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El delegado del Gobierno explicó que se concentrará en cinco municipios priorizados: Unguía, Acandí, Belén de Bajirá y Riosucio en el departamento del Chocó, y Mutatá en Antioquia.
Según Jiménez, en estos territorios se pondrán en marcha acuerdos locales que buscan atender problemáticas estructurales derivadas de la violencia, la presencia de economías ilegales y la débil institucionalidad. Los compromisos incluyen:
Jiménez enfatizó que estos compromisos serán monitoreados y verificados por la Conferencia Episcopal Colombiana, el Consejo Mundial de Iglesias y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP-OEA). Además, los alcaldes, comunidades locales y autoridades étnicas participarán activamente en la ejecución de los acuerdos.
El negociador señaló que el objetivo de esta fase es consolidar una presencia integral del Estado en los territorios más afectados por la violencia y sentar las bases de confianza necesarias para avanzar hacia una eventual desmovilización del grupo armado ilegal.
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