El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que alias ‘Iván Mordisco’, máximo cabecilla de las disidencias de las Farc, atraviesa su momento más crítico tras un año de ofensiva sostenida de la fuerza pública. Según el funcionario, la presión militar y policial ha sido tan fuerte que el cabecilla estaría recurriendo a otros carteles del narcotráfico para evitar ser capturado o neutralizado.“Alias 'Mordisco' ha sido afectado tan críticamente durante los últimos 12 meses que recurre ahora a un llamado de auxilio a los demás carteles del narcotráfico para que lo protejan y no termine neutralizado por una acción de la fuerza pública”, afirmó el ministro, al referirse al impacto de las operaciones desplegadas en distintas regiones del país contra su estructura criminal.Sánchez reiteró que la persecución contra ‘Iván Mordisco’ no se detendrá y recordó que el Gobierno mantiene vigente una millonaria recompensa por información que conduzca a su captura. “Por Mordisco, por quien ofrecemos hasta 5 mil millones de pesos, no descansará la fuerza pública hasta encontrarlo y que pague por sus delitos”, subrayó, dejando claro que se trata de uno de los objetivos prioritarios del Estado.En un tono contundente, el ministro describió el historial criminal del cabecilla, al asegurar que su nombre quedará marcado como uno de los más violentos del conflicto armado y del narcotráfico. “Alias 'Mordisco' pasará a la historia como uno de los peores asesinos, criminales, reclutador de menores, de niños, niñas y adolescentes, asesino de indígenas, extorsionador y uno de los capos del narcotráfico que mucho daño le ha hecho a Colombia”, señaló.El jefe de la cartera de Defensa insistió en que, pese a los discursos con los que estas estructuras intentan justificarse, su verdadera motivación es exclusivamente criminal. “Estos criminales solamente les interesa el narcotráfico”, dijo, al advertir que incluso las disputas y alianzas entre grupos armados ilegales giran alrededor de ese negocio ilícito. En ese contexto, explicó que “mientras se pelean en el Catatumbo, se unen en el sur de Bolívar”, demostrando, según él, que el narcotráfico es el eje de sus decisiones.Sánchez también envió un mensaje directo a ‘Iván Mordisco’ y a quienes integran su organización, invitándolos a abandonar las armas antes de ser capturados. “La invitación es a que se desmovilice, a que dejen de causarle tanto daño a Colombia y que lo hagan antes de que el Estado los encuentre y los lleve a la justicia”, afirmó.Finalmente, el ministro hizo un llamado a la ciudadanía para que colabore con información que permita ubicar a este cabecilla y desarticular su red criminal. “Denuncien llamando al 107 o al 157”, pidió, al concluir que el narcotráfico no solo une a estos grupos, sino que “también los lleva a la autodestrucción”.
El cabecilla de las disidencias de las Farc, alias ‘Iván Mordisco’ reapareció en un vídeo en el que le hace un llamado al ELN, a la Segunda Marquetalia y a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano para que hagan una alianza criminal, lo anterior, tras la operación de Estados Unidos en Venezuela que llevó a la captura de Nicolás Maduro.“Los convocamos con necesidad imperiosa a una cumbre de comandantes insurgentes de Colombia y de toda nuestra América. Basta intervenciones militares”, señala en el video alias ‘Iván Mordisco’.Es importante recordar que, según información de inteligencia, la operación de Estados Unidos en Venezuela ha llevado a algunos cabecillas de grupos armados como el ELN y la Segunda Marquetalia a huir del vecino país, en donde se refugiaban bajo el auspicio del régimen de Maduro.Venezuela también ha sido país garante en las negociaciones de paz que ha adelantado el Gobierno nacional con diferentes grupos armados, como la Segunda Marquetalia y el ELN.Actualmente la Segunda Marquetalia es comandada por alias 'Iván Márquez', cuya última aparición fue justamente en Caracas.Por su parte, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano es una disidencia de la Segunda Marquetalia que actualmente está en negociaciones de paz con el Gobierno.
