En Cúcuta fue capturado Wilder Arias, alias 'Franco', señalado de asesinar a Camilo Andrés Rojas Rey el pasado 27 de enero, tras un partido de fútbol en la ciudad.Según la Policía Metropolitana de Cúcuta, la captura se logró luego de un trabajo investigativo conjunto con la Fiscalía General de la Nación y el análisis de más de 20 horas de videos de seguridad.“El 27 de enero se produjo el asesinato de un hincha del Atlético Bucaramanga después de un partido en esta ciudad… Es así como el día de hoy se logra la captura de Wilder Arias, alias 'Franco', como presunto responsable de este homicidio”, afirmó el coronel Libardo Fabio Ojeda.“No permitiremos que la fiesta del fútbol se convierta en una fiesta de la tristeza. Vamos a seguir trabajando por su seguridad”, agregó el oficial.Las autoridades investigan si alias 'Franco', presuntamente hincha del Cúcuta Deportivo, atacó a la víctima por vestir la camiseta del equipo rival.El capturado quedó a disposición de la Fiscalía mientras avanzan las investigaciones para ubicar a otros posibles implicados.
El pequeño féretro avanzaba en silencio por las calles del pueblo. Detrás, una multitud caminaba con rabia contenida y lágrimas en los ojos. No era solo un sepelio era una despedida marcada por la impotencia.Kevin Acosta Pico, de apenas siete años, murió esperando un medicamento vital para tratar la hemofilia que padecía, un tratamiento que, según su familia, debía ser suministrado por la Nueva EPS y que durante meses no llegó.El niño falleció en Pitalito, tras ser remitido de urgencia, pero para su madre, la atención fue tardía, insuficiente y rodeada de demoras que, asegura, terminaron costándole la vida: “Dicen que hicieron un traslado oportuno, pero mi hijo duró más de 24 horas allá y no hicieron nada, lo entubaron y lo dejaron sangrar, solo me decían que esperara, que no había camas en UCI, mientras yo veía cómo se me iba”, relató entre lágrimas Judith Katerine Pico Naranjo.Según cuenta, Kevin llevaba cerca de dos meses sin recibir el medicamento por trámites administrativos y supuestos cambios de contrato: “Cada vez que iba a reclamar, me decían ‘espere’. Mientras tanto, mi hijo estaba sin tratamiento, hoy lo estoy velando, mi niño está en una caja, y sólo lo trasladaron por que yo en medio de videos y llamadas pedí ayuda a la gente a través de medios de comunicación”, dice con la voz quebrada.“Me tocó suplicar, cuando reaccionaron ya era demasiado tarde; como me dijo el médico para él cada minuto era mortal”, agregó.El drama no terminó con la muerte. El cuerpo del menor permaneció varios días en Medicina Legal por trámites y demoras. “Ni muerto lo dejaban descansar. Seguían jugando con él”, denunció.Hoy, el dolor de una madre se convirtió en un reclamo colectivo, en Charalá no solo lloran a Kevin, exigen respuestas.La familia pidió a las autoridades abrir una investigación para establecer si hubo negligencia en la entrega del medicamento y en la atención médica.“Mi hijo ya se fue, pero hay más niños esperando medicinas, no quiero que otra mamá pase por esto, no quiero que cierren el caso, quiero justicia”, concluyó.
A 45 años y 4 meses de prisión fue condenado Keiner Arrieta Geney por el feminicidio de Carolín Alejandra Vitola Cuello, una adolescente de 16 años asesinada en mayo de 2025 en Barrancabermeja.La sentencia fue emitida luego de Arrieta Geney, quien tenía 18 años al momento de los hechos, aceptara su responsabilidad mediante un preacuerdo con la Fiscalía, el cual fue avalado por un juez. Según el ente acusador, el joven admitió haber disparado contra la menor y posteriormente participar en el desmembramiento y ocultamiento del cuerpo."Los agresores atacaron a la adolescente con un arma de fuego y luego ocultaron su cuerpo", señaló el ente investigador.Los hechos ocurrieron el 7 de mayo de 2025 en el asentamiento humano El Centenario, en la comuna tres del distrito petrolero. De acuerdo con la investigación, la adolescente fue abordada por cuatro integrantes del grupo de delincuencia comunitaria organizada ‘Los Búcaros’, entre ellos el ahora condenado.Las autoridades establecieron que la víctima recibió dos impactos de arma de fuego en el rostro y luego su cuerpo fue desmembrado y abandonado en una zona boscosa del sector. El hallazgo se produjo tras la denuncia anónima de un ciudadano que alertó sobre la presencia del cadáver en el lugar.El caso generó profunda conmoción y repudio en la comunidad de Barrancabermeja, que exigió justicia por la brutalidad del crimen.Arrieta Geney fue hallado responsable de los delitos de feminicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego; y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.Por estos mismos hechos, otras tres personas capturadas, también señaladas como integrantes de ‘Los Búcaros’, permanecen privadas de la libertad a la espera de que se emita sentencia en su contra. Según las autoridades, alias “Alianza” habría sido quien desmembró el cuerpo de la menor.
Líderes comunales del sector de Cabecera solicitaron al alcalde de Bucaramanga, Cristián Portilla, la asignación permanente de un guarda de seguridad para el Parque San Pío, luego de denunciar un nuevo caso de actos sexuales en espacio público.La petición fue formalizada por la Junta de Acción Comunal y la JAL de la Comuna 12, mediante un oficio en el que advierten sobre varias problemáticas que, según indican, vienen afectando de manera reiterada este emblemático escenario urbano.En la comunicación, los líderes señalan que el Parque San Pío, considerado un referente cultural, turístico y de encuentro familiar en la ciudad, enfrenta situaciones como consumo de cigarrillo y otras sustancias en zonas frecuentadas por niños, vandalismo contra el mobiliario y zonas verdes, daños a bienes culturales, ocupación indebida del espacio público por vendedores informales y deterioro del césped.Sin embargo, el hecho que motivó con mayor urgencia la solicitud fue la denuncia de actos sexuales protagonizados por una pareja en el parque, situación que, según la comunidad, quedó registrada en fotografías y que habría ocurrido en horario de alta afluencia de familias.Ante este panorama, los líderes piden la asignación inmediata y permanente de un guarda exclusivo para el parque, así como controles periódicos, recuperación del espacio público, intervención en el alumbrado y poda técnica de árboles que actualmente, aseguran, generan zonas oscuras e inseguras.El llamado también se extiende a la zona conocida como Cuadra Play, sector de rumba de la ciudad, donde residentes denuncian desórdenes permanentes entre jueves y domingo.César Niño, líder del sector de Cabecera, afirmó que las medidas adoptadas hasta ahora han sido insuficientes frente al aumento del consumo de licor y drogas en vía pública, el ruido excesivo, el mal parqueo de motocicletas y los disturbios a altas horas de la madrugada.“Se necesita reforzar la seguridad y controlar a las personas que vienen en las noches a disfrutar y emborracharse en las discotecas. El desorden se presenta desde el jueves hasta el domingo”, manifestó.El líder también pidió mayor presencia de la Policía, agentes de tránsito y funcionarios de la Secretaría del Interior, incluyendo la de un inspector que pueda imponer cierres a discotecas cuando sea necesario. Además, solicitó mayor regulación a establecimientos comerciales y droguerías que, según indicó, estarían facilitando el consumo de licor en el espacio público.Esta es la carta de los líderes del barrio Cabecera de Bucaramanga.
