Los rumores del traslado al centro carcelario de la capital del Atlántico son ya una realidad. A través de una comunicación oficial, el jefe de la cartera de Justicia explicó que el traslado intramural de los máximos cabecillas de ambas estructuras lo firmará, con el propósito de contribuir a la sostenibilidad de la tregua y prevenir una reactivación de la violencia.Especificó el funcionario que la solicitud de traslado que le hizo este viernes el Comisionado de Paz, Otty Patiño, recibirá su visto bueno, sobre todo para proteger a la ciudadanía, aunque advirtió que alias 'Cástor', 'Digno Palomino' y varios miembros más de estas bandas, no van para un hotel y tendrán vigilancia estricta del INPEC.“La solicitud de traslado la recibí ayer (viernes) por parte del Comisionado de Paz, Otty Patiño. Vamos a firmar con el único fin de sostener la tregua de paz entre las bandas, y principalmente, proteger a la ciudadanía. Pero advierto, no van a un hotel, el traslado carcelario será estrictamente vigilado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) para sostener la tregua y proteger a la población", aseguró el ministro de Justicia, Andrés Idárraga.La medida precisa que los traslados se realizarán bajo condiciones de máxima seguridad, con custodia reforzada y vigilancia estricta a cargo del INPEC.Esta actuación, destaca el Ministerio de Justicia en un comunicado, se desarrolla en el marco de la Resolución Ejecutiva N.º 442 del 5 de diciembre de 2025, que autoriza acercamientos exploratorios con estas estructuras criminales. En ese contexto, el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, Jorge Lemus, precisó que dichos acercamientos buscan verificar su voluntad real de paz y avanzar en la formalización de diálogos conforme a los objetivos definidos por el presidente de la República.Sobre los traslados en esta fase de diálogos exploratorios entre ‘Pepes’ y ‘Costeños’ y su traslado a Barranquilla, públicamente criticado por autoridades locales como el alcalde Alejandro Char, así como la tregua que firmaron el pasado 2 de octubre, el profesor y politólogo Luis Trejos argumenta que es inviable cualquier proceso de paz urbana sin un marco jurídico que lo respalde y a casi seis meses de que termine el gobierno de Gustavo Petro.“Hoy se hacen unos traslados desde el nivel nacional, pero todavía no es claro los objetivos que persigue el Gobierno nacional al querer instalar esta mesa cuando no hay un marco jurídico que regule la misma, por eso emerge la especulación de que pareciera que el Gobierno está pensando más en los resultados electorales que en la verdadera pacificación del territorio”, comentó Trejos.El politólogo y analista añadió que otra de las fallas en esta fase exploratoria de diálogos radica en no tener en cuenta a las autoridades en el territorio, que son las que los combaten y los sufren.Hay que recordar que en, medio de esta supuesta tregua, el accionar de Pepes y Costeños ha dejado muertos de los dos lados y varios de sus miembros han seguido incurriendo en delitos como el sicariato, la extorsión o el microtráfico, según reportes de la Policía Metropolitana.Jorge Eliécer Díaz Collazos se encuentra actualmente en la cárcel de Cómbita, en Boyacá, y 'Digno Palomino' en La Picota, de Bogotá.
El Ministerio de Justicia y del Derecho avaló el traslado intramural de los máximos cabecillas de las bandas criminales ‘Los Pepes’ y “Los Costeños” hacia centros de reclusión en Barranquilla. Esta medida se realizará bajo condiciones de máxima seguridad y busca preservar la tregua de paz a la que previamente habían llegado estas estructuras.La decisión se da en el marco de la política de paz urbana, contemplada dentro del proyecto de Paz Total del Gobierno nacional, y responde a una solicitud presentada el pasado 9 de enero por el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, al ministro de Justicia, Andrés Idárraga. “Pero advierto, no van a un hotel, el traslado carcelario será estrictamente vigilado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)”, precisó Idárraga, al aclarar que la medida no implica beneficios carcelarios.La solicitud involucra a Digno Palomino, cabecilla de ‘Los Pepes’, y a José Alfredo Castro, alias ‘Castor’, máximo líder de ‘Los Costeños’. Ambos hacen parte de la tregua firmada por los dos dirigentes en Bogotá, el 2 de octubre de 2025, con vigencia hasta el 20 de enero de 2026.El pacto establecía que ambas organizaciones delincuenciales se abstendrían de realizar robos, extorsiones y asesinatos en Barranquilla y su zona metropolitana. Asimismo, contemplaba el abandono de actividades económicas ilícitas, el desarme gradual de sus integrantes, la desvinculación de menores de edad de sus filas y la puesta en marcha de programas de resocialización dentro de los centros penitenciarios.El Gobierno nacional reiteró que el traslado se enmarca en la Resolución Ejecutiva N.º 442 de diciembre de 2025, que autoriza acercamientos exploratorios con este tipo de estructuras criminales. El Ministerio de Justicia recalcó que la paz no significa impunidad, sino “control, legalidad y vigilancia permanente” en defensa de la seguridad ciudadana.
El asesinato de Natalia Santo Domingo Rodríguez, una mujer trans, mantiene la conmoción por la violencia con la que fue cometido el crimen. Los hechos ocurrieron el pasado 9 de enero de 2025 en un apartamento donde residía la víctima, y hoy avanzan en un proceso judicial que busca esclarecer las responsabilidades y el móvil del homicidio.Natalia había crecido en el municipio de Pacho, Cundinamarca y, con el paso de los años, se trasladó a Chía y Cajicá en busca de un entorno que le permitiera vivir su proceso de transición con mayor tranquilidad. En entrevista con Conducta Delictiva Podcast su hermana menor la describió como una mujer cercana, solidaria y comprometida con el bienestar de los suyos, a quienes apoyaba económicamente de forma constante.Diana Quintero recordó que desde la niñez la identidad de Natalia era evidente dentro del hogar. “Algo en mí siempre me decía que Natalia era diferente. Un día nos llamó y nos dijo que él ya no quería ser él, que quería ser ella”, relató.El día anterior a su muerte, Natalia compartió con su familia. Según el relato de su hermana, las últimas comunicaciones se registraron entre las 6:22 y las 6:30 de la mañana, cuando llamó a su madre y a una tía. Luego, sus teléfonos quedaron apagados.Ante la falta de respuesta durante varias horas, su pareja y su hermana decidieron ingresar al apartamento en la tarde de ese mismo día. Fue Diana quien entró primero a la vivienda. “Yo fui la que entré a ese lugar y encontré a Natalia en esas condiciones. Vi muchísima sangre por todo lado y una escena de terror en esa habitación”, contó.Las autoridades establecieron que la víctima intentó defenderse durante el ataque. Inicialmente, la pareja sentimental de Natalia fue objeto de verificación, pero quedó descartada tras el análisis de cámaras de seguridad y otros elementos probatorios. La Fiscalía determinó que el presunto responsable sería un hombre de 30 años, identificado como un vínculo sentimental paralelo de la víctima. De acuerdo con la investigación, el sospechoso habría ingresado al apartamento alrededor de las 6:00 de la mañana, aprovechando la confianza que Natalia tenía en él. El informe de Medicina Legal confirmó que la víctima recibió múltiples heridas con arma blanca, lo que evidenció un alto grado de violencia. Tras el homicidio, el atacante habría robado dinero en efectivo, los teléfonos celulares de la víctima y otros objetos, en un intento por eliminar rastros del crimen.Luego de diez meses de seguimiento, que incluyó el rastreo de llamadas, movimientos y uso de los dispositivos móviles de Natalia, las autoridades capturaron al sospechoso en octubre de 2025, en el municipio de Chía.Aunque el hombre no aceptó los cargos por homicidio agravado, la Fiscalía asegura contar con pruebas técnicas que lo ubican en la escena y lo vinculan directamente con los hechos. Actualmente permanece recluido en un centro carcelario, al considerar que representa un peligro para la sociedad.Para la familia, la captura no cierra el caso. Diana Quintero insiste en que aún falta conocer el trasfondo del crimen. “Lo único que nosotros queremos como familia es saber la verdad de lo que pasó con Natalia. ¿Qué fue eso tan malo que Natalia les hizo para que le quitaran la vida de esa manera tan atroz?”, expresó.
La Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá profirió sentencia de primera instancia contra cinco desmovilizados del extinto Bloque Oriental de las FARC-EP, a quienes les concedió el beneficio de la pena alternativa 96 meses, es decir, ocho años de prisión, en el marco de la Ley 975 de 2005. La decisión sustituye la pena ordinaria impuesta, como parte del modelo de justicia transicional que contempla sanciones reducidas para excombatientes que contribuyan a la verdad, la reparación de las víctimas y la no repetición.El fallo cobija a Ángel Melquisedec Alfaro Bonilla, Daniel Zárate Velandia, Jhon Jairo Ramírez, Críspulo Efraín Quiñones Barreiro y César Díaz, quienes fueron postulados por la Fiscalía 73 Delegada ante Justicia y Paz como responsables de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, cometidos en el conflicto armado interno en los departamentos de Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés, Vichada y parte del Amazonas.Según lo establecido por la Sala, desde noviembre de 2025 se estudiaron 44 hechos criminales, que dejaron 44 víctimas directas y 121 víctimas indirectas, para un total de 165 víctimas. Estos hechos corresponden a 85 conductas delictivas atribuidas a los exintegrantes del Bloque Oriental.La sentencia ordenó “reconocer la pena alternativa de noventa y seis (96) meses a cada uno de los postulados, es decir, ocho años”, sustituyendo la pena ordinaria, beneficio que queda condicionado al cumplimiento estricto de los compromisos adquiridos dentro del proceso. Entre ellos se encuentran las obligaciones de contribución efectiva a la verdad, la reparación integral de las víctimas, la no repetición de los hechos y la participación en programas de reincorporación y desmovilización.En materia de reparación, la Sala reconoció a las víctimas directas e indirectas acreditadas en el proceso y ordenó el pago de los daños y perjuicios morales y materiales determinados en el incidente de reparación integral. El monto total de la indemnización asciende a $17.554.266.421.Finalmente, la decisión judicial incluye órdenes orientadas a garantizar los derechos de las víctimas y a promover acciones en las regiones más afectadas por la actuación del Bloque Oriental, con el objetivo de evitar este tipo de conductas y fortalecer las garantías de no repetición en los territorios impactados por el conflicto armado.
Al momento de salir al trabajo, universidad o a otro destino, las personas usan varios medios de transporte, carro particular, taxi, transporte público o, incluso, algunos prefieren movilizarse en bicicleta, patineta eléctrica, ciclomotor, entre otros.No obstante, los medios de transporte más usados por las personas en Bogotá, según una encuesta de movilidad publicada por el Distrito, son:Transporte público: 4.211.486, con un 35%.A Pie: 3.342.400, con un 28%.Auto: 1.692.598, con un 14%.Bicicleta: 886.655, con un 7%.Moto: 887.352, con un 7%.Taxi: 528.287, con un 4%.Frente a esto y con el fin de incentivar el uso de medios de transporte más amigables con el medio ambiente, TransMilenio ofrece pasajes gratis a quienes conviertan la bicicleta en su principal medio para moverse en la ciudad.Así puede ganar pasajes gratis de TransMilenioActualmente, Bogotá cuenta con la cicloruta más extensa de Latinoamérica, la cual tiene una extensión de 374 kilómetros y con carril exclusivo. Por ello, portales y algunas estaciones implementaron espacios para dejar sus bicis, conocidos como 'TransMiBici'.Los ciclistas que usen los TransMiBicis para después abordar los buses del sistema, tendrán un pasaje gratis que será abonado a la tarjeta TuLlave personalizada, pero, para ello, deben cumplir con el mínimo de validaciones.Según TransMilenio, los biciusuarios deben acumular un total de 30 validaciones, para luego acercarse a un dispositivo de recarga manual o automático para activar la carga.No obstante, es importante que estén registrados en BiciBogotá para utilizar los TransMiBicis del sistema. Estos prestarán el servicio en el mismo horario que el sistema.¿Cómo registrarse en TransMiBici?Para usar el servicio, los ciclistas deben registrarse previamente antes de ingresar su bicicleta a las estaciones o portales de TrasMilenio, para ello, deben seguir estos pasos:Acercarse al portal o estación, donde haya un TransMiBici, con cédula y la tarjeta de propiedad o documento que certifique la persona es dueña de la bicicleta.Hacer el registro una sola vez en TrnasMiBici (en lugares de mucha demanda) y cada vez que se haga uso en sitios de menor demanda.Presentar siempre la cédula y tarjeta de propiedad de la bicicleta.¿Cómo usar los TransMiBici?La empresa de transporte hizo énfasis en que el servicio de TransMiBici es gratuito y debe usarse así:Usar la bicicleta para llegar hasta el portal o estación.Comprar el pasaje.Ubicar la entrada de la TransMiBici e ingresa al sistema validando el pasaje con la bici en mano.Identificar qué tipo de control de acceso cuenta la TransMiBici.Parquear la bicicleta y asegúrala con cadena, candado y demás elementos de seguridad.Una vez guardada y asegurada, hay que dirigirse a las plataformas para ingresar al bus.Al momento de recoger la bicicleta, es importante recordar que solo quien ingresó la bicicleta está autorizado para sacarla.
El expreso político venezolano Wilmer Azuaje relató en Sala de Presa Blu su experiencia durante los dos años que permaneció detenido en El Helicoide, centro de reclusión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), al que calificó como un espacio de represión sistemática contra los presos políticos en Venezuela.Durante la conversación, Azuaje aseguró que su detención se produjo el 1 de mayo de 2017, cuando fue capturado junto a su asistente Giovanni González. Desde entonces, afirmó haber vivido condiciones que, según sus palabras, constituyen violaciones graves a los derechos humanos. “El Helicoide, el centro de tortura pudiera decir más grande en Latinoamérica”, señaló al describir el lugar donde estuvo recluido.Condiciones de reclusión y denuncias de torturaAzuaje explicó que dentro de El Helicoide los presos políticos eran sometidos a tratos degradantes y castigos constantes. “Dormíamos en la famosa escalera, con ratas y cucarachas, sin condiciones mínimas de dignidad”, afirmó. También denunció restricciones al descanso, a la alimentación y al contacto con familiares y abogados, lo que, a su juicio, evidencia la falta de garantías procesales.El entrevistado aseguró que fue presentado ante tribunales 113 días después de su detención, pese a que la ley venezolana establece un plazo máximo de 48 horas. “La gran mayoría estamos secuestrados, se viola el debido proceso”, sostuvo durante la entrevista.Impacto físico y psicológico en los detenidosAzuaje relató que su asistente, Giovanni González, sufrió graves afectaciones de salud tras los golpes recibidos durante su reclusión. “Hoy en día tiene cáncer producto de los golpes que recibió en la espalda”, afirmó, señalando que este caso refleja las consecuencias físicas que enfrentan muchos detenidos.Además, aseguró que las secuelas psicológicas persisten tras recuperar la libertad. “Cada siete días sueño que me están persiguiendo o que sigo preso”, confesó, al referirse a los traumas que, según dijo, afectan a numerosos expresos políticos.Llamado internacional y situación actual de los presos políticosDurante la entrevista, Wilmer Azuaje afirmó que en Venezuela existen más de 2.000 presos políticos y denunció la desaparición de cientos de personas. También hizo un llamado a la comunidad internacional para exigir la liberación total de los detenidos. “Pedimos la libertad inmediata de todos los presos políticos”, expresó.Finalmente, sostuvo que su testimonio busca visibilizar lo ocurrido dentro de las cárceles venezolanas y reiteró que, a su juicio, debe haber justicia por los hechos denunciados.Escuche la entrevista completa acá:
Desde hoy, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, desarrolla en Estados Unidos una agenda diplomática de alto nivel con funcionarios del Gobierno norteamericano, con el propósito de fortalecer la cooperación binacional en la lucha contra la criminalidad y los carteles del narcotráfico.Esta visita se realiza como preámbulo al viaje que efectuará en febrero el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, y busca socializar ante altos funcionarios estadounidenses los avances y resultados de Colombia en la lucha contra la producción y el tráfico de drogas, así como consolidar nuevas estrategias conjuntas frente a amenazas trasnacionales.Durante tres días, el minDefensa sostendrá reuniones estratégicas en las que se diseñarán hojas de ruta binacionales para impactar de manera contundente a las estructuras criminales. La agenda incluye encuentros con representantes del Departamento de Guerra, miembros del Senado encargados de temas de armas e inteligencia, y funcionarios de alto nivel de la Casa Blanca.Previo a este viaje, el ministro Sánchez participó en una reunión virtual con el Subsecretario para Asuntos Hemisféricos del Departamento de Guerra, Joseph Humire, en la que se definieron los principales ejes de trabajo. Este encuentro contó con el acompañamiento de la canciller Rosa Villavicencio y el apoyo de la Embajada de Estados Unidos, permitiendo establecer prioridades y objetivos comunes.Entre los temas clave de la agenda se destacan el fortalecimiento de la cooperación internacional en inteligencia, el uso de drones y antidrones, y otras capacidades estratégicas. El ministro resaltó que, aunque Colombia y Estados Unidos puedan tener enfoques distintos frente al problema de las drogas, estos son complementarios y deben articularse mediante el diálogo, como base para seguir enfrentando uno de los principales desafíos de seguridad global.