Un conjunto de documentos de inteligencia internacional y territorial revela con detalle la arquitectura clandestina que sostiene la presencia del ELN y las redes del narcotráfico en el estado Zulia, Venezuela. Lejos de ser asentamientos improvisados, las bases guerrilleras y las pistas aéreas ilegales responden a una lógica estratégica que combina geografía, ocultamiento y conectividad fluvial.El análisis identifica al menos diez zonas clave de asentamiento del ELN ubicadas en la franja Catatumbo–Zulia y en los piedemontes de la Serranía de Perijá. Se trata de territorios dominados por planicies inundables, selvas húmedas, marismas y corredores ribereños, entornos que ofrecen protección natural, abundancia de agua y una movilidad silenciosa a través de ríos y caños.Estas áreas, como Encontrados, Udón Pérez, Valderrama o Machiques de Perijá, presentan un patrón recurrente: baja densidad poblacional, escasa presencia estatal y múltiples rutas de aproximación secundarias, lo que dificulta la detección aérea y terrestre. En varios puntos, la vegetación densa y los obstáculos por inundación actúan como barreras naturales frente a operativos convencionales.En paralelo, los documentos detallan al menos diez pistas aéreas irregulares utilizadas para el narcotráfico, con longitudes que oscilan entre 1.300 y 2.300 metros, suficientes para aeronaves ligeras cargadas con droga o insumos ilícitos. Estas pistas se encuentran estratégicamente alineadas con riberas, planicies aluviales y claros rectilíneos en medio del bosque, muchas de ellas conectadas por trochas o canales fluviales.Llama la atención la superposición geográfica entre las zonas de presencia del ELN y las pistas clandestinas. Municipios como Jesús María Semprún, Catatumbo y Rosario de Perijá aparecen de forma reiterada, lo que refuerza la hipótesis de coexistencia operativa o acuerdos funcionales entre estructuras armadas y organizaciones narcotraficantes.La orientación de las pistas, la baja huella nocturna y el acceso anfibio en varios sectores evidencian una planificación técnica orientada a evadir radares, patrullajes y controles fronterizos. No se trata solo de esconderse, sino de garantizar flujos constantes de movilidad, abastecimiento y salida de cargamentos.En conjunto, los documentos pintan un mapa preciso de cómo la criminalidad organizada ha convertido el sur y occidente del Zulia en un santuario logístico, donde la selva, el agua y la geografía no son obstáculos, sino aliados estratégicos.
La ONU Derechos Humanos Colombia exigió la liberación inmediata de los cinco integrantes de la Policía Nacional que habrían sido secuestrados por el ELN en zona rural del municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander.En un pronunciamiento oficial, pidieron al grupo armado que tendría en su poder a los policías José Ricardo Carrillo Romero, Carlos Eduardo Barrera Ruiz, Edwin Fabián Manosalva Contreras, Ramón Alberto Coronel Medina y Daniel de Jesús Granada Quiroz, a respetar en todo momento su vida e integridad personal.“Rechazamos la privación de la libertad de estos cinco funcionarios de la @PoliciaColombia de Norte de Santander”, señalaron en el comunicado.De acuerdo con la información recopilada por la entidad, los uniformados se movilizaban vestidos de civil, a bordo de un vehículo de transporte público, cuando fueron privados de la libertad en la vía que comunica a Tibú con otras zonas del Catatumbo.El organismo rechazó de manera categórica este hecho y reiteró a los grupos armados no estatales su obligación de respetar el Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos aun en contextos de conflicto armado.
