En la tarde de este miércoles, el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali ordenó tres días de arresto y una multa de tres salarios mínimos legales mensaules vigentes, para Derly Katherine Andrade y Carlos Rafael Villero, gerentes de las regionales Occidente y Suroccidente respectivamente de la Nueva EPS. La decisión del juez está basada en el desacato del fallo de una tutela emitido el pasado 22 de enero, donde se le exigía a la entidad garantizar la continuidad del tratamiento oncológico del señor Saúl Quiñonez, paciente de 95 años de edad, que padece cáncer de próstata en estado metastásico, a quien se le suspendió la atención en la Clínica Valle del Lili desde octubre del año 2025."Lo que nos dice la clínica es que no pueden atender al paciente porque no tienen covenio con la Nueva EPS, pero la situación cada día puede complicarse más, porque él requiere exámenes, medicamentos, atención en quimioterápias y radioterapias, pero todo esto lo negó la Nueva EPS. El paciente hacía parte de la 'ruta de Oncología' de la clínica y lo sacaron por el no pago de la eps", explicó Omar Quiñonez, hijo del paciente.En el fallo emitido el 22 de enero, el juez ordenaba a la clínica la autorización, programación y la garantía continua e ininterrumpida de los servicios de salud al señor Saúl, tanto en los cuidados en casa, como en el suministro oportuno de los medicamentos, sin dilaciones ni barreras administrativas."Garantice la continuidad de la atención del señor Saúl Quiñonez Mendoza en la Fundación Clínica Valle del Lili, siempre que las prestaciones ordenadas se encuentren médicamente justificadas y prescritas por el médico tratante, por tratarse de una institución que ha venido conociendo su caso y que cuenta con la capacidad técnica y científica para el manejo de sus patologías, absteniéndose de imponer cambios de prestador que impliquen interrupción del tratamiento, desmejora en la calidad del servicio", fue la orden del fallo.A pesar de tener una orden judicial, donde establecía un plazo de 48 horas para dar respuesta y continuidad al paciente, la Nueva EPS no se comunicó con el usuario, ni tampoco dio respuesta a las exigencias del Juzgado.Hasta el momento la Nueva EPS no ha emitido un pronunciamiento oficial respecto a orden de arresto de los directivos regionales.
La comunidad en el corregimiento de Villagorgona en Candelaria, Valle del Cauca, permanece atemorizada ante el recrudecimiento de la guerra entre bandas criminales que delinquen en esa zona del municipio.En la última semana, han sido asesinadas cuatro personas en hechos relacionados con esta disputa. Entre las víctimas de estos homicidios está Yilber Andrés Zúñiga, quien era funcionario del departamento de Hacienda de la Alcaldía de Candelaria, quien fue alcanzado por una bala perdida, mientras departía en el corregimiento junto a una mujer, quien también murió en ese ataque.Ante estos hechos de violencia, las autoridades realizaron un consejo de seguridad extraordinario, para atender urgentemente esta situación, estableciendo un fondo de recompensas de 10 millones de pesos para lograr la captura de los responsables de estos homicidios."Allí lo que tenemos es una vendetta entre unas bandas delincuenciales, ya se tienen ubicados los nombres de las personas que nos están generando estas afectaciones y que están involucradas en los homicidios de Villagorgona este año. Uno se llama Juan Sebastián Caicedo Mora, que tiene el alias de 'El Búho', y Cristian David Ramírez Torres, que tiene el alias de 'El Pollo'. Vamos a iniciar una labor muy fuerte sacando volantes ofreciendo la recompensa, para que nos ayuden a dar con el paradero de estas personas" aseguró el secretario de gobierno de Candelaria, Eberto Riveros.En el consejo de seguridad también se habló de otro homicidio ocurrido en el sector del Poblado Campestre en la tarde del pasado martes, donde fue asesinado un hombre en un sitio conocido como El Callejón de San Juan, ahí las autoridades indicaron que se trataría de un hecho ajeno a la situación de Villagorgona y se confirmó la captura del agresor.
