En entrevista con Mañanas Blu 10:30, Alejandro Carranza, abogado del presidente Gustavo Petro, defendió la decisión del mandatario de denunciar a alias Iván Mordisco, jefe de las disidencias de las Farc autodenominadas Estado Mayor Central (EMC), ante la Corte Penal Internacional (CPI). La discusión surgió luego de que se conociera un audio atribuido a Iván Mordisco en el que convoca a otros grupos armados ilegales a una “cumbre insurgente” y a una unión para enfrentar lo que califican como injerencias extranjeras. Para Carranza, ese mensaje confirma la necesidad de acudir a instancias internacionales.“Esta batalla que se da para garantizar la soberanía y la libertad del país es tanto militar como jurídica”, afirmó el abogado, quien insistió en que la denuncia ante la CPI busca integrar un instrumento internacional a la persecución contra un “delincuente, terrorista y criminal” como Mordisco. ¿Denuncia es sinónimo de incapacidad del Estado?En su concepto, el país enfrenta una “guerra híbrida” que combina acciones armadas, judiciales, políticas y comunicacionales, lo que obliga al Estado a responder con todas las herramientas disponibles.Carranza rechazó que la denuncia implique una admisión de incapacidad de la justicia colombiana. Por el contrario, sostuvo que Iván Mordisco tiene múltiples procesos y condenas en el país y que tuvo la oportunidad de acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y a nuevos intentos de negociación, pero los desaprovechó. “Colombia tiene todas las capacidades para hacerlo y lo seguirá haciendo”, dijo, al tiempo que explicó que la diferencia está en cómo se presenta el caso ante otros Estados de la región.Según el abogado, llevar el caso ante la CPI cambia la narrativa internacional: “No es lo mismo que un país crea que en su frontera hay un supuesto guerrillero con discurso político, a que sepa que hay un criminal de guerra”. En ese sentido, señaló que la decisión del presidente Petro busca que los países de América tengan claridad sobre la naturaleza de estas estructuras y actúen en consecuencia.Carranza también aseguró que con esta denuncia se marca un punto de quiebre frente a futuras negociaciones. A su juicio, el presidente está cambiando la doctrina histórica que veía el narcotráfico como un resultado del conflicto armado, para señalarlo como el motor de la violencia. “Son grupos narcoterroristas que lesionan el Derecho Internacional Humanitario y luego salen a dar discursos”, afirmó. En esa línea, sostuvo que, de prosperar el proceso, Iván Mordisco quedaría catalogado como criminal de guerra y no podría volver a salir de listas de terrorismo ni aspirar a nuevas negociaciones de paz.Frente a las críticas que señalan que el Gobierno debería concentrarse exclusivamente en operaciones militares en zonas como el Amazonas o el Guaviare, Carranza respondió que no se trata de un “show”, sino de una estrategia integral. Argumentó que el Estado colombiano, a diferencia de los grupos armados, está obligado a respetar el Derecho Internacional Humanitario y a proteger a la población civil. “No vamos a acabar con el Amazonas ni con el Caquetá; vamos a proteger a nuestra población y a usar los instrumentos internacionales”, sostuvo.Escuche la entrevista en el audio adjunto:
La Fiscalía General de la Nación imputó nuevos hechos a Jackeline Bedoya Acevedo, María Paola Arango Garrillo y Michel Chaverra Jaramillo, señaladas de participar en la realización de cirugías estéticas en quirófanos improvisados que funcionaban en viviendas de Medellín, sin cumplir las mínimas condiciones de higiene y salubridad exigidas por la ley. De acuerdo con el ente acusador, al menos 55 personas habrían sido víctimas de estos procedimientos invasivos.Según la investigación, los hechos se habrían presentado entre abril de 2023 y mayo de 2024, periodo en el cual las procesadas junto con otras personas, practicaron múltiples procedimientos estéticos a mujeres que eran contactadas principalmente a través de redes sociales. La intervención ofrecida era conocida como lipólisis láser con transferencia glútea, la cual se realizaba en inmuebles ubicados en los barrios Laureles, San Javier, Guayabal y Olaya Herrera.La Fiscalía estableció que las cirugías se efectuaban en espacios acondicionados de manera precaria, sin controles sanitarios adecuados y sin la infraestructura necesaria para este tipo de procedimientos médicos. Las investigadas, al parecer, participaban directamente en las intervenciones, desempeñando labores como la administración de medicamentos, aplicación de anestesia local, atención postoperatoria y realización de masajes postquirúrgicos.La investigación también evidenció que, cuando las víctimas acudían a los lugares para reportar complicaciones derivadas de las cirugías, las presuntas responsables trasladaban la operación a otros barrios de la ciudad, con el fin de evadir controles y continuar con la actividad ilícita. Como consecuencia de estos procedimientos, más de 40 mujeres habrían sufrido lesiones de consideración, entre ellas deformidades, limitaciones funcionales, dolores crónicos y otras complicaciones físicas de carácter permanente.Durante la audiencia de adición de imputación, las procesadas aceptaron de manera libre y voluntaria su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada en modalidad de delito y lesiones personales dolosas. Por estos mismos hechos, la Fiscalía también judicializó a Yarleny Mosquera Aguirre y Elizabeth Rojas Tobón, señaladas como las presuntas articuladoras de la actividad delincuencial, dentro de un proceso que busca establecer la responsabilidad penal de todos los involucrados en esta red de cirugías estéticas ilegales.
Una grave denuncia está haciendo el minJusticia encargado, Andrés Idárraga, al revelar que un informe forense evidenció que su teléfono celular fue infiltrado 8.742 veces entre agosto y noviembre del año pasado.Incluso Idárraga aseguró que el informe arrojó que se activaron de manera ilegal la cámara y el micrófono, y se descargaron aproximadamente 2,3 gigabytes de información privada, incluyendo datos sensibles relacionados con denuncias anticorrupción que venía promoviendo.El jefe de la cartera de Justicia encargado aseguró que los hechos no se limitaron al espionaje digital porque, según un informe de contrainteligencia, se habría impartido una orden desde el Ministerio de Defensa para utilizar gastos reservados con el fin de perseguirlo a él y a su familia, presuntamente para identificar las fuentes que permitieron destapar escándalos de corrupción al interior del sector defensa.“Estaban armando una campaña de desprestigio en mi contra por la información que venía recibiendo sobre diversos casos de corrupción (de todo nivel y tipo) al interior de las fuerzas militares”, dijo Idárraga.Andrés Idárraga confirmó que ya radicó una denuncia penal contra persona indeterminada ante la Fiscalía y que también llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.Asimismo, el minJusticia (e) le pidió a la Contraloría verificar el uso de los gastos reservados del sector defensa, con el fin de establecer si estos recursos estarían siendo utilizados para fines distintos.