La compleja situación política y de seguridad en Venezuela ha generado una alerta roja sobre el orden público en Colombia. Según el analista Jorge Mantilla en entrevista con Sala de Prensa Blu, el innegable vínculo entre el régimen venezolano y grupos como el ELN y las disidencias plantea un escenario donde lo que ocurre en el país vecino impacta profundamente el territorio nacional. Ante la presión de las operaciones de Estados Unidos, surge la duda de si estos grupos se verán debilitados o, por el contrario, encontrarán nuevas ventajas tácticas en la frontera.Mantilla se mostró escéptico ante una posible retirada masiva de los jefes guerrilleros hacia Colombia, sugiriendo que el contexto actual abre una “ventana de oportunidad enorme para el ELN particularmente”. Esta situación permitiría al grupo proyectarse como una guerrilla continental y, ante un eventual colapso de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el ELN “podría eventualmente tener acceso a tecnología militar venezolana, a equipos logísticos venezolanos y particularmente a tecnología antiaérea”. Este acceso fortalecería sustancialmente a una organización que ya ha logrado conectar sus estructuras del occidente y el oriente colombiano durante el último cuatrienio.La estabilidad de la transición venezolana depende de complejas negociaciones internas entre las facciones del chavismo, representadas por figuras como los hermanos Rodríguez, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino. Si estas conversaciones no prosperan, el escenario podría derivar hacia una guerra irregular protagonizada por colectivos, milicias bolivarianas y megabandas como el Tren de Aragua. Por ello, Mantilla advierte que el país debe prepararse para lo que podría ser una “transición prolongada y violenta” en el país vecino. A nivel interno, las cifras del gobierno nacional revelan que el ELN cuenta hoy con más integrantes y presencia territorial que en 2022. El analista define al grupo como una de las “empresas criminales más prósperas”, con un portafolio que trasciende el narcotráfico para incluir la minería e industrias legales como la ganadera en Venezuela. Este fortalecimiento representa un riesgo latente para los procesos electorales en Colombia, debido al posible “constreñimiento al elector” y la incidencia de la criminalidad organizada en las agendas legislativas del Congreso.
A un día del siniestro aéreo en el que murió el cantante de música popular Yeison Jiménez, junto a otros cinco integrantes de su equipo, en inmediaciones del aeródromo Juan José Rondón, en el sector comprendido entre los municipios de Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá, continúan conociéndose nuevos detalles sobre cómo ocurrió el accidente.En un video al que tuvo acceso Blu Radio se observa el momento exacto en el que la avioneta, de matrícula N325FA, despega del aeropuerto de Paipa con destino a Medellín y, cerca de una milla después de haber iniciado el vuelo, se precipita a tierra.En el siniestro ocurrido en Paipa, Boyacá, perdieron la vida:Yeison Jiménez, cantante de música popular.Capitán Hernando Torres, piloto de la aeronave.Juan Manuel Rodríguez, integrante del equipo del artista.Óscar Marín, integrante del equipo del artista.Jefferson Osorio, integrante del equipo del artista.Weisman Mora, integrante del equipo del artista.Sobre las causas del accidente, el Ministerio de Transporte, en cabeza de María Fernanda Rojas, informó que se manejan tres líneas de investigación."El componente operacional, que evalúa las condiciones de la aeronave, su operación en pista y las condiciones meteorológicas; el componente técnico y de mantenimiento, que revisa manuales, trazabilidad de mantenimientos recientes, novedades técnicas y certificaciones de aeronavegabilidad; y los factores humanos, que analizan el entrenamiento, experiencia, licencia y condiciones psicofísicas del piloto, así como sus hábitos y horas de vuelo recientes", señaló la entidad en un comunicado.En relación con cómo se produjo el accidente, la entidad confirmó: "De acuerdo con la información preliminar recopilada por las autoridades aeronáuticas, testigos presenciales reportaron que la aeronave volaba a baja altura, aproximadamente a 50 metros sobre el terreno".Asimismo, añadieron que: "El impacto inicial contra el suelo habría generado un rebote y, en el segundo contacto, se produjo la fractura de la cola de la aeronave, seguida de dos explosiones separadas por algunos segundos, atribuibles a residuos de combustible".Finalmente, indicaron que: "Las autoridades confirmaron que la aeronave se encontraba en vuelo al momento del siniestro y que el punto del impacto se localiza a una distancia aproximada de una milla de la cabecera de la pista".
La muerte de Cristian Eiler Matías Hernández, alias ‘Polo’, marcó un nuevo golpe contra el círculo más cercano de alias ‘Iván Mordisco’, máximo cabecilla de las disidencias de las Farc. El hombre, considerado uno de sus alfiles más peligrosos, fue abatido en desarrollo de operaciones militares y policiales adelantadas en el departamento del Amazonas, tras varios días de persecución e inteligencia.Los hechos ocurrieron entre el 1 y el 2 de enero en zona rural del corregimiento de Mirití, en una región selvática utilizada históricamente como refugio, corredor de movilidad y retaguardia armada de estas estructuras ilegales. Hasta allí llegaron unidades de la Fuerza Pública luego de un planeamiento que combinó despliegues por tierra, aire y ríos, en una operación que se extendió cerca de siete días.Alias ‘Polo’ intentaba evadir la ofensiva que desde finales de 2025 se intensificó en el suroriente del país contra los carteles del narcotráfico y los grupos armados residuales que los protegen. En medio del combate se produjo la neutralización de varios integrantes de esta estructura, cuatro murieron durante la operación, cuatro más fueron capturados y tres se sometieron a las autoridades.Uno de los puntos que generó especial atención tras el operativo fue la situación de tres de los individuos neutralizados, quienes inicialmente afirmaron ser menores de edad. Sin embargo, luego de las diligencias de verificación e identificación realizadas por las autoridades competentes, se estableció que todos eran mayores de 18 años, por lo que deberán enfrentar los procesos judiciales correspondientes.De acuerdo con información conocida por las autoridades, alias ‘Polo’ había sido designado directamente por alias Iván Mordisco y alias Alonso 45 como jefe principal de la estructura criminal que opera en el Amazonas. Desde ese rol habría participado en la planeación y ejecución de delitos como narcotráfico, homicidios, extorsión, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores, minería ilegal y acciones armadas contra la población civil y la Fuerza Pública.Su ascenso dentro de la organización se produjo tras la muerte de alias ‘Jenny Lara’, abatida en octubre de 2025 en el sector de Tres Islas, en Mirití Paraná. Desde entonces, alias ‘Polo’ asumió el control territorial y la coordinación de las rutas fluviales, así como la seguridad de las zonas por donde se movía el máximo cabecilla de las disidencias en esta región estratégica.Las investigaciones también lo vinculan con atentados recientes contra unidades militares y de la Armada. Entre ellos, el ataque con explosivos a la base militar de Araracuara, en agosto de 2025, y el hostigamiento a un puesto fluvial en la base La Tagua, en Puerto Leguízamo, Putumayo, en septiembre del mismo año, donde se habrían utilizado embarcaciones acondicionadas con explosivos.Durante la operación fueron incautados 11 fusiles, una ametralladora, dos pistolas, abundante munición de distintos calibres, equipos de comunicación, material de intendencia y dos embarcaciones empleadas para la movilidad fluvial de la estructura criminal. Estos elementos evidencian la capacidad armada y logística que alias Polo mantenía en esta zona fronteriza.