De nuevo, las autoridades en Cali evitaron un ataque con explosivos contra la Policía en el oriente de la ciudad, al sorprender a un hombre de aproximadamente 20 años, con un artefacto improvisado que pretendía lanzar contra una patrulla en el barrio El Diamante.Este sujeto fue identificado en medio de las operaciones que se vienen adelantando en las diferentes zonas de la capital vallecaucana, encendiendo las alarmas al actuar de manera sospechosa. De inmediato este hombre fue capturado, y ahora deberá responder por el delito de fabricación tráfico y porte de armas y explosivos de uso privativo de la fuerza pública."Esta acción protegió la vida e integridad de cientos de ciudadanos. Rechazamos cualquier hecho violento o amenaza que atente contra la seguridad y los derechos fundamentales de la población. Exigimos adicionalmente el pronto esclarecimiento de lo ocurrido, la identificación de los responsables y su judicialización", señaló el personero de Cali, Gerardo Mendoza.Cabe recordar que al inicio de esta semana, el alcalde Alejandro Eder reiteró a la comunidad el ofrecimiento de recompensas para seguir evitando hechos de orden público en la ciudad. Este ya sería el cuarto atentado frustrado en el año, en el área metropolitana."En ese sentido agradezco a la Policía que ha estado pendiente en esa coordinación con Fiscalía y con Ejército para evitar más ataques terroristas. También quiero recordarle a la ciudadanía que ofrecemos recompensas a cambio de información. Pueden marcar al 321 394 5156", indicó el mandatario.Mientras el capturado está en proceso de judicialización, el personal de antiexplosivos de la Policía realizó la detonación controlada del artefacto, evitando que la comunidad del barrio El Diamante corriera más riesgos.
Son cientos los vehículos de carga que permanecen represados en la vía hacia Buenaventura, a la altura del sector de Agua Dulce, debido a los constantes bloqueos que se han registrado desde comienzos de esta semana. La situación estaría generando retrasos en la llegada de tractocamiones para el cargue y descargue de mercancías en el principal puerto del Pacífico colombiano, afectando de manera directa la operación logística y comercial del país.En videos difundidos a través de redes sociales se observan extensas filas de camiones detenidos, cuyos conductores permanecen a la espera de que se habilite el paso. Dayana Conrado, secretaria de Gobierno de la Alcaldía de Buenaventura, explicó que actualmente se trabaja en la búsqueda de soluciones junto al Gobierno Nacional y la Agencia Nacional de Tierras.“Tenemos dos bloqueos en el corredor vial. Uno en el sector de El Gallinero, donde comunidades solicitan el cumplimiento de acuerdos por parte de la Agencia Nacional de Tierras. Están pidiendo la presencia de representantes en el territorio para avanzar en compromisos pendientes. También hemos tenido otras interrupciones, frente a las cuales estamos promoviendo mesas de diálogo”, indicó la funcionaria.Por su parte, Javier Ocampo, miembro principal de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Buenaventura, advirtió que las pérdidas económicas serían millonarias para los diferentes sectores productivos.“La situación es caótica. Prácticamente vivimos encerrados porque no hay salida constante. Los bloqueos afectan el comercio, el turismo y el comercio exterior. En la Cámara de Comercio somos cerca de 18 mil afiliados que podrían estar perdiendo hasta 800 millones de pesos diarios”, manifestó Ocampo.El panorama preocupa aún más al gremio transportador. Marisol Hincapié, vocera del sector, aseguró que algunos conductores contemplan dejar de operar en Buenaventura.“Estamos cansados. No sabemos qué hacer frente a tantos bloqueos. Perdemos tiempo y dinero. Incluso se ha planteado trasladar operaciones hacia otros puertos del país”, señaló la vocera del gremio de transporte de carga.Aunque la administración distrital insiste en las mesas de diálogo, los bloqueos persisten, como en el caso de la comunidad de La Triana, que protesta por la falta del servicio eléctrico, manteniendo en vilo la movilidad hacia el puerto.
