El delegado del Gobierno explicó que se concentrará en cinco municipios priorizados: Unguía, Acandí, Belén de Bajirá y Riosucio en el departamento del Chocó, y Mutatá en Antioquia.
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Según Jiménez, en estos territorios se pondrán en marcha acuerdos locales que buscan atender problemáticas estructurales derivadas de la violencia, la presencia de economías ilegales y la débil institucionalidad. Los compromisos incluyen:
- Gestión migratoria: acciones coordinadas con Migración Colombia para regular el tránsito de personas en zonas fronterizas del Darién, reducir la vulnerabilidad de las comunidades locales y prevenir la instrumentalización de migrantes por grupos ilegales.
- Erradicación y sustitución de cultivos ilícitos: desarrollo de proyectos productivos alternativos liderados por la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, con acompañamiento técnico y social en los cinco municipios.
- Fortalecimiento de la justicia local: aplicación de los instrumentos del Ministerio de Justicia y del Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana, con presencia activa de la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa, para restablecer el orden institucional y la autoridad civil.
- Protección ambiental: cumplimiento de las disposiciones del Ministerio de Ambiente, la Corporación Autónoma Regional del Chocó (Codechocó) y Corpourabá, para frenar la deforestación, recuperar zonas degradadas y controlar actividades mineras ilegales.
- Garantías para la niñez y adolescencia: liderazgo del ICBF en la restitución de derechos, atención integral y prevención del reclutamiento de menores por parte de actores armados.
Jiménez enfatizó que estos compromisos serán monitoreados y verificados por la Conferencia Episcopal Colombiana, el Consejo Mundial de Iglesias y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP-OEA). Además, los alcaldes, comunidades locales y autoridades étnicas participarán activamente en la ejecución de los acuerdos.
El negociador señaló que el objetivo de esta fase es consolidar una presencia integral del Estado en los territorios más afectados por la violencia y sentar las bases de confianza necesarias para avanzar hacia una eventual desmovilización del grupo armado ilegal.
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