Las autoridades en Cali continúan adelantando megatomas para reforzar la seguridad y contrarrestar hechos delictivos y homicidios en la capital del Valle del Cauca. Recientemente, los operativos se concentraron en el barrio Sucre, en el centro de la ciudad, donde fueron desplegados cerca de 100 uniformados con el apoyo de varios drones que permitieron el monitoreo en tiempo real de la zona intervenida.Durante la jornada se realizaron actividades de control, registro y verificación tanto en vía pública como en establecimientos abiertos al público. Según informó el coronel Milton Melo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el balance dejó al menos 250 registros a personas y vehículos.Además, las autoridades suspendieron temporalmente la actividad económica de dos establecimientos comerciales por incumplir varios requisitos exigidos por la normativa vigente.La Policía señaló que estos operativos se mantendrán en diferentes sectores de la ciudad. Sin embargo, durante esta semana las intervenciones se concentrarán especialmente en el centro de Cali, con el apoyo de la Alcaldía y del Ejército Nacional, como parte de la estrategia integral para fortalecer la seguridad y recuperar espacios en esta zona de alta afluencia comercial.
Debido a las lluvias recientes en el sur del país, el Valle del Cauca se ha visto afectado por la creciente del río Cauca. Varios municipios cercanos al afluente ya han sentido los efectos, como Candelaria, donde se ha declarado alerta roja.Marco Antonio Suárez, director de la Corporación autónoma regional del Valle del Cauca (CVC), advirtió sobre la situación: “Ha aumentado las precipitaciones en el Valle del Cauca, por encima de los promedios históricos para estas fechas. Por la razón por la cual hago un llamado a todos los alcaldes de Candelaria, Palmira y, por supuesto, de Cali, a los organismos de gestión del riesgo, a la comunidad aledaña a nuestro río Cauca, que estén atentos a los llamados de la CVC, que acaten las recomendaciones de los organismos de control, pero por favor, este no es el momento de estar cerca de nuestro río Cauca, porque está una situación irregular", dijo.Desde Cali, Ricardo Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo, explicó la dinámica del río: “Tenemos que aclarar que no es por la lluvia propiamente del distrito, sino por el departamento del Cauca. El río Cauca es un río en crecimiento lento que depende de los ríos tributarios del Cauca. Tenemos Salvagina, tenemos el Palo y el Desbaratado. Estos ríos y las precipitaciones que se presentan en esos departamentos son los que hacen que el río Cauca crezca. Nosotros atendemos todo el tema de los reportes de manera inmediata, articulamos con los técnicos, con Cruz Roja, Defensa Civil y todas las entidades que hacen parte de este sistema distrital.”Las autoridades reiteraron que es fundamental seguir las indicaciones de los organismos de socorro y mantenerse atentos, mientras las entidades continúan con los controles y la vigilancia para evitar emergencias mayores.
En el Bulevar del Río, uno de los espacios públicos más emblemáticos de Cali, la ocupación temporal de una zona peatonal por parte de un restaurante generó molestia entre algunos ciudadanos, quienes consideraron que este lugar debería ser exclusivo para el disfrute colectivo y no para fines privados.A través de videos en redes sociales, los caleños manifestaron su inconformidad frente a la presencia de mesas y estructuras que, según ellos, alteraban la dinámica normal del espacio.Frente a esta situación, la Alcaldía explicó que no se trata de una privatización, sino de una autorización temporal y regulada. “Lo que estamos haciendo es aplicando un instrumento legal. Dentro de esas actividades está la denominada extensión de uso, que permite que un establecimiento comercial utilice de manera temporal una porción de espacio público, siempre y cuando cumpla con el uso del suelo definido en el Plan de Ordenamiento Territorial. Adicionalmente, esa retribución económica tiene una destinación específica y es el mantenimiento, el mejoramiento y la sostenibilidad de todos los espacios públicos de la ciudad, sobre todo en comunas y corregimientos que tienen déficit de espacio público", detalló Melissa Vergara, subdirectora de Espacio Público.“Que el empresario pueda generar una extensión de uso, lo que pueda hacer para que su empresa pueda continuar, para que pueda mantener el empleo, para que pueda fomentar el turismo, pero al mismo tiempo que genere una retribución por ese espacio que está usando. Podemos seguir usando el espacio bajo las herramientas legales, pero los empresarios vamos a pagar por ese espacio y esa plata va a ir a las arcas del distrito", afirmó, por su parte, Andrés Lozano, cofundador del restaurante Jacaranda e implicado directamente en esta iniciativa.Esta primera ocupación temporal, firmada entre la alcaldía y jacaranda se firmó hasta el primero de diciembre del presente año. Es de resaltar que por metro cuadrado, en esta zona de la ciudad, se paga un aproximado entre los dos millones de pesos que serán usados en el mejoramiento de los espacios públicos.La Administración Distrital reiteró que este mecanismo tiene como objetivo dinamizar la economía local, asegurar que los recursos recaudados se destinen al mantenimiento del espacio público y garantizar que el Bulevar del Río siga siendo un bien común para todos los caleños.