Inició el traslado del puente provisional que Invías instalará en el paso sobre el río Mulatos en Urabá y afectado por las recientes lluvias en la región. Más de 100 familias damnificadas en Antioquia también podrán acceder a subsidios de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Al tiempo que por parte de la Gobernación de Antioquia avanzan obras civiles para rehabilitar cuanto antes el paso provisional en los puentes afectados por las fuertes lluvias de las últimas semanas en Urabá, entidades del Gobierno nacional también desarrollan parte de su gestión.Este es el caso del Instituto Nacional de Vías (Invías) que confirmó el inicio del traslado de toda la estructura metálica que será instalada como puente provisional sobre el río Mulatos y que sigue manteniendo incomunicado a Necoclí con San Juan de Urabá.La estructura que será instalada en los próximos días cuenta con 48 metros de longitud y capacidad para soportar hasta 52 toneladas. El Invías indicó que operará inicialmente a un carril con paso controlado, mientras avanzan las obras de cimentación y adecuación de apoyos para una solución estructural definitiva en esta zona.La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, destacó las gestiones adelantadas hasta ahora como respuesta técnica y logística prioritaria para atender la compleja situación que aún afronta el Urabá antioqueño.“El puente llega en 2 días, queda listo para poder ser instalado con lo que calculamos la solución más rápida posible para garantizar de nuevo esa conectividad”, indicó.Al tiempo de estas gestiones para recuperar la infraestructura y la movilidad en la zona, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo iniciará el desembolso de subsidios para familias afectadas por el fenómeno de La Niña en los últimos años y que se encuentran en el Registro Único Nacional de Damnificados.Se trata de un apoyo económico por 500 mil pesos que podrán cobrar por única vez 135 beneficiarios en el departamento acercándose a corresponsales bancarios autorizados, así como sucursales del Banco Agrario.
Luis Alfredo Acuña Vera, escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP), quedó en libertad tras la audiencia de legalización de captura. Acuña Vera había sido detenido en una vía cercana a Hatonuevo, La Guajira, con 145 millones de pesos en efectivo.El funcionario de la UNP manifestó a las autoridades que los recursos estaban destinados a la compra de una camioneta.El dinero estaba dividido en siete sobres marcados con nombres de personas entre ellas la de Devora Barros, Beba Ramírez, Kevin Cancillo, Ghandi R, Rosa Pacheco, Edwin Solano y Cristian Bermúdez.El abogado Iván Cancino indicó que el juez de garantías no legalizó la detención al no encontrar pruebas del origen ilícito del dinero ni relación con compra de votos.Las autoridades ordenaron la devolución del monto incautado mientras continúan las investigaciones.Durante el procedimiento se encontraron tarjetones pedagógicos y publicidad del representante y candidato al Senado Daniel Restrepo Carmona. Acuña Vera hace parte del esquema de seguridad del secretario general de la Cámara, el conservador Jaime Luis Lacouture.La UNP informó la apertura de investigación interna. El Presidente Gustavo Petro se pronunció en redes sociales y afirmó que la Policía tiene orden de capturar a compradores de votos y ponerlos a disposición de la Fiscalía. Indicó que la compra de votos permite afectación al sufragio. No se entregaron detalles adicionales.El operativoEl operativo fue confirmado por el director de la institución, el general William Rincón, y realizado en un puesto de control ubicado en la carretera que comunica las localidades de Distracción y Cuestecitas."Los recursos estaban distribuidos en siete sobres, marcados con los nombres de dos municipios y un corregimiento (pueblo), lo que evidenciaría una posible estructura para la comisión de delitos electorales", detalló en X el alto oficial.La compra de votos, conocida técnicamente en el Código Penal como corrupción al sufragante, suele intensificarse en vísperas de elecciones como las de este domingo 8 de marzo, jornada en la que los colombianos renovarán el Senado y la Cámara de Representantes, y también definirán los candidatos presidenciales de las coaliciones de izquierda, centro y derecha para la primera vuelta del 31 de mayo.El fraude busca influir en los resultados mediante el intercambio de dinero, alimentos o materiales de construcción por votos.
