Nuevamente la incertidumbre embarga a la comunidad en Buenaventura, debido al regreso de las balaceras en plena vía pública. En menos de 24 horas se registraron dos hechos violentos, en los que murieron dos jóvenes, y cuatro personas más resultaron heridas.El hecho más reciente ocurrió en el barrio Juan XXIII, en la noche del jueves, ahí sujetos en motocicleta atacó a disparos a un grupo de personas que departía en una casa. El ataque dejó heridas a cuatro personas: una mujer de 55 años, su hijo y otros dos amigos del muchacho; siendo todos los jóvenes menores de edad. Las víctimas rápidamente fueron auxiliadas y llevadas a un centro asistencial."Los adolescentes se encontraban sentados en el antejardín de la vivienda y en ese momento dos sujetos que se movilizaban en motocicleta habrían realizado varios disparos en contra de su integridad. Posterior se adelantaron las labores investigativas correspondientes a esclarecer estos hechos y ubicar a los responsables", explicó el cronel Gustavo Chaparro, comandante del distrito especial de Policía Buenaventura.Horas antes de este hecho, en el barrio San Francisco de este mismo distrito, dos jóvenes murieron al resultar en medio de otro enfrentamiento, las víctimas fueron identificadas como Cristian Brayan Castro y Daniel Rentería, y según la comunidad, eran dos jóvenes que no tenían nada que ver con la disputa entre bandas que se vive en el distrito."Hubo un enfrentamiento en el barrio y él (Cristian Brayan) iba saliendo a trabajar y en eso lo alcanzaron las balas. Ahí pagan justo por pecaderes, y como tal, no sabría qué decirle, por lo menos que pongan más mano dura en los barrios, A ver si la situación puede cambiar algún día. Él era una buena persona (Daniel), no se metía con nadie, no le daba problemas a nadie", explicaron algunos familiares de las víctimas.
Dos equipos de investigadores de la Policía se encuentran recolectando datos, testimonios y pruebas para esclarecer los hechos ocurridos en inmediaciones del barrio El Cedro, al sur de Cali.Específicamente en la Avenida Roosevelt entre carreras 32 y 36, la ciudadanía reportó dos balaceras ocurridas con solo minutos de diferencia, que generó pánico entre los trabajadores de establecimientos comerciales en el sector y conductores que transitaban en el lugar.El primer crimen ocurrió en el semáforo cerca a la estación de combustible de la zona, ahí dos hombres a bordo de una motocicleta atacaron a disparos a María Mercedes Novoa Puerta de 32 años, quien se encontraba en su vehículo esperando el cambio del semáforo. La víctima rápidamente fue auxiliada y llevada por una ambulancia a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica."El semáforo estaba en rojo, la niña estaba esperando al cambio, en ese momento aparecieron dos manes de moto y le dispararon. Yo escuché ocho ahí, cuando dispararon ella se bajó del carro y se fue al andén, ahí se agarró el estómago y se desmayó" narró un testigo del hecho.Minutos después, en el mismo sector se registró una riña entre un grupo de hinchas del América de Cali que había salido del estadio Pascual Guerrero tras el partido de la Copa Sudamericana, ahí también se reportaron disparos."Al parecer esta persona estaba siendo seguida por dos sujetos, atentan contra la vida de esta mujer y ahora estamos haciendo toda la recolección tanto en el lugar de los hechos, como a través de posibles testigos. No tenemos información sobre que tenga relación, al parecer son hechos aislados, el otro al parecer tiene que ver con temas de intolerancia", explicó el general Herbert Benavidez, comandante de la policía en Cali.En medio de la riña varios de estos hinchas incendiaron una motocicleta, atacaron a piedras una vivienda del sector y vandalizaron varios vehículos que se encontraban en un taller de mecánica."Esperaron que todo el mundo se retirara y llegaron más de 100 personas, los que nos atacaron el local. Nos dañaron las rejas, dañaron el carro de mi papá, los carros de un cliente, ¿Y quién nos responde? La motico es de uno de los hermanos de mi papá, la dejó allá fuerita, y le quemaron la motico", dijo una comerciante de la zona, afectada por lo ocurrido.Las autoridades avanzan en las investigaciones de cada uno de estos casos para determinar tanto las causas del ataque hacia la mujer, así como para dar con los hinchas involucrados en la riña.
