En el centro y norte del Valle del Cauca continúan las emergencias provocadas por las fuertes lluvias, que han generado graves afectaciones en la zona rural del departamento. En total son once municipios los que han reportado novedades, relacionadas con vendavales, inundaciones y daños en vías terciarias.Las emergencias más complejas se han registrado en los municipios de Ginebra, con viviendas destechadas; y y Ansermanuevo, donde la creciente súbita de una quebrada generó daños en el puente que comunica a este municipio con Argelia."En el municipio de Ginebra, se tuvo en el corregimiento de Costa Rica un fuerte vendaval que desprendió la cubierta de aproximadamente 32 viviendas. Ya se hicieron los respectivos censos y en las próximas horas, la Secretaría Departamental de Gestión del Riesgo y Desastres atenderá con la asistencia humanitaria requerida para estas familias", señaló el secretario de Gestión del Riesgo del Valle, Francisco Tenorio.Más de la mitad de los municipios del Valle se encuentran en alerta por las lluvias, teniendo en cuenta que estas fuertes precipitaciones podrían extenderse hasta el mes de abril."El municipio de Palmira reportó en la vereda El Chontaduro y en la Buitrera fuertes vientos con desprendimiento de cubiertas. Igualmente el municipio de Ulloa, en Calima Darién hubo afectaciones por movimientos en masa y algunos desprendimientos de cubiertas. El municipio del Cerrito con la inundación de un corregimiento. Los municipios de Bolívar, Toro, Restrepo, Vijes, Ansermanuevo y Yotoco han sido los que nos han reportado afectaciones.", finalizó Tenorio.
El sector agroindustrial de la caña en el Valle del Cauca y todo el suroccidente del país se encuentra en alerta, en medio de lo que han denominado la crisis del Etanol. Esto debido a la gran cantidad de litros almacenados de este biocombustible, en los tanques de los ingenios que aún no son comercializados.Esta situación hoy amenaza con detener por completo el funcionamiento de la industria, poniendo en riesgo más de 28 mil empleos. Según Asocaña, esto se debe a la falta de controles claros en la comercialización de etanol importado, que en los últimos meses ha reemplazado el producto nacional."Sí, estamos en una crisis, porque tenemos 50 millones de litros de etanol que de no venderse, vamos a tener que parar las plantas de etanol, por ende las plantas de azúcar y de generación de energía. Nosotros hoy estamos con una acumulación de inventarios que todos los días se incrementa y que está desplazando el producto nacional por producto importado", señaló Claudia Calero, presidente de Asocaña.La líder gremial actualmente se encuentra mediando entre los sindicatos y el gobierno nacional, en medio de las protestas que se adelantan en la ciudad de Bogotá, solicitando medidas estructurales para superar la sobre producción del biocombustible, equilibrando el mercado entre el producto nacional con el importado."Que pueda consumirse el producto nacional, que se bajen los inventarios y que las plantas no paren y por supuesto que el empleo no se afecte. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y por el otro lado también, establecer una medida estructural que limite que estas crisis se vuelvan cíclicas, de manera que no volvamos a tener esta crisis que nos tiene a días de parar", aseguró Calero.Si bien la crisis del etanol es la situación más compleja para este sector actualmente, también preocupa la situación de inseguridad que sigue afectando a los trabajadores en las zonas rurales de los departamentos de Valle y Cauca.