El ayuno intermitente no está a la altura de su fama para perder peso. La mayor revisión de la evidencia científica llevada a cabo hasta la fecha sobre esta práctica, muy popularizada en las redes sociales por sus "beneficios metabólicos", indica que no es más efectiva que hacer dieta o llevar una vida saludable.El metaanálisis que publica este lunes el Sistema Cochrane ha incluido 22 estudios sobre el ayuno intermitente, con casi 1.995 participantes adultos de Norteamérica, Europa, China, Australia y Sudamérica a los que se hizo un seguimiento durante 12 meses.La revisión evalúa las diversas modalidades de ayuno intermitente, incluyendo la restricción de alimentación en días alternos, el ayuno periódico y la alimentación limitada por intervalos de tiempo.Los investigadores, entre ellos Eva Madrid, del Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona, comparan el ayuno intermitente con los consejos alimentarios tradicionales para no engordar y con qué ocurre cuando no hay ninguna intervención.La evidencia no justifica el entusiasmoSus conclusiones apuntan a que el ayuno intermitente no resulta especialmente eficaz para la pérdida de peso en adultos con obesidad o sobrepeso, los cuales mostraron una pérdida de peso moderada con esta práctica.Además, los autores tampoco aprecian ninguna diferencia significativa respecto al asesoramiento dietético habitual o a la mejora en los hábitos de salud.“El ayuno intermitente podría ser una opción razonable para algunas personas, pero la evidencia actual no justifica el entusiasmo que vemos en las redes sociales hacia esta práctica”, señala uno de los autores de la revisión, Luis Garegnani, investigador en el Hospital Italiano de Buenos Aires.Los investigadores reconocen que aún hay pocos estudios que hayan estudiado el impacto del ayuno intermitente a largo plazo.Teniendo en cuenta que la obesidad es, precisamente, una enfermedad a largo plazo, eso dificulta que el ayuno intermitente tenga un respaldo científico fuerte, al menos de momento, como para ser recomendada clínicamente, señalan.La mayoría de los estudios incluidos reclutaron predominantemente a poblaciones blancas en países de ingresos altos. Por ello, los autores advierten de que sus resultados podrían dar pistas, pero que no se pueden extrapolar a toda la población, ya que podrían variar según el sexo, la edad, el origen étnico, el estado de la enfermedad o los trastornos o conductas alimentarios subyacentes.“Con la evidencia actual disponible, es difícil hacer una recomendación general. Los médicos deberán adoptar un enfoque individualizado para cada caso a la hora de asesorar a adultos con sobrepeso para adelgazar”, señala Eva MadridLa obesidad requiere tratamientos personalizadosLa obesidad es un problema importante de salud pública que se ha convertido en una de las principales causas de muerte en los países de ingresos altos. Según la OMS, 2.500 millones de habitantes de países ricos sufrían sobrepeso en 2022, y de ellos 890 millones padecían obesidad.“Estamos ante una revisión rigurosa. Sin embargo, la calidad de muchos estudios es limitada y el seguimiento es corto, por tanto no es la última palabra", señala Ana Belén Crujeiras, jefa de Epigenómica en el grupo de Endocrinología y Nutrición del Instituto de Investigación en Salud de Santiago de Compostela (IDIS), en una reacción recogida por Science Media Centre.Crujeiras explica que si el ayuno intermitente está bien hecho se crea una situación de cetosis nutricional que puede conferir beneficios para la salud, ya que las moléculas cetónicas tienen propiedades antioxidantes, y antiinflamatorias."Se ha observado que este estado de cetosis nutricional se asocia con mejor bienestar y calidad de vida", apunta.No obstante, la investigadora incide en que la obesidad es una enfermedad crónica, y en que su tratamiento debe ser personalizado y siempre bajo prescripción de un profesional de la nutrición o la endocrinología."A unas personas les funcionan unas estrategias terapéuticas y a otras, otras, depende de su estilo de vida, sus gustos personales y su perfil molecular y fisiológico”, concluye.
Tras el reporte del Centro de Operaciones de la Fuerza Naval del Caribe de la Armada de Colombia sobre una embarcación cargada con clorhidrato de cocaína en el Mar Caribe, se activó una operación conjunta que se extendió por más de 72 horas.La lancha tipo Go Fast, equipada con cuatro motores fuera de borda de 300 caballos de potencia y capacidad para transportar cerca de cinco toneladas de alcaloides, fue hallada abandonada en un estero del Golfo de Urabá, en el departamento de Antioquia. La motonave era capaz de alcanzar velocidades de hasta 45 nudos.La Institución Naval estableció que la embarcación habría zarpado desde las costas del departamento de Córdoba con sustancias ilícitas, teniendo como destino final Honduras, en Centroamérica.De manera inmediata, se desplegó una aeronave de la Fuerza Aeroespacial Colombiana para realizar el seguimiento de la embarcación, guiando a las Unidades de Reacción Rápida de las Estaciones de Guardacostas de Cartagena y Urabá para ejecutar la interdicción marítima.Al notar la presencia de las autoridades, los tripulantes cambiaron el rumbo hacia las costas colombianas para intentar evadir la presión sostenida de la fuerza pública e internarse en la zona costera. Sin embargo, tropas del Batallón de Infantería de Marina No. 14 desplegadas en tierra impidieron la maniobra. Ante el asedio, los sujetos emprendieron la huida hacia el Golfo de Urabá, donde finalmente abandonaron la embarcación de 60 pies de eslora —cargada con 30 canecas de gasolina— en una zona de manglares.Posteriormente, tropas del Batallón de Infantería No. 47 "Francisco de Paula Vélez" del Ejército Nacional realizaron la inspección, judicialización e inutilización de la motonave en coordinación con las autoridades competentes. Respecto al cargamento, se presume que fue arrojado al mar durante la persecución, por lo cual aeronaves del Comando Aéreo de Combate No. 3 y buques de la Fuerza Naval del Caribe adelantan actualmente operaciones de búsqueda y registro.Con el éxito de esta operación, la Fuerza Aeroespacial, en conjunto con la Armada de Colombia y el Ejército Nacional ratifica su presión sostenida contra los Grupos Armados Organizados dedicados al narcotráfico, especialmente en la región del Caribe colombiano.