La Dijín de la Policía capturó en Bogotá a Cristian Poveda, un colombiano solicitado en extradición por el Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, en el estado de Florida, por los delitos de abuso sexual, violencia y privación de la libertad.La captura, según las autoridades, se realizó en la localidad de Fontibón, mediante un operativo conjunto adelantado por la Dijín, el CTI de la Fiscalía y con apoyo del Servicio de Marshals de Estados Unidos.De acuerdo con el coronel Elver Alfonso, director de Investigación Criminal e Interpol, el requerimiento internacional obedece a hechos que ocurrieron en agosto de 2025. "Según la investigación adelantada por autoridades judiciales de Florida, el capturado es señalado de presuntamente haber agredido física, psicológica y sexualmente a su expareja sentimental", indicó el oficial.Según la investigación, tras un reclamo por una supuesta infidelidad, Poveda habría golpeado a la víctima; luego la habría accedido carnalmente de manera violenta y la mantuvo privada de la libertad, despojándola de su teléfono celular y pertenencias personales. La mujer logró escapar aprovechando un descuido del agresor y pidió ayuda a un vecino, lo que permitió activar la respuesta de las autoridades.El mismo día de los hechos, el ahora capturado habría salido de territorio estadounidense con destino a Colombia, presuntamente para evadir la acción de la justicia.Las labores de inteligencia permitieron establecer que residía en Bogotá, donde se desempeñaba como instructor de gimnasio. Tras su captura, fue trasladado a las instalaciones de la Dijín para la verificación de identidad y posteriormente quedó a disposición de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía, a la espera de que se materialice su extradición a Estados Unidos.
Un macabro hallazgo se registró en las últimas horas en la localidad de Fontibón, occidente de Bogotá, donde uniformados de la Policía encontraron partes de un cuerpo humano al interior de una maleta abandonada en una zona boscosa del barrio Santander.El descubrimiento se produjo, según las autoridades, en medio de labores de patrullaje en el sector ubicado en la calle 24 con 89. Según informó el teniente coronel Julio Botero, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, fueron los propios patrulleros quienes detectaron el objeto sospechoso y procedieron a verificar su contenido.“Nuestra zona de atención en la localidad de Fontibón, mediante labores de patrullaje, halla en una zona boscosa en el barrio Santander una maleta. Al adelantar las verificaciones logra establecer que al interior de esa se encuentran partes de cuerpo humano. Inmediatamente se informa y al sitio llega el Cuerpo Técnico de Investigación, que se encarga de realizar la inspección técnica al lugar de los hechos”, señaló el oficial.Tras la confirmación del hallazgo, el CTI de la Fiscalía asumió la investigación y realizó la inspección técnica al lugar para recolectar las pruebas necesarias. La Policía Metropolitana dispuso además de unidades de apoyo para la verificación y recolección de material videográfico en el sector, con el fin de esclarecer lo ocurrido.Por ahora, las autoridades no han logrado identificar el cuerpo ni establecer los móviles del crimen. Las grabaciones de cámaras de seguridad cercanas podrían convertirse en pieza clave para dar con los responsables de este hecho que genera conmoción en la capital del país.
No cabe duda de que para miles de colombianos pensionados, la mesada que reciben de Colpensiones no solo es un ingreso, sino que se convierte en la base principal de su sustento diario. Sin embargo, aunque el derecho a la pensión es irrenunciable, no es automático ni incondicional.De hecho, la entidad ha reforzado sus mecanismos de control para garantizar que los recursos públicos lleguen únicamente a quienes cumplen los requisitos de ley. Ante esto, existen algunas causas que podrían llevar a que el pago de la mesada sea suspendido de forma temporal o definitiva.¿Por qué Colpensiones suspende el pago de las mesadas?Uno de los motivos más comunes para que el pago se suspenda es no acreditar la supervivencia, especialmente en el caso de pensionados que viven fuera del país. En Colombia, la verificación se cruza de manera automática con la Registraduría; sin embargo, quienes residen en el exterior deben presentar certificación cada seis meses ante el consulado o por canales autorizados. Si ese reporte no llega a tiempo, Colpensiones detiene los pagos de manera preventiva. Por otro lado, la mesada también puede frenarse cuando hay inconsistencias documentales o sospechas de fraude. Colpensiones realiza auditorías sobre historias laborales y soportes entregados por los afiliados; si detecta documentación presuntamente falsa, errores graves o indicios de suplantación de identidad, puede suspender el pago mientras adelanta la investigación correspondiente.En estos casos, la ley exige que la persona sea notificada y pueda ejercer su derecho a la defensa; si se comprueba la existencia de fraude, la pensión se cancela de manera definitiva y se activan procesos penales.Pensiones por invalidez y sobrevivencia pueden suspenderseLas pensiones por invalidez tampoco son estáticas. La normativa permite solicitar revisiones médicas periódicas para confirmar que la pérdida de capacidad laboral sigue siendo igual o superior al 50 %. Si el beneficiario no asiste a las valoraciones programadas, la mesada puede suspenderse.En el caso de las pensiones de sobrevivientes, también existen controles claros. Por ejemplo:Hijos mayores de edad que estudian deben presentar certificado de escolaridad al inicio de cada semestre.Cónyuges o compañeros permanentes deben demostrar convivencia y dependencia económica cuando la entidad lo requiera.La ausencia de estos documentos genera suspensión automática hasta que se subsane la situación.