El Valle del Cauca sigue destacándose a nivel educativo y así quedó demostrado con la inauguración de una nueva biblioteca universitaria que se destaca a nivel nacional.Se trata de la biblioteca Santiago Cadena Copete ubicada en la Universidad Santiago de Cali, un moderno espacio académico que marca un hito en la transformación institucional de la región.Este nuevo entorno, concebido para fortalecer los procesos de investigación, docencia, extensión y aprendizaje, cuenta con una infraestructura superior a los 2.500 metros cuadrados distribuidos en dos niveles, la biblioteca destaca por su diseño funcional, enfocado en la digitalización, la comodidad y la versatilidad, promoviendo el aprendizaje colaborativo y una experiencia integral para la comunidad universitaria.El espacio cuenta además con una sala de lectura general con capacidad para 500 personas, ocho cabinas de estudio grupal, más de 60 computadores para préstamo, una colección general con capacidad para 60.000 libros, una colección especial de 5.000 ejemplares.La biblioteca facilita el acceso a amplias colecciones físicas y bases de datos especializadas, posicionándose como uno de los centros de información más completos a nivel nacional, lo que contribuye al fortalecimiento de la producción académica y al desarrollo científico de estudiantes, docentes e investigadores.Este nuevo espacio lleva el nombre de Santiago Cadena Copete, uno de los fundadores de la Universidad Santiago de Cali en 1958, cuyo legado ha sido fundamental en la consolidación del proyecto educativo que hoy ubica a la institución como una de las más importantes del suroccidente colombiano.La adecuación y puesta en marcha de la biblioteca representó una inversión superior a los 9.300 millones de pesos, reflejando el compromiso de la USC con la modernización institucional y la calidad académica.“En la USC seguimos fortaleciendo nuestras colecciones bibliográficas y bases de datos, al tiempo que promovemos espacios colaborativos que permiten aprender, compartir y crecer en comunidad, sin dejar de lado el valor del libro físico y el avance hacia la transformación digital”, indicó el rector de la USC, Carlos Andrés Pérez Galindo.
En menos de cinco horas, los habitantes del corregimiento de Timba, en Jamundí, vivieron dos ataques con explosivos perpetrados por el frente 'Jaime Martínez' de las disidencias de las Farc, contra las tropas del Ejército que se encuentran desplegadas en los límites de los departamentos de Valle y Cauca.El más reciente se registró en la noche de este miércoles, en inmediaciones del sector de La Torre, ahí la comunidad reportó por lo menos cinco explosiones, que los obligaron a confinarse en sus viviendas, mientras los militares respondían con un contraataque.Esta misma situación ocurrió en horas de la tarde, en límites de Timba con el corregimiento de Guachinte, donde varios artefactos fueron lanzados también desde drones para afectar a las tropas, afortunadamente en ninguno de los casos hubo lesionados.Estas alteraciones al orden público se suman a las ocurridas en el municipio de Dagua, en el corregimiento de El Queremal, donde en menos de 24 horas fue atacada la estación de policía del sector.
La Administración Trump advirtió este miércoles al Gobierno cubano que debe abordar "drásticos cambios muy pronto" y que están pendientes de que decisiones toman en el futuro próximo ante la grave crisis económica a la que se enfrenta el país."Son un régimen que está cayendo. El país está derrumbándose y creemos que va en su interés realizar cambios muy drásticos muy pronto", aseguró en rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.Leavitt se remitió a las declaraciones sobre Cuba del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diciendo que "obviamente queremos ver democracias florecientes y prósperas en todo el mundo, especialmente en nuestro propio hemisferio".Sin embargo, no concretó ninguna medida que Estados Unidos vaya a poner en marcha. "No estoy dictando ninguna acción que podamos tomar para lograrlo, pero, por supuesto, lo mejor para Estados Unidos es que Cuba sea una democracia verdaderamente libre y próspera", apuntó Leavitt.Cuba se enfrenta en este momento a la situación más delicada de los últimos 67 años después de la orden ejecutiva firmada por Trump el pasado 29 de enero.El presidente de Estados Unidos creó un mecanismo de aranceles adicionales sobre importaciones desde países que suministren petróleo crudo o productos refinados, buscando cortar el flujo de energía hacia la isla, que tampoco cuenta ahora con el apoyo del petróleo venezolano tras la detención de Nicolás Maduro en enero.El bloqueo ha generado una situación humanitaria tan delicada que muchos auguran un colapso del sistema. En este contexto, la página web Axios aseguró ayer, citando tres fuentes oficiales anónimas, que Rubio mantiene conversaciones en secreto con el nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, saltándose los canales oficiales con el Gobierno cubano.El objetivo podría ser impulsar una transición inspirada en el "modelo Delcy Rodríguez" de Venezuela.