El presidente Gustavo Petro confirmó durante su alocución de la noche de este domingo 15 de febrero de 2026 que el Gobierno expedirá un nuevo decreto transitorio sobre el incremento del salario mínimo, tras la decisión del Consejo de Estado que dejó en suspenso el aumento del 23,78 %. El mandatario aseguró que acatará la orden judicial y que el llamado “salario vital” se mantendrá mientras se expide el nuevo acto administrativo.“Voy a aceptar que se genere un decreto transitorio. Primero vamos a aclarar esto con el magistrado. Esto hace que los ocho días se tengan que usar más. Nosotros, de todas maneras, es orden de la Constitución, lo tendremos en cuenta en el nuevo decreto de fallo transitorio. Lo que significa que el salario vital se mantiene hasta que se expida el nuevo decreto y el nuevo decreto va a tener el salario vital”, afirmó el jefe de Estado.La controversia surge luego de que el Consejo de Estado ordenara al Gobierno nacional emitir un nuevo decreto en un plazo máximo de ocho días, al considerar que el incremento no habría contado con el suficiente sustento técnico. Según el alto tribunal, el ajuste debía estar respaldado por indicadores cuantitativos claros, como la inflación del 5,1 % y la productividad del 0,9 %, y no responder únicamente a una determinación política, con el fin de garantizar la estabilidad económica y la confianza inversionista.Petro también convocó a movilizaciones en todo el país para este jueves 19 de febrero, al invitar al “pueblo trabajador de Colombia” a concentrarse en las plazas públicas.El mandatario aseguró que solicitará una aclaración frente a las decisiones adoptadas y sostuvo que esta discusión no solo es de carácter jurídico, sino que también debe respaldarse con la movilización ciudadana. “Los espero en todas las plazas públicas de Colombia. Convoca al presidente para defender el salario vital”, afirmó Petro.En su alocución de hoy, el presidente dijo que para estudiar el salario mínimo convocó para este lunes una reunión de la Comisión de Concertación en la que estarán su ministro Trabajo, Antonio Sanguino, y representantes del movimiento sindical y del empresariado."Esto lo discutiremos con el empresariado y la clase obrera. Se puede hacer un pacto, indudablemente oiremos, pero inmediatamente después haremos el decreto nuevo transitorio, ojalá con el resultado de una concertación", dijo.El mandatario dejó en claro "que a partir del decreto presidencial del 31 de diciembre del año pasado, en Colombia rige un salario vital que es el mínimo vital de una familia y que es móvil", lo que indica que puede variar.
El sábado 22 de junio de 2024 comenzó como un día frío y lluvioso en el municipio de Subachoque. Jenny Esperanza González, de 35 años, había trabajado hasta el mediodía y regresó a casa para compartir con su madre y su hija de 13 años. Según el testimonio de Pastora Castro en entrevista con Más Allá del Silencio del Rafael Poveda, su compañero sentimental, Luis Lorenzo Correa, “llegó harto tomado” y desde temprano repetía que “le habían dañado los planes”. Almorzaron juntos, pero la tarde avanzó entre más licor y discusiones. “Que yo no quiero más, Lorenzo, yo no quiero más”, le habría dicho Jenny en medio de la madrugada, mientras él insistía: “Écheme más porque yo quiero más”.De acuerdo con el relato de la madre, la tensión se extendió hasta el amanecer. Hacia las seis de la mañana, Pastora decidió irse del lugar junto con su nieta. Horas después, sobre las 2:30 o 3:00 de la tarde, recibió una llamada desde el celular de su hija. “Doña Pastora, salga a la avenida que voy con Jenny, que se prendió candela”, le dijo el conductor de la ambulancia. Minutos más tarde, el propio Lorenzo la contactó para darle su versión: “Esa loca se prendió candela, yo no sé con qué, con whisky”. Cuando la madre le preguntó por qué no la acompañaba, él respondió: “No, por mi estado, yo no fui”.Jenny fue trasladada inicialmente a un centro asistencial en Facatativá y luego remitida al Hospital Simón Bolívar en Bogotá debido a la gravedad de las quemaduras, que comprometían cerca del 80 % de su cuerpo, principalmente la espalda y el torso. Durante varios días permaneció sedada, pero alcanzó a declarar ante las autoridades. Según su testimonio, estaba agachada en el patio cuando sintió “el fogonazo en la espalda” y en cuestión de segundos el fuego se extendió al pecho. “Yo empecé a gritar… le decía que me auxiliara”, relató. También contó que sus dedos quedaron desollados al intentar apagarse las llamas. “Mírenme las uñitas, mírenme los deditos”, alcanzó a decir.El 23 de agosto de 2024, tras dos meses de lucha médica, Jenny falleció por la gravedad de las heridas. Antes de morir, pidió volver a hablar con la Fiscalía. “Hagan el favor y llamen otra vez a la fiscalía”, solicitó al personal médico cuando le permitieron ver la profundidad de sus quemaduras. Para su madre, no hay dudas sobre lo ocurrido ese día: “Eso no se le hace ni al peor enemigo”, afirma. El caso generó indignación en Subachoque y abrió un proceso judicial en el que el señalado fue acusado de homicidio agravado, mientras la familia insiste en que se haga justicia por lo que Jenny denunció antes de morir.