Una recompensa de hasta $30 millones ofrecieron las autoridades en el Valle del Cauca por información que permita ubicar a los responsables del doble homicidio de madre e hija en zona rural del municipio de San Pedro.Los hechos ocurrieron en la noche de este miércoles, exactamente en el corregimiento de Monte Redondo, hasta donde llegaron hombres en motocicleta y, con armas de fuego, les dispararon a las dos mujeres."Le informamos a toda la comunidad que tenemos una recompensa de este hecho, que rechazamos lo ocurrido y le hacemos un llamado a todos los ciudadanos para que, con su ayuda, podamos llevar ante la justicia a los responsables de este horrible crimen", dijo Guillermo Londoño, subsecretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle del Cauca.Las víctimas fueron identificadas como María Graciela Agudelo, de 65 años, y Jessica Julieth Diez Agudelo, de 25 años, dedicadas a la agricultura y a la venta de productos. Las autoridades, por el momento, se encuentran realizando las investigaciones para esclarecer lo sucedido."Tenemos una articulación entre la Policía, el Ejército, la Fiscalía General de la Nación y otras instituciones que hemos dispuesto de todas las capacidades de investigación e inteligencia con el fin de recoger el material probatorio y poder dar con la captura de las personas que afectaron la vida de estas dos mujeres", manifestó la coronel Sandra Liliana Rodríguez, comandante del Departamento de Policía Valle.Otra decisión tomada al finalizar un consejo de seguridad, que se llevó a cabo en ese municipio, es la de iniciar una serie de operativos entre Ejército y Policía para ubicar a los responsables del doble homicidio.
Toda una tragedia vive una familia en Cali, tras la muerte de una mujer de 41 años en medio de un procedimiento estético, al parecer, realizado en una clínica clandestina de la ciudad. Le puede interesar: La mujer, quien residía desde hace varios años en Canadá, llegó a la capital del Valle para realizarse la intervención y, al presentar complicaciones, perdió la vida en el sitio.Según las autoridades de Salud, la muerte de esta mujer habría sido provocada por la inyección de biopolímeros en su cuerpo. Cabe resaltar que en noviembre del 2024, ya se había sometido a un procedimiento similar."Este es el segundo cierre del año total de una institución prestadora de salud, pues tiene el agravante de haber tenido una paciente con complicaciones que terminó derivada en la alta complejidad y desafortunadamente falleció", dijo el secretario de Salud de Cali, Germán Escobar.En lo corrido del 2025 las autoridades sanitarias ha realizado 80 visitas para verificar el cumplimiento de la norma de habilitación en IPS. Mientras que en el 2024, se realizaron 250 inspecciones y 28 cierres por no cumplir con los requisitos mínimos para operar.
