Tras el anuncio del gobierno del presidente Gustavo Petro sobre el incremento del 23,7% en el salario mínimo para el próximo año, Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), manifestó su profunda preocupación por las repercusiones económicas que esta medida tendrá en el país. Según Mac Master, aunque la cifra pueda parecer generosa, en realidad representa un mensaje que beneficia a pocos y perjudica a la mayoría de los ciudadanos, especialmente a los sectores más vulnerables.
El impacto en los trabajadores informales y vulnerables
Uno de los puntos más críticos señalados por el presidente de la Andi es la situación de los 11 millones de colombianos que ganan menos de un salario mínimo. Estas personas, que en promedio perciben alrededor de 1.040.000 pesos mensuales y no cuentan con contratos formales, no recibirán el aumento decretado. No obstante, advierte que serán ellos quienes terminen pagando los incrementos derivados de la inflación en productos de la canasta familiar, transporte y servicios públicos.
Para el dirigente gremial, la decisión gubernamental constituye un "gran golpe" para las familias que no han logrado entrar en la formalidad, ya que verán reducido su poder adquisitivo sin obtener ningún beneficio directo del decreto.
Inflación y presión sobre las finanzas públicas
Mac Master citó estudios del Banco de la República para proyectar que este incremento salarial podría generar un impacto inflacionario adicional de aproximadamente el 4%. La lógica técnica sugiere que por cada cinco puntos de aumento salarial se produce un punto de inflación, lo que pondría en riesgo la meta de estabilidad de precios del país.
En cuanto a las finanzas del Estado, el panorama es igualmente complejo. Cada incremento del 1 % en el salario mínimo implica un gasto público adicional de cerca de 400.000 millones de pesos. Con el aumento actual, el gobierno tendría que destinar unos 9,5 billones de pesos extra para cubrir pensiones, contratos de prestación de servicios y obligaciones de entidades como el ICBF. Mac Master calificó la medida como "improvisada" y "electoral", señalando que el gobierno no parece contar con los recursos necesarios para financiar este gasto adicional.
Falta de concertación y dudas sobre la metodología
La ANDI también denunció que el cambio de metodología hacia un "salario mínimo vital" fue una decisión unilateral del presidente Petro, que no se discutió de manera efectiva en la mesa de concertación laboral. McMaster subrayó que Colombia no ha adoptado el Convenio 131 de la OIT, el cual establece criterios específicos para este tipo de cálculos, como el número de personas por familia o el poder adquisitivo real.
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