La ONG Foro Penal, que lidera la defensa legal de los presos políticos en Venezuela, informó este domingo que ha verificado 444 excarcelaciones desde hace poco más de un mes, cuando el Gobierno encargado anunció un proceso de liberaciones.En su cuenta de X, el presidente de la organización, Alfredo Romero, indicó que esta cifra contabiliza las excarcelaciones desde el pasado 8 de enero hasta este 15 de febrero a las 21:30 hora local (1:00 GMT del día 16).Foro Penal no considera excarcelaciones los casos en que, tras salir de un centro de reclusión, la persona permanece privada de libertad bajo arresto domiciliario.Hace una semana, el dirigente Juan Pablo Guanipa, exdiputado cercano a la nobel de la paz María Corina Machado, y el asesor jurídico de la mayor coalición opositora, Perkins Rocha, salieron de prisión junto con otro grupo de activistas políticos.Sin embargo, Rocha permanece en arresto domiciliario, al igual que Guanipa, quien fue encarcelado de nuevo el mismo día en que salió de prisión, acusado por la Fiscalía de incumplir sus medidas cautelares.El martes, la familia anunció que el opositor ya se encontraba en arresto domiciliario en su residencia en Maracaibo, capital de Zulia (noroeste).Por otra parte, desde las 6:00 hora local (10:00 GMT) de este sábado, una decena de mujeres familiares de presos políticos se mantienen en huelga de hambre en las afueras de un comando policial en Caracas, donde fueron excarceladas 17 personas, entre ellas dirigentes sindicales y dos jóvenes con trastorno del espectro autista.Varias ya han sufrido problemas de salud, de las cuales una de ellas se desmayó un par de veces y otra recibió suero por vía intravenosa en la colchoneta sobre la que se encuentra.El 6 de febrero, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, prometió la liberación de "todos" una vez se aprobara la ley de amnistía -aún en discusión-, que estimó ocurriría "a más tardar" este pasado viernes.Sin embargo, el Legislativo, controlado por el chavismo, aplazó el jueves para la próxima semana el segundo y último debate necesario para la aprobación de la ley, al haber diferencias por un artículo que exige a los procesados y condenados presentarse ante la Justicia.El proceso de excarcelaciones y la discusión de una amnistía suceden en un "nuevo momento político", anunciado por la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo luego de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro en una operación militar en Caracas el pasado enero.
Atravesados con carteles en el sector del peaje La Gomez, en el municipio de Sabana de Torres, se encuentran transportadores y miembros de la comunidad que mantienen bloqueada la Troncal del Magdalena Medio en protesta contra la empresa KMA, contratista de la concesión Autopista Río Grande. La manifestación ha generado una gran congestión vehicular y un trancón de varios kilómetros en este corredor nacional.Desde las 6:00 a. m. de este lunes 16 de febrero, el gremio de volqueteros inició los bloqueos que se mantienen en varios puntos del Magdalena Medio, afectando la movilidad en municipios como San Alberto, Puerto Araujo y Sabana de Torres. Las protestas también se replican en otras localidades del Cesar, Norte de Santander, Santander y Boyacá.El corredor vial afectado conecta Puerto Salgar, Cundinamarca, con Curumaní, en el Cesar, por lo que el cierre impacta el transporte de carga y pasajeros en una de las principales rutas del país.Los manifestantes aseguran que la empresa KMA no ha vinculado mano de obra ni maquinaria local para las obras que se ejecutan en la concesión, pese a que, según afirman, llevan más de dos años adelantando trámites y entregando documentación para ser contratados.Rodolfo Patiño, conductor y vocero de los transportadores en Sabana de Torres, señaló que la empresa ha traído personal y equipos de otras regiones, dejando por fuera a los trabajadores locales.“Llevamos dos años presentando documentación y lo único que hacen es traer maquinaria y personal de afuera. Nos parqueamos todo el día esperando que nos den trabajo y no nos dan. En la noche no hay señalizadoras y es un peligro, en una vía nacional, poniendo en riesgo a todos”, expresó.El conductor aseguró que la decisión del gremio es mantenerse en protesta pacífica hasta obtener respuestas concretas. Una habitante de Sabana de Torres indicó que el gremio exige vinculación laboral, pero con garantías claras y sin la firma de pagarés.“Queremos trabajar, pero exigimos garantías y sin firmar ningún pagaré. No vamos a permitir que nos pisoteen. Esta protesta se está realizando en varios tramos porque todos queremos trabajar, pero con condiciones justas”, afirmó.Otro transportador hizo un llamado directo al Gobierno Nacional y a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para que intervengan en el conflicto.“Pedimos a la ANI y a los entes del Gobierno Nacional que nos pongan cuidado. En todo el 2025 no nos escucharon y ya vamos en 2026. Queremos participar en los proyectos de desarrollo del Magdalena Medio”, manifestó.El cierre de la Troncal del Magdalena Medio ha provocado largas filas de vehículos de carga, buses intermunicipales y particulares. Conductores reportan demoras de varias horas para cruzar el sector del peaje en Sabana de Torres.
La Policía Nacional dio a conocer el cartel de los más buscados en la región del Magdalena Medio, señalados de amenazar y atacar a líderes sociales, defensores de derechos humanos, firmantes del acuerdo de paz y sus familiares.En la lista figuran Yimi Alexander Pabón Pérez, Juan Ezequiel Mosquera Morelo, conocido con el alias de 'Boika', y Rafael Jaimes Caicedo, alias 'Pana'. Según las autoridades, estos hombres serían responsables de intimidaciones y acciones violentas contra personas vinculadas a procesos sociales y de construcción de paz en esta subregión del país.El afiche oficial advierte que, por información que permita su ubicación y captura, se ofrece una recompensa de hasta 600 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV).“Le dijeron no a la paz y sí al crimen. Hoy siguen atacando a defensores de derechos humanos, firmantes de paz y a sus familias. Ayúdenos a capturarlos”, señala el mensaje institucional que acompaña la publicación.La Policía hizo un llamado urgente a la ciudadanía para que suministre información que contribuya a la judicialización de estos señalados delincuentes, garantizando absoluta reserva.Las personas que tengan datos sobre su paradero pueden comunicarse a las siguientes líneas habilitadas: Cuerpo Élite Policial, 317 896 5777; Contra el crimen: 314 358 7212; Contra el terrorismo, 107.Las autoridades reiteraron que la colaboración ciudadana es clave para frenar las amenazas y proteger a quienes ejercen liderazgo social y defienden los derechos humanos en el Magdalena Medio.