El caso de Hans Segura, un hombre de 40 años con hemofilia leve, vuelve a poner sobre la mesa las denuncias de pacientes que enfrentan obstáculos para acceder a tratamientos oportunos. Su situación se conoce en medio del debate por la atención a personas con esta enfermedad, tras la muerte del niño Kevin Arley Acosta Pico, cuyo caso generó cuestionamientos sobre la entrega de medicamentos.Hans, afiliado a la EPS Salud Total, estuvo hospitalizado durante 15 días en el Hospital San José por complicaciones asociadas a un hematoma y a la diabetes que también padece. Según relató su hermana, Estefanía Segura, durante ese tiempo no recibió el factor de coagulación indicado para la hemofilia. Asegura que fue dado de alta sin tratamiento para esta condición y con dificultades adicionales en su estado de salud.La madre de Hans, Ruth Segura, explicó que tiene tres hijos con hemofilia y que, a lo largo de los años, ha enfrentado demoras en la atención en los servicios de urgencias. Señala que, aunque la hemofilia puede implicar sangrados internos, en ocasiones los pacientes no son atendidos con prioridad cuando no presentan hemorragias visibles. También afirma que en algunos casos han esperado entre 24 y 72 horas para la aplicación del factor por falta de disponibilidad.La situación también impacta a la siguiente generación. El nieto de Ruth Segura, de ocho años e hijo de Estefanía Segura, tiene hemofilia leve y ha requerido hospitalización por episodios de sangrado tras golpes. En una de esas emergencias, según su madre, permaneció dos días internado sin recibir el medicamento debido a que no estaba disponible y a que requería autorización del programa especializado.Estefanía indicó que, tras presentar quejas por la atención recibida, su hijo fue retirado del grupo de manejo de hemofilia y posteriormente reasignado a otros programas, lo que generó demoras en la continuidad del tratamiento. Relató que en otra ocasión, ante un sangrado interno de cadera, el menor permaneció todo un día en urgencias sin recibir el factor porque no aparecía registrado en el sistema.De acuerdo con el testimonio de la familia, los cambios de programas, la falta de disponibilidad del medicamento en algunas instituciones y las demoras en urgencias han generado incertidumbre frente a la atención. Señalan que, aunque existen equipos especializados, la coordinación entre hospitales, programas y EPS presenta fallas que afectan la oportunidad del tratamiento.
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 18 de febrero de 2026:Alejandra Barrios, directora de la MOE, habló de las advertencias sobre un aumento en la gravedad de los riesgos electorales en las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz.Vivianne Barguil, directora Fundación a la Rueda Rueda, se refirió de la recaudación de elementos para ayudar a los damnificados.Jerónimo Hernández, estudiante de periodismo de la EAFIT, dio detalles de lo que hablaron los candidatos en el debate y la opinión de los estudiantes.Jhonsson Torres, Miembro de Asintrainagro y la CUT, habló de las protestas de trabajadores del sector cañero y palmero, quienes reclaman medidas por un sobreabastecimiento que tiene el sector de Etanol.Escuche el programa completo aquí:
Los pacientes trasplantados en Colombia atraviesan dificultades para acceder a los medicamentos necesarios para evitar el rechazo de los órganos, según alertó el presidente de la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos, el doctor Rubén Luna.De acuerdo con el vocero, la situación hace parte de un problema estructural que afecta a todo el sistema de salud. En el caso de los trasplantados, explicó, se trata de medicamentos inmunosupresores, indispensables para impedir que el organismo identifique el órgano recibido como extraño y lo ataque. Estos tratamientos deben tomarse de manera continua y sin interrupciones.