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Una grave crisis humanitaria se vive en las zonas rurales de los municipios de Santa Rosa del Sur y Montecristo, en el departamento de Bolívar. Al menos 5.000 personas permanecen confinadas desde hace casi dos semanas en los corregimientos de La Marizosa, San Lucas, Canelos, Villa Flor, Fátima y Buena Vista, sin acceso a alimentos, combustibles, transporte ni atención médica adecuada.
La situación se ha generado por el paro armado declarado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la presencia activa del Clan del Golfo en la región.
Además del confinamiento forzado, la comunidad ha denunciado el secuestro de al menos cuatro personas, lo que ha incrementado el temor y la tensión en estas zonas históricamente golpeadas por el conflicto armado. La Defensoría del Pueblo ha respaldado las exigencias de las comunidades, particularmente las del municipio de Santa Rosa del Sur, que reclaman respeto por la vida, la integridad y sus derechos como población civil.
“Instamos a los grupos armados ilegales a cesar de inmediato cualquier conducta que ponga en riesgo a la población, sus bienes y su movilidad. Esta emergencia humanitaria requiere una respuesta coordinada y urgente por parte del Estado”, señaló la entidad, que también hizo un llamado a la Unidad para las Víctimas y a las autoridades territoriales para desplegar una atención articulada y efectiva a los territorios confinados.
En medio de la crisis, se han abierto canales precarios de comunicación con los actores armados. Un vocero de las comunidades afectadas, que participa en los espacios de diálogo, relató que en los últimos días se logró conformar una comisión de ocho líderes para establecer contacto con quienes controlan la zona.
De esta comisión, tres representantes ingresaron a una mesa inicial, en la que se fijaron condiciones estrictas para permitir mínimos de movilidad y abastecimiento.
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Según explicó el líder comunitario, se acordó que los habitantes puedan bajar una vez a la semana en motocicleta para adquirir alimentos.
Sin embargo, está estrictamente prohibida la circulación de carros con carga o combustible: “Si ven carros cargados o con combustible, los van a quemar. No se puede surtir negocios ni mover gasolina. Tenemos que ser muy cuidadosos y pacientes mientras avanzan los diálogos”.
Para atender urgencias médicas, se estableció la posibilidad de otorgar permisos firmados por la junta de acción comunal. Aún así, el procedimiento es limitado y exige coordinación previa, lo que retrasa la atención en salud y pone en riesgo a personas con enfermedades crónicas.
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