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La Fiscalía General de la Nación presentó una acusación contra Ariel Palacios, gobernador del departamento del Chocó, por presuntas irregularidades en contratos asignados para la gestión de la pandemia de COVID-19.
La investigación se basa en un contrato de prestación de servicios, firmado el 15 de abril del año pasado, con la Fundación Chocó Saludable, para "realizar jornadas de salud y mitigar el impacto de la pandemia en 27 municipios", según explicó la Fiscalía en un comunicado.
El contrato ascendió a unos 2.000 millones de pesos y contemplaba "ciclos educativos" en comunidades afros, indígenas y gitanas, así como planes de comunicación y difusión.
"La celebración del citado contrato habría vulnerado decretos y resoluciones que establecen los parámetros de contratación, en virtud de la coyuntura por el coronavirus", considera la Fiscalía.
De esta forma, argumenta la Fiscalía, durante el proceso de selección no se invitó instituciones públicas de prestación de servicios de salud y sí a entidades de otra región que "no tenían las competencias, perfil, experiencia, condiciones técnicas y operativas".
Por ello, la Fiscalía presentó un escrito de acusación contra Palacios ante la Corte Suprema de Justicia por los delitos de "contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación en la modalidad de tentativa".
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El pasado junio, la Contraloría abrió procesos de responsabilidad fiscal contra otros gobernadores, los de Tolima y Guainía, y al alcalde de Cartagena de Indias, por millonarios sobrecostos en contratos firmados para atender a la población vulnerable afectada por la pandemia del coronavirus.
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