Un video captado con el teléfono celular del agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que disparó contra una mujer estadounidense en Mineápolis dejó al descubierto este viernes nuevos detalles del hecho desde un ángulo que hasta ahora no se conocía.Las imágenes, difundidas inicialmente por Alpha News y cuya autenticidad fue confirmada por CNN, fueron grabadas con el móvil del funcionario del ICE que causó la muerte de Renee Good el pasado miércoles. El agente ha sido identificado por varios medios como Jonathan Ross.La grabación, de menos de un minuto de duración, muestra desde una perspectiva muy cercana los momentos previos al uso del arma de fuego. El video inicia cuando Ross se aproxima al vehículo de Good, que estaba atravesado en la vía con el fin de bloquear el paso de los agentes migratorios.“Está bien, no estoy enfadada contigo”, se escucha decir a la mujer desde el interior del automóvil.El agente registra con su cámara el carro color burdeos desde distintos ángulos y, al llegar a la parte trasera, se encuentra con otra mujer, identificada como Becca Good, quien posteriormente confirmó en un comunicado que se trataba de su esposa y que ambas se encontraban juntas en el lugar.“No cambiamos las matrículas todos los días, para que lo sepas. Esta será la misma cuando regreses a hablar con nosotras más tarde”, le dijo Becca al agente, mientras le pedía que mostrara su rostro frente a la cámara.“¿Vas a venir por nosotras? Mejor ve a buscar algo de comer, grandulón”, añadió.En paralelo, otro agente se acerca por el costado opuesto del vehículo y le solicita a Renee Good que descienda. En ese momento, la mujer comienza a maniobrar el auto para retirarse del lugar, mientras Ross se coloca frente al vehículo para impedir su avance.Segundos después, el agente grita y dispara contra la conductora. La grabación se vuelve inestable tras los disparos y, a continuación, se observa el automóvil impactando contra un poste en la vía pública.El video se ha difundido ampliamente en redes sociales y ha reactivado la polémica en torno a lo ocurrido. Mientras algunos sostienen que el agente actuó en defensa propia al considerar que su vida estaba en peligro, versión respaldada por la administración del presidente Donald Trump, otros aseguran que la mujer únicamente intentaba huir. Estos últimos argumentan su postura en el movimiento de las ruedas del vehículo, que, según otros registros audiovisuales, se dirigían hacia un espacio de la carretera donde el agente no se encontraba.Sobre el caso, el vicepresidente JD Vance se pronunció en redes sociales y defendió la actuación del funcionario: “Miren esto, por difícil que sea. A muchos se les ha dicho que este agente no fue embestido por un auto, que no estaba en peligro y que asesinó a una mujer inocente. La realidad es que su vida corría peligro y disparó en defensa propia”.
En el municipio de Purificación, Tolima, fue capturado Nencer Alfonso Ramírez Lozano, alias el ‘Ganadero’, un hombre que llevaba años moviéndose en las sombras del narcotráfico transnacional y que hoy es señalado como uno de los principales articuladores de rutas de droga en Suramérica.La captura, según las autoridades, se produjo tras un trabajo de inteligencia conjunta con autoridades de Paraguay, país que lo requería por tráfico de estupefacientes, asociación criminal y lavado de activos, y para el cual existía una Notificación Roja de Interpol.Las autoridades ubicaron a alias el ‘Ganadero’ en una zona rural, donde, según la investigación, vivía rodeado de lujos y vehículos de alta gama, mientras coordinaba la compra y venta de cocaína con destino a Centroamérica, Estados Unidos y Europa. Su rol no era operativo en campo ya que se le atribuye el manejo de contactos, finanzas y enlaces entre organizaciones criminales de Colombia, Perú y Bolivia, claves para el movimiento de grandes cargamentos.De acuerdo con los investigadores, Ramírez Lozano habría asumido el liderazgo criminal tras la captura, en 2018, de Reinaldo Javier Cabañas, alias el ‘Cucho’, detenido en Alto Paraná, Paraguay, luego de la caída de una poderosa red de narcotráfico en la frontera con Brasil.Con esta captura, destacan las autoridades, se corta una pieza central del engranaje financiero que sostenía las rutas internacionales de la droga y se deja al descubierto cómo estos capos, lejos de los corredores del crimen, se esconden en municipios del interior del país mientras coordinan negocios ilegales a escala continental.
El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este viernes que el Gobierno de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, de momento parece "ser un aliado" de Washington y que probablemente "seguirá siéndolo"."En este momento parecen ser un aliado, y creo que seguirá siéndolo. Y no queremos que Rusia esté allí. No queremos que China esté allí (en Venezuela)", declaró Trump preguntado por la relación con Caracas durante una reunión con directivos de compañías petroleras para tratar la reconstrucción de la industria del crudo en Venezuela.El republicano consideró que las autoridades del país caribeño habían hecho "lo correcto" al cooperar con EE. UU. tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el pasado sábado por fuerzas estadounidenses."Fueron inteligentes. No querían pasar por una segunda ola", añadió en referencia a una potencial nueva incursión en el país venezolano, que ya el estadounidense había descartado horas antes."Nos llevamos extremadamente bien con el pueblo de Venezuela, tanto con la población en general como con quienes gobiernan el país", agregó el mandatario.En este sentido, la Administración Trump ha optado por descartar a los principales líderes de la oposición venezolana para encabezar la transición en el país sudamericano y ha considerado que será el Gobierno de la chavista Rodríguez el que, bajo la gestión directa de Washington, estará al frente de Venezuela.La Casa Blanca y Caracas han acordado por el momento la venta de unos 30-50 millones de barriles de crudo venezolano y EE. UU. ha dicho que captará los ingresos antes de transferirlos a Venezuela.Además, Trump advirtió que, si Washington no hubiera asumido el control del crudo venezolano, Moscú y Pekín lo habrían hecho antes.