La candidata a la Cámara de Representantes, Ana Guetio, quien aspira a ocupar una de las curules especiales de paz por el Alto Patía, está desaparecida. Su equipo de campaña, a través de un comunicado, informó que le perdió el rastro cuando se dirigía hacia el municipio de Morales, Cauca, después de participar en una reunión política.La candidata estuvo ayer miércoles adelantando actividades de campaña en el norte de Nariño y en el sur del Cauca. La última reunión fue con la comunidad del corregimiento de Pandiguando, en el municipio de El Tambo, Cauca. La líder indígena se comunicó con sus colaboradores por última vez a las 8:40 de la noche. Después de esa hora, habría sido secuestrada por hombres armados.El coordinador de derechos humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca, Edwin Capaz, se refirió a la situación: "Ella se encontraba en estas actividades de campaña, entre Nariño y Cauca, sobre las 6:30 de la tarde cuando regresaba al municipio de Morales fue abordada por un grupo armado según nos dicen desde la zona", dijo.Ana Guetio es una líder social dedicada a la defensa de los derechos humanos de las comunidades indígenas y a la reivindicación de las víctimas del conflicto armado en el departamento del Cauca. En la zona donde desapareció la candidata a la Cámara de Representantes delinquen las disidencias de alias 'Iván Mordisco'.
El Servicio Geológico Colombiano hizo una importante aclaración sobre la erupción del volcán de lodo en San Juan de Urabá, luego de que el evento fuera confirmado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La entidad enfatizó que estos fenómenos no corresponden a volcanes magmáticos y que su comportamiento es sustancialmente diferente.“Los volcanes de lodo son estructuras diferentes a los volcanes magmáticos, y sus erupciones son muy pequeñas en comparación con estos últimos”, explicó el SGC en un mensaje público. Con esta precisión, el organismo técnico buscó evitar interpretaciones erróneas frente a la magnitud del evento registrado durante la noche del miércoles en el municipio del Urabá antioqueño.Cabe recordar que, de acuerdo con lo que detalló por su parte la UNGRD, la erupción repentina del volcán en San Juan de Urabá se dio por un fenómeno geológico conocido como diapirismo, según explicó esta entidad nacional, "en el que lodo y gases, ascienden a la superficie por presión interna".¿Cuántos volcanes de lodo hay en Colombia?El Servicio Geológico también recordó que en Colombia existen más de 100 volcanes de lodo, ubicados principalmente en los departamentos de Atlántico, Córdoba, Sucre, Bolívar y Antioquia, en zonas cercanas al Caribe. Además, señaló que hay cientos de salidas adicionales de lodo que no conforman volcanes propiamente dichos.¿Se monitorean los volcanes de lodo en Colombia?Frente al monitoreo, la entidad indicó que “establecer un sistema para cada uno de ellos no es viable”, debido a que con frecuencia surgen nuevas manifestaciones. Esta condición geológica hace que la vigilancia permanente, como ocurre con volcanes activos magmáticos, no sea aplicable en estos casos.¿Cuáles son los riesgos de los volcanes de lodo?En cuanto a los riesgos, el SGC detalló que la amenaza se relaciona con flujos de lodo hacia cultivos y viviendas, agrietamientos del terreno y una eventual explosividad asociada a gases como el metano. No obstante, precisó de forma indirecta que los eventos explosivos documentados en el país se han presentado en zonas con baja densidad poblacional.Finalmente, el organismo reiteró que su competencia es técnica e informativa, mientras que la atención de emergencias corresponde a las autoridades locales y regionales coordinadas por la UNGRD. El Servicio Geológico Colombiano aseguró que comunicará oportunamente cualquier novedad e invitó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de canales oficiales.