Tras finalizar un consejo de seguridad electoral, las autoridades en el Valle del Cauca confirmaron que cerca de 12.000 hombres y mujeres de la Fuerza Pública estarán desplegados en los más de 1.166 puestos de votación del departamento para garantizar la seguridad durante la jornada electoral.Asimismo, anunciaron que se reforzará la seguridad en Buenaventura y Jamundí, municipios considerados de mayor riesgo, con el fin de prevenir posibles alteraciones del orden público durante las votaciones.“Los uniformados estarán distribuidos en los 1.166 puestos de votación, de los cuales 762 estarán a cargo de la Policía Nacional, 357 del Ejército Nacional, 30 de la Armada, 9 del Inpec y 8 serán mixtos. De esta manera estaremos dispuestos el día domingo para las elecciones. Tanto los puestos urbanos como rurales estarán cubiertos con estos 12.000 uniformados. Además, contamos con personal de apoyo que ha llegado desde el nivel central de las diferentes unidades del Ejército y la Armada”, dijo la general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía del departamento.De igual forma, las autoridades informaron que se instalarán dos Puestos de Mando Unificado (PMU), uno en el comando de la Policía Metropolitana de Cali y otro en el Centro de Gestión de Emergencias y Seguridad en Buga, desde donde se realizará el monitoreo permanente del desarrollo de la jornada electoral.“Desde estos PMU estaremos monitoreando minuto a minuto el desarrollo de los comicios. Gracias a los recursos de la tasa de seguridad estamos garantizando la logística y el despliegue institucional de la Fuerza Pública”, explicó Guillermo Londoño, secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle.Entre tanto, el general Juan Odúber Rendón, comandante de la Tercera Brigada del Ejército, recordó que desde hace más de seis meses se viene trabajando de manera articulada con la Gobernación, las alcaldías, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea, la Policía y el Ejército para garantizar el normal desarrollo de los comicios.“Ya estamos en un 85 % del dispositivo de seguridad. Las tropas se encuentran en proceso de despliegue y en menos de 24 horas estaremos completamente posicionados para garantizar la jornada electoral”, señaló el oficial.En total, cerca de 3.800.000 ciudadanos están habilitados para votar en los más de 1.166 puestos de votación distribuidos en los diferentes municipios del departamento. Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier delito electoral a través de las líneas 157 y 153.
Los constantes bloqueos registrados en la vía hacia Buenaventura, en el Valle del Cauca, están generando un fuerte impacto en el sector turístico del principal puerto del Pacífico colombiano. Esta situación ha provocado cancelaciones de reservas en hoteles, retrasos en la llegada de visitantes y una notable disminución en el flujo de turistas que normalmente llegan por vía terrestre.Entre los destinos más afectados se encuentran Juanchaco, Ladrilleros y la reserva natural de San Cipriano, lugares que dependen en gran parte del turismo para su sostenimiento económico. Los empresarios y prestadores de servicios aseguran que la situación se ha vuelto crítica debido a la constante incertidumbre que generan los cierres en la carretera.“En lo que va corrido del año prácticamente no hemos trabajado. La gente ya no sabe qué hacer porque los turistas no están llegando. Muchos intentan venir, pero deben devolverse cuando encuentran la vía bloqueada. La situación cada vez es más crítica y estamos prácticamente quebrados. En un fin de semana normalmente podríamos recibir cinco personas o incluso grupos de hasta 60 visitantes, pero ahora no ha llegado nadie”, señaló Milady Guapo, propietaria de un hostal en Ladrilleros.Ante este panorama, empresarios del sector turístico hicieron un llamado al Gobierno nacional y a las autoridades para que se busquen soluciones que permitan evitar los bloqueos que realizan algunas comunidades en la vía.“Como destino turístico del Pacífico sabemos que Buenaventura es uno de los principales atractivos naturales del suroccidente colombiano. Sin embargo, vemos cómo se pierde la oportunidad de trabajar debido a estos bloqueos. En nuestras playas recibimos cerca de 180.000 turistas al año, además de quienes visitan los ríos en San Cipriano y otros lugares. Todo ese esfuerzo se ve afectado cuando las vías permanecen cerradas”, explicó Jhon Álvarez, representante legal de la Asociación Predesarrollo de la Zona Turística y Ecológica del Pacífico.De acuerdo con cifras del Sistema de Información Turística del Valle del Cauca (Situr Valle), al año llegan cerca de 721.000 turistas interesados en realizar actividades turísticas en la región. No obstante, estos números se han reducido considerablemente debido a los bloqueos en la vía.Entre tanto, gremios del comercio estiman que las pérdidas económicas superarían los $1.200 millones de pesos diarios, afectando no solo al sector turístico, sino también a restaurantes, prestadores de servicios, transporte y al comercio en general.