Uniformados de la Policía Metropolitana de Bucaramanga lograron la captura de un hombre señalado como presunto responsable de un homicidio ocurrido en vía pública del barrio Villas de San Juan, en el municipio de Girón.Los hechos se registraron en medio de un acto de intolerancia social. Según las primeras informaciones, la víctima, un menor de 15 años, fue lesionado con arma cortopunzante durante una riña que, al parecer, se habría originado por el hurto de una gorra. Tras resultar herido, el adolescente fue trasladado inicialmente a un centro asistencial y posteriormente remitido a una clínica de mayor complejidad, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.Por información suministrada por la comunidad, el presunto agresor fue ubicado en un centro médico al que acudió para recibir atención. Allí fue capturado y dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de homicidio.Las autoridades de Santander han reiterado su preocupación por los hechos violentos derivados de situaciones de intolerancia social, que continúan cobrando vidas en el área metropolitana de Bucaramanga."Desde la institución policial insistimos en la importancia de resolver los conflictos a través del diálogo y los mecanismos legales, evitando que discusiones menores escalen a hechos lamentables", dijo el general William Quintero, comandante de la Policía de Bucaramanga.
Al menos 25 familias de la vereda Bambú, en el municipio de Rionegro, permanecen en riesgo tras un deslizamiento de gran magnitud que ya arrasó cerca de 10 hectáreas de montaña y amenaza con represar una quebrada, lo que podría generar una avalancha.La emergencia se registró en las últimas horas en este sector rural, donde la remoción en masa descendió por la ladera llevándose a su paso cultivos y cobertura vegetal. El movimiento de tierra avanzó hasta una fuente hídrica, lo que mantiene en alerta a la comunidad ante la posibilidad de que el cauce quede completamente obstruido.El alcalde de Rionegro, Héctor Santana, confirmó que desde la administración municipal se activaron medidas preventivas para reducir el riesgo.“Estuvimos en el Bambú, atendiendo de primera mano las afectaciones ocasionadas por el deslizamiento de tierra en masa. Desde la Gestión del Riesgo Municipal activamos el acompañamiento inmediato y continuaremos realizando monitoreo constante para garantizar la seguridad de nuestras familias”, señaló el mandatario.Según explicó, las autoridades locales trabajan de manera articulada con la comunidad para evaluar los daños, identificar puntos críticos y definir posibles evacuaciones si el terreno continúa inestable.José Izaquita, presidente de la Junta de Acción Comunal de Bambú, relató los instantes de pánico que vivieron cuando comenzó la emergencia.“Se escucharon unos ruidos, unos truenos, como detonaciones. La tierra empezó a sonar y a bajar la montaña. Sonaban los palos y la red de alta tensión se escuchaba como si explotara. Eso iba bajando con fuerza”, narró.Ante el avance del derrumbe, Izaquita alertó a los vecinos para que salieran de sus viviendas. “Empecé a llamar a la gente para que salieran de las casas. El problema es que está tapando el río. Con la comunidad estamos tratando de destapar, pero la tierra ya llegó al río”, agregó.El temor principal de los habitantes es que el represamiento genere una acumulación de agua que, de liberarse súbitamente, provoque una avalancha que afecte las viviendas ubicadas aguas abajo.Por ahora, la administración municipal mantiene monitoreo permanente en la zona y no se descarta la evacuación preventiva de las familias si las condiciones del terreno empeoran. Entretanto, la comunidad permanece en máxima alerta ante cualquier nuevo movimiento de tierra.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra la subdirectora de Transporte Público de Cúcuta, Kelly Tatiana Reyes Montalvo, y la gerente general de la Central de Transportes “Estación Cúcuta”, Belkys Alejandra Forero Gélvez, por una presunta indebida participación en política.De acuerdo con la Procuraduría Regional de Instrucción de Norte de Santander, las funcionarias habrían organizado y participado en una reunión de carácter político el pasado 23 de septiembre de 2025, la cual, al parecer, se llevó a cabo en las instalaciones de la Central de Transportes de la capital nortesantandereana.El ente de control indicó que, con la apertura formal de la investigación, se busca verificar la ocurrencia de los hechos denunciados, establecer si la conducta es constitutiva de falta disciplinaria y determinar si las funcionarias actuaron o no bajo una causal de exclusión de responsabilidad.La participación en política por parte de servidores públicos en ejercicio de sus funciones está regulada por la normativa disciplinaria vigente en Colombia, que prohíbe el uso de cargos o escenarios institucionales para favorecer actividades o intereses de carácter político. De confirmarse los hechos, las funcionarias podrían enfrentar sanciones disciplinarias que van desde suspensión hasta destitución e inhabilidad, según la gravedad de la falta.Por ahora, el proceso se encuentra en etapa de investigación y las implicadas cuentan con las garantías del debido proceso mientras avanzan las actuaciones del Ministerio Público.
Un incremento significativo en la movilización de pasajeros se registró en las últimas horas en la Terminal de Transportes de Bucaramanga, de acuerdo con el balance entregado por su gerente, Jaime Pérez, quien destacó que la cifra superó las proyecciones iniciales para esta temporada.Según informó el directivo, durante el martes 30 diciembre salieron de la terminal un total de 14.407 pasajeros, que se movilizaron en 874 vehículos, una cifra superior a la registrada para la misma fecha del año anterior, cuando se reportaron aproximadamente 13.200 viajeros. El aumento, señaló Pérez, refleja una mayor confianza de los ciudadanos en el uso del transporte legal y formal.“El flujo de pasajeros fue mayor al esperado y permitió que todas las rutas programadas se despacharan sin contratiempos. Las empresas de transporte cumplieron sus expectativas operativas”, indicó el gerente de la terminal.Entre los destinos con mayor demanda se encuentran Bogotá, Medellín, la Costa Atlántica y Cúcuta, así como las rutas internas del departamento de Santander. Dentro de estas últimas, las provincias de García Rovira, Guanentá y Vélez fueron las más visitadas por los viajeros.La Terminal de Transportes de Bucaramanga opera con normalidad, aunque con un flujo de pasajeros menor este 31 de diciembre. Algunas empresas realizarán despachos hasta las 4:00 p.m. o 5:00 p.m.; sin embargo, la administración reiteró que la terminal mantiene una operación constante, teniendo en cuenta que presta servicio de manera continua y no cierra sus puertas al público.Entre las medidas implementadas para garantizar la seguridad de pasajeros se destacan la presencia permanente de un CAI de la Policía Nacional, planes operativos de control, revisión técnica de los vehículos y pruebas de alcoholemia a todos los conductores antes de iniciar cada recorrido.Finalmente, el gerente hizo un llamado a los usuarios para que adquieran sus tiquetes directamente en las taquillas autorizadas, utilicen únicamente transporte legal y cumplan con las recomendaciones establecidas por el Gobierno Nacional. En especial, reiteró la importancia de portar la documentación requerida para el desplazamiento de menores de edad, atender las recomendaciones de salud para viajes largos y cumplir con los requisitos exigidos para el transporte de mascotas, con el fin de garantizar un viaje seguro y sin contratiempos.