El jefe del Ministerio Público aseguró que no existen pruebas de irregularidades en el software ni en el escrutinio de las elecciones parlamentarias. Anunció vigilancia técnica y jurídica al código fuente y pidió “paz electoral” a 10 días de los comicios.A diez días de las elecciones parlamentarias en Colombia, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, aseguró que hasta el momento no existe evidencia de irregularidades en ningún componente del proceso electoral, incluyendo el sistema electrónico de escrutinio. La declaración se dio en entrevista con Néstor Morales en el programa Mañanas Blu, en el marco del lanzamiento del Plan Democracia, estrategia interinstitucional para garantizar la transparencia y seguridad en los comicios del 8 de marzo.“Hasta hoy, hasta este momento que estamos hablando, yo no puedo decir que se haya evidenciado alguna anomalía o alguna alteración de todos los componentes, incluyendo el electrónico del proceso electoral”, afirmó el procurador, al referirse a las denuncias y dudas que han circulado sobre el software electoral y el código fuente.Plan Democracia: vigilancia en 288 puntos críticosEl pronunciamiento del jefe del Ministerio Público se produjo tras una reunión con altas autoridades militares, de Policía, el registrador nacional y representantes del Gobierno, en la que se revisaron los avances del Plan Democracia. Según explicó, se han identificado 288 puntos estratégicos en el territorio nacional donde podrían presentarse alteraciones al orden público que afecten el desarrollo normal de la jornada.“No estamos midiendo por municipio ni por veredas, sino puntos donde suceden cosas en el territorio que podrían ocasionar alguna perturbación con violencia sobre el proceso electoral. Hacia ese punto específico llegamos”, detalló Eljach.El objetivo, precisó, es garantizar que en cada mesa y puesto de votación los ciudadanos puedan ejercer su derecho sin intimidaciones ni contratiempos. “Parece fácil decirlo, pero implica una logística compleja de preparación y reacción inmediata”, agregó.En cuanto a la posible reubicación de mesas por razones de seguridad, el procurador indicó que, hasta el momento, solo se ha contemplado el traslado de algunos puestos en el departamento de Córdoba debido a afectaciones por inundaciones, mas no por amenazas de grupos ilegales. “No se ha informado que haya habido necesidad de reubicar puestos o cerrar mesas por temas de orden público”, señaló.Software electoral y código fuente bajo lupaUno de los puntos más sensibles del debate público ha sido el funcionamiento del software de escrutinio y el acceso al código fuente, tema sobre el cual el presidente Gustavo Petro ha expresado reparos. Frente a esto, Eljach anunció la designación de dos delegadas nacionales —una técnica y otra jurídica— para acompañar la revisión del sistema.“Ya se empezó desde ayer la vigilancia in situ donde la Registraduría convoca para hacer la llamada apertura de los códigos. Ahí están los nuestros, como están los de los partidos y los de las campañas. Eso es público”, sostuvo.El procurador explicó que el proceso contempla una etapa técnica en la que expertos en auditoría de software examinarán el funcionamiento del sistema electrónico, posterior al diligenciamiento manual de los formularios E-14 por parte de los jurados de votación.“Cosa que es posterior a llenar los E-14, el formulario a mano presencial con el votante allí y con el jurado firmando de carne y hueso, de tal manera que se podrían comparar las dos cosas”, precisó.Asimismo, confirmó la vinculación de dos nuevos expertos en auditoría tecnológica para fortalecer el seguimiento. No obstante, fue enfático en señalar que cualquier conclusión deberá esperar a que termine el proceso de revisión.“Cuando termine toda esta etapa, sabremos realmente qué había, si era mito, si era sospecha, si era una acusación infundada, o si sí era fundada. Por lo tanto, no se puede afirmar categórica y definitivamente nada hasta que termine ese paso”, puntualizó.Llamado a la “paz electoral” y respeto institucionalEn medio de un clima político tensionado por las acusaciones de posible fraude electoral, Eljach hizo un llamado a la ciudadanía y a los actores políticos a promover la calma y la confianza institucional.“Tenemos que aprender a vivir en paz, y en las elecciones tenemos que hacer paz electoral”, expresó al inicio de la entrevista.Consultado sobre declaraciones previas en las que cuestionó el “estado mental” del presidente Petro tras señalamientos contra los órganos de control, el procurador aclaró que su comentario aludía a estados emocionales como la preocupación o la angustia, y no a una descalificación personal.“El estado mental de las personas es una cosa múltiple (…) Al ver que nos señaló directamente de hacer trampa, de mentir, pues, ¿cómo así? ¿Cómo así que el procurador miente? ¿Cómo así que el contralor miente?”, manifestó.A pesar de las diferencias, aseguró que la relación con el Gobierno es “cordial” y basada en el respeto institucional. “Con cariño, con respeto, pero también con firmeza y en defensa de mi buen nombre y de mi ejercicio, que es autónomo y no depende del gobierno”, subrayó.