La Alcaldía de Bogotá invitó a todos los ciudadanos que tengan una cámara de seguridad privada, en sus hogares o locales comerciales y que registren el espacio público, sumarlas a la conexión del sistema distrital.Según el alcalde Carlos Fernando Galán, una de las principales condiciones es que dichos equipos sean a color y tengan por lo menos dos megapíxeles de calidad.Quienes deseen sumarse pueden ingresar a la página https://argos.scj.gov.co/sic/login_ciudadano.xhtml. de la secretaría de Seguridad de Bogotá.El sistema cuenta con cerca de 13.000 cámaras integradas de entidades públicas y privadas que se monitorean desde el C4 y desde diez centros de control ubicados en estaciones de Policía.“Implementamos una herramienta de analítica de videos que nos permite cualquier video que tenga el C4, revisarlo con esta herramienta y detectar situaciones de inseguridad, de manejo inadecuado de basuras o cualquier situación relevante. Antes, ese análisis de esos videos tomaba horas y a una persona le tocaba quedarse revisando el video. Ahora, con esta herramienta, en cuestión de segundos o máximo minutos”, agregó Galán.Todas además operan de manera articulada con la Policía, Fiscalía y varias dependencias de la alcaldía como secretarías de Seguridad, Movilidad, Mujer y Salud, Bomberos e Idiger, entre otras.
Este jueves en Voz Populi hablamos de los diferentes temas políticos, nacionales e internacionales más importantes, acompañados del humor característico de cada uno de nuestros personajes en el programa.
Pese que, por el momento, Atlético Nacional no ha confirmado la salida del técnico Diego Arias tras la eliminación del equipo en la Copa Sudamericana, en redes sociales comenzó a sonar el sonajero de los posibles nombres que podrían reemplazar al antioqueño.Desde el club desmintieron la salida, por el momento, pese que algunos periodistas han señalado que la decisión fue tomada y que comenzó la búsqueda de un entrenador. A la espera de una confirmación oficial, le contamos cinco técnicos colombianos libres que podrían encajar en Atlético Nacional si se da la salida de Arias.Juan Carlos Osorio y Reinaldo Rueda encabezan la lista de técnicos colombianos libresDe primeras en la lista de técnicos colombianos libres, que tiene en su web TrasnferMarket, aparecen Juan Carlos Osorio y Reinaldo Rueda en el listado. Lo positivo es que ambos son recordados y queridos en el cuadro verdolaga. Pero también, los otros que aparecen son Hernán Torres, Luis Fernando Suárez y Santiago Escobar. Estos son los perfiles de los técnicosJuan Carlos Osorio: su último paso fue por Brasil en Remo, en donde no salió de la mejor forma. Lo positivo es que el 'Mister' cuenta con pasado en el cuadro verdolaga, en donde fue multicampeón entre 2012 y 2015, llegando incluso a la final de la Copa Sudamericana y compitiendo en Copa Libertadores.Reinaldo Rueda: el fracaso con Honduras lo dejó libre y nuevamente en el radar, sin embargo, ya rechazó la opción de volver a finales de 2025. De llegar a cambiar el panorama, 'Triple R' siempre será bienvenido en la escuadra verde y blanca, en especial porque fue el artífice de la Copa Libertadores del 2016 y la Recopa Sudamericana del 2017 con la generación dorada del cuadro verdolaga.Hernán Torres: dejó a Millonarios hace poco por los malos resultados, pero su palmarés local lo reespalda. Si bien nunca ha estado en el radar verdolaga, siempre ha sido un entrenador que ha dado respeto en el FPC. Sin embargo, desde el cuadro verde y blanco no lo han visto como opción, hasta ahora.Luis Fernando Suárez: otro técnico con pasado en el cuadro verdolaga. Estuvo al mando entre 1999 y 2000, en donde conquistó el campeonato local y la Copa Merconorte. Sin embargo, su última experiencia con Deportivo Pereira no fue la mejor y su rendimiento fue de menos del 45 %.Santiago 'Sachi' Escobar: otro viejo conocido en Nacional. Hermano de la leyenda Andrés Escobar, que fue campeón con el club en dos ocasiones de la Liga (2005 y 2011). Si bien sus últimas experiencias no han sido las mejores, suele ser de los nombres más pedidos por la afición.