Es falso que el capturado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aparezca en una fotografía con la cabeza rapada y sin bigote, pese a que así lo afirman internautas que difunden una imagen que no ha sido distribuida por fuentes oficiales y que presenta indicios de haber sido creada con inteligencia artificial (IA).En redes sociales como X y TikTok circula una supuesta fotografía tomada tras la captura de Maduro, en la que el líder venezolano aparece con la cabeza rapada y el rostro afeitado, vistiendo un uniforme carcelario marcado con el código D-0329."Vean al asesino de Maduro sin bigote, sin pelo, sin dignidad y con su braga naranja, este era el sueño de la gran mayoría de los venezolanos. De ver tras de las rejas (sic)", reza una de las publicaciones que difunden la instantánea.HECHOS: La fotografía no ha sido publicada en los canales oficiales del Gobierno de Estados Unidos ni en las redes sociales del presidente estadounidense, Donald Trump. Además, la imagen presenta diferentes inconsistencias e indicios de haber sido generada con IA y el código que aparece en el uniforme de preso no coincide con el formato oficial.Sin rastros de la imagen en canales oficialesEn primer lugar, no existen rastros de esta imagen en las redes sociales de la Casa Blanca ni del Departamento de Guerra de EE. UU., según lo evidencia una revisión de sus perfiles en X.Tampoco se encontraron rastros de este contenido en las redes sociales de Trump, ni en medios de comunicación como la Agencia EFE, según evidencia una búsqueda avanzada en Google y una consulta en los archivos de EFE.Durante los últimos días han circulado diferentes contenidos en redes sociales que falsamente muestran a Nicolás Maduro en prisión, como una imagen desmentida por EFE Verifica en la que se ve al capturado presidente de Venezuela vistiendo un uniforme naranja mientras posa para una foto policial.Foto de Maduro calvo y sin bigote es IAAl comparar el contenido viralizado con una fotografía auténtica de Maduro se evidencian diferentes inconsistencias, como la ausencia de los lunares en el rostro del presidente y la diferencia en la textura de su piel; esto último es una característica propia de contenidos generados con IA.Por otra parte, una consulta en el buscador del Buró Federal de Prisiones (BOP por sus siglas en inglés) no arroja resultados al introducir el código D-0329—que aparece en el uniforme naranja de la imagen—.En realidad, los números de registro de las personas encarceladas no se componen de letras sino de dígitos separados por un símbolo de guion, como advierte el portal al introducir el valor que aparece en la instantánea viralizada.El número de registro de Maduro, quien se encuentra retenido en el Centro de Detención Metropolitano de Nueva York (MDC, en sus siglas en inglés), aún no está disponible; la consulta por nombre en esta plataforma no arroja resultados al momento de publicarse este artículo.Además, un análisis realizado con la herramienta Fake Image Detector indica que probablemente se trata de una imagen manipulada o creada mediante ordenador.En conclusión, es falso que Maduro aparezca en una fotografía con la cabeza rapada y sin bigote. No existen rastros de esta imagen en los canales oficiales del Gobierno estadounidense ni en medios de comunicación. Se trata de un contenido que tiene varias inconsistencias y diferentes indicios de haber sido realizado con IA.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este viernes que no va a permitir "que Rusia o China ocupen Groenlandia" por lo que ha decidido "hacer algo" con esta isla del Ártico, "ya sea por las buenas o por las malas".Trump insistió en varias ocasiones a los medios de comunicación en la Casa Blanca que Estados Unidos hará algo en Groenlandia, "les guste o no," porque si no el territorio danés será conquistado por Rusia y China.El presidente estadounidense planteó que EE.UU. necesita controlar la isla por razones de seguridad porque "ahora mismo alrededor de Groenlandia hay destructores rusos, hay destructores chinos y, además, hay submarinos rusos por todas partes".Además, cuestionó la soberanía de Dinamarca sobre el territorio al afirmar que, aunque admira al país nórdico, "el hecho de que desembarcaran allí con un barco hace 500 años no significa que sean dueños de esa tierra"."Me gustaría llegar a un acuerdo, ya sabe, por las buenas; pero si no lo hacemos por las buenas, lo haremos por las malas", repitió, rechazando la idea de que sea posible cualquier otro arreglo que no suponga el control de Groenlandia."Porque cuando lo poseemos, lo defendemos. No se defienden los arrendamientos de la misma manera: hay que ser propietario", dijo."Los países tienen que tener propiedad; y se defiende la propiedad, no se defienden los arrendamientos; y tendremos que defender Groenlandia", continuó.El líder estadounidense también intentó clarificar que las posibles acciones de EE.UU. en Groenlandia, que según la Casa Blanca pueden incluir el uso de las fuerzas armadas del país para hacerse con el territorio danés, no suponen que esté en contra de la OTAN."La OTAN tiene que entender que yo estoy totalmente a favor de la OTAN. Yo salvé a la OTAN. Si no fuera por mí, ahora mismo no tendrían OTAN", afirmó.Trump terminó señalando que mantiene buenas relaciones con los líderes de China, Xi Jinping, y de Rusia, Vladímir Putin, aunque con este último está "muy decepcionado".
