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El abogado Mauricio Pava, defensor del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, aseguró que su cliente acudirá a todas las citaciones judiciales que sean necesarias, luego de que la fiscal general, Luz Adriana Camargo, confirmara que este miércoles la entidad solicitará formalmente una audiencia de imputación por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Pava afirmó que existe “total disposición para comparecer ante los jueces de la República. Estábamos a la espera de que nos convocaran. Nuestro compromiso es con un debate jurídico leal y transparente. Allí se precisarán los hechos, lo que pondrá fin a la especulación alrededor del caso del profesor Ricardo Bonilla”.
El abogado añadió que el exministro ha atendido puntualmente todos los requerimientos judiciales y ha acreditado su arraigo familiar, social y profesional en el país, lo que asegura ,desvirtúa cualquier señalamiento sobre un posible riesgo de fuga. “Su vida y su honor están en este país”, señaló.
De acuerdo con la investigación, el capítulo que involucra a Bonilla se remonta a finales de 2023, cuando el entonces ministro habría mostrado interés indebido en direccionar tres proyectos hacia seis congresistas de las comisiones económicas, a cambio de respaldo para aprobar cupos indicativos clave para el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Los contratos, que finalmente no llegaron a ejecutarse ni a recibir desembolsos, estaban previstos para los municipios de Cotorra (Córdoba), El Carmen de Bolívar (Bolívar) y Saravena (Arauca). Según la Fiscalía, aunque los recursos no se entregaron, sí existió un interés en favorecer a los legisladores.
Las conclusiones del ente acusador provienen de labores de policía judicial y de las declaraciones del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, y de la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, quien podría convertirse en una de las testigos clave del proceso. Benavides ya recibió la aprobación de un principio de oportunidad con inmunidad total, tras aportar pruebas y afirmar que actuó siguiendo órdenes del entonces ministro, asegurando que habría sido utilizada para facilitar estas actividades irregulares.
Tras meses de pesquisas, la Fiscalía sostiene que existen elementos suficientes para llamar a Bonilla a responder ante el Tribunal Superior de Bogotá. Con esta decisión, ya son cinco los exaltos funcionarios del Gobierno Petro investigados por este escándalo: además de Bonilla, figuran Olmedo López, Sandra Ortiz y los hoy prófugos Carlos Ramón González y César Manrique.
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El ente acusador señala que cada uno habría desempeñado un rol dentro de un esquema para direccionar contratación pública a cambio de coimas o apoyo político en el Congreso.
Aunque la imputación ya fue anunciada, por ahora no se ha confirmado si la Fiscalía solicitará una medida de aseguramiento contra el exministro mientras avanza el proceso.
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