A veces una casa vacía guarda historias que pocos imaginan. Algunas fueron abandonadas de un día para otro; otras quedaron en manos del Estado tras largos procesos judiciales. Con el tiempo, esos inmuebles dejan de ser símbolo de un pasado y se convierten en nuevas oportunidades para quienes sueñan con invertir o tener vivienda propia.Frente a esto, la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. (SAE) anunció una gran subasta pública presencial de inmuebles y predios en Bogotá, donde ciudadanos e inversionistas podrán adquirir propiedades a precios competitivos.¿Cuándo será la subasta de inmuebles y predios en Bogotá?La entidad informó que la subasta pública presencial se llevará a cabo el próximo 7 de abril. En este evento se ofrecerán predios y otros bienes inmobiliarios que actualmente están bajo administración del Estado.Las personas interesadas en participar deben inscribirse previamente y tienen plazo hasta el 11 de marzo para completar el proceso de registro en la página web de la entidad.Según explicó la SAE, estas subastas buscan “abrir oportunidades de inversión seguras y transparentes”, permitiendo que los ciudadanos puedan acceder a propiedades que anteriormente estaban vinculadas a procesos judiciales.¿Qué es la SAE y por qué vende estos bienes?La Sociedad de Activos Especiales S.A.S. es una entidad de economía mixta vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia. Su función principal es administrar, cuidar y vender bienes que han sido incautados o están en proceso de extinción de dominio por actividades ilícitas.Estos activos hacen parte del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO), que busca que los bienes recuperados del crimen se conviertan en recursos útiles para el Estado y la sociedad.Entre los bienes que la entidad administra se encuentran:Casas y apartamentos.Lotes y predios rurales o urbanos.Vehículos.Otros activos provenientes de procesos judiciales.Con las subastas, el objetivo es “transformar esos bienes en activos productivos, ya sea mediante venta o arrendamiento”.Desde la SAE indicaron que estas jornadas de subasta permiten hacer compras seguras y transparentes, además de abrir la posibilidad para que más personas puedan acercarse al sueño de tener vivienda propia o hacer inversiones inmobiliarias.En el evento del 7 de abril se espera la participación de compradores particulares, empresarios e inversionistas interesados en adquirir propiedades a precios que, en muchos casos, pueden resultar más competitivos que los del mercado tradicional.Las personas que deseen participar deben realizar la inscripción antes del 11 de marzo, requisito indispensable para poder asistir y pujar por los inmuebles disponibles.