En un giro inesperado dentro del panorama administrativo de Santander, la junta directiva de Neomundo designó formalmente a Julián Díaz Zambrano como su nuevo gerente general. El nombramiento se produce apenas una semana después de la renuncia irrevocable de Tomás León, quien permaneció en el cargo solo 54 días.Díaz Zambrano, quien hasta hace poco lideraba la Oficina de Asuntos Internacionales de la Alcaldía de Bucaramanga, llega al centro de convenciones más importante del nororiente colombiano en un contexto de recomposición de fuerzas políticas entre la administración municipal y la Gobernación de Santander.La salida de su predecesor, Tomás León, estuvo rodeada de controversia. León, cercano a la administración del gobernador Juvenal Díaz Mateus, dimitió argumentando presiones políticas derivadas de la reciente victoria de Cristian Fernando Portilla en las elecciones atípicas de la ciudad. Según León, la nueva mayoría en la junta directiva, alineada con la Alcaldía, buscaba estructurar su salida tras evaluar su corta gestión.Con este cambio, la Alcaldía de Bucaramanga recupera el control de la entidad de economía mixta, posicionando a Julián Díaz, una figura de confianza del sector administrativo local y cercano a la exgestora social Paula Ramírez.Tras su posesión, Julián Díaz enfatizó que su prioridad será consolidar a Neomundo como el epicentro del turismo MICE (reuniones, incentivos, congresos y exposiciones) en el país."Uno de los principales retos es convertirnos en el centro de convenciones del nororiente colombiano que reciba la mayor cantidad de eventos y apoye la promoción de la cultura y el turismo", afirmó el nuevo gerente.Entre los principales retos para el próximo año está la gestión para lograr la capitalización necesaria para la fase dos del centro de convenciones; aprovechar la reciente ampliación del Gran Salón (capacidad para 2.520 personas) para atraer congresos internacionales; y articular esfuerzos con hoteles, agencias de viajes y transporte para fortalecer a Bucaramanga como ciudad destino.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Santander reveló presuntas fallas contractuales y operativas en el peaje La Punta, ubicado en la Mesa de Los Santos, tras la terminación del contrato de concesión con la firma Construvicol S. A., que finalizó en enero de 2025.De acuerdo con el ente de control, luego de un seguimiento institucional a la Gobernación de Santander y al Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander (Idesan), se identificaron al menos 14 presuntas irregularidades relacionadas con la administración, operación y recaudo del peaje, las cuales habrían surgido tras asumir la Gobernación la operación directa del punto de cobro.La actuación preventiva de la Procuraduría inició a raíz de quejas presentadas por una veeduría ciudadana, que alertó sobre la suscripción de contratos directos y la presunta deficiencia en los servicios prestados desde enero de este año.Durante más de tres meses, la Procuraduría realizó visitas de inspección, solicitó información contractual y adelantó mesas técnicas con las entidades involucradas, en las que se advirtieron riesgos jurídicos y administrativos. Según el informe, algunos de los contratos y convenios podrían desconocer el marco normativo vigente en materia de contratación pública.Entre los hallazgos se encuentran posibles elusiones a los procesos de selección objetiva, deficiencias en la publicación de la información contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), omisiones en la prestación de servicios esenciales y presuntas irregularidades en la tercerización de funciones.Asimismo, el ente de control evidenció la falta de conceptos ministeriales, posibles usurpaciones de funciones y otras situaciones que motivaron la activación de la función disciplinaria, con el fin de establecer eventuales responsabilidades de los funcionarios involucrados.La Procuraduría indicó que continuará con el seguimiento al caso para garantizar la protección de los derechos colectivos, la transparencia en el manejo de los recursos públicos y el correcto funcionamiento del peaje La Punta, mientras avanzan las investigaciones disciplinarias correspondientes.Cabe anotar que habitantes de la Mesa de Los Santos han protagonizado protestas y mantenido durante semanas las talanqueras del peaje La Punta levantadas en reclamo por la falta de inversión en las vías.
La empresa Cenit adelanta una investigación para determinar las causas de un incendio registrado en una línea de transporte de hidrocarburos, en el sector Alto Semisa, zona rural del municipio de Puente Nacional, Santander.La emergencia se presentó tras un incidente en la infraestructura que transporta diésel, lo que generó inicialmente un incendio de hidrocarburos y, posteriormente, un incendio forestal que encendió las alarmas entre la comunidad y las autoridades locales.De inmediato se activaron los protocolos de atención y al lugar se desplazaron unidades del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD), personal técnico de Cenit y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barbosa, quienes lograron controlar la situación y evitar que las llamas se propagaran hacia zonas habitadas y áreas de mayor cobertura vegetal.David Márquez, comandante de Bomberos de Barbosa, explicó que la emergencia fue reportada hacia las 5:47 p.m. de este 30 de diciembre y que, tras la llegada de las unidades, se evidenció que el fuego se originó en una de las tuberías que atraviesa el sector.Según indicó, por razones técnicas y para evitar un mayor derrame de hidrocarburos, se tomó la decisión de permitir que el combustible se consumiera de manera controlada durante varias horas.Hacia las 11:00 p.m., el incendio forestal ya se encontraba completamente liquidado y personal de Cenit asumió el control del tramo afectado, realizando el respectivo acordonamiento de la zona. Asimismo, el Ejército Nacional mantiene presencia en el lugar para garantizar la seguridad y restringir el acceso mientras avanzan las labores técnicas.Aunque en el sector hay viviendas cercanas, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas ni afectaciones directas a las casas. Sin embargo, el incendio sí causó daños en algunos cultivos aledaños.Cenit informó que su personal especializado será el encargado de establecer las causas exactas del incidente, mientras continúan las labores de limpieza, evaluación ambiental y monitoreo del área afectada, la cual permanece acordonada como medida preventiva.