Fue capturado Jorge Aníbal Visbal Martelo, exministro y expresidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), en un operativo adelantado por la Policía Nacional en el municipio de Ponedera, Atlántico. La detención se produjo tras un procedimiento de control y verificación de antecedentes, en el que se evidenció una orden de captura vigente en su contra.De acuerdo con las autoridades, la orden fue emitida por el Juzgado Penal del Circuito Especializado 5 de Cundinamarca, luego de que la Corte Suprema de Justicia confirmara una condena de nueve años de prisión por el delito de concierto para delinquir agravado, decisión que ya se encontraba en firme y sin posibilidad de recursos.Según lo establecido en la investigación judicial, Visbal Martelo habría mantenido vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) durante el periodo comprendido entre 1998 y 2005, cuando ejercía la presidencia de Fedegán y, de manera paralela, integraba la Comisión de Paz. En ese lapso, de acuerdo con el fallo de la Corte, asistió a reuniones de este grupo armado ilegal en varias fincas ubicadas en el departamento de Córdoba, identificadas como La Séptima, La 21 y La 53.El alto tribunal determinó que en dichos encuentros el entonces dirigente gremial habría manifestado afinidad con la organización armada y con su máximo jefe, Carlos Castaño Gil, además de sugerir la expansión del grupo a zonas con actividad ganadera. Asimismo, la sentencia señala que Visbal Martelo habría realizado aportes económicos a las AUC, mediante el pago de cuotas periódicas, a cambio de seguridad.La investigación también concluyó que el exdirigente hizo parte del denominado grupo de los 12, una estructura de carácter político que asesoraba a Carlos Castaño Gil, lo que sustentó la responsabilidad penal por concierto para delinquir.Tras su captura, Jorge Aníbal Visbal Martelo fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente para adelantar los trámites legales correspondientes y proceder al cumplimiento de la condena impuesta por la justicia colombiana.
La Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación contra José Eduardo Chalá Franco, el conductor de un taxi señalado de provocar una grave tragedia vial al arrollar a 11 personas mientras conducía a exceso de velocidad y en estado de embriaguez. Entre las víctimas se encontraba una adolescente de 15 años, quien falleció días después debido a la gravedad de las heridas sufridas en el hecho.De acuerdo con el ente acusador, Chalá Franco perdió el control del vehículo como consecuencia directa de su estado físico y mental, lo que derivó en el atropellamiento múltiple. En el curso de la investigación, la Fiscalía estableció que las pruebas practicadas al conductor arrojaron un resultado de grado tres de alcoholemia, el nivel más alto contemplado por la ley colombiana.Con base en estos elementos probatorios, el procesado será acusado formalmente por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y lesiones personales, todas las conductas agravadas. La Fiscalía sostuvo que no se trató de un accidente fortuito, sino de una conducta consciente y altamente peligrosa que desembocó en consecuencias fatales.Durante la exposición del caso, el fiscal fue enfático al señalar que el comportamiento del conductor fue determinante en la tragedia. “A través de ese examen de análisis de toxicología y alcoholemia se pudo determinar y concretar que esta situación sobrepasó cualquier posibilidad de simplemente ser una falta de reflejos o de circunscribirse a un simple accidente de tránsito, pues decidió conducir sabiendo que su estado físico y mental no eran aptos”, afirmó el funcionario judicial.La investigación también evidenció contradicciones en la versión inicial del procesado. Chalá Franco aseguró en un primer momento que solo había consumido cuatro cervezas; sin embargo, los resultados del examen de alcoholemia confirmaron que presentaba un nivel de embriaguez tipo tres. Frente a este hallazgo, el fiscal cuestionó duramente la conducta del acusado y la calificó como una “decisión absurda” al ponerse al volante en ese estado. “Como soy yo, a mí no me pasa nada; ese es el imaginario que lleva a estos resultados tan drásticos”, manifestó.Mientras avanza el proceso penal, José Eduardo Chalá Franco continuará privado de la libertad en un establecimiento carcelario.
La decisión de dejar en libertad a 15 personas capturadas por su presunta vinculación a la red de extorsión carcelaria conocida como “Los Bautistas” se fundamentó, según la juez del caso, en la ausencia de pruebas que demostraran su conocimiento o participación directa en las actividades ilegales. Así lo determinó la juez 17 penal con función de control de garantías, al resolver la situación jurídica de varios de los implicados en el proceso adelantado por la Fiscalía General de la Nación.Las capturas se produjeron en diciembre de 2025, durante allanamientos simultáneos y coordinados por la Fiscalía y la Policía en Bogotá, en los que fueron detenidas 39 personas. De acuerdo con las autoridades, se trata de una estructura criminal que operaba desde la cárcel La Picota, dedicada a extorsiones que habrían generado rentas ilegales cercanas a los 17.000 millones de pesos.No obstante, al analizar de manera individual la situación de cada capturado, la juez concluyó que en 15 casos no se acreditó la inferencia razonable de autoría o participación. En su decisión, enfatizó que “la inferencia razonable de autoridad o participación debe ser valorada para cada ciudadano de manera independiente, no de manera generalizada y conjunta como decidió hacerlo la Fiscalía General de la Nación, pues dejó de un lado que en el derecho penal la responsabilidad es individual”.Durante la audiencia, la juez encontró que, en la mayoría de estos casos, las personas habían recibido transacciones esporádicas o únicas, provenientes de familiares o terceros, algunos privados de la libertad, sin que se demostrara que conocían el origen ilícito del dinero. Uno de los casos destacados fue el de una mujer que recibió una consignación de $100.000 de su hijo, recluido en La Picota. “No se tiene evidencia de que la ciudadana supiera cuál es el origen del dinero que recibió en esa consignación”, señaló la juez, al tiempo que aclaró que no existían pruebas de que hubiera participado en llamadas extorsivas, contactado a víctimas o concertado acuerdos criminales.Otro de los casos analizados correspondió a una mujer de 71 años, con una condición médica que la obligó a conectarse a la audiencia desde un hospital. Sobre ella, la juez sostuvo que tampoco se probó conocimiento del origen ilegal de los recursos transferidos por su hijo. En la diligencia se tuvo en cuenta una carta manuscrita enviada por el recluso, en la que este afirmaba: “El 10 de abril yo le pedí el favor de que me recibiera el monto de un millón y que le enviara cierta cantidad de ese dinero a mi mamá, manifestando que era para el mercado, sin saber ella que ese dinero era ilícito y que estaban siendo víctimas de un engaño”.El abogado Juan Manuel Castellanos, defensor de una de las personas dejadas en libertad, explicó que la decisión judicial obedeció a la falta de individualización por parte del ente acusador para su clienta “esa persona, que es una adulta mayor, que supera los 55 años, que tiene 15 años como modista,, pues no tenía conocimiento alguno de esas extorsiones. Y como no tenía el conocimiento de las extorsiones porque nunca llamó a una presunta víctima, porque nunca recibió de manera directa el dinero, pues tendría que decir que fue instrumentalizada. Pero además de esa situación, es una persona que se gana un mínimo, que trabaja diariamente, que no tiene antecedentes y que no tiene ningún nexo de causalidad entre el delito y la extorsión”, afirmó.El abogado Castellanos habló sobre el cuestionamiento que se hizo en la diligencia sobre la argumentación de la Fiscalía “evidentemente algunos hechos sí existieron, pero porque los hechos existan no significa que todas las personas tengan que estar vinculadas y llevadas a un proceso penal”.Pese a la libertad otorgada a estas 15 personas. La juez determinó que en el caso de los demás capturados sí se acreditó la participación en la red de extorsión, por lo que impuso medidas de aseguramiento, tanto de detención domiciliaria como intramural.
Las autoridades avanzan en la identificación y captura de los responsables del linchamiento que terminó con la muerte de un hombre, identificado como Mauricio Cendales, en la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá. Por este caso, ocurrido el 11 de noviembre de 2025, la Policía y la Fiscalía difundieron un cartel con tres hombres que figuran entre las más buscadas por su presunta participación en los hechos.De acuerdo con la investigación, la víctima se movilizaba en una camioneta cuando tuvo un altercado con varios motociclistas. Minutos después, fue interceptado y acorralado en el barrio Tabakú, donde un grupo de personas lo atacó de forma violenta. El conductor fue sacado del vehículo y agredido brutalmente, mientras el automotor era destruido en medio de actos vandálicos.Las investigaciones señalan que los agresores utilizaron objetos contundentes como palos, cadenas y piedras. La golpiza fue tan severa que el hombre quedó gravemente herido en el lugar. Policías que atendieron la emergencia lo trasladaron de urgencia a un centro médico, pero pese a los esfuerzos del personal de salud, falleció debido a la gravedad de las lesiones.Tras semanas de recolección de testimonios, análisis de cámaras de seguridad y labores de policía judicial, los investigadores lograron identificar a varios de los presuntos implicados. Como resultado, fue elaborado un cartel con tres personas que ahora son buscadas para responder por los delitos de homicidio y participación en el ataque colectivo.Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que aporte información que permita dar con el paradero de los señalados y avanzar en su judicialización. Los datos pueden ser suministrados de manera confidencial a través de la línea segura 305 814 38 37 o al correo electrónico de la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá, con garantía de absoluta reserva.
