La Contraloría General de la República reveló este lunes graves irregularidades en dos contratos ejecutados por Ecopetrol, que dejaron como resultado hallazgos fiscales por más de 86.000 millones de pesos. De acuerdo con el organismo de control, las fallas se concentran en el proyecto del Ecoparque Solar Providencia y en un contrato con la empresa Morelco S.A.S.
El primer caso corresponde al convenio interadministrativo 453 de 2022, suscrito entre el Ministerio de Minas y Energía y Ecopetrol, cuyo propósito era fortalecer la infraestructura energética de la isla de Providencia tras los devastadores efectos del huracán Iota en 2020.
Sin embargo, una auditoría realizada en 2024 determinó que el proyecto nunca entró en operación integral, lo que generó un daño fiscal estimado en $49.592 millones.
Según la Contraloría, el Ecoparque Solar Providencia presenta inoperancia total, deterioro de activos, pérdida progresiva de su vida útil y riesgo de sobrecostos para una eventual puesta en marcha.
Uno de los principales incumplimientos detectados fue la no entrega del sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS), componente clave del proyecto. Este sistema dependía de una donación internacional gestionada por el Ministerio, pero nunca contó con garantías contractuales claras.
El organismo de control concluyó que tanto el Ministerio como Ecopetrol incurrieron en una gestión fiscal irregular, marcada por falta de planeación, supervisión deficiente y decisiones que permitieron la continuidad del proyecto sin asegurar sus elementos esenciales.
“Los recursos invertidos no están prestando ningún servicio ni han representado beneficio alguno para la comunidad raizal”, señaló la entidad.
El segundo hallazgo fiscal, por $36.462 millones, está relacionado con el contrato 3050857 firmado entre Ecopetrol y la firma Morelco S.A.S. La auditoría evidenció que la petrolera estatal no aplicó a tiempo las medidas contractuales frente a reiterados incumplimientos del contratista entre 2023 y 2024, pese a contar con cláusulas que le permitían imponer multas o terminar anticipadamente el contrato.
La Contraloría estableció que Ecopetrol solo inició el proceso de sanción y reclamación ante la aseguradora en abril de 2025, cuando el contrato ya había vencido y la póliza se encontraba expirada. Esta gestión tardía impidió recuperar los recursos y derivó en un nuevo detrimento al patrimonio público.
El ente de control calificó estos hechos como una muestra de deficiente gestión administrativa y advirtió sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y control en la ejecución de proyectos estratégicos. Los resultados de la auditoría serán trasladados a las instancias correspondientes para determinar responsabilidades disciplinarias y fiscales.