Con globos, pancartas y fuertes abrazos fue recibido Julián Carvajal en el aeropuerto internacional Palonegro, en Bucaramanga, luego de permanecer cuatro meses detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (U.S. Immigration and Customs Enforcement), conocido como ICE, en Estados Unidos.El joven santandereano, de 28 años, fue arrestado el pasado 20 de octubre en una gasolinera del estado de Michigan. Según su testimonio, agentes migratorios rompieron los vidrios de su vehículo antes de llevarlo a un centro de detención en ese estado y, posteriormente, trasladarlo a Luisiana.“La verdad, mucha felicidad, muchísima felicidad porque fueron casi dos años de no ver a mi hijo y pues una incertidumbre porque ya llevaba cuatro meses detenido”, expresó Luis Fernando Carvajal, padre del joven, en medio del emotivo reencuentro.Durante el tiempo que estuvo bajo custodia, Julián relató que las condiciones fueron difíciles. "La alimentación fue muy mala, el trato por parte de los guardias era algo inhumano porque eran muy racistas”, aseguró.La comunicación con su familia fue limitada. Las videollamadas se convirtieron en el único puente para mantener la esperanza mientras sus padres adelantaban gestiones para lograr su regreso a Colombia. En el centro de detención en Luisiana pasó su cumpleaños, la Navidad y enfrentó la distancia en momentos dolorosos, como la pérdida de seres queridos.El joven también narró los estrictos protocolos de traslado. “Me sacaron para el aeropuerto de Alexandria y nos dieron seis horas esposados dentro del bus. Nos esposaban desde la cintura, amarrados a las manos y en los pies con una cadena de tobillo a tobillo”, relató.Hoy, ya en la sala de su casa en Piedecuesta, Santander, acompañado de su abuelo, sus padres, su hermana y hasta sus mascotas, Julián asegura que su mayor deseo es que no se olviden de los colombianos que aún permanecen detenidos en centros migratorios de Estados Unidos.“Tantos compatriotas, verles la tristeza en su rostro de que todavía no había llegado el momento de ellos. Quisiera uno poderse venir con todos también, pero a todos ellos les mando un mensaje de mucha esperanza, mucha fe, mucha fuerza”, señaló.Según datos conocidos por las familias afectadas, cuatro de cada cinco colombianos detenidos por temas migratorios no enfrentan investigaciones penales. Por eso, casos como el de Julián reavivan el llamado para que el Gobierno colombiano refuerce el acompañamiento consular y no olvide a quienes, tras buscar el llamado “sueño americano”, terminaron viviendo una pesadilla tras las rejas.
El homicidio de un presunto integrante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, cuyo cuerpo fue hallado en zona rural de Sabana de Torres, estaría relacionado con disputas internas por el manejo de rentas criminales. Según la Policía, la orden del crimen habría sido dada por un cabecilla financiero de esa estructura que se hace pasar como comerciante y ganadero en San Martín, Cesar.El hallazgo se produjo en la noche del jueves 12 de febrero de 2026, en la vereda Mata de Plátano, a un costado de la vía rural. La víctima, un hombre que presentaba impactos de arma de fuego, sería conocida con los alias de “Santiago” o “Comando 110”.De acuerdo con el coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Santander, el hombre presuntamente hacía parte de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra y sería el encargado de recoger las rentas ilegales en municipios del sur del Cesar.“Por diferencias en la recolección del dinero habría sido asesinado por alias ‘Guajiro’, pero la instrucción de cometer el homicidio la dio un cabecilla financiero que se hace pasar como próspero comerciante y ganadero en la región de San Martín”, explicó el oficial.Las autoridades indicaron que esta persona ya está plenamente identificada. "Avanzamos en las labores de inteligencia e investigación criminal para lograr su captura y esclarecer completamente los hechos, para determinar las circunstancias de modo tiempo y lugar de los lamentables hechos presentados", señaló el coronel Arévalo.La Policía desplegó equipos de investigación judicial e inteligencia, junto con el Modelo del Servicio de Policía Orientado a las Personas y los Territorios.Finalmente, el coronel Arévalo invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad delictiva a través de la línea de emergencia 123 o la línea contra el crimen 314 358 7212.
La suspensión provisional del aumento del salario mínimo dejó a cientos de empresarios de Santander en un limbo. A pocos días de cerrar nómina, muchos no tienen claridad sobre qué cifra aplicar para liquidar sueldos, prestaciones sociales y aportes, lo que ha encendido las alarmas en el sector productivo.El impacto golpea principalmente a los pequeños negocios, comercios familiares y microempresas que operan con márgenes ajustados y que dependen de una planeación mensual para cumplir con sus obligaciones laborales. Sin una definición jurídica clara, temen cometer errores en los pagos o asumir sobrecostos que no pueden cubrir.Juan Pablo Remolina, vocero de Prosantander, señaló que la decisión debe analizarse con rigor técnico y advirtió que el proceso de incremento salarial no contó con la concertación suficiente entre trabajadores y empleadores.“Es una decisión que vale la pena revisar con atención, es una suspensión temporal en la que se le pide al Gobierno explicar las razones; todos quisiéramos que el aumento fuera mayor, pero los incrementos no se decretan sin criterios técnicos, deben considerar productividad, inflación y concertación, y nada de eso ocurrió”, explicó.El dirigente gremial advirtió que la mayor presión recae sobre las microempresas, muchas con apenas cuatro o cinco empleados formales, que hoy no saben cómo ajustar sus cuentas.“Esto está generando una presión muy grande, sobre todo en las pequeñas empresas; hay negocios que literalmente no saben cómo pagar la nómina”, agregó.Mientras se define el futuro del decreto, el sector empresarial insiste en que la falta de claridad jurídica frena decisiones de contratación, inversiones y estabilidad laboral; la preocupación es que la incertidumbre termine trasladándose a los trabajadores, especialmente a quienes devengan el salario mínimo.Los gremios piden al Gobierno nacional y a las autoridades judiciales una pronta definición para evitar un efecto dominó en la economía regional, donde miles de empleos dependen de pequeñas unidades productivas.