Los rumores del traslado al centro carcelario de la capital del Atlántico son ya una realidad. A través de una comunicación oficial, el jefe de la cartera de Justicia explicó que el traslado intramural de los máximos cabecillas de ambas estructuras lo firmará, con el propósito de contribuir a la sostenibilidad de la tregua y prevenir una reactivación de la violencia.Especificó el funcionario que la solicitud de traslado que le hizo este viernes el Comisionado de Paz, Otty Patiño, recibirá su visto bueno, sobre todo para proteger a la ciudadanía, aunque advirtió que alias 'Cástor', 'Digno Palomino' y varios miembros más de estas bandas, no van para un hotel y tendrán vigilancia estricta del INPEC.“La solicitud de traslado la recibí ayer (viernes) por parte del Comisionado de Paz, Otty Patiño. Vamos a firmar con el único fin de sostener la tregua de paz entre las bandas, y principalmente, proteger a la ciudadanía. Pero advierto, no van a un hotel, el traslado carcelario será estrictamente vigilado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) para sostener la tregua y proteger a la población", aseguró el ministro de Justicia, Andrés Idárraga.La medida precisa que los traslados se realizarán bajo condiciones de máxima seguridad, con custodia reforzada y vigilancia estricta a cargo del INPEC.Esta actuación, destaca el Ministerio de Justicia en un comunicado, se desarrolla en el marco de la Resolución Ejecutiva N.º 442 del 5 de diciembre de 2025, que autoriza acercamientos exploratorios con estas estructuras criminales. En ese contexto, el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, Jorge Lemus, precisó que dichos acercamientos buscan verificar su voluntad real de paz y avanzar en la formalización de diálogos conforme a los objetivos definidos por el presidente de la República.Sobre los traslados en esta fase de diálogos exploratorios entre ‘Pepes’ y ‘Costeños’ y su traslado a Barranquilla, públicamente criticado por autoridades locales como el alcalde Alejandro Char, así como la tregua que firmaron el pasado 2 de octubre, el profesor y politólogo Luis Trejos argumenta que es inviable cualquier proceso de paz urbana sin un marco jurídico que lo respalde y a casi seis meses de que termine el gobierno de Gustavo Petro.“Hoy se hacen unos traslados desde el nivel nacional, pero todavía no es claro los objetivos que persigue el Gobierno nacional al querer instalar esta mesa cuando no hay un marco jurídico que regule la misma, por eso emerge la especulación de que pareciera que el Gobierno está pensando más en los resultados electorales que en la verdadera pacificación del territorio”, comentó Trejos.El politólogo y analista añadió que otra de las fallas en esta fase exploratoria de diálogos radica en no tener en cuenta a las autoridades en el territorio, que son las que los combaten y los sufren.Hay que recordar que en, medio de esta supuesta tregua, el accionar de Pepes y Costeños ha dejado muertos de los dos lados y varios de sus miembros han seguido incurriendo en delitos como el sicariato, la extorsión o el microtráfico, según reportes de la Policía Metropolitana.Jorge Eliécer Díaz Collazos se encuentra actualmente en la cárcel de Cómbita, en Boyacá, y 'Digno Palomino' en La Picota, de Bogotá.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, recibirá a la líder opositora venezolana María Corina Machado el próximo jueves en la Casa Blanca, según confirmó a EFE un funcionario de la Administración estadounidense.El encuentro tiene lugar después de que Trump adelantara la semana pasada que planeaba abordar el rol de la Premio Nobel de la Paz en el futuro de Venezuela tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y en medio de las actuales negociaciones de Washington con el Gobierno interino en Caracas.La visita de Machado también se produce después de que el republicano descartara a la opositora para liderar por el momento al país suramericano y en su lugar eligiera reconocer la presidencia interina de la chavista Delcy Rodríguez, con quien pactó la gestión de la venta de millones de barriles de crudo."Voy a tener que hablar con ella. Podría estar involucrada en algún aspecto. Tendré que hablar con ella. Creo que es muy amable por su parte querer venir", dijo Trump este viernes al ser interpelado por la prensa sobre si cambiaría su postura en cuanto a Machado si esta si le entregara su Premio Nobel.Según reportes de The Washington Post, el presidente estadounidense habría decidido no incluir a la líder opositora en sus planes para Venezuela después de que esta aceptara el prestigioso galardón, codiciado abiertamente por él.Machado, que ya había dedicado el Nobel a Trump cuando lo recibió, afirmó el pasado lunes en una entrevista en la cadena estadounidense Fox News que "ciertamente quiere dárselo y compartirlo con él (Trump)", a lo que el Instituto Nobel noruego explicó que un Premio Nobel no se puede transferir a terceros.Trump insistió el pasado viernes en que se siente "muy honrado" de la visita de la opositora venezolana en declaraciones que contrastan ligeramente con lo que él mismo dijo cuando cuestionó la capacidad de Machado para liderar a Venezuela porque "no tiene apoyo o respeto" en el país.Preguntada este lunes en Fox News por la decisión de no involucrar a Machado en el Gobierno de una Venezuela pos- Maduro, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, insistió en que "el presidente Trump y su equipo de Seguridad Nacional hicieron una evaluación realista de la situación en Venezuela, y esa decisión resultó ser acertada"."Hasta ahora hemos contado con la total cooperación de las autoridades venezolanas. El presidente ha logrado cerrar un acuerdo energético de 500.000 millones de dólares. 31 millones de barriles de petróleo ya están en camino a EE.UU. para ser vendidos y ese dinero se depositará en una cuenta controlada por el gobierno estadounidense", advirtió.Leavitt también insistió en que el Gobierno de Rodríguez accedió a liberar a los presos políticos, "algo que Estados Unidos ha deseado ver desde hace tiempo", y realzó el trabajo con Caracas, el cual Trump "espera que continúe".Machado pidió hoy al papa León XIV en el Vaticano que interceda por los presos políticos y por el "avance sin demora" de la transición a la democracia en Venezuela.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, inició este lunes una visita de tres días a Estados Unidos para reforzar la cooperación en la lucha contra el narcotráfico, como preámbulo al encuentro que tendrán la primera semana de febrero los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca.El viaje del jefe de la cartera de Defensa se produce pocos días después de que Petro y Trump sostuvieran una conversación telefónica que rebajó las tensiones diplomáticas entre ambos países, tras semanas de cruces verbales y desacuerdos por la política antidrogas y la situación en Venezuela.Según informó el Ministerio de Defensa, Sánchez sostendrá reuniones con funcionarios del Departamento de Defensa, representantes de la Casa Blanca y miembros del Congreso estadounidense vinculados a temas de seguridad, armas e inteligencia."Tenemos tres prioridades: adelantar una agenda de alto nivel en Estados Unidos, fortalecer aún más la cooperación internacional en inteligencia, drones y antidrones, y trazar una hoja de ruta para afectar de manera crítica al crimen organizado transnacional, que no reconoce fronteras", afirmó Sánchez Suárez en un comunicado.El Gobierno explicó que durante los encuentros se expondrán los avances y resultados del país en la lucha contra la producción de drogas y el combate a bandas criminales transnacionales, en un momento en el que Washington ha insistido en la necesidad de frenar el flujo de cocaína hacia Estados Unidos."Esta agenda en Estados Unidos busca que las autoridades de ese país entiendan claramente lo que estamos haciendo en Colombia en la lucha contra las drogas", agregó el ministro de Defensa.El pasado miércoles, los presidentes Petro y Trump mantuvieron una llamada telefónica que el mandatario estadounidense calificó como "realmente buena", tras la cual anunció que espera reunirse con su homólogo colombiano en la Casa Blanca durante la primera semana de febrero.
