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La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP requirió al consejero presidencial para la Estabilización Emilio Archila y al director de la UNP Alfonso Campo Martínez establecer medidas para garantizar la seguridad de los líderes sociales.
En medio de las medidas cautelares colectivas y con el fin de proteger los derechos fundamentales de los excombatientes el consejero deberá, a través de la mesa técnica, diseñar un plan estratégico de seguridad y protección, “incluida la sostenibilidad de los recursos administrativos y financieros necesarios”.
La UNP también deberá, en 10 días, presentar un plan de acción para evacuar el trámite de solicitudes pendientes que, de acuerdo con el informe de la misión de verificación de la ONU, llegarían a 1.000.
Tras la presentación de ese informe en el que se da cuenta del asesinato de 256 excombatientes desde que se firmó el acuerdo, la JEP hizo los requerimientos pues señaló “las medidas adoptadas no han sido suficientes por parte de las entidades para proteger la vida”.
La UNP también deberá nombrar y contratar a los 686 escoltas y los 40 analistas que se requieren para cubrir las necesidades identificadas en el plan de acción y destinar el presupuesto aprobado para la vigencia de este año.
La JEP alertó que, de no cumplir con los requerimientos, los funcionarios podrían verse inmersos en sanciones correccionales.
➡️El no cumplimiento de estas órdenes conlleva a la imposición de sanciones correccionales para los dos altos funcionarios públicos.
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) January 22, 2021
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