La crítica situación del sistema de Salud en el Valle del Cauca ya comienza a afectar la atención al magisterio en el departamento, que a pesar de tener su propio modelo de salud, el cual fue modificado meses atrás, aún presenta barreras.Los maestros vinculados a la Asociación Sindical de Educadores del Valle, ASIEVA denuncian que también se han visto afectados por la escasez de medicamentos, además varias instituciones de alta complejidad han dejado de atenderlos por inconvenientes en el pago del FOMAG."No están los medicamentos en las droguerías y hay mucho represamiento, lo que genera inconformidad en el magisterio. Se han presentado cierres y reaperturas constante de servicios en diferentes centros, por ejemplo Valle del Lili desde diciembre no atiende a nadie más del FOMAG, e Imbanaco también cerró la atención en un momento determinado", aseguró Alejandro Usma, presidente del sindicato ASIEVA.Estas deficiencias en la atención en salud del magisterio no solo se está presentando en Cali, en otros municipios del centro y norte del Valle también han dejado de atender a los maestros de instituciones públicas."En la Fundación San José de Buga cerró las puertas a la Fiduprevisora y toda la atención de este municipio se recarga en Tuluá. También hay laboratorios cerraron su atención para exámenes de alta complejidad", añadió Usma.Por otra parte, la secretaría de Salud de Cali se reunió nuevamente con las EPS intervenidas con mayor número de usuarios en la ciudad, encuentro en el cual estas entidades se comprometieron a abrir más dispensarios en los próximos días."La Nueva EPS nos confirma que abrirá tres centros más para la dispensación de medicamentos en los próximos días. Emssanar ha mejorad su atención sustancialmente con Farmar y ha aperturado nuevos centros. La SOS viene en proceso con su operador logístico para atender y hacer un cierre de las PQRS y ponerse al día en los medicamentos, estamos encima de ellos", dijo el secretario de Salud de Cali, Germán Escobar.
La escalada terrorista que se vivió especialmente durante el miércoles en el departamento del Cauca ya se extiende al Valle, pues desde la madrugada de este jueves, unidades antiexplosivos de la Tercera Brigada del Ejército y la Policía del Valle del Cauca se encuentran en la vía entre Loboguerrero y Buenaventura verificando un cilindro que posiblemente está cargado con explosivos.Este elemento fue abandonado en el kilómetro 23 de la carretera, en inmediaciones de la vereda La Esperanza de Buenaventura, al parecer por miembros de la estructura Jaime Martínez, disidencia de las Farc.Este posible explosivo aparece horas después de un hostigamiento registrado en la madrugada en zona rural del municipio de Dagua, donde la comunidad del corregimiento del Queremal permaneció varios minutos confinada en sus casas, mientras los disidentes atacaban a la fuerza pública con ráfagas de fusil. Actualmente la vía hacia el principal puerto sobre el Pacífico está cerrada mientras las autoridades verifican el elemento.Oleada violenta en el CaucaCabe recordar que, en las últimas horas, otros municipios de Cauca como Piendamó, Patía, Suárez, Caloto, Caldono, Corinto, Toribío, Santander de Quilichao, Miranda y El Tambo, fueron blanco de ataques terroristas, siendo el del primer municipio mencionado uno de los más graves al reportarse 73 heridos, 20 de ellos en estado crítico.
El departamento del Cauca amaneció en shock tras una ola de ataques coordinados por parte de disidencias de las FARC, que en las últimas 24 horas sembraron el terror en al menos 10 municipios. Con explosiones, motobombas y hasta drones armados, los grupos ilegales atacaron estaciones de policía, zonas comerciales y viviendas civiles, dejando un saldo preliminar de más de 100 heridos, entre ellos niños y adultos mayores, y un soldado muerto.Los municipios de Piendamó, Patía, Suárez, Caloto, Caldono, Corinto, Toribío, Santander de Quilichao, Miranda y El Tambo fueron escenario de una arremetida sin precedentes. Según autoridades, las disidencias —que se atribuyen los ataques como una "celebración" del aniversario de la muerte de Manuel Marulanda, alias Tirofijo— utilizaron tácticas combinadas:Motocicletas bomba en zonas densamente pobladas.Ataques con drones contra instalaciones policiales.Hostigamientos con armas de fuego a puestos militares.El episodio más grave ocurrió en Piendamó, donde una motobomba estalló frente a la estación de policía, ubicada en pleno parque principal durante un día de mercado. La explosión, que causó pánico entre comerciantes y familias, dejó 73 heridos, 20 de ellos en estado crítico. "Todo fue caos. Había niños saliendo del colegio y gente comprando cuando ocurrió el estallido", relató Marcela Márquez, comandante de Bomberos local.Víctimas y respuesta estatalEntre las víctimas fatales se confirmó la muerte del soldado Roque Gutiérrez Romario, asesinado en un ataque en el corregimiento de Piedra Sentada (Patía), donde otros dos militares resultaron lesionados. En Suárez, un drone impactó cerca de un hospital, hiriendo a siete personas, incluidos un policía y dos menores.El secretario de Gobierno del Cauca, Jorge Macías, calificó los hechos como "actos cobardes contra la población civil". Mientras tanto, el alcalde de Piendamó decretó toque de queda hasta las 6:00 a.m., suspensión de clases y "ley seca" para evitar concentraciones. Hospitales de Popayán recibieron a los heridos más graves, varios con quemaduras y esquirlas.