El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo este lunes que el avance en la reapertura de las Embajadas del país caribeño y Estados Unidos responde principalmente a la protección del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes se encuentran detenidos en territorio estadounidense acusados de delitos de narcoterrorismo tras ser capturados en una operación militar en Caracas."Se está avanzando en el reinicio y la apertura de las embajadas de Venezuela en Estados Unidos y Estados Unidos en Venezuela, eso nos va a permitir tener representación consular para que puedan estar velando por la seguridad y tranquilidad de nuestro presidente Nicolás Maduro y de Cilia en Estados Unidos", señaló en una rueda de prensa del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), transmitida por el canal estatal VTV.Cabello indicó que en este momento no hay funcionarios diplomáticos de Venezuela en Estados Unidos que puedan asistir al mandatario y a su esposa, salvo los abogados que, dijo, no son venezolanos.La idea principal, prosiguió el ministro, es poder velar por la "salud y el estado" de Maduro y de Flores, así como seguir avanzando en las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos.El viernes, el Gobierno venezolano anunció el inicio de un "proceso exploratorio de carácter diplomático" con Estados Unidos, orientado al "restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países" y para abordar las consecuencias del "secuestro" de Maduro y Flores, capturados el pasado 3 de enero en una operación militar estadounidense en suelo venezolano.En un comunicado, la Administración chavista ahora dirigida por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, confirmó, tal como había anunciado previamente EE.UU., que al país suramericano llegó una delegación de funcionarios diplomáticos del Departamento de Estado, quienes harían "evaluaciones técnicas y logísticas inherentes a la función diplomática".De igual manera, prosiguió, una delegación de diplomáticos venezolanos viajará a Estados Unidos para cumplir las "labores correspondientes", sin precisar más detalles ni la fecha de partida.El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el pasado 4 de enero, un día después de la misión en la que fue detenido Maduro y trasladado a Nueva York para juzgarlo por narcoterrorismo, que Washington ya está pensando en reinaugurar la legación estadounidense en el país suramericano.La embajada, situada en Baruta, en el distrito metropolitano de Caracas, cerró en 2019 después de que el propio Maduro declarara rotas las relaciones bilaterales con Estados Unidos.Desde entonces, Washington ha gestionado lo relacionado con el país petrolero desde su Oficina Externa de EE. UU. para Venezuela, que está situada en su embajada en Bogotá.
Yeison Jiménez fue uno de los máximos exponentes de la música popular colombiana y una de las figuras más influyentes del género en la última década. A sus 34 años, el cantante había logrado consolidar una carrera marcada por la perseverancia, el éxito comercial y una conexión con el público. El artista falleció el pasado sábado 12 de enero de 2025 en un accidente aéreo ocurrido en Paipa, Boyacá. El artista viajaba en una aeronave privada que se accidentó y terminó calcinada tras un intento fallido de despegue en el aeropuerto del municipio.En el hecho también murieron otras cinco personas, entre ellas su mánager, Jefferson Osorio, y el fotógrafo Weisman Mora. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las causas del accidente.Nacido en el seno de una familia humilde, Yeison Jiménez inició su vida laboral desde temprana edad en Corabastos, en Bogotá, experiencia que él mismo destacó en diversas entrevistas como un punto de partida en su historia de superación. Con esfuerzo, logró abrirse camino en la industria musical hasta convertirse en uno de los artistas más escuchados de la música popular, con éxitos como ‘Aventurero’, ‘Destino final’ y ‘Porque la envidia’. Al momento de su fallecimiento, atravesaba el punto más alto de su carrera, con giras nacionales e internacionales y millones de reproducciones en plataformas digitales.En medio de la conmoción, se ha viralizado un video de Yeison hablando sobre cuál era su mayor miedo. En el video se ve al artista respondiendo una pregunta de sus redes sociales sobre sus miedos. Jiménez asegura que: "No ver crecer a mis hijas. Ese es mi mayor miedo".La muerte del cantante ha generado una fuerte conmoción en todo el país. En Bogotá, cientos de seguidores se reunieron en las inmediaciones del estadio El Campín para rendirle un homenaje simbólico con velas, flores blancas y cánticos.Por su parte, la familia del intérprete hizo un llamado a la prudencia y responsabilidad frente a la información que circula en redes sociales sobre las exequias. Lina Jiménez, hermana del cantante, aclaró que aún no se han definido el lugar ni la fecha del funeral, ya que el proceso depende de los protocolos y tiempos de Medicina Legal en Bogotá. Los familiares reiteraron que cualquier anuncio oficial será comunicado exclusivamente a través de sus canales oficiales.
Un brutal homicidio sacudió a la comunidad del área metropolitana de Bucaramanga la noche del domingo 11 de enero, cuando un joven de 19 años, identificado como Keiner Alexander Herrera Páez, fue asesinado a tiros en la vía que conecta Girón con Zapatoca y su cuerpo arrojado a un barranco en una zona de difícil acceso.Según las primeras versiones, Herrera Páez se desplazaba como parrillero en una motocicleta, acompañado de dos amigos, cuando fue seguido por dos hombres armados que también se movilizaban en motocicleta. Hacia las 7:00 de la noche, la víctima se detuvo para atender una necesidad fisiológica en un punto cercano al sector Bahondo. En ese instante, uno de los sicarios aprovechó la oportunidad para dispararle en la cabeza, tras lo cual el cuerpo del joven fue arrojado al barranco.Los acompañantes del joven, identificados como ‘Sayer’ y ‘Juan Felipe’, relataron que la víctima intentó correr para salvar su vida, pero no logró evadir el ataque. Tras cometer el crimen, los agresores huyeron de la escena con rumbo desconocido.El Cuerpo de Bomberos de Floridablanca fue activado para el rescate del cadáver, operación que requirió varios minutos debido a la densidad de la vegetación y la pendiente del barranco. Una vez recuperado, el cuerpo fue entregado a las autoridades judiciales para los procedimientos correspondientes.Según versiones preliminares y extraoficiales, este homicidio podría estar relacionado con un presunto ajuste de cuentas, aunque Herrera Páez no registraba antecedentes judiciales. Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer los móviles del crimen y dar con los responsables.El caso ha generado consternación y alarma entre los habitantes del municipio, quienes exigen mayor presencia de las autoridades en los corredores viales y zonas rurales de la región. Este hecho se suma a la serie de crímenes violentos que mantienen en alerta a las comunidades de Girón y sus alrededores.