En medio de una ofensiva policial contra estructuras del crimen organizado en el asentamiento humano El Páramo, en Floridablanca, fue capturado Miguel David Núñez Machado, alias “Colin”, señalado como presunto jefe de sicarios de la organización criminal Tren de Aragua.El arresto del peligro delincuente venezolano se materializó tras labores investigativas con control territorial de las autoridades en el sector de La Cumbre, en Floridablanca. Según las autoridades, el capturado registra una orden de captura vigente en Venezuela por los delitos de homicidio y tráfico de armas, lo cual motivó su búsqueda internacional.Alias “Colin” habría coordinado la logística del sicariato y otras actividades delictivas para esa estructura transnacional del Tren de Aragua, lo que constituye un golpe significativo a la presencia y operación de este grupo en el área metropolitana de Bucaramanga.En la vivienda donde se refugiaba alias 'Colin', fue detenida otra persona con órdenes judiciales activas en su contra. La Policía halló varias dosis de estupefacientes y una motocicleta reportada como hurtada. El procedimiento fue dejado a disposición de la autoridad competente para adelantar el proceso de judicialización correspondiente y coordinar los trámites internacionales que correspondan, de acuerdo con la normativa vigente.La Policía Nacional anunció que continuará realizando operativos contra bandas criminales que afectan la tranquilidad en Bucaramanga y el área metropolitana.
Con el inicio del calendario electoral de 2026, la Procuraduría General de la Nación puso en marcha una estrategia nacional denominada Paz Electoral, una iniciativa orientada a fortalecer la confianza ciudadana y blindar el proceso democrático frente a riesgos que puedan afectar la transparencia, la seguridad y la legitimidad de los comicios.Como parte de esta campaña institucional, equipos del Ministerio Público se desplegaron en los principales accesos viales de las ciudades capitales para recibir a miles de colombianos que regresaban de sus vacaciones de inicio de año. Allí, los funcionarios entregaron mensajes pedagógicos e invitaron a los ciudadanos a asumir un papel activo en la protección de la democracia mediante el ejercicio responsable del voto.La iniciativa es liderada por el procurador general, Gregorio Eljach, quien desde finales del año pasado inició un recorrido por distintas regiones del país con el propósito de sensibilizar a instituciones, sectores productivos, líderes sociales y ciudadanía en general sobre la importancia de garantizar unas elecciones libres y respetadas por todos.Jornadas clave de elecciones en Colombia 2026El contexto electoral de este año incluye tres jornadas decisivas: el 8 de marzo se realizarán las elecciones legislativas y las consultas presidenciales de algunos partidos; el 31 de mayo será la primera vuelta presidencial; y el 21 de junio, de ser necesario, se llevará a cabo la segunda vuelta para elegir al jefe de Estado. Este panorama ha motivado a las autoridades a reforzar las acciones preventivas.La estrategia surgió en medio de preocupaciones expresadas desde distintos sectores sobre posibles amenazas al proceso electoral. Incluso, el registrador nacional, Hernán Penagos, manifestó en varios escenarios públicos que existían inquietudes ciudadanas sobre la realización de las elecciones. Frente a este panorama, la Procuraduría asumió como una prioridad institucional la defensa del orden democrático y el cumplimiento del calendario electoral.En este esfuerzo, la Procuraduría trabaja de manera articulada con la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Contraloría General de la República, entidades que han reiterado su compromiso conjunto para garantizar la transparencia del proceso. Esta alianza busca prevenir irregularidades, vigilar el uso adecuado de los recursos públicos y asegurar que los funcionarios no interfieran indebidamente en política.Entre los principales riesgos identificados por las autoridades se encuentran la posible incidencia de grupos armados ilegales, la difusión de desinformación y eventuales ciberataques. Ante estos desafíos, el Ministerio Público ha enfatizado la necesidad de mantener una vigilancia permanente y una participación activa de todos los sectores del Estado y la sociedad.Además de promover el voto libre y consciente, Paz Electoral también busca asegurar que los candidatos desarrollen sus campañas con garantías y responsabilidad, y que los ciudadanos puedan acudir a las urnas con plena confianza en el sistema electoral.La Procuraduría continuará con jornadas pedagógicas y presencia territorial durante todo el año, en lo que ha denominado una cátedra pública permanente sobre la importancia de proteger la democracia. El objetivo final es que, una vez concluido el proceso electoral, el país cuente con instituciones fortalecidas y con resultados legítimos, respaldados por la voluntad soberana de los colombianos.