¿Por qué ahora? Las disidencias involucradas —vinculadas al frente de Iván Mordisco, quien rompió el fallido proceso de paz con el gobierno— justificaron los ataques como una conmemoración violenta. Sin embargo, analistas señalan que buscan reafirmar control territorial ante la presencia militar en la región.El Ejército desplegó refuerzos de la Tercera Brigada, pero la magnitud de los ataques evidencia la capacidad operativa de estos grupos. "No es solo el Cauca: hay alerta en Nariño y Valle por posibles réplicas", advirtió un oficial bajo anonimato.
Lo que transcurría como una noche normal en el municipio de Cartago, se convirtió en una trágica tras el asesinato de tres personas en un parque.El hecho se registró hacia las 10:30 de la noche del martes 3 de marzo, en un parque ubicado entre los barrios El Danubio y San Joaquín, en la comuna 7 de esta localidad.De acuerdo con la información oficial, las víctimas se encontraban en el lugar, cuando fueron atacadas con arma de fuego por hombres que se movilizaban en una motocicleta. El coronel Pedro Astaiza, subcomandante de la Policía Valle, confirmó que, según las primeras indagaciones, una de las víctimas tenía antecedentes judiciales por el delito de homicidio y otros comportamientos contrarios a la ley.El oficial también señaló que este ataque se produjo pocas horas después de la captura de alias 'Cakin', señalado cabecilla principal del grupo criminal Los Flacos, estructura delincuencial que afecta al norte del departamento y por quien se ofrecía una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permitiera su captura.Desde el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) catalogaron el hecho como una masacre y recordaron la alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo, en la que se incluye a Cartago dentro de los municipios con riesgo alto por la presencia de bandas criminales. Entre tanto, las autoridades adelantan las labores de identificación plena de las víctimas y continúan con las investigaciones para dar con el paradero de los responsables.
El debate sobre el salario mínimo sigue generando inquietud, y es que esos $ 2.000.000 han llevado a que muchas empresas deban ajustar gastos e inversiones, así como a plantear que el desempleo podría aumentar en el país.Pero mientras eso ocurre, en Cali hay un grupo de trabajadores que celebra la decisión de la Alcaldía de incrementar el 8,6 % en el salario de los trabajadores públicos oficiales, una determinación que se revisa desde febrero y que el pasado 3 de marzo fue formalizada mediante un acto administrativo.Cabe recordar que usualmente las empresas ajustan el salario solo de quienes devengan el mínimo, pero quienes ganan más no reciben ningún aumento o, como máximo, el equivalente a la inflación, que fue de 5,10 %, por lo que este ajuste estaría por encima. Si bien está lejos del incremento del 23 % que decretó el gobierno Petro, sí representa un alivio en medio del alto costo de vida.Aumento salarial del 8,6 % para trabajadores públicos en CaliEste ajuste corresponde a la inflación de 5,10 % más un 3,5 % adicional pactado en convenciones colectivas. Es decir, no es una decisión tomada a la ligera, sino que responde al cumplimiento de acuerdos previos con los trabajadores.La Alcaldía de Cali explicó que el acto ya fue remitido a las dependencias encargadas de hacerlo efectivo, entre ellas:Hacienda.Desarrollo e Innovación Institucional.Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.La instrucción es garantizar su correcta aplicación en la nómina.La administración distrital señaló que con esta decisión reafirma su compromiso con el bienestar laboral y con el cumplimiento de los acuerdos convencionales suscritos con los trabajadores oficiales.¿El aumento será retroactivo?A pesar de la buena noticia, una de las preguntas más frecuentes entre los empleados es si el incremento tendrá efecto retroactivo. Y sí, será retroactivo. La Alcaldía reveló que el aumento empezará a aplicarse desde el 1 de enero de 2026; es decir, los empleados recibirán el ajuste correspondiente a los meses que ya transcurrieron del año.Por lo tanto, la medida no solo impactará los pagos en lo que resta del año, sino que también compensará enero y febrero.Aunque el porcentaje es menor al del salario mínimo nacional, el 8,6 % supera la inflación, lo que en términos reales representa una mejora en el poder adquisitivo de este grupo de empleados públicos.