El Ministerio de Justicia y del Derecho avaló el traslado intramural de los máximos cabecillas de las bandas criminales ‘Los Pepes’ y “Los Costeños” hacia centros de reclusión en Barranquilla. Esta medida se realizará bajo condiciones de máxima seguridad y busca preservar la tregua de paz a la que previamente habían llegado estas estructuras.La decisión se da en el marco de la política de paz urbana, contemplada dentro del proyecto de Paz Total del Gobierno nacional, y responde a una solicitud presentada el pasado 9 de enero por el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, al ministro de Justicia, Andrés Idárraga. “Pero advierto, no van a un hotel, el traslado carcelario será estrictamente vigilado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)”, precisó Idárraga, al aclarar que la medida no implica beneficios carcelarios.La solicitud involucra a Digno Palomino, cabecilla de ‘Los Pepes’, y a José Alfredo Castro, alias ‘Castor’, máximo líder de ‘Los Costeños’. Ambos hacen parte de la tregua firmada por los dos dirigentes en Bogotá, el 2 de octubre de 2025, con vigencia hasta el 20 de enero de 2026.El pacto establecía que ambas organizaciones delincuenciales se abstendrían de realizar robos, extorsiones y asesinatos en Barranquilla y su zona metropolitana. Asimismo, contemplaba el abandono de actividades económicas ilícitas, el desarme gradual de sus integrantes, la desvinculación de menores de edad de sus filas y la puesta en marcha de programas de resocialización dentro de los centros penitenciarios.El Gobierno nacional reiteró que el traslado se enmarca en la Resolución Ejecutiva N.º 442 de diciembre de 2025, que autoriza acercamientos exploratorios con este tipo de estructuras criminales. El Ministerio de Justicia recalcó que la paz no significa impunidad, sino “control, legalidad y vigilancia permanente” en defensa de la seguridad ciudadana.
El asesinato de Natalia Santo Domingo Rodríguez, una mujer trans, mantiene la conmoción por la violencia con la que fue cometido el crimen. Los hechos ocurrieron el pasado 9 de enero de 2025 en un apartamento donde residía la víctima, y hoy avanzan en un proceso judicial que busca esclarecer las responsabilidades y el móvil del homicidio.Natalia había crecido en el municipio de Pacho, Cundinamarca y, con el paso de los años, se trasladó a Chía y Cajicá en busca de un entorno que le permitiera vivir su proceso de transición con mayor tranquilidad. En entrevista con Conducta Delictiva Podcast su hermana menor la describió como una mujer cercana, solidaria y comprometida con el bienestar de los suyos, a quienes apoyaba económicamente de forma constante.Diana Quintero recordó que desde la niñez la identidad de Natalia era evidente dentro del hogar. “Algo en mí siempre me decía que Natalia era diferente. Un día nos llamó y nos dijo que él ya no quería ser él, que quería ser ella”, relató.El día anterior a su muerte, Natalia compartió con su familia. Según el relato de su hermana, las últimas comunicaciones se registraron entre las 6:22 y las 6:30 de la mañana, cuando llamó a su madre y a una tía. Luego, sus teléfonos quedaron apagados.Ante la falta de respuesta durante varias horas, su pareja y su hermana decidieron ingresar al apartamento en la tarde de ese mismo día. Fue Diana quien entró primero a la vivienda. “Yo fui la que entré a ese lugar y encontré a Natalia en esas condiciones. Vi muchísima sangre por todo lado y una escena de terror en esa habitación”, contó.Las autoridades establecieron que la víctima intentó defenderse durante el ataque. Inicialmente, la pareja sentimental de Natalia fue objeto de verificación, pero quedó descartada tras el análisis de cámaras de seguridad y otros elementos probatorios. La Fiscalía determinó que el presunto responsable sería un hombre de 30 años, identificado como un vínculo sentimental paralelo de la víctima. De acuerdo con la investigación, el sospechoso habría ingresado al apartamento alrededor de las 6:00 de la mañana, aprovechando la confianza que Natalia tenía en él. El informe de Medicina Legal confirmó que la víctima recibió múltiples heridas con arma blanca, lo que evidenció un alto grado de violencia. Tras el homicidio, el atacante habría robado dinero en efectivo, los teléfonos celulares de la víctima y otros objetos, en un intento por eliminar rastros del crimen.Luego de diez meses de seguimiento, que incluyó el rastreo de llamadas, movimientos y uso de los dispositivos móviles de Natalia, las autoridades capturaron al sospechoso en octubre de 2025, en el municipio de Chía.Aunque el hombre no aceptó los cargos por homicidio agravado, la Fiscalía asegura contar con pruebas técnicas que lo ubican en la escena y lo vinculan directamente con los hechos. Actualmente permanece recluido en un centro carcelario, al considerar que representa un peligro para la sociedad.Para la familia, la captura no cierra el caso. Diana Quintero insiste en que aún falta conocer el trasfondo del crimen. “Lo único que nosotros queremos como familia es saber la verdad de lo que pasó con Natalia. ¿Qué fue eso tan malo que Natalia les hizo para que le quitaran la vida de esa manera tan atroz?”, expresó.
La Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá profirió sentencia de primera instancia contra cinco desmovilizados del extinto Bloque Oriental de las FARC-EP, a quienes les concedió el beneficio de la pena alternativa 96 meses, es decir, ocho años de prisión, en el marco de la Ley 975 de 2005. La decisión sustituye la pena ordinaria impuesta, como parte del modelo de justicia transicional que contempla sanciones reducidas para excombatientes que contribuyan a la verdad, la reparación de las víctimas y la no repetición.El fallo cobija a Ángel Melquisedec Alfaro Bonilla, Daniel Zárate Velandia, Jhon Jairo Ramírez, Críspulo Efraín Quiñones Barreiro y César Díaz, quienes fueron postulados por la Fiscalía 73 Delegada ante Justicia y Paz como responsables de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, cometidos en el conflicto armado interno en los departamentos de Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés, Vichada y parte del Amazonas.Según lo establecido por la Sala, desde noviembre de 2025 se estudiaron 44 hechos criminales, que dejaron 44 víctimas directas y 121 víctimas indirectas, para un total de 165 víctimas. Estos hechos corresponden a 85 conductas delictivas atribuidas a los exintegrantes del Bloque Oriental.La sentencia ordenó “reconocer la pena alternativa de noventa y seis (96) meses a cada uno de los postulados, es decir, ocho años”, sustituyendo la pena ordinaria, beneficio que queda condicionado al cumplimiento estricto de los compromisos adquiridos dentro del proceso. Entre ellos se encuentran las obligaciones de contribución efectiva a la verdad, la reparación integral de las víctimas, la no repetición de los hechos y la participación en programas de reincorporación y desmovilización.En materia de reparación, la Sala reconoció a las víctimas directas e indirectas acreditadas en el proceso y ordenó el pago de los daños y perjuicios morales y materiales determinados en el incidente de reparación integral. El monto total de la indemnización asciende a $17.554.266.421.Finalmente, la decisión judicial incluye órdenes orientadas a garantizar los derechos de las víctimas y a promover acciones en las regiones más afectadas por la actuación del Bloque Oriental, con el objetivo de evitar este tipo de conductas y fortalecer las garantías de no repetición en los territorios impactados por el conflicto armado.