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas lanzó una alerta tras las advertencias de la Defensoría del Pueblo, que señala a los municipios de Riohacha y San Juan del Cesar en riesgo extremo por el aumento de combates entre grupos armados ilegales en inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.Desde el 26 de diciembre de 2025, al menos 195 personas, pertenecientes a 43 familias, se han visto obligadas a abandonar sus territorios rurales debido a los enfrentamientos armados. Los hechos han afectado de manera directa a comunidades indígenas del pueblo Wiwa, así como a población campesina, niños, niñas y adolescentes, docentes y liderazgos sociales.Uno de los casos más críticos es el desplazamiento total de la comunidad indígena Wiwa de La Múkura, una situación que, según el informe, “afecta su relación histórica, espiritual y colectiva con el territorio”. Estas comunidades ya habían enfrentado crisis humanitarias recurrentes en los últimos dos años, lo que ha debilitado sus procesos organizativos y de protección colectiva.A esto se suman restricciones al acceso a alimentos y servicios básicos, especialmente en territorios con vocación agrícola, además de amenazas y agresiones contra docentes, líderes comunitarios e integrantes del pueblo Wiwa, así como restricciones a la movilidad y al acceso a la información.La OCHA también advierte que las alcaldías de Riohacha y San Juan del Cesar no cuentan con recursos para brindar asistencia humanitaria inmediata y que, hasta el momento, no se ha entregado ayuda a las familias afectadas. Aunque se han activado algunas rutas de protección, Naciones Unidas mantiene el monitoreo permanente de la situación ante la gravedad de los riesgos humanitarios.
En los últimos días, diversas organizaciones sociales, líderes comunitarios y entidades del Estado colombiano han venido reportando una nueva escalada de violencia en el corregimiento de Filogringo, jurisdicción de El Tarra (Norte de Santander), como resultado de enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Según los reportes de habitantes locales y personeros de la región, los combates se han intensificado desde mediados de diciembre, con hechos que incluyen uso de drones armados, ataques con artefactos explosivos y enfrentamientos directos entre los grupos armados ilegales. Estos incidentes han ocurrido tanto en zonas rurales como en las cercanías del casco urbano de Filogringo, lo cual ha puesto en alerta máxima a las comunidades. Los habitantes han compartido en redes sociales y medios locales grabaciones donde se muestra la llegada de grupos armados al área y el intercambio de disparos que se prolongan durante horas. Los reportes coinciden en que estos hechos han generado pánico, con detonaciones escuchadas de noche y presencia de artefactos aéreos no tripulados sobre zonas pobladas, lo que impide que muchas familias se desplacen libremente o busquen refugio seguro. Organizaciones comunitarias han señalado que más de 300 personas están siendo desplazadas o confinadas como consecuencia de estos combates. Además, el uso de drones ha sido descrito como especialmente preocupante, ya que estos ataques indiscriminados elevan el riesgo de víctimas civiles y daños a infraestructura habitacional. La Defensoría del Pueblo y personeros del Catatumbo han publicado comunicados oficiales en los que instan a las partes armadas a cesar las acciones violentas y respetar el Derecho Internacional Humanitario, enfatizando que la población civil no forma parte del conflicto y no debe ser expuesta a estas hostilidades. Estas entidades también han pedido al gobierno nacional fortalecer la presencia institucional para proteger a las comunidades afectadas. Los reportes coinciden con alertas humanitarias emitidas previamente este año, en donde se advirtió sobre el riesgo de nuevos enfrentamientos en diciembre debido al histórico de tensiones entre el ELN y las disidencias de las Farc, especialmente en áreas como El Tarra y Tibú. La continuidad de estos combates en Filogringo ha evidenciado cómo las advertencias generadas por organismos de derechos humanos se han cumplido, resultando en un aumento de desplazamientos forzados y deterioro de las condiciones de seguridad