La Contraloría General de la República advierte a la ANI que puede terminar perdiendo el pulso contra el Grupo Portuario en medio de la polémica por el Muelle 13 de Buenaventura.El año pasado, la Anla ordenó suspender las actividades del Muelle 13 argumentando graves afectaciones al medio ambiente, y desde entonces el Gobierno ha intentado terminar los contratos de Grupo Portuario, no solo en Muelle 13 sino también en otros terminales en Buenaventura.Hoy la Contraloría le dice a la ANI que existe un riesgo jurídico y económico en medio de las acciones del Grupo Portuario contra la ANI, tanto en el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca como en el Tribunal de Arbitramento. Entre otras cosas, en concepto del ente de control, hoy está vigente una resolución de la ANI que estableció que Grupo Portuario opera una Unidad Portuaria, por lo que Muelle 13 no puede entenderse como un asunto aislado."Igualmente son latentes las consecuencias por el no acatamiento de lo ordenado por el Tribunal de Arbitramento en el asunto No. 156828, mediante el Acta No. 5 del 23 de septiembre de 2025, que impide la terminación del contrato de Concesión Portuaria No. 018 de 1997 a la ANI, hasta que se emita el laudo arbitral", agregó la Contraloría.La advertencia no es vinculante para la ANI.
Recientemente, el Juzgado Tercero Penal para Adolescentes con Funciones de Conocimiento del Circuito de Cali admitió la acción de tutela interpuesta por uno de los sindicatos del Ministerio del Trabajo, que exige acciones inmediatas respecto a algunas fallas en el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de la sede del Ministerio en la capital vallecaucana.La denuncia la hizo el Sindicato de Trabajadores Defensores del Mérito, Sintramérito, que evidenció las condiciones actuales de los elementos del plan de emergencias dentro de la sede ubicada en la Avenida 3 Norte #23 AN – 02, en el norte de Cali.Entre los hallazgos se encuentran el averío de la alarma y luces de emergencia, también de los rociadores contra incendios, extintores vencidos, la falta de botiquines completamente equipados y falta de señalización adecuada del punto de encuentro en caso de evacuación."Resulta paradójico que, en este caso, el Empleador sea el Ministerio de Trabajo, cuya función como entidad es, entre otras, formular, adoptar y orientar las políticas públicas para el trabajo, garantizando el derecho al trabajo decente, y la protección de los derechos de los trabajadores, pero que al momento de ceñirse a esa misma ley que promulga y defiende, se convierta en un trasgresor de aquello en lo que es garante y referente", señala Sintramérito en el documento.En la tutela también se advierte una serie de riesgos locativos, debido a condiciones físicas indadecuadas de las instalaciones de la sede del MinTrabajo en Cali, las cuales podrían generar accidentes laborales."Con el fin de que se le amparen los derechos fundamentales a la salud, a la vida, y al trabajo en condiciones dignas y justas de sus asociados. También se correrá traslado de la demanda tutelar a la Procuraduría General de la Nación, conforme lo solicitado por el actor, con el fin de que allegue pronunciamiento", se indicó en el fallo del juzgado.El sindicato solicitó que como medida provisional se suspendiera temporalmente las actividades laborales y atención al público en el edificio de la Dirección Territorial del Valle del Cauca, implementando la modalidad de trabajo en Casa, sin embargo, esta solicitud no fue aceptada por el juzgado.