La muerte de Cristian Eiler Matías Hernández, alias ‘Polo’, marcó un nuevo golpe contra el círculo más cercano de alias ‘Iván Mordisco’, máximo cabecilla de las disidencias de las Farc. El hombre, considerado uno de sus alfiles más peligrosos, fue abatido en desarrollo de operaciones militares y policiales adelantadas en el departamento del Amazonas, tras varios días de persecución e inteligencia.Los hechos ocurrieron entre el 1 y el 2 de enero en zona rural del corregimiento de Mirití, en una región selvática utilizada históricamente como refugio, corredor de movilidad y retaguardia armada de estas estructuras ilegales. Hasta allí llegaron unidades de la Fuerza Pública luego de un planeamiento que combinó despliegues por tierra, aire y ríos, en una operación que se extendió cerca de siete días.Alias ‘Polo’ intentaba evadir la ofensiva que desde finales de 2025 se intensificó en el suroriente del país contra los carteles del narcotráfico y los grupos armados residuales que los protegen. En medio del combate se produjo la neutralización de varios integrantes de esta estructura, cuatro murieron durante la operación, cuatro más fueron capturados y tres se sometieron a las autoridades.Uno de los puntos que generó especial atención tras el operativo fue la situación de tres de los individuos neutralizados, quienes inicialmente afirmaron ser menores de edad. Sin embargo, luego de las diligencias de verificación e identificación realizadas por las autoridades competentes, se estableció que todos eran mayores de 18 años, por lo que deberán enfrentar los procesos judiciales correspondientes.De acuerdo con información conocida por las autoridades, alias ‘Polo’ había sido designado directamente por alias Iván Mordisco y alias Alonso 45 como jefe principal de la estructura criminal que opera en el Amazonas. Desde ese rol habría participado en la planeación y ejecución de delitos como narcotráfico, homicidios, extorsión, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores, minería ilegal y acciones armadas contra la población civil y la Fuerza Pública.Su ascenso dentro de la organización se produjo tras la muerte de alias ‘Jenny Lara’, abatida en octubre de 2025 en el sector de Tres Islas, en Mirití Paraná. Desde entonces, alias ‘Polo’ asumió el control territorial y la coordinación de las rutas fluviales, así como la seguridad de las zonas por donde se movía el máximo cabecilla de las disidencias en esta región estratégica.Las investigaciones también lo vinculan con atentados recientes contra unidades militares y de la Armada. Entre ellos, el ataque con explosivos a la base militar de Araracuara, en agosto de 2025, y el hostigamiento a un puesto fluvial en la base La Tagua, en Puerto Leguízamo, Putumayo, en septiembre del mismo año, donde se habrían utilizado embarcaciones acondicionadas con explosivos.Durante la operación fueron incautados 11 fusiles, una ametralladora, dos pistolas, abundante munición de distintos calibres, equipos de comunicación, material de intendencia y dos embarcaciones empleadas para la movilidad fluvial de la estructura criminal. Estos elementos evidencian la capacidad armada y logística que alias Polo mantenía en esta zona fronteriza.
Fue capturado Jorge Aníbal Visbal Martelo, exministro y expresidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), en un operativo adelantado por la Policía Nacional en el municipio de Ponedera, Atlántico. La detención se produjo tras un procedimiento de control y verificación de antecedentes, en el que se evidenció una orden de captura vigente en su contra.De acuerdo con las autoridades, la orden fue emitida por el Juzgado Penal del Circuito Especializado 5 de Cundinamarca, luego de que la Corte Suprema de Justicia confirmara una condena de nueve años de prisión por el delito de concierto para delinquir agravado, decisión que ya se encontraba en firme y sin posibilidad de recursos.Según lo establecido en la investigación judicial, Visbal Martelo habría mantenido vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) durante el periodo comprendido entre 1998 y 2005, cuando ejercía la presidencia de Fedegán y, de manera paralela, integraba la Comisión de Paz. En ese lapso, de acuerdo con el fallo de la Corte, asistió a reuniones de este grupo armado ilegal en varias fincas ubicadas en el departamento de Córdoba, identificadas como La Séptima, La 21 y La 53.El alto tribunal determinó que en dichos encuentros el entonces dirigente gremial habría manifestado afinidad con la organización armada y con su máximo jefe, Carlos Castaño Gil, además de sugerir la expansión del grupo a zonas con actividad ganadera. Asimismo, la sentencia señala que Visbal Martelo habría realizado aportes económicos a las AUC, mediante el pago de cuotas periódicas, a cambio de seguridad.La investigación también concluyó que el exdirigente hizo parte del denominado grupo de los 12, una estructura de carácter político que asesoraba a Carlos Castaño Gil, lo que sustentó la responsabilidad penal por concierto para delinquir.Tras su captura, Jorge Aníbal Visbal Martelo fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente para adelantar los trámites legales correspondientes y proceder al cumplimiento de la condena impuesta por la justicia colombiana.
La Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación contra José Eduardo Chalá Franco, el conductor de un taxi señalado de provocar una grave tragedia vial al arrollar a 11 personas mientras conducía a exceso de velocidad y en estado de embriaguez. Entre las víctimas se encontraba una adolescente de 15 años, quien falleció días después debido a la gravedad de las heridas sufridas en el hecho.De acuerdo con el ente acusador, Chalá Franco perdió el control del vehículo como consecuencia directa de su estado físico y mental, lo que derivó en el atropellamiento múltiple. En el curso de la investigación, la Fiscalía estableció que las pruebas practicadas al conductor arrojaron un resultado de grado tres de alcoholemia, el nivel más alto contemplado por la ley colombiana.Con base en estos elementos probatorios, el procesado será acusado formalmente por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y lesiones personales, todas las conductas agravadas. La Fiscalía sostuvo que no se trató de un accidente fortuito, sino de una conducta consciente y altamente peligrosa que desembocó en consecuencias fatales.Durante la exposición del caso, el fiscal fue enfático al señalar que el comportamiento del conductor fue determinante en la tragedia. “A través de ese examen de análisis de toxicología y alcoholemia se pudo determinar y concretar que esta situación sobrepasó cualquier posibilidad de simplemente ser una falta de reflejos o de circunscribirse a un simple accidente de tránsito, pues decidió conducir sabiendo que su estado físico y mental no eran aptos”, afirmó el funcionario judicial.La investigación también evidenció contradicciones en la versión inicial del procesado. Chalá Franco aseguró en un primer momento que solo había consumido cuatro cervezas; sin embargo, los resultados del examen de alcoholemia confirmaron que presentaba un nivel de embriaguez tipo tres. Frente a este hallazgo, el fiscal cuestionó duramente la conducta del acusado y la calificó como una “decisión absurda” al ponerse al volante en ese estado. “Como soy yo, a mí no me pasa nada; ese es el imaginario que lleva a estos resultados tan drásticos”, manifestó.Mientras avanza el proceso penal, José Eduardo Chalá Franco continuará privado de la libertad en un establecimiento carcelario.