La Contraloría General de la República celebró el ingreso efectivo de 20 millones de dólares al Tesoro Nacional, recursos provenientes de la aseguradora del contrato de mantenimiento de los helicópteros rusos Mi-17, tras declararse el incumplimiento parcial del contratista Vertol Systems. Para el organismo de control, esta transacción constituye un resultado concreto del ejercicio de control fiscal preventivo, orientado a la protección de bienes estratégicos del Estado.De acuerdo con la Contraloría, el seguimiento permanente adelantado por la entidad permitió alertar oportunamente al Ministerio de Defensa sobre el riesgo de pérdida de recursos públicos derivado del incumplimiento contractual. Como consecuencia de estas advertencias y de las decisiones administrativas adoptadas, la aseguradora garante del contrato asumió el pago de las obligaciones económicas y transfirió los recursos al Tesoro Nacional.El origen de este proceso se remonta a la Resolución No. 001863 del 7 de noviembre de 2025, mediante la cual se declaró el incumplimiento parcial de un contrato por 32 millones de dólares destinado al mantenimiento de los helicópteros Mi-17. Dicha decisión fue ratificada una semana después, confirmando las obligaciones económicas derivadas del fallo administrativo y habilitando la ejecución de las sanciones correspondientes contra el contratista.En desarrollo de esas resoluciones, se impuso una multa superior a los USD 6 millones. A este valor se sumó la devolución del pago anticipado, que había sido efectuado en el marco del mismo contrato y que ascendió a USD 13 millones, recursos que debían ser reintegrados al Estado tras la declaratoria de incumplimiento parcial.El pago de la multa y la restitución del anticipo fueron asumidos por la aseguradora, en su calidad de garante del contrato. La suma consolidada de ambas obligaciones alcanzó los USD 20 millones que ya ingresaron a las arcas de la Nación, evitando así un detrimento patrimonial mayor y asegurando la recuperación de recursos públicos comprometidos.No obstante, la Contraloría anunció que mantendrá un proceso de verificación exhaustivo para confirmar que el pago recibido corresponda efectivamente a la restitución del pago anticipado no utilizado, a los costos asociados a las demás actividades contractuales que estaban a cargo del contratista y a la indemnización de los perjuicios que se hubieran causado como consecuencia del incumplimiento.
La muerte de Mariana Ortega, una joven de 20 años, quedó al descubierto tras varios días de incertidumbre para su familia en Medellín. Según relató su hermana Camila en el pódcast Conducta Delictiva, la última vez que hablaron fue el día del cumpleaños de la hija de la víctima, cuando Mariana prometió pasar por la niña para llevarla a comer helado, algo que nunca ocurrió. Con el paso de los días y ante la falta de noticias, su madre insistió en que “algo malo había pasado”, lo que llevó a la familia a iniciar su búsqueda hasta recibir una llamada que confirmó el peor escenario.De acuerdo con el testimonio, la historia de Mariana estuvo marcada desde muy joven por relaciones violentas. Camila contó que su hermana inició a los 14 años un vínculo sentimental caracterizado por agresiones y amenazas constantes, situación que se repitió con otras parejas a lo largo del tiempo. “Él la golpeaba y la amenazaba con matarla”, recordó, al explicar que el miedo y la dependencia emocional influyeron para que Mariana permaneciera en entornos peligrosos. En su intento por rehacer su vida y proteger a sus hijos, la joven terminó alejándose de ellos y entregansolos a su madre.Camila aseguró que su hermana tuvo que vender drogas para pagar una deuda que le había dejado su expareja, papá d euno de sus hijos, y más adelante, se convirtió en trabajadora sexual. En ese contexto inició una relación con el hombre que las cuidaba. “Cuando dejó ese trabajo porque él le prometió mantenerla, empezó de nuevo la violencia”, afirmó.Camila reveló que posteriormente se enteraron de que este hombre tenía otra pareja, la cual, según dijo, estaba buscándola para hacerle daño. El 8 de febrero, la familia fue notificada de que el cuerpo de Mariana se encontraba en Medicina Legal. “Mi mamá llegó diciendo: ‘me la mataron’”, relató Camila, quien señaló que su hermana fue hallada en un basurero, envuelta en una sábana y plástico. “En los documentos de la Fiscalía se menciona que en las cámaras de seguridad se observa cuando sacan a mi hermanita del hostal en una carreta de reciclador. Detrás va él y luego va ella, con el hijo que tenían en brazos y estando embarazada”, recordó Camila, asegurando que la esposa del presunto feminicida lo denunció para no ser considerada cómplice.La mujer reveló que un día el hombre la contactó por redes sociales para explciarle lo que había pasado. "Él me dijo que él no lo quería hacer, que en ese momento estaba drogado y que no se estaba dando cuenta de lo que había hecho".“Él me dijo que en ese momento, ella se iba a cambiar de ropa para salir y estaban discutiendo. Según él, la pelea subió de tono y ella comenzó a gritar, por lo que lo único que hizo fue taparle la boca y ella se desmayó. Dice que al ver que no reaccionaba, la llevó a la cama. Afirma que se acostó a dormir con ella así. Al día siguiente la envolvió en una sábana, la cubrió con un plástico y la sacó”, añadió Camila.
La captura de Zulma Guzmán en el Reino Unido y el inicio formal de su proceso de extradición marcaron un nuevo avance en la investigación por el envenenamiento con frambuesas que cobró la vida de dos menores en Bogotá. Así lo confirmó el abogado Majer Abushihab, representante de la familia Forero, víctimas en el proceso, quien además reveló que la Fiscalía General de la Nación continúa indagando la posible participación de otras personas en los hechos.Abushihab explicó que, aunque Guzmán es señalada como la principal sospechosa, las líneas investigativas no se limitan a una sola persona. “Sí, la Fiscalía está indudablemente investigando más personas, digamos, de lo que se ha establecido; es un hecho que se advierte la participación potencial de más personas”, señaló. No obstante, fue enfático en aclarar que una de las personas mencionadas en algunos medios no tiene responsabilidad penal. “Particularmente, la persona que llevó las frambuesas no está vinculada; no es cierto. Es una persona que, inclusive, entregó información muy valiosa y muy útil”, precisó.Frente a la captura de Guzmán, la familia de la menor víctima expresó satisfacción por el avance del proceso. “Estamos absolutamente complacidos, primero, con el trabajo muy juicioso de la Fiscalía, y segundo, porque desde mediados de diciembre conocíamos el paradero de la señora Guzmán y estábamos expectantes a que se materializara la circular roja”, manifestó Abushihab. Añadió que la confirmación de que la mujer se encuentra bajo custodia de las autoridades británicas es “una noticia absolutamente satisfactoria para la familia”.El abogado destacó el trabajo de la fiscal del caso, Elsa Reyes, al asegurar que la investigación se mantiene activa. “La doctora Reyes no descansa y vive permanentemente en un ejercicio investigativo alrededor de este caso y de esas líneas investigativas”, afirmó.Zulma Guzmán, de 54 años, fue recluida luego de negar su extradición ante el Tribunal de Westminster. La próxima diligencia está programada para el lunes 12 de enero, cuando se realizará una audiencia preliminar judicial. En esa etapa, Guzmán deberá contratar abogados defensores y Colombia expondrá los argumentos para solicitar su extradición. La justicia británica evaluará, entre otros aspectos, eventuales riesgos para los derechos humanos y la vida de la solicitada. La decisión que se adopte podrá ser apelada ante un tribunal superior.Paralelamente, en Colombia existe expectativa por la determinación que adopte la fiscal Elsa Reyes una vez concluya la vacancia judicial, en relación con la imputación de los delitos de homicidio y tentativa de homicidio, incluso sin la presencia física de Guzmán. Sobre este punto, Abushihab explicó que el trámite de extradición no excluye el avance del proceso penal en el país. “Son actuaciones paralelas. Depende de que se den las condiciones para que la señora Guzmán sea vinculada al proceso y de su voluntad de comparecer”, indicó.El abogado señaló que, de no presentarse, la Fiscalía podría acudir a la figura de la contumacia, dado que la indiciada está plenamente ubicada. Finalmente, resaltó la coordinación entre la Fiscalía y la Oficina de Asuntos Internacionales con las autoridades del Reino Unido. “Ese ejercicio de coordinación dependerá de lo que consideren apropiado, y nosotros, como víctimas, apoyaremos en un cien por ciento la decisión que adopte la doctora Elsa Reyes”, concluyó.