Un depósito clandestino de explosivos del ELN fue descubierto en una vivienda ubicada en la localidad de Usme, barrio Chico, en el sur de Bogotá. En el lugar, según estableció BLU Radio, estaba alias ‘Plumilla’, señalado como el encargado de fabricar los artefactos explosivos improvisados que serían utilizados en acciones terroristas en la capital del país.La operación fue el resultado de más de cinco meses de seguimiento por parte del Gaula Militar Cundinamarca y la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC). De acuerdo con fuentes militares, incluso hubo agentes infiltrados que lograron documentar los movimientos del grupo, que cambiaba constantemente de residencia para evadir a las autoridades. Permanecían máximo un mes en una casa y luego se trasladaban a otra, alternando únicamente entre dos inmuebles.En las imágenes conocidas por BLU Radio se observan planos y estructuras tipo balón que estaban siendo adaptadas con explosivos. La novedad en esta investigación es que los criminales elaboraban los artefactos explosivos improvisados con plástico, con el fin de reducir su peso y facilitar su instalación en drones. El objetivo, según inteligencia, era emplearlos para atacar a la fuerza pública e incluso a la población civil.Las autoridades confirmaron que alias ‘Plumilla’ hacía parte del Frente de Guerra Urbano Nacional ‘Comandante en Jefe Camilo Torres Restrepo’, Frente Urbano “Jorge Eliécer Gaitán”, estructura del ELN que venía adelantando actividades ilícitas en Bogotá mediante redes milicianas. El material incautado, de acuerdo con los investigadores, estaría destinado a la ejecución de acciones terroristas, especialmente en el marco de la jornada electoral prevista para el 8 de marzo.Durante el procedimiento fueron capturadas en flagrancia dos personas y se incautó un amplio arsenal: 896 cartuchos calibre 5.56 mm, tres cartuchos calibre 7.62 mm, 100 iniciadores de cartucho, un revólver, dos escopetas, un lanzagranadas, proveedores para Mini Uzi, cuerpos de granadas de 60 mm, espoletas de 40 mm, cilindros para granadas de 85 mm, cerca de un kilo de pólvora negra y aproximadamente cinco kilos de insumos químicos para mezclas explosivas, entre otros elementos.Según fuentes de inteligencia, con las piezas halladas se podrían ensamblar más de 70 artefactos explosivos improvisados. Además, fueron encontrados cuerpos cilíndricos, sistemas tipo MGL, metralla y componentes para la fabricación en serie de granadas artesanales.Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía, mientras avanzan las investigaciones para establecer la red logística detrás del depósito clandestino y determinar el alcance real de los posibles atentados que, según las autoridades, fueron neutralizados de manera oportuna en el sur de la capital.
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 005 de 2026 para los municipios de El Peñol y El Tambo, en Nariño, ante el riesgo para la población civil por enfrentamientos entre grupos armados ilegales y el uso recurrente de drones con explosivos.La alerta identifica riesgo en los cascos urbanos de ambos municipios y en varios corregimientos y veredas, entre ellos San Pedro y El Azogue, en El Tambo; y Las Cochas, El Peñol Centro, Peñol Viejo y La Toma, en El Peñol.Según la Defensoría, el principal riesgo es la disputa del control del corredor vial de Guambuyaco, un punto clave para la movilidad y las rentas ilegales, donde el Frente Franco Benavides, del EMC, busca expandirse y choca con el control que mantienen los Comuneros del Sur y las Autodefensas Unidas de Nariño.A esto se suma el uso de drones cargados con explosivos y otros artefactos improvisados contra estaciones de Policía y sedes administrativas, incluida la Alcaldía de El Peñol.“Estos ataques, registrados con mayor frecuencia desde noviembre del 2025, han sido perpetrados en cascos urbanos y centros poblados, afectando bienes de naturaleza civil en horarios laborales y generando impactos humanitarios indiscriminados en funcionarios(as) y transeúntes”, señaló la Defensoría.La entidad alertó que ya se han materializado graves afectaciones como civiles heridos por explosivos, homicidios selectivos y el desplazamiento forzado masivo de 124 familias en diciembre pasado, entre ellas población indígena.Además, denunció que los grupos armados ejercen control territorial mediante la instalación de vallas y banderas, la imposición de normas de conducta a través de WhatsApp y panfletos, y la presión para conformar “guardias campesinas” que obstaculicen la acción de la fuerza pública.La Defensoría señala que el riesgo es especialmente alto para niñas, niños y adolescentes, expuestos al reclutamiento forzado y a los efectos de combates y explosiones cerca de escuelas y centros de desarrollo infantil.“También está en riesgo alto la población indígena, pues los cabildos de El Tambo y el Cabildo Quillasinga Integrado de El Peñol (Corcaiquinpe) enfrentan amenazas a su autonomía, gobierno propio y pervivencia cultural. Llama la atención lo que les está ocurriendo a los liderazgos sociales y a las personas defensoras de derechos humanos, ya que han sido víctimas de instrumentalización, amenazas y convocatorias obligatorias a reuniones clandestinas”.En las zonas rurales, campesinos reportan contaminación de sus territorios con minas antipersonal y restricciones a la movilidad, mientras servidores públicos y transportadores han recibido intimidaciones y ataques contra la infraestructura donde trabajan.Ante este panorama, la Defensoría pidió al Ministerio del Interior activar una respuesta rápida a través de la Ciprat, al Ministerio de Defensa implementar estrategias antidrones y acciones de desminado, y a la UNP y al ICBF reforzar las medidas de protección para liderazgos sociales, comunidades étnicas y menores de edad.También instó a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz a verificar el cumplimiento de acuerdos de desminado y no reclutamiento de menores.
