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La Defensoría del Pueblo instó al Gobierno nacional y el Clan del Golfo, o autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia a definir prioridades claras dentro del proceso de conversación sostenido el pasado 5 de diciembre en Doha, Catar. Tras la reciente ronda de diálogo, la entidad enumeró cuatro asuntos que considera urgentes para avanzar hacia compromisos en los territorios más afectados por la violencia.
En primer lugar, solicitó que se refuercen las garantías de seguridad y que se evite cualquier forma de estigmatización contra las comunidades que habitan las zonas de ubicación temporal (ZUT), donde persisten riesgos derivados de la presencia armada. La entidad recordó que, en la medida en que el Clan del golfo aún mantiene armas, el principio de distinción debe cumplirse de forma estricta para evitar que la población civil quede expuesta a nuevos riesgos.
Como segundo punto, planteó que el grupo armado realice procesos formales de socialización interna para asegurar que las estructuras bajo su mando conozcan y respeten los avances logrados en materia socio jurídica. Además, insistió en que el Gobierno debe desplegar una estrategia nacional de pedagogía que llegue de manera clara a las comunidades de los municipios priorizados, para reducir la incertidumbre y fortalecer la comprensión pública sobre el alcance real de los acuerdos.
La Defensoría también subrayó la importancia de que las autoridades étnico-territoriales participen de manera efectiva en las discusiones. Solicitó, además, que el Gobierno dé respuesta a las demandas presentadas por las comunidades del Chocó, las cuales han insistido en ser escuchadas como parte fundamental de cualquier construcción de paz en sus territorios.
El cuarto punto exige la puesta en marcha de un mecanismo rápido que permita la entrega de todos los menores de 18 años vinculados al grupo ilegal. También pide que se suministre información completa sobre los niños, niñas y adolescentes fallecidos o desaparecidos dentro del Clan del golfo, y que se elimine de manera definitiva cualquier forma de instrumentalización de menores en el conflicto armado e incluso aquellas que consisten en asignarles tareas logísticas o roles indirectos dentro del grupo.
Estas recomendaciones se suman a los compromisos recientemente anunciados por el Gobierno nacional, que incluyen la prohibición total del reclutamiento de menores, medidas frente a los flujos migratorios, acciones para proteger los ecosistemas, el “respeto y no interferencia a la paz electoral en procesos políticos electorales nacionales y territoriales” y mayor respeto por las reglas del Derecho Internacional Humanitario.
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La Defensoría destacó la importancia del acompañamiento internacional y del mecanismo tripartito que verificará el cumplimiento de lo pactado. En su pronunciamiento final, la Defensoría expresó que estos avances generan esperanza, pero advirtió que solo tendrán impacto real si se aplican con rigor en los territorios donde las comunidades siguen reclamando paz.
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