Primera audiencia de Colombia y Nicaragua en Corte de La Haya en disputa por plataforma continental

Colombia y Nicaragua exponen a partir de este lunes sus argumentos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, en la disputa por la demanda nicaragüense de delimitación de la plataforma continental más allá de las 200 millas de su costa en el Mar Caribe.

Durante cuatro días, los dos países expondrán sus puntos de vista en las audiencias orales para decidir sobre la posibilidad de que la plataforma continental de un Estado se extienda más allá de las 200 millas náuticas, al punto de sobreponerse al espacio de 200 millas náuticas de otro Estado.

Además, espera definir si existe una regla establecida de costumbres (derecho consuetudinario) que permita la delimitación de una plataforma continental más allá de las 200 millas.

Una década de disputas

En noviembre de 2012, la CIJ otorgó a Nicaragua un área de aproximadamente 75.000 kilómetros cuadrados en el mar Caribe, pero ratificó la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de Providencia, San Andrés y Santa Catalina.

De esa forma, en la práctica, el fallo dejó a esas islas de soberanía colombiana rodeadas de aguas territoriales nicaragüenses, una situación que derivó en otra agria disputa por la presencia de navíos colombianos en la región.

A raíz del fallo de 2012, el Gobierno de Colombia se retiró del Pacto de Bogotá, un instrumento que precisamente reconoce la jurisdicción de la CIJ para este tipo de controversias.

En 2013, Nicaragua presentó otra demanda ante la CIJ para que se exija a Colombia que se abstenga de violar los espacios marítimos. Finalmente, en abril de este año la Corte de La Haya dictaminó que Colombia violó "los derechos soberanos y jurisdiccionales" de Nicaragua, y añadió que esa conducta "debe cesar de inmediato".

En ese caso, Colombia alegó que su presencia en esas aguas era consecuencia del cumplimiento de sus compromisos en la lucha contra el narcotráfico.

La CIJ fue creada en 1946 para resolver disputas entre Estados. Los países están obligados a aceptar e implementar las sentencias, que son definitivas y no pueden ser objeto de apelaciones.