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A 5 años de haberse logrado la firma de la paz con las antigua guerrilla de las Farc, en Antioquia, uno de los departamentos más golpeados, esa paz duradera no ha sido tal, la ocupación de los espacios dejados por este grupo armado se los disputan las disidencias, el Clan del Golfo y el ELN.
Y es que han sido pocos los avances en Antioquia para consolidar una paz en los territorios, luego de la firma con el grupo guerrillero Farc. Al principio el departamento llegó a tener cinco espacios territoriales ETCR, hoy llamados zonas de normalización para la reinserción de los desmovilizados, pero debido a las complejidades de la zona y los problemas de seguridad, uno de estos, el de Santa Lucía de Ituango, el año pasado fue trasladado a otro punto.
Eso quiere decir que los procesos productivos y los programas para esta población que brinda el Gobierno Nacional están concentrados en Mutatá, Dabeiba, Remedios y Anorí.
Sin embargo, para Luz Marina Monzón, directora del movimiento de víctimas Movice, falta mayor compromiso del Gobierno de Iván Duque a este proceso y de algunos que dejaron las armas.
“La paz no ha llegado a Antioquia, no ha llegado al país, es un proceso largo en el que las víctimas le seguimos apostando a esa paz tan anhelada y deseada, no puede reducirse al silenciamiento de los fusiles sino a solucionar los graves problemas sociales”, afirmó.
Aunque el Gobierno Nacional anunció desde Antioquia recursos billonarios par atender los procesos productivos, proyectos de vivienda, entre otros, de los desmovilizados, en 60 meses de los acuerdos, la guerra sigue en por los menos tres subregiones de Antioquia: Bajo Cauca, Urabá y el Norte, donde los espacios dejados por este grupo guerrillero, se los disputan otros actores del conflicto armado generando desplazamientos, muertes selectivas, extorsiones, entre otros delitos, por lo que, Sara Botero, defensora de derechos humanos y vocera del Nodo Antioquia, advierte que debe cumplirse el acuerdo al pie de la letra para evitar que ocurra lo que paso con el paramilitarismo.
“Realmente no tenemos ninguna región que haya llegado a la paz o que esperamos que llegue porque sino se cumple el acuerdo completamente como está pactado la paz no va a llegar”, aseveró.
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Por ejemplo, en Ituango, un municipio ubicado en el norte de Antioquia, a seis horas de Medellín, el conflicto para sus pobladores no ha cambiado, lo firmado en un papel, ahí se quedó, debido a que es un corredor estratégico para los grupos delincuenciales, y según la Defensoría del Pueblo, las amenazas contra la población van desde desapariciones forzadas, homicidios selectivos, masacres, violencia sexual, hasta accidentes por minas, su alcalde es Mauricio Mira, quien advirtió en BLU Radio que saben quiénes son los generan esos problemas como el desplazamiento que se tuvo de 4.000 campesinos de casi todas las veredas del municipio a principio de año.
“Llegaron otros grupos, llegó el Clan del Golfo, las Águilas Negras, llegaron varios grupos paramilitares a adueñarse del territorio, sumándole a esto, las disidencias de las Farc, específicamente el frente 18”, afirmó el mandatario local, que insistió en una petición que ojalá se la pueda hacer realidad el Gobierno Nacional: “Poner un batallón de alta montaña en el nudo de paramillo, donde controlen el tránsito de la vía del Bajo Cauca al Urabá antioqueño”.
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Por su parte, el gobierno de Antioquia tiene claro que además de apoyar los programas sociales y de reinserción, tienen un reto mayor para conseguir la paz en el departamento.
“El reto está en las disidencias de las Farc que hacen presencia en el territorio, en Antioquia existe la presencia del grupo 18 y 36 que sin duda siguen siendo factores desestabilizantes del territorio, siguen siendo a mi juicio delincuentes narcotraficantes, pero sin duda el hecho de que prácticamente la gran mayoría de los combatientes de las Farc hayan entregado las armas es un gran logro”, afirmó Luis Fernando Suárez, secretario de seguridad humana.
Pero en medio de las dificultades, hay esperanza, y es la que dan quienes han cumplido al dejar las armas e iniciar una nueva vida, juntos, entre los propios exguerrilleros, que en Medellín tienen una casa, el mercado de mujeres construyendo paz, donde se ofrecen los bolsos, textiles, artesanías y productos agrícolas de los diferentes puntos de normalización.
“Estábamos pensando en un espacio donde pudiéramos ser como esa conexión entre el territorio y la ciudad y poder apoyar a esas cooperativas de reincorporados en los diferentes espacios territoriales para poder ayudarles a distribuir los productos de las iniciativas productivas que estaban haciendo en el territorio”, contó una de sus voceras, Francelly Arias, firmante de paz.
Sin embargo, advirtió que el camino no ha sido fácil: “sufrimos la estigmatización porque no hay un compromiso institucional o estatal que de condiciones en temas de pedagogía de paz, de los acuerdos, el mismo sector privado tenga ese compromiso con la paz, es decir poder incluirnos a nosotros”.
Y no sólo para ellos, sino para las cientos de víctimas que tienen un solo pedido: “se conozca la verdad que deje satisfechas a las víctimas”.
Las dos caras de este proceso, quienes dejaron las armas y las víctimas, esperan que la paz ojalá llegue con justicia y verdad.
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