La defensa de Edwin Delgado, propietario del vehículo involucrado en el accidente ocurrido en la avenida Mutis, en Bogotá, fijó una postura clara frente a la imputación formulada por la Fiscalía General de la Nación por el delito de homicidio a título de dolo eventual. El abogado Jimmy Erazo aseguró que, durante la audiencia de formulación de imputación ante un juez de control de garantías, la defensa se opuso formalmente al cargo al considerar que los hechos atribuidos a su representado no se ajustan al tipo penal invocado por el ente acusador.“Es importante precisar que el día de ayer, en audiencia de formulación de imputación ante un juez de control de garantías, la defensa se opuso a la formulación de imputación por parte de la Fiscalía, considerando que los hechos jurídicamente relevantes que imputa no se adecúan al tipo penal de homicidio, en este caso a título de dolo eventual”, explicó Erazo. A juicio del abogado, la conducta atribuida a Delgado, ser pasajero del vehículo, no puede ser considerada un hecho penalmente relevante. “Ser pasajero de un vehículo no son hechos jurídicamente relevantes que se puedan constituir en un homicidio. El derecho penal no está para presionar ni para amenazar”, afirmó.Durante la diligencia, la defensa solicitó al juez que ejerciera un control material de legalidad sobre la imputación. Sin embargo, el despacho judicial consideró que se trataba de un acto propio de la Fiscalía y que existirán otras etapas procesales para discutir la adecuación típica de los hechos. Pese a ello, Erazo reiteró que desde las fases iniciales del proceso se ha advertido que la conducta atribuida a Delgado es, en su criterio, “abiertamente atípica”.La Fiscalía, por su parte, sustentó la imputación señalando que la presunta responsabilidad de Delgado estaría asociada a una omisión por no haber evitado que Rubén Romero, quien posteriormente salió del país y que para el ente acusador se encontraba en estado de alicoramiento, condujera el vehículo. Según la hipótesis fiscal, esa omisión habría contribuido de manera determinante al accidente que dejó dos víctimas mortales.Frente a esta versión, la defensa la rechazó y explicó un contexto distinto de los hechos. “Esta relación que surge simplemente es una persona que se designa el 31 de octubre; ellos designan y contratan ese servicio a esa persona que prestaba esa opción de conducción para que sea la persona encargada de conducirlos a su domicilio”, sostuvo Erazo. Añadió que la defensa cuenta con elementos materiales probatorios que respaldan esa versión, entre ellos un video que ha circulado en medios de comunicación, en el que se observa que el conductor llega a recogerlos y presta un servicio de transporte. “En ningún momento esa persona estaba departiendo con mis clientes, simplemente estaba prestando un servicio”, subrayó.El abogado también destacó la actitud procesal de su defendido y de su pareja, señalando que han sido los únicos en comparecer voluntariamente ante la justicia. “La única persona que se ha presentado en este proceso judicial, que fue voluntariamente a la Fiscalía, donde se hizo su arraigo y la individualización de forma voluntaria, es el señor Edwin y su pareja”, afirmó. Según Erazo, ambos han rendido declaración y están dispuestos a aportar todos los elementos probatorios necesarios.Finalmente, la defensa insistió en que el interés de Delgado es que se esclarezcan plenamente los hechos y se determine la responsabilidad de quien, a su juicio, sería el verdadero responsable del siniestro. “La disposición está de colaborar con la justicia. Hemos estado en todas las diligencias judiciales y va a comparecer a todas las etapas del proceso penal”, concluyó el abogado.
En respuesta al comunicado emitido por la Fiscalía General de la Nación, en el que se señala que la defensa de Sandra Liliana Ortiz Nova solicitó “inmunidad penal total a través de la celebración de un principio de oportunidad”, y que dicha pretensión fue rechazada por la “gravedad de los delitos” y la supuesta falta de evidencia objetiva, su abogado defensor, Oswaldo Medina Posada, salió al paso de las afirmaciones.La Fiscalía informó que ha sostenido acercamientos con Ortiz Nova —exconsejera para las regiones del actual Gobierno— en el marco de las investigaciones por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD. En el documento, se afirma que la colaboración ofrecida por la procesada se basa en “información confusa, contradictoria y no sustentada en evidencias objetivas que corroboren sus afirmaciones, que por esa misma razón no superaría la valoración y el control judicial”.Frente a esta versión, la defensa sostuvo que “En efecto, Sandra Ortiz ha tenido acercamientos, conversaciones e intercambio de información con la Fiscalía General de la Nación”. Según el abogado, en dichos espacios se entregaron “datos precisos y verificables, con una narrativa coherente y lógica que corroboran sus afirmaciones, con los que, inclusive, se podría iniciar investigaciones contra aforados”.Pese a la negativa inicial del ente acusador, Medina Posada asegura que su defendida mantiene el compromiso con la justicia: “Sandra Ortiz sigue comprometida con el ente acusador y la Administración de Justicia, a pesar de sus temores frente a su seguridad y la de su familia”.El comunicado de la defensa subraya además que Ortiz “reitera su completa disposición en ayudar con el esclarecimiento de hechos que están siendo investigados, a partir de la relevante y precisa información que ha aportado. Por lo que, una vez más, espera que se tome una decisión frente a su solicitud de principio de oportunidad”.Finalmente, el abogado pidió garantías: “Es primordial la garantía fundamental de sus derechos fundamentales, procesales y el respeto por su vida”.Sandra Ortiz fue imputada por los delitos de tráfico de influencias de servidor público y lavado de activos, y está próxima a ser acusada formalmente. La entidad también precisó que los términos de los acercamientos con la exfuncionaria podrían ser revelados por ella misma, “lo cual hace bajo su responsabilidad y sin que ello comprometa a la Fiscalía en el marco de la justicia premial”.