en la región. Estos reportes se suman a la grave crisis humanitaria que atraviesa el Catatumbo, donde se han documentado más de 78.000 desplazados como consecuencia de la violencia sostenida durante 2025, con Tibú y El Tarra entre los municipios más afectados. Las organizaciones sociales han resaltado que la situación no solo implica combates armados, sino también restricciones de movilidad, bloqueos a servicios básicos y afectaciones directas al acceso a alimentos y atención médica para la población civil. En síntesis, los reportes sobre la llegada y escalada de violencia en Filogringo coinciden en que se trata de una dinámica compleja y peligrosa, con impactos directos en la seguridad y los derechos humanos de las comunidades locales, que ahora enfrentan no solo la confrontación armada entre grupos ilegales, sino también las consecuencias humanitarias de un conflicto prolongado y en constante evolución.
La Defensoría del Pueblo alertó sobre la grave crisis humanitaria que atraviesa la subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, donde los enfrentamientos entre grupos armados ilegales han provocado más de 78.000 desplazamientos forzados durante 2025. Tibú y El Tarra figuran entre los municipios más afectados por un conflicto que no da tregua y que ha generado confinamientos, amenazas y violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).El organismo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 017 de 2025 ante el recrudecimiento de la violencia entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las extintas Farc —Frente 33 y Bloque Magdalena Medio—, así como por el control territorial ejercido por el ELN en amplias zonas rurales. En este escenario confluyen economías ilegales, débil presencia estatal y una estructura de poder paralelo que impone restricciones de movilidad, normas de conducta y prácticas de coerción social sobre la población civil.En mayo, el Gobierno nacional autorizó la creación de una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) para miembros del Frente 33 en Tibú, medida que fue prorrogada el 23 de diciembre sin que hasta la fecha existan los protocolos necesarios para su funcionamiento. La Defensoría advirtió que la persistencia del conflicto armado en el área hace inviable esta iniciativa y podría aumentar los riesgos humanitarios para las comunidades cercanas.Los hechos más recientes agravan el panorama. Desde el 14 de diciembre se registran nuevos enfrentamientos en Tibú y El Tarra, que han dejado decenas de familias desplazadas y miles confinadas. Solo en el corregimiento de Pachelli, cerca de 1.500 familias —unas 6.000 personas— permanecen sin acceso a alimentos ni servicios básicos por los combates y el paro armado del ELN. En la vereda Kilómetro 16, 223 personas tuvieron que abandonar sus hogares, mientras que los ataques con drones en Filo Gringo mantienen aisladas a varias comunidades rurales.La Defensoría alertó además que las alcaldías de Cúcuta y Tibú no tienen la capacidad operativa ni presupuestal para responder a la emergencia, debido al vencimiento de contratos del personal de atención y del operador logístico. La falta de seguridad en el territorio ha impedido verificar de manera directa los nuevos desplazamientos, por lo que se presume un subregistro significativo.Ante esta situación, el organismo pidió al Gobierno nacional y a las autoridades locales fortalecer las rutas de atención humanitaria, garantizar el envío de ayuda inmediata y activar corredores humanitarios para las zonas más afectadas. También llamó a los grupos armados ilegales a cesar las hostilidades y respetar el Derecho Internacional Humanitario, para evitar que la crisis siga cobrando víctimas en el Catatumbo.Al llamado de la Defensoría del Pueblo se suma la alerta que emiten cerca de 28 organizaciones sociales de la región del Catatumbo en la que claman acciones inmediatas por parte de los grupos armados ilegales y los organismos del Estado."Alertamos sobre la grave escalada de la crisis humanitaria en el Catatumbo en los últimos días. Las confrontaciones armadas han generado más de 300 personas desplazadas, cierre de vías, presencia de artefactos explosivos, bloqueo a misiones médicas y graves afectaciones a la población civil", indicaron.Agregaron que la actual situación que ya había sido advertida por la mesa humanitaria desde noviembre, pone en alto riesgo a las comunidades campesinas e indígenas, especialmente a niñas, niños, personas mayores y líderes sociales."Exigimos acciones inmediatas de protección y atención humanitaria por parte del Estado y el respeto al DIH por los actores armados. Seguiremos acompañando a las comunidades por la vida, la paz y la permanencia digna en el Catatumbo".La crisis humanitaria que vive actualmente el Catatumbo empezó el 16 de enero de este año.