“En este momento los pacientes no están pudiendo acceder a estos medicamentos. Eso pone en riesgo no solo la vida del injerto, es decir, del órgano trasplantado, sino también la vida del paciente”, señaló Luna. Indicó que cuando se suspende el tratamiento, pueden desencadenarse procesos inflamatorios que derivan en el rechazo del órgano y en complicaciones graves.El panorama también impacta las decisiones médicas sobre nuevos trasplantes. Según el especialista, resulta complejo llevar a un paciente con enfermedad renal crónica en diálisis a un procedimiento de trasplante si no existe garantía de que podrá recibir los medicamentos posteriores. “Sería realizar un procedimiento exitoso quirúrgicamente, pero sin poder asegurar que el órgano funcione a largo plazo”, afirmó.En algunos casos, explicó, los pacientes permanecen hospitalizados durante semanas mientras esperan la entrega de los medicamentos por parte de su EPS. En otras situaciones reciben una parte del tratamiento, pero no la totalidad, lo que genera incertidumbre sobre la continuidad en los meses siguientes.El presidente de la asociación estimó que en el país hay entre 12.000 y 14.000 personas trasplantadas que no pueden suspender su tratamiento “ni un solo día”. Señaló que cualquier transición o cambio en el sistema de salud debe contemplar mecanismos que aseguren la continuidad de los tratamientos, no solo para esta población, sino también para pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, hemofilia o cáncer.Sobre si la problemática se concentra en algunas EPS intervenidas por el Gobierno, Luna indicó que se trata de una situación generalizada, asociada a dificultades administrativas y financieras del sistema. “Los contratos y autorizaciones pueden existir, pero si no están respaldados por pagos, es como entregar un cheque sin fondos”, afirmó.En relación con casos graves o fallecimientos asociados a la falta de medicamentos, el dirigente señaló que las cifras cambian a diario y que en distintas clínicas se reciben pacientes con deterioro del órgano trasplantado tras la suspensión del tratamiento. Aunque no entregó un número consolidado, confirmó que hay personas hospitalizadas por periodos prolongados mientras esperan la dispensación.Desde la asociación hicieron un llamado al Gobierno, al Congreso, a los jueces y a la ciudadanía para que la salud sea abordada como una política de Estado. “Las decisiones administrativas deben estar respaldadas por conceptos técnicos y científicos, tanto en su diseño como en su implementación”, concluyó Luna.
El inicio del 2026 marcado por la violencia en Antioquia es una situación que sigue generando preocupación entre las autoridades, pues los crímenes siguen al alza en comparación con el mismo periodo de 2025.Así lo afirmó el coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía en Antioquia, quien explicó que se trata del único delito que registra cifras en rojo en su jurisdicción en dicho ejercicio comparativo.Con 29 casos más el homicidio se distancia de otras situaciones como las lesiones personales, los hurtos, extorsiones y delitos sexuales. Muñoz se refirió a los patrones que han identificado en los casos. "Lo que evidenciamos y lo que pasó este fin de semana nos lleva a determinar que es una retaliación o una confrontación mejor entre Clan del Golfo con los del Mesa por un control territorial y de rentas criminales en la zona", indicó.Precisamente, enfrentamientos entre grupos criminales, han derivado en la reciente racha violenta en el Oriente antioqueño donde en 48 horas asesinaron al menos a siete personas en municipios como El Carmen de Viboral, Rionegro, La Unión y La Ceja."La mayoría de ellos han ocurrido en zona rural y por un tema de arma armas de fuego, focalizados, es mínimo los hechos que se han presentado por temas de intolerancia o riñas y demás", apuntó.Tras un consejo de seguridad en esta subregión de Antioquia se acordó el fortalecimiento de de mecanismos de seguridad con cámaras y aumento del pie de fuerza, así como la creación de una Comisión contra el Crimen, tal cual lo solicitaron mandatarios de la zona.