Varias organizaciones de la sociedad civil, agrupadas en la Alianza por la Democracia, rechazaron las afirmaciones del presidente Gustavo Petro, por su alocución del pasado 3 de marzo en la que volvió a cuestionar la transparencia del sistema electoral a pocos días de los comicios.En un comunicado, advirtieron que las declaraciones del mandatario son “irresponsables y peligrosas”, al considerar que desde su posición debe garantizar la estabilidad institucional y fortalecer la confianza ciudadana en las reglas democráticas. Según señalaron, sembrar dudas sobre la integridad del proceso puede afectar la legitimidad del sistema democrático y generar desinformación o tensiones que incluso deriven en violencia política.El pronunciamiento también menciona antecedentes internacionales para advertir sobre los riesgos de este tipo de discursos, recordando las acusaciones de fraude impulsadas por Donald Trump tras las elecciones de 2020, que contribuyeron a un clima de polarización que terminó en el asalto al Capitolio de Estados Unidos en 2021. De igual manera, citaron los cuestionamientos del expresidente brasileño Jair Bolsonaro antes y después de los comicios de 2022, que tuvieron como resultado ataques contra instituciones democráticas en Brasil en 2023.También hubo pronunciamiento acerca del preconteo, que el presidente señaló de ser ilegal y un gasto innecesario. Para estas organizaciones es un mecanismo informativo que permite conocer tendencias preliminares el día de las elecciones a partir de los formularios E-14 firmados por jurados y testigos electorales. Según explicaron, este proceso no tiene efectos jurídicos ni declara ganadores.Los resultados oficiales, indicaron, solo se determinan a través del escrutinio, un procedimiento posterior realizado por jueces de la República y autoridades electorales. Alianza por la Democracia considera además que las declaraciones del presidente confunden ambos mecanismos y pueden inducir a error a la opinión pública.En el comunicado también se refieren a la impugnacion masiva de las mesas, una solicitud hecha por el mandatario en su intervención por televisión nacional. En opinión de quienes firman el documento, los recuentos de mesas solo proceden cuando existe una justificación concreta, como inconsistencias matemáticas significativas en los resultados, enmendaduras en los formularios o dudas técnicas sobre los cómputos.Promover impugnaciones generalizadas, advirtieron, podría saturar las comisiones escrutadoras, retrasar la consolidación de los resultados oficiales y generar dudas injustificadas sobre la voluntad popular.Y por último, sobre las dudas alrededor del código fuente, que es la receta con la que se ejecuta el software de las elecciones, explican que puede ser auditado por partidos, campañas, movimientos políticos y organizaciones de observación electoral. Estas revisiones incluyen acceso al código fuente, participación en simulacros y la presencia de testigos técnicos durante el procesamiento de los resultados.Las organizaciones concluyeron que el sistema electoral colombiano cuenta con múltiples controles institucionales, entre ellos, jurados de votación, testigos de partidos, escrutinio público, control judicial, observación electoral y auditorías técnicas. Por ello, hicieron un llamado a todos los actores políticos, especialmente al presidente Petro, a actuar con responsabilidad institucional y contribuir a fortalecer la confianza en las elecciones.
En el hospital Tomás Uribe de Tuluá, Valle del Cauca, se recupera un contratista de una empresa azucarera de la región quien resultó herido en medio de un atraco, cuando delincuentes le dispararon para robar una millonaria suma de dinero.Este hombre al parecer debía ir al municipio de Andalucía, donde realizaría el pago de nómina de la empresa a la que está vinculado, por lo que primero fue al banco para retirar 43 millones de pesos. Sin embargo, al realizar la transacción decidió volver a su casa, y es al llegar a su vivienda donde es abordado por los delincuentes."Llegando a la casa le aparecen estos individuos, uno de ellos dispara, hiriéndolo a la altura del fémur y se le llevan el dinero. Esta persona es llevada al hospital y es ahí, en el centro asistencial que la Policía se entera de la situación e inicia el proceso de investigación", señaló Martín Hincapié, secretario de Gobierno de Tuluá.Las autoridades han desplegado un Plan Candado en este municipio del centro del Valle para localizar a los delincuentes y verificar si habría más personas involucradas en el crimen. La víctima ya se encuentra fuera de peligro en el hospital local.