El corredor hacia Buenaventura, principal puerto sobre el Pacífico colombiano, atraviesa uno de sus momentos más críticos. Cerca de 10 kilómetros de la vía alterna interna operan actualmente con un solo carril por sentido, mientras el tráfico de carga ha aumentado un 16 %, generando fuertes congestiones y sobrecostos logísticos.Ante este panorama, el sector empresarial del Valle del Cauca pidió al Gobierno Nacional priorizar la construcción de la segunda calzada para evitar que la situación continúe agravándose y afecte la competitividad regional y nacional.Juan Manuel Sanclemente, director ejecutivo del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, aseguró que la vía enfrenta su punto más crítico: “Hoy la vía alterna interna de Buenaventura presenta su mayor punto crítico: cerca de 10 kilómetros operan en calzada sencilla, generando congestión y altos costos logísticos. El Comité Intergremial Empresarial del Valle del Cauca solicita al Gobierno Nacional la doble calzada”, afirmó.A esta preocupación se sumó el gremio transportador. Nidia Hernández Jiménez, presidenta ejecutiva de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga, advirtió que la problemática no es reciente .“Estamos siendo afectados por una ineficiencia logística que lleva años en Buenaventura. La situación es muy crítica para el sector transporte; solamente en 2025 vivimos 35 bloqueos que nos generaron una pérdida de tiempo de más de 387 horas”, señaló. La solución es agilizar la segunda calzada que descongestionaria la via.Los gremios advierten que, de no priorizarse esta obra estratégica, el corredor podría convertirse en un cuello de botella permanente para el comercio exterior, impactando no solo a Buenaventura y al Valle del Cauca, sino a la economía nacional en su conjunto.
Un condenado a 38 años de prisión por homicidio se fugó en la madrugada del lunes 23 de febrero de la cárcel de Villahermosa, en Cali, tras ocultarse en una caneca de basura y burlar los controles de seguridad del centro penitenciario.Según la información conocida, hacia la 1:30 de la mañana, el privado de la libertad habría permanecido escondido dentro de una caneca al interior del penal y posteriormente saltó uno de los muros para concretar la huida. Afuera lo esperaba una motocicleta de alto cilindraje en la que escapó. La fuga generó un fuerte pronunciamiento de la Personería de Cali. El personero, Gerardo Mendoza, advirtió que lo ocurrido evidencia posibles fallas en los protocolos de custodia y vigilancia.“Hay una preocupación que me asiste porque este hecho evidencia posibles fallas en los protocolos de custodia y vigilancia al interior de los centros de reclusión. Estaba condenado a 38 años por homicidio; al parecer, estaba metido en una caneca de basura y a eso de la una y media salta un muro y logra fugarse”, señaló.El personero agregó que el objetivo del pronunciamiento es que se refuercen las medidas de seguridad y se establezcan responsabilidades frente a lo ocurrido.“Para que se refuercen las medidas al interior de los centros penitenciarios. Por eso el pronunciamiento de la Personería: para que se determine qué pasó frente a esta situación y, si hay responsables, se entren a judicializar o a responder disciplinariamente”, puntualizó.Pese a que ya han transcurrido días desde la fuga, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario no ha emitido un pronunciamiento oficial que explique cómo se produjo el escape. Entre tanto, las autoridades mantienen operativos para dar con el paradero del condenado.