Los habitantes del corregimiento de El Queremal, en zona rural de Dagua, se encuentran atemorizados por las consecuencias que pueda generar para el turismo los últimos ataques contra la estación de policía del sector.Los comerciantes del corregimiento están haciendo un llamado a las autoridades para reforzar la seguridad en la zona, y le extendieron a los visitantes una invitación, junto a un parte de tranquilidad, para que tengan la confianza de seguir visitando el pueblo."Mi papá tiene un negocio allá cerca en el pueblo, él nos comentó lo de ese tema, un amigo también, que tiene su panadería al frente del comando, hasta metralla les cayó ahí adentro del negocio, esquirlas, salieron bastante asustados. Realmente pues no eso no es común, no es de todo el tiempo, o sea el pueblo es muy tranquilo", indicó un comerciante de El Queremal.Aunque la normalidad ha vuelto al corregimiento, el temor persiste teniendo en cuenta que El Queremal cada fin de semana es visitado por ciudadanos de Cali y el resto del departamento, especialmente para las fincas y la presencia de grupo armados pondría en riesgo este sector económico.Por su parte, la alcaldesa del municipio, Karol Villarejo, aseguró que la fuerza pública está completamente desplegada no solo en el Queremal sino también en el resto de la zona rural, para garantizar la seguridad tanto de las comunidades como de los visitantes."Bajo ninguna circunstancia el terrorismo puede ser una de las opciones, estamos viviendo momentos complejos y difíciles en el territorio. Pero, por fortuna tenemos nuestra Policía, al Ejército y el apoyo de la Fuerza Aérea", añadió la mandataria.
En lo que va corrido de 2026, la Secretaría de Salud de Cali ha recibido más de 1.780 quejas por barreras en la atención en salud, una cifra que representa un incremento superior al 6 % en comparación con el mismo periodo del año pasado.Las principales dificultades reportadas por los usuarios están relacionadas con la programación de citas con especialistas, la entrega de medicamentos e insumos y la asignación de procedimientos médicos, situaciones que continúan afectando el acceso oportuno al servicio.Entre las EPS que concentran mayor número de denuncias por presuntas fallas en la atención figuran Emssanar, Coosalud y Nueva EPS, de acuerdo con los reportes consolidados por la autoridad sanitaria local.El secretario de Salud de Cali, Germán Escobar, manifestó su preocupación por el deterioro del sistema y entregó detalles de las cifras actuales.“Hemos atendido más de 1.700 quejas, con un aumento de alrededor del 6,5 % en comparación con el año anterior para este mismo periodo”, señaló el funcionario.Escobar agregó que la Administración Distrital ha reforzado las acciones institucionales para enfrentar la situación. “Hemos venido implementando una estrategia de defensores del paciente que han hecho presencia institucional en todas las comunas, para mitigar los efectos de la crisis en la salud”, añadió.Cabe recordar que durante el año anterior en Cali se atendieron más de 25.000 quejas relacionadas con fallas en la prestación del servicio, lo que evidencia que la problemática persiste y continúa siendo uno de los principales retos del sistema de salud en la ciudad.
Este miércoles se reportó un nuevo ataque con drones cargados con explosivos en el municipio de Dagua, en el Valle del Cauca. El hostigamiento estaría dirigido contra la estación de Policía del corregimiento El Cremal. Se trata del segundo hecho similar registrado en menos de 24 horas en esta zona rural.Imágenes difundidas en redes sociales muestran a uniformados disparando sus fusiles para intentar derribar los drones que sobrevolaban la población. El ataque generó momentos de tensión entre los habitantes del sector. La comunidad permanece resguardada en sus viviendas mientras cesan las detonaciones.En medio del hostigamiento se encontraba una delegación de la Gobernación del Valle del Cauca. El grupo es liderado por el secretario de Seguridad y Convivencia del departamento, Guillermo Londoño. Los funcionarios habían llegado desde temprano para evaluar los daños del atentado ocurrido el día anterior.Ante la emergencia, los integrantes de la comitiva departamental también permanecen protegidos en el corregimiento. Las autoridades locales activaron protocolos de seguridad en la zona. Hasta el momento no se ha confirmado un balance oficial de heridos o afectaciones adicionales.Dagua está ubicado a aproximadamente 45 o 50 minutos de Cali, sobre la vía que conecta con el puerto de Buenaventura. Es un municipio reconocido por su atractivo turístico y por sus viviendas campestres. En particular, El Cremal cuenta con casas de recreo de familias caleñas.Sin embargo, residentes han advertido que la presencia de grupos armados ilegales ha limitado el retorno de propietarios y visitantes durante los fines de semana. La expansión de estructuras criminales en zonas rurales del Valle del Cauca genera creciente preocupación. Las autoridades continúan monitoreando la situación en Dagua.
