Después de las 72 horas que duró el paro armado decretado por la guerrilla del ELN se presentó un agravamiento en la crisis humanitaria que se vive en algunos departamentos como Arauca, Choco, Cauca Nariño y Putumayo, pues se registraron seis eventos de desplazamiento masivo y dos confinamientos.
Entre los hechos más graves estarían dos desplazamientos masivos que afectaron a 365 personas en los municipios de Istmina y Sipí, en el Choco, y un confinamiento en Bojayá que afectó a 3.700 personas.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, hizo un llamado al Gobierno y las autoridades departamentales para que "se tomen las medidas necesarias para mitigar los impactos sobre las comunidades y de manera especial se deben aplicar los principios de coordinación, subsidiariedad, concurrencia y complementariedad ya que la situación humanitaria ha desbordado la capacidad de las entidades locales".
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Asimismo, alertan que los grupos armados ilegales estarían exigiendo en algunas zonas del país financiación para no afectar la seguridad de líderes políticos comerciantes y transportadores, entre otros, incluso en algunos casos se presentaron homicidios debido a estas presiones. En Buenaventura se han aumentado las disputas entre los grupos armados por lo que se ha agravado la situación de confinamiento de 8.000 personas, en su mayoría de comunidades indígenas y afro descendientes.
Por último la Defensoría pide que "se atienda a las comunidades indígenas que por culpa de grupos armados ilegales están confinadas en 11 puntos en el municipio de Bojayá (Chocó), en especial en tres resguardos (Uva -Pogue, Alto Río Bojayá y Alto Río Napipi), perdiendo su autonomía territorial debido a que dichos grupos les manifiestan que en el territorio, “se hace lo que ellos digan” e imponiéndoles normas de comportamiento".
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