"Creemos en la palabra del presidente Petro cuando dice que Colombia es un país soberano y estamos seguros de que, en ese sentido, negará la extradición de Andrés Rojas, alias 'Araña', plenipotenciario de la mesa de diálogos de paz", afirmó alias 'Walter Mendoza', cabecilla de la delegación de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, tras la reanudación de los acercamientos con el Gobierno Nacional.Mendoza explicó a Blu Radio que la reunión preparatoria, realizada en el resguardo indígena Inda Zabaleta de la comunidad Awá, en la zona rural de Tumaco, fue el punto de partida para relanzar la mesa de conversaciones de paz, suspendida desde el pasado 12 de febrero.El cabecilla de las disidencias aseguró que la extradición de Andrés Rojas, alias "Araña", está en manos del presidente Gustavo Petro, quien ha insistido en su llamado al Gran Acuerdo Nacional y reiteró su compromiso con la Paz Total.Rojas fue capturado recientemente por solicitud de la justicia estadounidense, que lo requiere por cargos relacionados con narcotráfico. Su detención generó tensiones dentro de las negociaciones de paz, pues las disidencias lo consideran un actor clave en el proceso de diálogo con el Gobierno."Por eso estamos seguros de que el presidente Petro no se dejará presionar más por la política de Estados Unidos ni por la extrema derecha de Colombia, que nunca ha apoyado la paz", afirmó Mendoza.Durante el encuentro de dos días en Tumaco, en la región del Pacífico nariñense, las partes acordaron continuar con los compromisos suscritos el pasado 12 de febrero en el tercer ciclo de negociaciones. Según Mendoza, ya se definieron fechas exactas para iniciar la sustitución de 3.000 hectáreas de hoja de coca en Nariño y Putumayo.Asimismo, se acordó la creación de una subcomisión de transformaciones territoriales, que tendrá la tarea de identificar los polígonos donde se implementará el plan piloto de transición a economías legales en municipios de ambos departamentos.En cuanto a las garantías de seguridad para el proceso de paz, se pactó la conformación de una subcomisión especializada, encargada de construir los documentos necesarios para la planificación, diseño y ejecución de un cese al fuego bilateral y territorial. El objetivo es avanzar en la terminación del conflicto y generar condiciones para la reincorporación de los integrantes de la Coordinadora Ejército Bolivariano a la vida civil.Mendoza también afirmó que, durante el encuentro del 14 y 15 de marzo, se insistió en la necesidad de agilizar la creación de una subcomisión jurídica. Su propósito será definir el marco legal de la Paz Total, así como los mecanismos para examinar la situación jurídica de los combatientes, asegurando que dicho marco esté en conformidad con los instrumentos internacionales y las disposiciones constitucionales y legales vigentes.
En límites de los departamentos de Cauca y Nariño, fueron asesinados la docente y líder Leidy Hoyos, y su esposo José Miguel Samboní, frente a su pequeña hija de seis años. Los hechos se registraron cuando la familia regresaba a su casa cerca a la vía Panamericana, en el sector de Pan de Azúcar de Mercaderes, Cauca.La familia se movilizaba en una motocicleta cuando fueron atacados a disparos por sujetos que les hurtaron el vehículo, dejando como única sobreviviente a la niña quien quedó en shock después de presenciar este hecho.Leidy Hoyos era docente la escuela de la vereda Las Planadas, en el municipio de El Rosario, Nariño, muy querida y reconocida por la comunidad educativa, sus estudiantes y vecinos exigen justicia por la muerte de esta profesora y su esposo, además del refuerzo de medidas de seguridad en la vía Panamericana."La señora Leidy Margoth Hoyos se desempeñaba como docente en el centro educativo La Planada perteneciente a la I.E. Nuestra Señora de El Rosario y se caracterizaba por su carisma, dedicación en la enseñanza a nuestros niños y demás cualidades por las cuales la comunidad le guardaba un gran aprecio"."Desde la Administración Municipal, exigimos a las autoridades competentes una investigación rigurosa y celeridad en la identificación y judicialización de los responsables de este execrable crimen.", indicó la Alcaldía de EL Rosario, Nariño, a través de un comunicado.
Este hecho se registró en una vivienda del barrio San Pedro, en el municipio de La Unión Valle, cuando la fiesta infantil de una pequeña niña se vio interrumpida por varios disparos realizados por dos hombres quienes arribaron al lugar y comenzaron el ataque contra quienes se encontraban departiendo al interior de la vivienda.Cinco de los asistentes de la fiesta resultaron heridos, entre ellos una menor de seis años, quienes de inmediato fueron trasladados a un centro asistencial para atender sus heridas y permanecen bajo observación médica.Según las autoridades, este hecho fue perpetrado por uno de los hombres más buscados en el departamento, así lo indicó la coronel Sandra Rodríguez, comandante de la Policía Valle."Dentro de las investigaciones que hemos podido adelantar, hemos recolectado varias evidencias que nos permiten inferir que el responsable de este hecho se trataría de Jorge Leonardo García, alias 'Seis', por quien la Gobernación ofrece 200 millones de pesos, es importante contar con la colaboración de la comunidad para poder dar con la captura de este delincuente", señaló la coronel.Alias El Seis', está siendo buscado en el departamento por los delitos de concierto para delinquir con fines de homicidio y tráfico de estupefacientes. Las autoridades avanzan en la investigación para ubicar a este hombre y su cómplice.