La agroindustria de la caña en el suroccidente del país está atravesando una compleja situación, consecuencia de múltiples factores tanto sociales, económicos y de seguridad, que hoy ponen en riesgo miles de empleos en la región.Específicamente, son 280.000 puestos de trabajo, que benefician a 1.2 millones de personas, los que hoy están en la cuerda floja por estos factores que están generando inestabilidad, como la disminución del precio del azúcar, la depreciación del dólar, la importación de etanol, el deterioro de la seguridad en zonas productivas y las afectaciones por lluvias."La producción de sacarosa se ha visto afectada por el incremento de precipitaciones, que unido a la caída del precio internacional, afecta los ingresos de los productores y las inversiones voluntarias a los programas sociales. Las afectaciones a las comunidades y los trabajadores están enmarcadas en la inseguridad, robo, extorsiones, asesinatos y lesiones", dijo Martha Betancourt, directora ejecutiva de Procaña.Ante este panorama, desde el sector azucarero han indicado que únicamente han recibido respaldo de las autoridades locales y departamentales en el Valle y el Cauca. Sin embargo, les preocupa la falta de respuesta del gobierno nacional.Este llamado se suma a la protesta que hoy están adelantando en la ciudad de Bogotá los sindicatos de esta agroindustria, donde piden al ministerio de minas y energía soluciones a la sobre producción de etanol en está región.
La Secretaría de Movilidad de Cali encendió las alertas ante el aumento de hechos de vandalismo contra la red de semáforos en distintos puntos de la ciudad, una situación que no solo representa millonarias pérdidas económicas por reparaciones, sino que también pone en grave riesgo la vida de peatones, ciclistas y conductores.De acuerdo con el subsecretario de Movilidad, Carlos Santacoloma, estos hechos se registran prácticamente día de por medio. Aunque la dependencia mantiene controles y operativos para prevenir este tipo de daños a la infraestructura vial, la problemática persiste, generando preocupación entre las autoridades."Esta situación la estamos viviendo día de por medio y son en diferentes zonas de la ciudad, no podemos concentrados en un solo punto, esto es en toda la ciudad, están atentando contra estos elementos de seguridad vía como son los semáforos ", expresó Santacoloma. Según cifras de a secretaría de movilidad solo en en el año 2025 se registraron más de 200 semáforos vandalizados. La problemática continúa en el presente año. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para proteger estos dispositivos, pero también a denunciar cualquier acto de vandalismos.
