo realizó una visita de inspección al Hospital Universitario del Valle (HUV) con el fin de revisar las condiciones de contratación de más de 4.000 trabajadores. La diligencia buscaba establecer si se están garantizando los derechos laborales del personal que presta sus servicios en esta institución de salud.Según explicó la viceministra de Relaciones Laborales, Sandra Milena Muñoz, su despacho recibió denuncias que indican que cerca del 90 % del personal estaría vinculado de manera irregular a través de contratos sindicales.“El 90 % del personal del hospital estaría intermediado de manera ilegal a través de la figura del contrato sindical. Estamos hablando de alrededor de 4.000 trabajadores bajo contrato sindical y solo 260 con vinculación directa. Esto genera discriminación laboral. Trabajadores que hacen las mismas funciones reciben salarios muy distintos. Mientras un trabajador con contrato sindical gana cerca de $1.700.000, un trabajador directo puede ganar $3.300.000", dijo Muñoz. Además, la funcionaria aseguró que a este personal "no se le reconoce jornadas justas, horas extras, licencias, incapacidades ni 15 días de vacaciones, como lo establece la ley, sino que solo les dan 5”.Agregó que, durante la inspección, también se identificaron riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, así como denuncias por posibles represalias.“Adicional a esto, hemos identificado riesgos químicos, físicos y ergonómicos. Durante la inspección a la morgue encontramos un manejo inadecuado del formol, que podría generar afectaciones graves a la salud a futuro, incluso, riesgos cancerígenos. Además, varios trabajadores se han acercado a los inspectores para manifestar que temen denunciar estas situaciones, porque aseguran que podrían ser despedidos”.Por su parte, el gerente del Hospital Universitario del Valle, Irne Torres Castro, explicó que la institución realiza la contratación de estos servicios mediante procesos de licitación pública y que se acogerán a las conclusiones de la inspección.“Desde el hospital hemos adelantado procesos de licitación pública, en los que se ofertan los servicios y las necesidades de los distintos procesos. Estos procedimientos se realizan de manera juiciosa y responsable. Esperaremos el concepto y los resultados de la inspección del Ministerio del Trabajo y, con base en ello, tomaremos las decisiones que correspondan”.Esta inspección, según el Ministerio del Trabajo, busca garantizar los derechos laborales de los trabajadores del Hospital Universitario del Valle, sin afectar la prestación de los servicios de salud que reciben los pacientes.Sobre el tema se pronunció el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta en la red social X. "En el hospital universitario del Valle tenían practicamente un centro de esclavitud. La fuerza de la salud debe ser respetada", escribió el presidente Petro.