La decisión de dejar en libertad a 15 personas capturadas por su presunta vinculación a la red de extorsión carcelaria conocida como “Los Bautistas” se fundamentó, según la juez del caso, en la ausencia de pruebas que demostraran su conocimiento o participación directa en las actividades ilegales. Así lo determinó la juez 17 penal con función de control de garantías, al resolver la situación jurídica de varios de los implicados en el proceso adelantado por la Fiscalía General de la Nación.Las capturas se produjeron en diciembre de 2025, durante allanamientos simultáneos y coordinados por la Fiscalía y la Policía en Bogotá, en los que fueron detenidas 39 personas. De acuerdo con las autoridades, se trata de una estructura criminal que operaba desde la cárcel La Picota, dedicada a extorsiones que habrían generado rentas ilegales cercanas a los 17.000 millones de pesos.No obstante, al analizar de manera individual la situación de cada capturado, la juez concluyó que en 15 casos no se acreditó la inferencia razonable de autoría o participación. En su decisión, enfatizó que “la inferencia razonable de autoridad o participación debe ser valorada para cada ciudadano de manera independiente, no de manera generalizada y conjunta como decidió hacerlo la Fiscalía General de la Nación, pues dejó de un lado que en el derecho penal la responsabilidad es individual”.Durante la audiencia, la juez encontró que, en la mayoría de estos casos, las personas habían recibido transacciones esporádicas o únicas, provenientes de familiares o terceros, algunos privados de la libertad, sin que se demostrara que conocían el origen ilícito del dinero. Uno de los casos destacados fue el de una mujer que recibió una consignación de $100.000 de su hijo, recluido en La Picota. “No se tiene evidencia de que la ciudadana supiera cuál es el origen del dinero que recibió en esa consignación”, señaló la juez, al tiempo que aclaró que no existían pruebas de que hubiera participado en llamadas extorsivas, contactado a víctimas o concertado acuerdos criminales.Otro de los casos analizados correspondió a una mujer de 71 años, con una condición médica que la obligó a conectarse a la audiencia desde un hospital. Sobre ella, la juez sostuvo que tampoco se probó conocimiento del origen ilegal de los recursos transferidos por su hijo. En la diligencia se tuvo en cuenta una carta manuscrita enviada por el recluso, en la que este afirmaba: “El 10 de abril yo le pedí el favor de que me recibiera el monto de un millón y que le enviara cierta cantidad de ese dinero a mi mamá, manifestando que era para el mercado, sin saber ella que ese dinero era ilícito y que estaban siendo víctimas de un engaño”.El abogado Juan Manuel Castellanos, defensor de una de las personas dejadas en libertad, explicó que la decisión judicial obedeció a la falta de individualización por parte del ente acusador para su clienta “esa persona, que es una adulta mayor, que supera los 55 años, que tiene 15 años como modista,, pues no tenía conocimiento alguno de esas extorsiones. Y como no tenía el conocimiento de las extorsiones porque nunca llamó a una presunta víctima, porque nunca recibió de manera directa el dinero, pues tendría que decir que fue instrumentalizada. Pero además de esa situación, es una persona que se gana un mínimo, que trabaja diariamente, que no tiene antecedentes y que no tiene ningún nexo de causalidad entre el delito y la extorsión”, afirmó.El abogado Castellanos habló sobre el cuestionamiento que se hizo en la diligencia sobre la argumentación de la Fiscalía “evidentemente algunos hechos sí existieron, pero porque los hechos existan no significa que todas las personas tengan que estar vinculadas y llevadas a un proceso penal”.Pese a la libertad otorgada a estas 15 personas. La juez determinó que en el caso de los demás capturados sí se acreditó la participación en la red de extorsión, por lo que impuso medidas de aseguramiento, tanto de detención domiciliaria como intramural.
Las autoridades avanzan en la identificación y captura de los responsables del linchamiento que terminó con la muerte de un hombre, identificado como Mauricio Cendales, en la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá. Por este caso, ocurrido el 11 de noviembre de 2025, la Policía y la Fiscalía difundieron un cartel con tres hombres que figuran entre las más buscadas por su presunta participación en los hechos.De acuerdo con la investigación, la víctima se movilizaba en una camioneta cuando tuvo un altercado con varios motociclistas. Minutos después, fue interceptado y acorralado en el barrio Tabakú, donde un grupo de personas lo atacó de forma violenta. El conductor fue sacado del vehículo y agredido brutalmente, mientras el automotor era destruido en medio de actos vandálicos.Las investigaciones señalan que los agresores utilizaron objetos contundentes como palos, cadenas y piedras. La golpiza fue tan severa que el hombre quedó gravemente herido en el lugar. Policías que atendieron la emergencia lo trasladaron de urgencia a un centro médico, pero pese a los esfuerzos del personal de salud, falleció debido a la gravedad de las lesiones.Tras semanas de recolección de testimonios, análisis de cámaras de seguridad y labores de policía judicial, los investigadores lograron identificar a varios de los presuntos implicados. Como resultado, fue elaborado un cartel con tres personas que ahora son buscadas para responder por los delitos de homicidio y participación en el ataque colectivo.Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que aporte información que permita dar con el paradero de los señalados y avanzar en su judicialización. Los datos pueden ser suministrados de manera confidencial a través de la línea segura 305 814 38 37 o al correo electrónico de la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá, con garantía de absoluta reserva.