El Distrito de Buenaventura continúa completamente bloqueado, como consecuencia de las manifestaciones que se adelantan en los sectores de La Víbora y Cocomar, donde comunidades indígenas, afro y campesinas agrupadas en el autodenominado 'Congreso de los Pueblos', ya superan 72 horas impidiendo el paso, teniendo represados más de ocho mil vehículos en la vía.Con esta situación, el comercio exterior del país sigue teniendo afectaciones por el represamiento de mercancía, pues son más de 150.000 toneladas de carga para importar y exportar las que están paralizadas. En cuanto a la economía del distrito portuario, ya se reportan pérdidas por más de 30.000 millones de pesos."Estamos muy preocupados porque las personas que están ahí no son realmente de la comunidad de La Delfina, de Loboguerrero ni de Buenaventura, son comunidades que han venido de otros lugares y se han puesto de acuerdo para bloquear cuatro departamentos. Lo difícil aquí es que el Gobierno nacional no cumple y vienen y nos bloquean las carreteras nuestras. Ya se agotó el diálogo y vamos a desbloquear, no vamos a permitir que se sigan bloqueando las vías", advirtió la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.Según las autoridades del departamento, la de la vía al mar ya no se puede considerar como una protesta pacífica, teniendo en cuenta que los manifestantes han atacado con bombas molotov a la Fuerza Pública en los diferentes intentos de desbloqueo que se han realizado durante la semana."Se han visto lesionados tres policías, uno de ellos de gravedad, porque un artefacto explosivo impactó en su rostro y está siendo atendido en un centro asistencial. Los otros dos miembros de la policía también resultaron afectados", expresó el secretario de seguridad del Valle, Guillermo Londoño.Actualmente, el distrito de Buenaventura ha completado 24 horas sin gas natural, debido a que los camiones que abastecen el servicio siguen estancados en la vía. También se está presentado desabastecimiento de alimentos, víveres, e insumos para los servicios de salud."La vía al puerto de Buenaventura moviliza cerca del 35% de las exportaciones del país y tenerla bloqueada significa pérdidas diarias de 10.000 millones para el Distrito, pérdidas cuantiosas para la industria, para sectores que desarrollan operaciones de comercio exterior y pueden estar tasado en los 100.000 millones de pesos al día", señaló José Fernando Amézquita, director regional Suroccidente de Analdex.El sector del turismo en Buenaventura también está detenido, debido a que los visitantes que se esperaban para esta semana siguen varados, o en la carretera o en la terminales de transporte. Desde la Terminal de Cali se han suspendido 200 despachos de buses, mientras la vía siga cerrada."Precisamente, hoy teníamos una visita de 40 estudiantes de Bogotá de un programa de ingeniería, para visitar la zona de reserva, hacer una inmersión. Esta situación es un golpe directo al sector turístico de Buenaventura, donde su comunidad rural, en el 90% depende de la actividad turística", indicó Jorge Andrés Venté, vocero de los operadores turísticos de San Cipriano.
Se cumplen tres días de bloqueo en la vía a Buenaventura, en los sectores de La Víbora, Cocomar y otros puntos, donde comunidades indígenas, afro y campesinas siguen impidiendo el paso de los vehículos, a pesar de los esfuerzos de la Fuerza Pública por lograr el despeje del corredor vial.Estos bloqueos están ocasionando pérdidas a diferentes sectores empresariales, que manifiestan que tener los camiones detenidos en la vía con los diferentes productos les está generando pérdidas millonarias. La Federación Nacional de Avicultores en el Valle, a través de un comunicado, expresó su preocupación.“El cierre de estas vías, fundamentales para el transporte de insumos, alimentos balanceados y productos terminados, ha provocado retrasos en las operaciones, incremento en los costos de producción y riesgo en el abastecimiento, impactando directamente la productividad y la estabilidad de las empresas avícolas del Valle del Cauca y regiones aledañas”, dice el comunicado.Le puede interesar: Buenaventura, sin gas natural como consecuencia de bloqueos en la víaOtro sector perjudicado es el del servicio de gas natural, que esta mañana tuvo que suspender el servicio para evitar un desabastecimiento en el principal puerto sobre el Pacífico colombiano. La empresa Gases de Occidente confirmó que, ante esta alerta, ya se despacharon los camiones que permitirán suministrar el servicio.“Los camiones que abastecen de gas natural a Buenaventura comenzaron su movilización. Estamos a la espera de garantizar la llegada de estos vehículos a la ciudad de Buenaventura en trayectos de doble vía de forma continua. Cuando la totalidad de los camiones logren su operación normal, se comenzará el proceso técnico para el restablecimiento del servicio de gas natural, procedimiento que se realizará de forma gradual, buscando garantizar las condiciones de seguridad necesarias”, dice el comunicado de la compañía.En estos momentos hay más de 7.000 vehículos represados en la vía, con más de 150.000 toneladas detenidas sin poder llegar o salir del distrito, sumado a que tanto en la Terminal de Transportes de Cali, como en la de Buenaventura, donde se han suspendido los despachos de buses entre ambas ciudades, lo que ha hecho que cientos de pasajeros estén varados sin poder viajar.