El alto tribunal dejó en firme la nulidad de la elección de Eduar Abril Borrero; la decisión quedó en firme mediante providencia de la Sección Quinta del alto tribunal, que notificó oficialmente a la Gobernación de Santander y a la Alcaldía municipal para que se proceda con la separación inmediata del mandatario.Con esta determinación, Abril Borrero pierde la investidura y el gobernador deberá nombrar un alcalde encargado mientras se organiza el calendario de elecciones atípicas para elegir a su reemplazo.El fallo judicial señala que contra esta decisión no procede ningún recurso adicional, por lo que su cumplimiento es obligatorio.La decisión quedó consignada en el auto emitido por la Sección Quinta del Consejo de Estado, fechado el 11 de febrero, mediante el cual se rechazó por improcedente el recurso de reposición presentado por la defensa del mandatario.En la providencia, con ponencia de la magistrada Gloria María Gómez Montoya, el alto tribunal precisó que la solicitud no tenía sustento jurídico y advirtió que “contra esta decisión no procede recurso alguno”, dejando en firme la nulidad de la elección y ordenando su inmediata separación del cargo.El caso de Concepción no es aislado; la justicia electoral ha endurecido el control sobre la doble militancia en el departamento.En los últimos años, decisiones similares han provocado la salida de varios mandatarios locales. En Bucaramanga, la elección de Jaime Andrés Beltrán fue anulada por el Consejo de Estado tras comprobarse apoyos a candidatos de otras colectividades, lo que obligó a convocar elecciones atípicas en la capital santandereana; de igual forma, en Girón también se presentó la pérdida de credencial de su alcalde por la misma causal.Los alcaldes de los municipios de Floridablanca y Piedecuesta también fueron investigados por doble militancia.Estos fallos evidencian la estricta aplicación de las normas electorales y envían un mensaje de cero tolerancia frente a la doble militancia, una de las principales faltas que hoy termina sacando del cargo a mandatarios elegidos en las urnas.Mientras tanto, en Concepción crece la expectativa por la designación del alcalde encargado y la fecha en la que se realizarán las nuevas elecciones para definir el futuro político del municipio.
La entrega voluntaria permitió que la Policía y la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) devolvieran las tortugas a su hábitat natural. La especie está catalogada como vulnerable a la extinción.Más de 60 tortugas morrocoy regresaron a la vida silvestre luego de permanecer en cautiverio dentro de una vivienda en Barrancabermeja. El operativo fue liderado por el Grupo de Control a la Biodiversidad y Protección Ambiental de la Policía Nacional, en articulación con la CAS Regional Mares, como parte de las acciones de conservación de fauna en Santander.El intendente Juan Pablo Hernández Caballero, jefe del Grupo de Control a la Biodiversidad y Protección Animal, explicó que la intervención evitó que estas especies continuaran en condiciones inadecuadas. “Se logra la entrega voluntaria de 61 tortugas que se encontraban en una vivienda en Barrancabermeja. Desde allí son llevadas a la CAS para su valoración y posterior liberación. Invitamos a la comunidad a denunciar cualquier tráfico de flora y fauna silvestre para proteger nuestros recursos naturales”, señaló.Los animales fueron entregados voluntariamente por un ciudadano a las autoridades ambientales. Tras la recepción, los ejemplares fueron trasladados a los centros de valoración de la CAS, donde recibieron revisión médica, evaluación nutricional y verificación de condiciones físicas, con el fin de garantizar que estuvieran aptos para su retorno seguro al entorno natural.La tortuga morrocoy (Chelonoidis carbonarius) es una especie nativa de bosques y sabanas que enfrenta alta presión por el tráfico ilegal, el consumo de carne y huevos y su comercialización como mascota.De acuerdo con el Instituto Humboldt, está clasificada como vulnerable a la extinción; fuera de su ecosistema natural, estos animales suelen sufrir desnutrición, enfermedades y estrés, lo que reduce drásticamente sus posibilidades de supervivencia.Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar la tenencia y comercialización de fauna silvestre y denunciar cualquier actividad ilegal que atente contra la biodiversidad. Cada rescate, advierten, es clave para proteger el equilibrio ambiental de la región.
Tropas del Ejército Nacional de Colombia y la Corporación El Minuto de Dios distribuyeron mercados y elementos básicos para más de 200 familias damnificadas tras el desbordamiento del río Lebrija. La Segunda División mantendrá presencia permanente en la zona.Las ayudas humanitarias siguen llegando a Lebrija en medio de la emergencia provocada por la fuerte ola invernal. En las últimas horas se entregaron 1,5 toneladas de alimentos, kits de aseo y elementos de primera necesidad destinados a las familias que lo perdieron todo por las inundaciones y el desbordamiento del río Lebrija.La jornada se desarrolló en articulación con la administración municipal y la Corporación El Minuto de Dios, con el apoyo logístico de tropas de El Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo N.º2, que han estado desplegadas en la zona rural desde los primeros días de la emergencia, apoyando evacuaciones, transporte de ayudas y verificación de las afectaciones a familias del corregimiento Vanegas, damnificadas por el frente fríoDe acuerdo con las autoridades locales, solo en este municipio más de 200 familias resultaron damnificadas por las crecientes súbitas, pérdida de cultivos y daños en viviendas. La presencia de la fuerza pública ha sido clave para garantizar la distribución segura de la asistencia y el acompañamiento a las comunidades más golpeadas.El brigadier general Rodolfo Morales Franco, comandante de la Segunda División del Ejército Nacional, aseguró que el respaldo institucional continuará mientras persista la emergencia.“Nosotros velamos siempre por la protección de la población civil. Estamos acompañándolos desde la emergencia en la vereda Vanegas y con nuestros batallones, tropas de la Quinta Brigada y la Fuerza Aérea hemos consolidado un esfuerzo no armado. El Ejército está acompañando, diciéndole: alcalde, no está solo; la comunidad no está sola. Seguimos pendientes para atender cualquier emergencia”, afirmó.La Oficina de Gestión del Riesgo de Santander reiteró que las lluvias podrían continuar en varios sectores del departamento, por lo que no se descarta mayor atención de los organismos de socorro y despliegues humanitarios para atender a las comunidades afectadas por la temporada invernal.