La Contraloría General de la República celebró el ingreso efectivo de 20 millones de dólares al Tesoro Nacional, recursos provenientes de la aseguradora del contrato de mantenimiento de los helicópteros rusos Mi-17, tras declararse el incumplimiento parcial del contratista Vertol Systems. Para el organismo de control, esta transacción constituye un resultado concreto del ejercicio de control fiscal preventivo, orientado a la protección de bienes estratégicos del Estado.De acuerdo con la Contraloría, el seguimiento permanente adelantado por la entidad permitió alertar oportunamente al Ministerio de Defensa sobre el riesgo de pérdida de recursos públicos derivado del incumplimiento contractual. Como consecuencia de estas advertencias y de las decisiones administrativas adoptadas, la aseguradora garante del contrato asumió el pago de las obligaciones económicas y transfirió los recursos al Tesoro Nacional.El origen de este proceso se remonta a la Resolución No. 001863 del 7 de noviembre de 2025, mediante la cual se declaró el incumplimiento parcial de un contrato por 32 millones de dólares destinado al mantenimiento de los helicópteros Mi-17. Dicha decisión fue ratificada una semana después, confirmando las obligaciones económicas derivadas del fallo administrativo y habilitando la ejecución de las sanciones correspondientes contra el contratista.En desarrollo de esas resoluciones, se impuso una multa superior a los USD 6 millones. A este valor se sumó la devolución del pago anticipado, que había sido efectuado en el marco del mismo contrato y que ascendió a USD 13 millones, recursos que debían ser reintegrados al Estado tras la declaratoria de incumplimiento parcial.El pago de la multa y la restitución del anticipo fueron asumidos por la aseguradora, en su calidad de garante del contrato. La suma consolidada de ambas obligaciones alcanzó los USD 20 millones que ya ingresaron a las arcas de la Nación, evitando así un detrimento patrimonial mayor y asegurando la recuperación de recursos públicos comprometidos.No obstante, la Contraloría anunció que mantendrá un proceso de verificación exhaustivo para confirmar que el pago recibido corresponda efectivamente a la restitución del pago anticipado no utilizado, a los costos asociados a las demás actividades contractuales que estaban a cargo del contratista y a la indemnización de los perjuicios que se hubieran causado como consecuencia del incumplimiento.
En las últimas horas fueron capturadas las integrantes de la banda ‘Las Eróticas’, cuatro mujeres que creaban perfiles falsos con la imagen de modelos para ofrecer servicios de acompañamiento o contenido explícito y quienes, luego de ganar la confianza de las víctimas, las extorsionaban diciéndoles que hablaban con menores de edad: “La niña con la que usted estaba hablando es menor de edad, lo voy a denunciar por pedófilo”, le decían a las víctimas.Una de las víctimas le dijo a la Policía que había pagado a las delincuentes una suma de 35 millones de pesos ante el temor de ser judicializado. Caso similar le ocurrió a un comerciante que terminó entregando cerca de 40 millones de pesos, dinero transferido a través de billeteras digitales y recibido por las cuatro mujeres.Estas eran las amenazas que estas mujeres les hacía a sus víctimas una vez ejecutaban su macabro plan criminal, el cual consistía en crear perfiles con la imagen de atractivas modelos para ofrecer servicios de acompañamiento o contenido explícito para adultos en el departamento de Casanare.Una vez creaban dichas cuentas, las delincuentes permanecían al asecho de los desprevenidos que ingresaban a sus páginas, ganaban su confianza e iniciaban un intercambio de información íntima que era enviada a su cómplice, recluido en un centro penitenciario de Bogotá, el cual, a través de mensajes de texto les manifestaba que la joven con la que estaban chateando era menor de edad, que los denunciaría por pedofilia; además, amenazaba con difundir el contenido íntimo por redes sociales, contarle a sus familias y les hacían montajes acusándolos de violadores.Con las denuncias y el material probatorio recolectado durante la investigación, se llevó a cabo un operativo simultaneo en las localidades de Bosa, Suba y Ciudad Bolívar en Bogotá. donde fueron capturadas alias ‘La Mona’, ‘Chikis’ y ‘Nikita’ mientras que su cabecilla, alias ‘Doña’, fue capturada en zona rural del municipio de San Martín (Cesar), lugares a donde habían huido para evadir el accionar de las autoridades.Según investigaciones adelantadas, producto del accionar criminal recaudaban cerca de 90 millones de pesos mensuales. Las capturadas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación donde tendrán que responder por el delito de extorsión.
El procurador general de la nación, Gregorio Eljach, ha solicitado a la Corte Constitucional apartarse del debate sobre las demandas interpuestas contra la reforma pensional del Gobierno del presidente Gustavo Petro. La petición, presentada en un documento de dos páginas, busca que se declare su impedimento para intervenir en este proceso debido a su reciente trayectoria en el Congreso de la República.Eljach fundamenta su solicitud en su rol previo como secretario general del Congreso, donde tuvo participación en todas las sesiones en las que se debatió la reforma pensional. En un documento de 15 puntos, expone que su papel incluyó la gestión de firmas y actas, la lectura de proyectos y proposiciones, y la comunicación de los resultados de votaciones en la plenaria. Esto, según el Procurador, podría comprometer su imparcialidad en la discusión actual dentro de la Corte Constitucional.La solicitud de impedimento ya está en manos del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, vicepresidente de la Corte y ponente de la demanda presentada por la senadora de oposición Paloma Valencia contra la reforma pensional. La Corte deberá decidir si acepta el impedimento solicitado por Eljach. En caso de que se declare procedente, el viceprocurador Silvano Gómez asumiría la responsabilidad de emitir el concepto del Ministerio Público sobre la reforma.Este proceso se suma a los múltiples desafíos que ha enfrentado la reforma pensional en su tránsito por las instancias judiciales y legislativas. La Corte Constitucional continúa el análisis de las demandas en su contra, en medio de un debate que ha prolongado su resolución debido a distintos procedimientos jurídicos.
A 10 años de prisión fue condenado César Manrique, exdirector de la Función Pública en el actual Gobierno, por el juez primero penal del Circuito con Función de Conocimiento, debido a las irregularidades en la compra de 100 motocicletas eléctricas para la Policía Metropolitana de Bogotá durante la alcaldía de Gustavo Petro. Manrique fue hallado culpable del delito de interés indebido en la celebración de contratos, pero fue absuelto del delito de peculado por apropiación.El caso se remonta a abril de 2012, cuando el comandante de la XIII Brigada del Ejército, general Gabriel Pinilla Franco, solicitó la compra de 150 motocicletas eléctricas Zero DS para los Batallones de Policía Militar No. 13 y No. 15. Un mes después, el entonces subgerente técnico del Fondo de Vigilancia, Jesús Amado Abril, firmó los estudios previos, reduciendo la compra a 100 motos. La Contraloría de Bogotá detectó irregularidades en el contrato durante una revisión fiscal y remitió los hallazgos a la Fiscalía y la Personería. Incluso la oficina jurídica del Fondo de Vigilancia alertó sobre las anomalías, y la gerente de la entidad, Natalia de la Vega, informó al entonces alcalde Gustavo Petro en noviembre de 2012.El proceso judicial sufrió varios retrasos debido a que el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia cuando Manrique adquirió fuero constitucional al asumir un cargo en el Gobierno nacional. Sin embargo, tras su renuncia debido a su presunta vinculación con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el expediente regresó a un juzgado penal del circuito en Bogotá, permitiendo que el proceso avanzara.Las motocicletas adquiridas funcionaron por un tiempo, pero la falta de mantenimiento las dejó inoperativas, y finalmente fueron almacenadas en una bodega en Soacha. Con la condena de Manrique, se cierra un proceso judicial que tomó más de una década en resolverse.
