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En la primera alerta temprana elevada por la Defensoría del Pueblo en 2021 se explica la situación de riesgo para nueve corregimientos de Piamonte, Cauca; diez en Puerto Guzmán, Putumayo; siete en los municipios de San José del Fragua, Cirilo y Solita, en el Caquetá, donde varios consejos comunitarios y resguardos indígenas muestran cierto grado de riesgo por la presencia de grupos armados.
Más de 37.000 mujeres y 35.000 hombres son los que refiere la Defensoría en el documento que se encuentran en riesgo en esos tres departamentos, entre otras, por los intereses que existen por parte de subversivos de ejercer control territorial y legitimidad en las comunidades que se encuentran en medio.
“Estudiantes, líderes, lideresas y miembros de organizaciones sociales, comunales, campesinas, de víctimas y defensoras de los derechos humanos, especialmente aquellas que impulsan la implementación del acuerdo de paz; población socialmente estigmatizada (personas señaladas de consumo y expendio de sustancias psicoactivas, compradores de sustancias ilícitas y hurto); personas en proceso de reincorporación y sus familias, docentes, transportadores fluviales, servidores/as públicos, víctimas del conflicto armado, campesinos/as campesinas”, explica la Defensoría como la condición social de las comunidades.
Explican que la confrontación entre disidentes con los grupos conocidos como Los Sinaloa, o La Mafia, hace que quienes transitan por diversas zonas se vean expuestos a inconvenientes.
“Se identifica también riesgo de reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes de los municipios alertados en el presente documento, así como de desplazamiento forzado de ellos y sus familias, de los directivos y docentes de los centros educativos ubicados en las áreas advertidas quienes representan sus principales entornos protectores”, añadió.
Concluye expresando una especial situación de riesgo para las mujeres, por violencias de género y sexual, “para generar temor en la población civil y de esta manera mantener y/o consolidar el dominio que sobre el territorio pretenden los grupos armados ilegales” y riesgos a servidores públicos, especialmente a quienes defienden los derechos de los habitantes.
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