En Cali las centrales obreras, sindicatos y colectivos afines al Gobierno nacional confirmaron que participarán en la jornada de manifestación a favor de las reformas laboral y de salud que convocó el presidente Gustavo Petro, para este martes 18 de marzo, donde el mandatario nacional también anunció que ese día será día cívico.Ante el anuncio del presidente Petro, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, le confirmó a Blu Radio que en la capital del Valle del Cauca no se declarará la medida, así que ese martes los funcionarios públicos continuarán con sus jornadas de manera ordinaria."El progreso de Cali no se logra deteniendo a la ciudad sino echando para adelante, por eso no vamos a decretar día cívico. Sí vamos a respetar el derecho de quienes quieran salir a marchar pacíficamente, pero también tenemos que respetar los derechos de los caleños que salgan a trabajar o a estudiar o a sacar adelante sus asuntos", aseguró el alcalde de Cali.El mandatario reiteró que las manifestaciones serán acompañadas a nivel institucional para garantizar que se desarrollen sin complicaciones. Pero también se debe velar por la normalidad de quienes no deseen participar de estas movilizaciones. Eder además reiteró su postura frente a la consulta popular impulsada por el gobierno nacional para sacar adelante sus reformas, "en una democracia es importante respetar y utilizar las instituciones para resolver los problemas, es decir, no se puede paralizar el país ante un desacuerdo, lo que se tiene que buscar son consensos", finalizó el mandatario.
Jóvenes de barrios populares de Cali estarían siendo convocados para participar en la guerra del Medio Oriente, según está denunciando la Personería Distrital de la capital vallecaucana, que está pidiendo a las autoridades que investiguen esta oferta, que incluye el pago de atractivos salarios.Esta situación se está registrando en los barrios Potrero Grande, Llano Verde y Valle Grande en el Distrito de Aguablanca, donde al parecer desconocidos están haciendo convocatorias a través de las redes sociales. Las supuestas propuestas ofrecen un pago hasta de 10.000 dólares mensuales, para enviar a los jóvenes caleños a las ciudades de como Dubái y Abu Dabi, en los Emiratos Árabes Unidos."Todo apunta a que integren conflictos internacionales en lo que tiene que ver con asuntos propios de seguridad y combate. Por eso la alerta y la prudencia, para evaluar este tipo de ofertas donde ofrecen salarios jugosos y también bonificaciones donde puede ser una mentira y comprometer entonces su integridad, su vida o volverse prisioneros de guerra", adviritió el personero de Cali, Gerardo Mendoza.En las convocatorias se solicitan documentos como la copia de la cédula, pasaporte vigente, incluso un nivel de manejo de inglés, elementos para generar confianza en los jóvenes y que busca convencerlos de su supuesta validez.La situación será puesta en conocimiento de las autoridades vallecaucanas, teniendo en cuenta que no sería la primera convocatoria que se hace para involucrar a los jóvenes en conflictos internacionales, pues ya ha ocurrido situaciones similares con caleños en Ucrania, Sudán y Haití.
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, advirtió que la amenaza terrorista en contra de la ciudad no se ha podido superar, debido a lo múltiples intentos de ataque que en los últimos días la Fuerza Pública ha frustrado en el área metropolitana.El hecho más reciente ocurrió en el barrio El Diamante, al oriente de Cali, donde un hombre de 20 años fue detenido por la Policía, al sorprenderlo con un artefacto explosivo improvisado, que al parecer iba a lanzar a la patrulla que vigila ese sector.Hay que señalar que este es el cuarto ataque frustrado en el año, pues semanas atrás tres mujeres fueron detenidas por movilizar pentolita en la Terminal de Transporte, así como la interceptación de una motocicleta y un vehículo particular que movilizaban explosivos."Hemos evidenciado que los grupos narcoterroristas están empeñados otra vez con querer poner una bomba en Cali y hemos logrado frustrar varios ataques. Ayer fue detectado el terrorista y lo pudimos frustrar, pero seguimos trabajando en eso. Les recuerdo a la ciudadanía que si tienen información, damos hasta 100 millones de recompensa", señaló el alcalde Eder.La alerta de las autoridades ante la amenaza terrorista se incrementa en el marco de las elecciones al Congreso de este domingo, sin embargo, se confirmó un despliegue especial tanto de Policía como del Ejército para velar por la seguridad en esta jornada. Además de la vigilancia en los puestos de votación, también se contará con presencia de la Fuerza Pública en corredores importantes como la vía Panamericana.