La comunidad del municipio de Palmira, Valle del Cauca, se encuentra consternada por el asesinato de un estudiante de la Institución Educativa Teresa Calderón de Lasso ubicada en el barrio Plaza Campestre.El joven de 17 años se encontraba saliendo de la jornada de clases junto a varios compañeros, cuando a las afueras del colegio fue atacado a disparos por sujetos a bordo de una motocicleta, aunque fue auxiliado por la comunidad y llevado a un centro asistencial, la gravedad de sus heridas le provocaron la muerte."En el sector hay una disputa entre bandas criminales, el homidio del menor se registró en ese lugar, donde está esa disputa entre los del 20 de Julio y los conocidos como los 300 que son las dos bandas que delinquen en la comuna dos de Palmira", explicó el coronel Pedro Pablo Astaiza, subcomandante de la Policia Valle.Las autoridades han desplegado un equipo especial de investigadores para esclarecer este hecho y dar con la captura de los responsables.
El nivel del río Cauca a su paso por Cali y Candelaria sigue aumentando debido a las fuertes lluvias registradas en el norte del departamento del Cauca. Por esta razón ya comienzan a reportarse las primeras afectaciones para las comunidades que vive a sus orillas.En Cali, son más de 30 viviendas afectadas debido a que el agua ha comenzado a ingresar, las autoridades de gestión del riesgo se trasladaron al lugar para iniciar la caracterización de las familias y definir la entrega de ayudas humanitarias."Donde pudimos verificar la creciente del río Cauca está en 9,75 metros, esto da para alerta naranja. Estamos haciendo una ronda de verificación en Playa Renaciente, Brizas del Cauca y Puerto Nuevo para poder hacer la verificación de daños, y así la entrega yo a humanitaria", aseguró el secretario de Gestión del Riesgo, Ricardo Peñuela.La comunidad del sector de Playa renaciente asegura que además de los daños que el agua le genera a sus casas y a sus pertenencias, varias familias se quedan sin sustento, pues se dedican a sacar arena del río."No se puede trabajar, no pueden sacar la arena, no pueden transportar la guadua. Las casas se cuartean y muchas personas perdemos prácticamente todo. A la gente le toca que los que viven en primer piso, los del segundo les colaboren para subir las cosas para que así no les dañen", indicó Florencio Cuero, habitante de este sector.Del otro lado del río, en el municipio de Candelaria, las autoridades ya declararon alerta roja, debido a que ya se reportan algunos desbordamientos en la carretera. También iniciaron una serie de recomendaciones para 125 familias y 120 empresarios del sector de Juanchito.En cuanto a los demás ríos de Cali, según el sistema de alertas tempranas, hay dos que han declarado alerta amarilla: Meléndez y Cali. Por su parte, el río Pance sigue con niveles considerados normales.
Tras la liberación de 150 soldados del batallón de Operaciones Terrestres N. 13 del Ejército, quienes estuvieron secuestrados por las comunidades de Ampudia y Villa Colombia en la zona alta de Jamundí, Valle del Cauca, la gobernadora Dilian Francisca Toro señaló que lo ocurrido fue orquestado por disidentes del frente Jaime Martínez, quienes, con amenazas de muerte y el cobro de extorsiones, obligaron a los habitantes de la zona a expulsar a las tropas.Los militares estuvieron retenidos por aproximadamente cinco horas en la vereda Las Brisas, donde los civiles les impidieron continuar las acciones ofensivas contra el grupo armado ilegal, llegando al punto de intentar quitarles su armamento. Entre la multitud habían varias personas encapuchadas, quienes, al parecer, serían miembros de la disidencia.Hay instrumentalización de la comunidad"Los amenazan, incluso hay ciertas informaciones donde estos disidentes les dicen a las comunidades que les van a cobrar 2.000.000 de pesos si no salen o los amenazan de muerte. Es algo que les genera a la gente mucha inquietud y lógicamente sale. La comunidad quiere que el Estado esté ahí, pero tenemos la problemática de la instrumentalización de la comunidad", señaló la gobernadora del Valle.A pesar de lo ocurrido, la ofensiva militar se mantiene en el marco de la operación Escudo del Norte, la cual busca erradicar el control que ejerce la disidencia en esta zona montañosa de Jamundí, el objetivo es recuperar el corregimiento de Villa Colombia el cual es el centro de operaciones del grupo armado.