Verónica Ojeda, expareja de Diego Maradona, dijo este martes que su entorno "lo tenía como secuestrado" meses antes de su fallecimiento, en el juicio a siete profesionales de la salud por la muerte del astro futbolístico en Argentina en 2020.Maradona falleció por un edema pulmonar generado por una insuficiencia cardíaca el 25 de noviembre de 2020 durante una internación domiciliaria posterior a una neurocirugía.Médicos, enfermeros, la psiquiatra y un psicólogo son acusados por homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que su accionar podía ocasionar la muerte. Una octava acusada -enfermera- será juzgada en un proceso separado."Yo sabía que a él lo tenían como secuestrado, tenía temor a todo, de hecho cada vez que yo me iba me decía llevame", dijo Ojeda, la madre del menor de los hijos de Maradona, Diego Fernando, de 12 años, en referencia a las visitas que le hizo a su expareja durante 2020, antes de que fuera internado en noviembre para realizarse la neurocirugía.Ojeda, pareja del exfutbolista entre 2005 y 2014, declaró este martes en el juicio que tiene lugar en San Isidro, un suburbio al norte de Buenos Aires cercano a la localidad de Tigre, donde murió el astro argentino.En su testimonio, entrecortado por sus llantos, apuntó contra el entorno de Maradona, incluidos sus asistentes Maximiliano Pomargo y Vanesa Morla, y uno de sus custodios, Julio Coria, que fue acusado de falso testimonio durante este juicio, aunque ninguno está imputado en la causa.Se refirió también al médico de cabecera de Maradona, Luciano Luque, y a su psiquiatra, Agustina Cosachov, que sí están imputados: "Nos mintieron en la cara a todos, a toda la familia", dijo.Ojeda contó que los médicos "decían que era conveniente internarlo en una casa y que iba a haber (de) todo como si fuera un hospital".Múltiples testigos dijeron a lo largo del juicio, que comenzó el 11 de marzo, que no había aparatología médica en la casa donde murió el Diez.Ojeda contó que vio por última vez a Maradona dos días antes y dijo que no lo encontró bien."Donde estaba Diego había olor a pis y a caca por eso ese día le dije que se bañe y afeite porque no estaba bueno que esté así en ese estado", señaló.Durante el interrogatorio, se reprodujeron conversaciones entre dos de los imputados: la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz, que estaba presente en la sala.En el chat, Díaz llamaba a desestimar los planteos de los familiares sobre el paciente porque hablaban "desde el desconocimiento absoluto". Se refería a Ojeda con lenguaje soez y se preguntaba "quién es" para cuestionar el tratamiento."Yo soy la mamá de Dieguito Fernando, Carlos Díaz, soy la mamá del hijo de Diego Maradona, esa soy", exclamó Ojeda entre lágrimas en respuesta al chat que calificó de "nefasto"."Incumplimiento de cuidados"Antes de Ojeda declaró el mismo martes el médico Mario Schiter, un intensivista que trató a Maradona durante su internación en Cuba a comienzos del año 2000 y que participó de la autopsia a pedido de la familia.Schiter dijo que el astro era "un paciente con insuficiencia cardíaca latente y que por incumplimiento de cuidados que debía haber tenido de los factores modificables (hábitos o medicación), fue generando una insuficiencia cardíaca" que terminó en un edema.El médico había recomendado a la familia trasladarlo a un centro de rehabilitación tras la neurocirugía semanas antes de su muerte.Llevarlo "de un sanatorio de alta complejidad a la casa conociendo al paciente me pareció arriesgado", dijo el médico, que explicó que Maradona a veces no cumplía con los tratamientos.En caso de una internación domiciliaria "hubiera optado por equipar el sitio como si fuera una unidad cardioprotegida" con un desfibrilador y aparatología como electrocardiógrafo, equipamiento para análisis de laboratorio, oxígeno y un equipo de ventilación no invasiva, señaló.Este juicio se prolongará al menos hasta julio con la declaración de decenas de testigos. Los acusados arriesgan entre 8 y 25 años de prisión.La próxima audiencia será el jueves y declararán médicos que atendieron a Maradona antes de su internación, anunció la fiscalía.
La Fiscalía General de la Nación cuestionó la utilidad de la colaboración que ofrece la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Liliana Ortiz Nova, en el escándalo por la corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.Ortiz, quien enfrenta cargos por lavado de activos y tráfico de influencias como servidora pública, ha sostenido acercamientos con la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de alcanzar un principio de oportunidad que le garantice inmunidad penal total.Sin embargo, el ente acusador rechazó esa pretensión, al considerar que “la colaboración que ofrece a la justicia se funda en información confusa, contradictoria y no sustentada en evidencias objetivas que corroboren sus afirmaciones”, y que, por lo tanto, “no superaría la valoración y el control judicial”.La Fiscalía señaló que mantiene en curso múltiples actividades investigativas para identificar y judicializar a los responsables del direccionamiento irregular de contratos y la apropiación de recursos públicos en la UNGRD, y que uno de los frentes apunta precisamente a la exfuncionaria.Ante la negativa de la Fiscalía a conceder el beneficio, Ortiz anunció que revelará públicamente los términos de los acercamientos y los detalles que dice conocer sobre la red de corrupción. “Lo cual hace bajo su responsabilidad y sin que ello comprometa a la Fiscalía en el marco de la justicia premial”, aclaró el organismo.
El video de Sara Millerey González agonizando en una quebrada en Bello, Antioquia, se viralizó en redes sociales y su caso prendió las alarmas sobre la situación de violencia que vive la población LGBTQ+ en Colombia. El crimen, calificado como "atroz" por autoridades locales y nacionales, generó reacciones en los más altos niveles del gobierno. El presidente Gustavo Petro solicitó a la Policía Nacional priorizar la investigación, mientras que la Alcaldía de Bello y la Gobernación de Antioquia ofrecieron una recompensa de 100 millones de pesos por información que conduzca a los responsables.Como respuesta ciudadana, este miércoles 9 de abril se han convocado velatones en varias ciudades del país, en memoria de Sara y de las más de 23 personas LGBTIQ+ asesinadas en lo que va del 2025. Horarios y lugares confirmados para las velatones por Sara Millerey BogotáParque de los Hippies (Calle 60 con Cra 7ma)6:00 PMMedellínGobernación de Antioquia, CAD La Alpujarra (Calle 42B #52-106)6:00 PMCaliLa Gruta7:00 PMCúcutaCancha “La Canasta”6:30 PMLos organizadores y activistas invitan a la ciudadanía a asistir con velas y a levantar su voz contra la transfobia. Bajo consignas como “La transfobia mata y no nos callaremos” y #JusticiaParaSara, buscan visibilizar esta emergencia social y exigir justicia para Sara y todas las víctimas de violencia por identidad de género.¿Qué se sabe de la muerte de Sara Millerey?En diálogo con Mañanas Blu, José Rolando Serrano, secretario de Seguridad de Bello, entregó detalles escalofriantes sobre lo ocurrido el pasado domingo 6 de abril en el sector de Playa Rica, al norte del Valle de Aburrá.“La recibimos con múltiples fracturas en brazos y piernas, aún aferrada a unas ramas para no ser arrastrada por la corriente”, relató Serrano.Sara fue encontrada agonizando en la quebrada La García, con signos evidentes de tortura. Tras ser rescatada por los bomberos y trasladada al hospital La María, falleció debido a la gravedad de sus heridas.Lo más alarmante, según testigos, fue que personas presuntamente vinculadas a grupos delincuenciales impidieron que los habitantes del sector ayudaran a Sara.“Algunas versiones indican que los agresores no permitían que fuera rescatada. Eso es profundamente doloroso”, declaró el secretario de Seguridad.