Tras el último comité de Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales realizado en Cali, las autoridades en la capital vallecaucana dejaron en firme las medidas de restricción y el plan de seguridad que se dispondrá en la ciudad, para que las elecciones de este domingo se desarrollen sin contratiempos.En primer lugar se aplicará la ley seca, desde las 6:00 de la tarde del sábado 07 de marzo, hasta el mediodía del lunes 9. También se prohibirá el transporte de escombros y trasteos, desde las 06:00 de la tarde del mismo sábado, hasta las 06:00 de la mañana del lunes.En los 216 puestos de votación se contará con el acompañamiento de la fuerza pública, para evitar cualquier alteración durante la jornada, con participación tanto de la Policía, como del Ejército. Por otra parte, los kits electorales serán distribuidos en la madrugada del domingo, para iniciar los comicios desde las 8:00 de la mañana."Más de 3.600 hombres y mujeres estarán en todos los puestos de votación en los municipios del área metropolitana de Cali. Para que el próximo domingo 8 de marzo, cada ciudadano pueda ejercer su derecho al voto en un entorno de completa paz y tranquilidad. Contaremos con la activación de un puesto de mando unificado, un despliegue helicoportado y nuestros drones con el fin de garantizar la seguridad desde el aire", señaló el teniente coronel Javier Martín, comandante operativo de la Policia de Cali.Las autoridades señalaron que en Cali ningún puesto de votación será trasladado, mientras tanto siguen en estudio las solicitudes de reubicación de algunas mesas en la zona rural de Jamundí.
En la tarde de este miércoles, el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali ordenó tres días de arresto y una multa de tres salarios mínimos legales mensaules vigentes, para Derly Katherine Andrade y Carlos Rafael Villero, gerentes de las regionales Occidente y Suroccidente respectivamente de la Nueva EPS. La decisión del juez está basada en el desacato del fallo de una tutela emitido el pasado 22 de enero, donde se le exigía a la entidad garantizar la continuidad del tratamiento oncológico del señor Saúl Quiñonez, paciente de 95 años de edad, que padece cáncer de próstata en estado metastásico, a quien se le suspendió la atención en la Clínica Valle del Lili desde octubre del año 2025."Lo que nos dice la clínica es que no pueden atender al paciente porque no tienen covenio con la Nueva EPS, pero la situación cada día puede complicarse más, porque él requiere exámenes, medicamentos, atención en quimioterápias y radioterapias, pero todo esto lo negó la Nueva EPS. El paciente hacía parte de la 'ruta de Oncología' de la clínica y lo sacaron por el no pago de la eps", explicó Omar Quiñonez, hijo del paciente.En el fallo emitido el 22 de enero, el juez ordenaba a la clínica la autorización, programación y la garantía continua e ininterrumpida de los servicios de salud al señor Saúl, tanto en los cuidados en casa, como en el suministro oportuno de los medicamentos, sin dilaciones ni barreras administrativas."Garantice la continuidad de la atención del señor Saúl Quiñonez Mendoza en la Fundación Clínica Valle del Lili, siempre que las prestaciones ordenadas se encuentren médicamente justificadas y prescritas por el médico tratante, por tratarse de una institución que ha venido conociendo su caso y que cuenta con la capacidad técnica y científica para el manejo de sus patologías, absteniéndose de imponer cambios de prestador que impliquen interrupción del tratamiento, desmejora en la calidad del servicio", fue la orden del fallo.A pesar de tener una orden judicial, donde establecía un plazo de 48 horas para dar respuesta y continuidad al paciente, la Nueva EPS no se comunicó con el usuario, ni tampoco dio respuesta a las exigencias del Juzgado.Hasta el momento la Nueva EPS no ha emitido un pronunciamiento oficial respecto a orden de arresto de los directivos regionales.