Después de aproximadamente cinco horas de tensión y presiones por parte de la comunidad de los corregimientos de Ampudia y Villa Colombia, en zona rural de Jamundí, Valle del Cauca, los soldados del Batallón de Operaciones Terrestres N. 13 del Ejército que permanecían retenidos por estas personas lograron salir de la zona.Tras su liberación se trasladaron al sector de Robles, un corregimiento ubicado en la parte plana del municipio. Fueron en total 150 los militares que permanecieron secuestrados por estas comunidades que, obligadas por integrantes de la disidencia Jaime Martínez, exigían su retiro de este territorio."No es más que el reflejo apresurado de una guerrilla cobarde que se da cuenta que militarmente no puede enfrentar al Ejército, y finalmente se escuda con la población civil. Han tratado de instrumentalizar a las comunidades, obligándolas a salir amenazándolas y finalmente esta población no desea estar bajo las pretensiones de esta estructura", señaló el general Federico Mejía comandante de la Tercera División del Ejército.La situación en la zona montañosa del municipio poco a poco retorna a la calma, después de este encuentro. Dos jóvenes civiles resultaron heridos en medio de este hecho, quienes trataron de quitarle a los soldados los fusiles, mientras los militares adelantaban acciones disuasivas. Estas personas fueron trasladados al hospital Piloto de Jamundí, donde se confirmó que su estado de salud era estable.
Recientemente, el alcalde de Cali Alejandro Eder, el secretario de Movilidad, Gustavo Orozco, y varios líderes del gremio de taxistas de la ciudad, se reunieron en el despacho del mandatario para hablar de varias problemáticas que les están afectando, siendo la mayor de ellas el transporte informal.En medio del encuentro, el alcalde Eder le ordenó al subsecretario fortalecer los operativos en contra de los vehículos particulares que ofrecen el servicio de transporte de pasajeros, especialmente aquellos que realizan "pista" en diferentes sectores comerciales o de alta afluencia en la ciudad."Yo le digo al secretario, al subsecretario y a los agentes que están aquí con nosotros, no quiero oír más denuncias de que los agentes están multando una pista de taxis al lado de una pista de piratas. Entiendo la dificultad de hacerlo, pero se acabó. Sobre todo, si hay tiempo para multar a los taxis, debe haber más tiempo para multar a los piratas", dijo el alcalde de Cali.Opiniones de taxistasAl escuchar la orden los líderes de los taxistas, manifestaron su alegría, pues es una petición que, de manera reiterada, le han hecho a las autoridades distritales, especialmente en el oriente de Cali, y las vías principales de la ciudad, donde es más evidente la operación de estos vehículos particulares prestando un servicio público.
Edwin Daniel, un niño que hoy tiene 12 años, carga en su cuerpo las cicatrices de una crueldad inimaginable. Su propia madre, Martha, lo maltrató hasta dejarlo cuadripléjico, con daño cerebral irreversible y dependiente de cuidados las 24 horas. Su historia, revelada por su prima Luisa Giraldo en diálogo con Conducta Delictiva, conmocionó en redes.Edwin nació en 2013 y desde sus primeros días fue rechazado por su madre. Según relató Luisa, Martha nunca lo quiso: le pegó una palmada cuando apenas tenía 15 días de vida y lo abandonó al cuidado de su padre, Luis Alberto Henao, quien lo crió con amor hasta su muerte por COVID-19 en agosto de 2021."Era un niño feliz, hiperactivo, lleno de amor", recordó Luisa. Pero todo cambió cuando, tras la muerte de su padre, un familiar lo entregó a Martha, quien ya tenía otra pareja y dos hijos menores.En febrero de 2022, Edwin fue encontrado al borde de la muerte en un cañaduzal de Restrepo, Valle. Según la Fiscalía General de la Nación, la mujer lo golpeó más de 12 veces con objetos contundentes, lo encadenó en un cuarto oscuro y lo dejó sin comer por días antes de abandonarlo."Ella dijo que se lo había robado el 'duende' porque era muy 'fastidioso'", contó Luisa con indignación. Cuando lo rescataron, pesaba solo 20 kilos —como un niño de 3 años— y presentaba laceraciones, picaduras de animales y heridas infectadas.Tras dos meses en la UCI del Hospital Universitario del Valle, Edwin sobrevivió, pero quedó con cuadriplejia espástica: no puede hablar, moverse o alimentarse por sí mismo. Se alimenta mediante una sonda gástrica y requiere terapias constantes."Él es un milagro", dijo Luisa, aunque admitió que los médicos descartan su recuperación. "Para Dios nada es imposible, pero clínicamente, ya no caminará".Martha fue condenada a 20 años de prisión por tentativa de homicidio y maltrato infantil. Su pareja, de origen indígena, quedó libre debido a jurisdicciones especiales. Mientras tanto, la familia de Edwin lucha contra las secuelas emocionales y económicas.