Un juez de Bogotá declaró culpable a César Manrique, exdirector de la Función Pública del actual Gobierno, por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, en un caso de corrupción relacionado con la adquisición de motocicletas eléctricas para la Policía de Bogotá durante la Alcaldía de Gustavo Petro. Sin embargo, fue absuelto del delito de peculado por apropiación.Este lunes se confirmó la condena de10 años de prisión contra Manrique, quien en 2012 gerenciaba el Fondo de Vigilancia y Seguridad, entidad distrital encargada de la compra de las motos. El caso sufrió varias demoras en su última instancia, ya que llegó a la Corte Suprema de Justicia cuando Manrique adquirió fuero constitucional como funcionario del actual Gobierno nacional.Sin embargo, tras su salida del cargo debido a su presunta vinculación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el expediente regresó a un juzgado penal del circuito de Bogotá, permitiendo que el proceso avanzara.Caso de motocicletas eléctricas para la PolicíaLos hechos se remontan a abril de 2012, cuando el comandante de la XIII Brigada del Ejército, general Gabriel Pinilla Franco, solicitó la compra de 150 motocicletas eléctricas Zero DS para los Batallones de Policía Militar No. 13 y No. 15. Un mes después, el entonces subgerente técnico del Fondo de Vigilancia, Jesús Amado Abril, firmó los estudios previos, reduciendo la adquisición a 100 motos.La Contraloría de Bogotá detectó posibles irregularidades en el contrato durante una revisión fiscal y remitió los hallazgos a la Fiscalía y la Personería. La propia oficina jurídica del Fondo de Vigilancia advirtió anomalías y la gerente de la entidad, Natalia de la Vega, informó al entonces alcalde Gustavo Petro el 16 de noviembre de 2012.Las motos adquiridas funcionaron por un tiempo, pero la falta de mantenimiento las llevó a quedar inoperativas y terminar almacenadas en una bodega en Soacha. Ahora, con el fallo en contra de Manrique, se cierra un capítulo judicial que tomó más de una década en resolverse.Las autoridades optaron por el procedimiento de individualización de la pena antes de dictar la sentencia definitiva. En los próximos días, se conocerá la condena que deberá cumplir César Manrique. La pena mínima sería de 64 meses de prisión, lo que equivale a 5 años y 4 meses.
Tras la liberación de Carlos Lehder, excapo del Cartel de Medellín, la familia del exministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla solicitó a la Fiscalía retomar las investigaciones por su asesinato, ocurrido en 1984.En diálogo con Blu Radio, el excongresista Rodrigo Lara expresó su rechazo por el regreso de Lehder a la vida pública luego de cumplir 33 años de prisión por narcotráfico. Según Lara, muchos miembros del Cartel de Medellín, incluido el excapo, nunca han respondido por los crímenes cometidos durante los años de violencia en Colombia.El excongresista aseguró que ya están en el proceso de contratar un abogado para impulsar las investigaciones del magnicidio de su padre. Cabe recordar que el asesinato de Lara Bonilla fue ejecutado por sicarios bajo las órdenes del Cartel de Medellín en represalia por su lucha contra el narcotráfico cuando se desempeñaba como ministro de Justicia.Rodrigo Lara enfatizó que estos crímenes no pueden quedar impunes y recordó que el asesinato de su padre es considerado un delito de lesa humanidad, lo que significa que nunca prescribe y puede seguir siendo investigado por las autoridades.“Una organización que asesinó a muchos colombianos, entre ellos mi padre, quien fue ministro de Justicia y murió por enfrentar con firmeza a esas bandas del narcotráfico y sus aliados en la política. Todos esos delitos permanecen impunes y fueron cometidos por la organización sobre la cual él (Lehder) ejercía control y mando”, afirmó Lara.Con esta solicitud, la familia busca que la Fiscalía reactive el caso y determine si aún hay responsables sin juzgar, en un esfuerzo por alcanzar justicia casi 40 años después del magnicidio.
Blu Radio conoció que la Sala de Instrucción de Corte Suprema investigará a la senadora del Partido Comunes Sandra Ramírez, por las presuntas amenazas contra la vocera de una organización.Todo comenzó en diciembre del 2024, cuando la Procuraduría Segunda Delegada para la investigación y el juzgamiento penal envió la denuncia de Sara Enit Morales Padilla, vocera de la corporación “Rosa Blanca Colombia, “quien denunció a Ramírez por unas supuestas amenazas que habrían tenido lugar en noviembre del año pasado.En la denuncia, la vocera asegura que el 27 de noviembre de 2024 se encontraba en las instalaciones del Congreso de la República, desarrollando actividades normales de la vocería de esa corporación y se encontró con la senadora Sandra Ramírez, el auto de la corte asegura lo siguiente:“En ese contexto, al encontrarse ‘por casualidad’ con la senadora Sandra Ramírez, Lobo Silva la llamó por su seudónimo o alias 'Selena' y le dijo: “Que había escuchado lo de la denuncia a Geovany y que eso estaba bien bien, porque ahora más que nunca necesitaba el esquema de seguridad”".En ese sentido, la demandante asegura que lo que le dijo en esa ocasión fue “una advertencia intimidatoria”.“Derivada de su participación en el macrocaso No. 07, adelantado por la 48 Radicación n.°01256 Sandra Ramírez Jurisdicción Especial para la Paz, en el que, según afirma, “denunció a comandantes, incluso a miembros de la organización que hoy son congresistas", se lee en el fallo.La Sala de Instrucción de la Corte Suprema escuchó en ampliación de denuncia a Sara Morales el pasado 25 de marzo para que relatara con exactitud los hechos.Por esa razón, la corte inició una investigación previa y ordenó la práctica de varias pruebas, entre esas, desplazarse a las instalaciones del congreso y obtener la lista de ingresos registrados entre las 8:00 de la mañana y las 9: 30, de 27 de noviembre de 2024.El alto tribunal señala también que unas recaudadas todas las pruebas se fijaron una fecha para escuchar en diligencia de versión libre a la senadora Sandra Ramírez.Por último, otra de las pruebas que decretó la Corte, recolectar la decisión proferida en noviembre de 2024 por la Jurisdicción Especial para la Paz a través de la cual imputó a seis exintegrantes del Secretariado de las Farc-EP por crímenes de guerra de reclutamiento y utilización de niñas y niños y otros crímenes asociados.