Las autoridades investigan una situación irregular en un emblemático batallón militar ubicado en el sur de Bogotá, en el marco de las investigaciones que adelanta la justicia para encontrar los restos de personas presuntamente desaparecidas forzosamente por integrantes del Ejército Nacional en el marco del conflicto armado.De acuerdo con la investigación adelantada por el director del Servicio Informativo de Blu Radio, Ricardo Ospina y el periodista Mateo Piñeros, los hechos ocurrieron el pasado tres de febrero en la Escuela de Logística del Ejército, ubicada en el extremo suroriental de Bogotá, mismo sitio en el que anteriormente estaba ubicada la Brigada XX, el Batallón Charry Solano y el Comando de Inteligencia y Contrainteligencia de la Institución, que desde los años 80 estuvieron bajo la lupa de autoridades colombianas y estadounidenses por haber sido lugares en los que se cometieron violaciones a los Derechos Humanos.Ese día, una comisión judicial conformada por magistrados de la JEP y expertos en medicina forense, llegaron a la Unidad Militar y se sorprendieron al evidenciar que había sido cavado un hueco por parte de integrantes del Ejército, en el sitio exacto en el que de acuerdo con un exmilitar que es testigo en el caso, podrían haber sido sepultados los restos de la exintegrante del M-19, Irma Franco Pineda, desaparecida durante el Holocausto del Palacio de Justicia, el 6 de noviembre de 1985.El origen de esta historia es una diligencia judicial en la que el sargento retirado del Ejército, José Leonairo Dorado Gaviria fue llevado por los investigadores de la JEP a la Escuela de Logística del Ejército para que identificara posibles lugares en los que pudieran estar sepultados los restos de personas desaparecidas por militares en los años 80 y 90, cuando él se desempeñó como agente de inteligencia y dice haber sido testigo de violaciones a los Derechos Humanos cometidas por integrantes de la Fuerza Pública.Dorado identificó 15 sitios adentro del batallón en los que podrían encontrarse restos de personas víctimas de desaparición forzada, entre los cuales señaló específicamente un punto en el que según aseguró ante las autoridades judiciales, los militares habrían sepultado el cadáver de Irma Franco Pineda, exguerrillera del M-19.Con esa información, la comisión de la JEP programó las tareas de exhumación en los puntos señalados por el sargento Dorado, para los días 3,4,5,6 y 7 de febrero de este año, encontrándose durante la primera jornada, con el hueco cavado por integrantes del Ejército.Esta situación, abiertamente irregular, llevó a que la magistrada de la JEP María del Pilar Valencia, denunciara los hechos ante la Fiscalía e inició un incidente de desacato el pasado 7 de febrero en contra del entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, contra el director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo y contra el comandante del Batallón de Contrainteligencia, coronel Johan Slead Gélvez Peña.El mismo día que ocurrieron los hechos, el ministerio de Defensa dispuso la intervención y presencia de integrantes de la Policía Militar Número 13 en la Escuela de logística para asegurar el cumplimiento de las medidas cautelares de la JEP.Hay otro detalle desconocido en el caso: el 4 de febrero, un día después del hallazgo de la excavación, el fiscal Carlos Arturo Mutis Florez, informó que cerca a uno de los sitios de interés, se presentaron miembros del batallón de ingenieros del Ejército nacional, con un plan de trabajo sobre unas alcantarillas ubicadas en el sector, las cuales fueron impedidas, en virtud de las medidas cautelares.Ese mismo día, el comandante de la Escuela de Logística del Ejército, el teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo, envió un documento de tres páginas a la magistrada María del Pilar Valencia, explicando lo ocurrido:Señala que el 30 de enero tuvo conocimiento de las diligencias que iba a adelantar la JEP en el Batallón y dispuso toda la colaboración para su trabajo.Relata que en uno de los puntos de interés “fue hallado un hueco de aproximadamente un metro por un metro y medio de fondo”. Sobre esto la JEP reportó lo siguiente: “en el punto de interés forense numero 4 prestablecido previamente en la diligencia, se halló alterado con una excavación reciente de 1.30 x 93 en profundidad 1.40 y junto a esta se encontraban dos palas, una prenda camiseta manga larga color negro y con logo militar escuela galan y plástico en varios fragmentos y entre estos un sobre – alimento perecedero con sello de caducidad de 2012”.El teniente coronel Melgarejo reportó que el mismo día de los hechos, el sargento Ronald Durán Páez le manifestó verbalmente que en calidad de comandante de la escuadra de mantenimiento, le ordenó a dos soldados regulares “que abrieran un hueco en el sector de Polígono 3, ubicado en la parte alta de las instalaciones de la Escuela de Logística, con el fin de desechar unos residuos que consideraba peligrosos por bioseguridad(algodón, gasa, jeringas y agujas, usados); desechos que a la fecha se encuentran en bolsa de plástico”.Indicó el sargento Duran, que emitió la orden porque “no existe contrato con empresa alguna que realice la recolección de estos residuos como se establece en los protocolos de bioseguridad con material de riesgo biológico” y explica que no enterraron los desechos porque en la tarde se entera de que el director de la Escuela Logística ya había iniciado coordinaciones para la recolección de los residuos.Agrega que una vez tomado el testimonio, inició una investigación disciplinaria contra el sargento Durán Páez, por la presunta vulneración a la orden judicial de la JEP en el sentido de no alterar el terreno bajo la medida cautelar.Este hecho es particularmente delicado porque desde septiembre del año pasado, la JEP dictó medidas cautelares sobre toda la extensión de la Escuela de Logística y el Batallón de Contrainteligencia del Ejército, lo cual en la práctica prohíbe que se adelanten acciones que puedan entorpecer las labores judiciales, como puede ser considerado el hecho de cavar huecos o alterar determinados espacios de esas instalaciones militares.La declaración de Dorado puede ser considerada como posiblemente creíble, teniendo en cuenta que hace algunas semanas, en ese mismo sitio, en la Escuela de Logística, los forenses hallaron un fragmento de una costilla humana, que está siendo evaluada por Medicina Legal. Dorado también ha declarado ante la justicia en contra del general Iván Ramírez Quintero, excomandante de Inteligencia del Ejército, quien fue condenado por los desaparecidos del palacio de Justicia.Ha sido tan grave el caso que este martes, hubo una reunión entre el general en retiro en Pedro Sánchez, ministro de Defensa, y el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli.A Ramelli lo acompañó el magistrado Pedro Elias Diaz y el magistrado auxiliar Hugo Escobar, así como el Secretario Ejecutivo, Harvey Suárez.En la reunión con el ministro de Defensa, también estuvo el magistrado auxiliar Fabián Martínez, la jefa de gabinete del ministerio Alexandra González y el director de Fondetec, Raúl Gutiérrez.Ramelli le hizo caer en cuenta a Sánchez que la situación era grave y el ministro por su parte aseguró que los militares habían seguido los protocolos dispuestos para los procedimientos médicos y dijo que las fuerzas están dispuestas a colaborar en las investigaciones.Blu Radio consultó al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y dijo que por ser un proceso sometido a reserva, se abstuvo de hacer comentarios.Escuche aquí el informe:
La muerte de Sara Millerey González, una mujer trans de 32 años brutalmente asesinada en el municipio de Bello, ha provocado una ola de indignación a nivel nacional y reabre el debate sobre la violencia sistemática contra la comunidad LGBTIQ+ en Colombia. El crimen, calificado como “atroz” por las autoridades locales y nacionales, ha encendido las alarmas tanto en la Presidencia como en organismos defensores de derechos humanos.El presidente Gustavo Petro solicitó a la Policía Nacional máxima prioridad en la investigación del caso. La Alcaldía de Bello y la Gobernación de Antioquia anunciaron una recompensa conjunta de $100 millones para quien suministre información que permita dar con los responsables.“La comunidad no podía rescatarla”: el relato de los hechosEn diálogo con Mañanas Blu, José Rolando Serrano, secretario de Seguridad de Bello, entregó detalles escalofriantes sobre lo ocurrido el pasado domingo 6 de abril en el sector de Playa Rica, al norte del Valle de Aburrá.“La recibimos con múltiples fracturas en brazos y piernas, aún aferrada a unas ramas para no ser arrastrada por la corriente”, relató Serrano.Sara fue encontrada agonizando en la quebrada La García, con signos evidentes de tortura. Tras ser rescatada por los bomberos y trasladada al hospital La María, falleció debido a la gravedad de sus heridas.Lo más alarmante, según testigos, fue que personas presuntamente vinculadas a grupos delincuenciales impidieron que los habitantes del sector ayudaran a Sara. “Algunas versiones indican que los agresores no permitían que fuera rescatada. Eso es profundamente doloroso”, declaró el secretario de Seguridad.Bloque de búsqueda y trazabilidad en cámarasLas autoridades han conformado un grupo especial de investigación en coordinación con la Fiscalía, la Policía y la Sijín. Aunque no existen registros en vídeo del momento exacto del ataque, se están analizando cámaras cercanas al sitio de los hechos. “Estamos haciendo la trazabilidad que nos permita identificar a los responsables”, aseguró Serrano.Una figura querida en el barrio: "Sara era conocida y apreciada"A pesar de que se ha especulado sobre su condición de habitante de calle, Serrano desmintió esta versión: “Sara no era habitante de calle. Vivía con su señora madre. Sí pasaba mucho tiempo en la calle, pero tenía hogar y familia”. Además, enfatizó que era una figura reconocida y querida en su comunidad.“No tenía amenazas previas ni antecedentes de violencia. Era una persona respetada en el entorno del barrio”, indicó. La Alcaldía ya estableció contacto con la familia de Sara, quienes también desconocían cualquier motivo o amenaza que pudiera haber anticipado el brutal ataque.A pesar del contexto, Serrano se mostró prudente frente a los posibles móviles del asesinato: “No tengo dudas de la gravedad, pero debemos dejar que la Fiscalía determine si se trató de un crimen motivado por odio hacia su identidad de género”. No obstante, el hecho ha sido interpretado por diversas organizaciones como parte de un patrón preocupante.La Mesa de Casos Urgentes del Ministerio de la Igualdad ya fue activada, lo que podría reforzar la investigación desde un enfoque de derechos humanos. Hasta la fecha, 24 personas trans han sido asesinadas en Colombia en 2025, de las cuales 13 casos ocurrieron en Antioquia, una cifra que pone al departamento en el centro de la atención nacional por su alta vulnerabilidad en este tipo de crímenes.¿Dónde denunciar a los asesinos?Para quienes deseen brindar información que permita esclarecer el asesinato de Sara Millerey González, el secretario de Seguridad de Bello puso a disposición la línea institucional de la Policía Nacional, 304-628-9371, así como el número 123 para recibir cualquier dato relevante que conduzca a la identificación y captura de los responsables.