Hombres armados interceptaron a Pablo César Peña, alcalde de Buenos Aires, cuando se movilizaba junto a su equipo de trabajo por la vía Panamericana con destino al municipio de Cajibío, luego de salir de Popayán. Allí, sobre la vía, en un sector conocido como El Túnel, los hombres encapuchados los obligaron a detenerse para robarles el carro, dinero y otras pertenencias.Según confirmó la Gobernación del departamento del Cauca, el alcalde y sus escoltas, posteriormente, tuvieron que llegar a pie hasta el municipio de Piendamó. En ese punto, la Policía les brindó la atención pertinente para que el mandatario después llegara a Buenos Aires. Esta situación también fue denunciada por el gremio de transportadores, que aseguran que son constantes los retenes ilegales y los robos de vehículos en las vías del departamento."Esto ocurre mucho en la vía Popayán - Santander y en la doble calzada están saliendo mucho los grupos ilegales a robar vehículos. Se llevan camionetas, y sobre esa vía hay retenes ilegales todo el tiempo. No podemos establecer qué grupo es, pero lo que sí sabemos es que, en cuestión de minutos, se llevan hasta dos o tres vehículos que pasan por esos puntos", dijo Pedro Correa, gerente de la empresa Comomotorista del Cauca.Asimismo, denunció que en los puntos donde hay arreglos de vías, incluso en los lugares donde se adelantan obras de infraestructura, son los sitios de mayor riesgo y donde se han presentado con mayor frecuencia estos hechos."Nosotros consideramos que es la guerrilla y ellos lo que buscan es llevarse vehículos. Por ejemplo, los carros de la UNP, de la compañía energética. A ellos les gusta robarse vehículos de alta gama, que sean Toyota o camionetas, y eso para nosotros es un complique andar en las vías del Cauca, porque estamos corriendo riesgo. A ellos ya no les importa la hora, salen en cualquier momento", explicó Correa.Es por esta razón que se hace urgente el llamado a las autoridades y al Gobierno nacional para que se refuerce la presencia de la Fuerza Pública en los puntos ya identificados, esto para evitar que los retenes ilegales sigan creciendo en las vías del departamento del Cauca.
Completamente atemorizados se encuentran los médicos y demás trabajadores del hospital San Juan de Dios en Cali, tras la más reciente agresión contra la misión médica registrada en este centro asistencial.Varias personas ingresaron al servicio de Urgencias exigiendo la rápida atención de tres jóvenes que habían llegado gravemente heridos tras una balacera ocurrida en el barrio Sucre, en el centro de la ciudad. Estos acompañantes intimidaron y amenazaron a médicos y enfermeras con armas de fuego."Fue un susto muy grande porque llegaron en moto con los tres heridos de bala y llegaron amenazando a todos los que estábamos ahí, diciendo que si no lo atendíamos iban a matar a la gente del lugar. Fue un momento muy tenso pues querían entrar violentamente al hospital", manifestó una de las trabajadoras del Hospital, quien pidió por seguridad la reserva de su identidad.El personal del hospital San Juan de Dios están pidiendo a las autoridades más presencia y acompañamiento, teniendo en cuenta que estas amenazas son constantes en el servicio de urgencias. Por su parte, le pide a la comunidad de la zona respetar a la misión médica y a los demás pacientes que se encuentren en el centro asistencial, asegurando que siempre la prioridad será salvar la vida de quienes estén corriendo riesgo."Necesitamos acompañamiento de la Policía porque en este momento no contamos con esto, pedimos vigilancia constante porque ya no la tenemos. Antes sí contábamos con ese acompañamiento, no sé por qué nos lo quitaron", finalizó.