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Los hechos por los que fue condenado tuvieron lugar en el año 2010, en el municipio de Tame, Arauca.
El subteniente, según la justicia, violó y asesinó a una pequeña de 14 años y, posteriormente, a sus dos hermanos de 9 y 6 años de edad para encubrir el delito. Además habría violado a otra menor que, según el relato de la madre entregado a la Fiscalía, “fue sacada por este hombre de su vivienda a empujones y llevada hasta un matorral”.
En el año 2018, Raúl Muñoz Linares solicitó someterse a la JEP. Sin embargo, este domingo la alta Corte dio a conocer que tal solicitud fue negada.
Según la JEP, sí existe competencia temporal, personal y material en el caso, pues en el momento de los hechos él era miembro del Ejército Nacional y los hechos ocurrieron antes del 1 de diciembre de 2016.
Sin embargo, sobre la competencia material, la JEP también señaló que: “entre muchos otros argumentos, Raúl Muñoz Linares se aprovechó de varias situaciones que únicamente se las podría brindar el contexto de la guerra, estar en un territorio impactado por la violencia a donde fue puesto precisamente para hacer presencia y salvaguardar a sus pobladores, sacando ventaja de la condición en exceso vulnerable de las víctimas y de su indefensión que previamente conoció por su rol de militar”.
Razón por la cual la JEP concluyó que Muñoz Linares cometió estos delitos de manera individual, pero excusándose en el contexto de la guerra.
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Además, la Jurisdicción Especial para la Paz también argumentó que la actitud defensiva de Muñoz Linares no dignifica a las víctimas, por lo que no se demuestra contribución de paz por parte del mismo.
“Sería un desgaste, no solo emocional, sino judicial permitir el ingreso a esta jurisdicción de alguien que sin ningún miramiento hacia las víctimas insiste en justificar su comportamiento criminal en acercamientos afectivo-sexuales e insistiendo en responsabilizar a las víctimas de su propio daño. Sería un ejercicio con un porcentaje altísimo de convertirse en una acción con daño que la JEP debe, a toda costa, neutralizar”, concluyó la Alta Corte.
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