La paz en Colombia dejó de ser una promesa abstracta para convertirse en una realidad tangible en distintos territorios del país. Así lo demuestra el balance presentado por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), que durante 2025 impulsó iniciativas, proyectos productivos e inversiones clave para fortalecer la reincorporación y evitar la repetición del conflicto armado.El siguiente video recoge los principales hitos de este proceso y evidencia cómo el trabajo articulado entre el Estado, las comunidades y las personas firmantes de paz ha permitido abrir nuevas oportunidades y sembrar arraigo a la vida civil.Durante el año, la educación se consolidó como uno de los principales pilares de la construcción de paz. Más de 10.200 personas en proceso de reincorporación lograron elevar su nivel de escolaridad, mientras que firmantes del Acuerdo de Paz y sus hijos e hijas accedieron a educación superior, gracias a convenios estratégicos como el firmado con el Icetex. Estas acciones no solo fortalecen las capacidades individuales, sino que también impactan de manera directa la sostenibilidad económica de las familias.En materia productiva, la ARN impulsó 6.097 proyectos —tanto individuales como colectivos— que recibieron inversiones superiores a los 104.000 millones de pesos. A esto se suman los convenios con el Fondo Emprender del SENA y el Banco Agrario, que abrieron nuevas puertas para el emprendimiento, el acceso a crédito y la generación de ingresos en los territorios.Sin embargo, el avance hacia la paz no se limita a lo económico. La reconstrucción del tejido social fue otro eje fundamental en 2025. A través de las agendas comunitarias, diálogos para el futuro, se promovieron espacios de reconciliación y convivencia pacífica en 66 territorios, con la participación de más de 9.540 personas entre comunidades y firmantes de paz.El año también marcó un hito histórico en el cumplimiento de compromisos: cerca de 18.500 hectáreas adquiridas y 347 viviendas entregadas o en proceso de entrega desde la firma del Acuerdo de Paz, fortaleciendo el arraigo territorial y los proyectos de vida de quienes apostaron por dejar las armas.Para 2026, la ARN y el Gobierno del Cambio reiteran su compromiso de seguir llegando a los territorios históricamente marginados, entendiendo que la paz crece cuando la reincorporación se fortalece desde lo local y se traduce en transformaciones reales para Colombia.
La Defensoría del Pueblo advirtió que entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2025 se registraron 165 asesinatos de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos en el país. Del total de casos confirmados, 143 corresponden a hombres y 22 a mujeres, lo que refleja una grave y sostenida vulneración a quienes promueven la defensa de los derechos y la paz en los territorios.Los datos revelan que los meses con mayor número de homicidios fueron marzo (20 casos), julio (19) y noviembre (18). Desde enero de 2016 hasta noviembre de 2025, la Defensoría ha documentado 1.653 asesinatos de líderes y defensores, una cifra que pone en evidencia la magnitud de la crisis y la necesidad de reforzar la protección institucional.A las cifras de la Defensoría se suman los datos de Indepaz, que confirman la persistencia de un patrón sistemático de violencia y silenciamiento contra quienes defienden la vida, los derechos humanos y la implementación del Acuerdo de Paz. El instituto señala que el asesinato de líderes sociales, de firmantes de paz y la repetición de masacres en distintos departamentos no solo responde a la acción de grupos armados ilegales, sino también a profundas fallas estructurales del Estado en materia de prevención, protección y garantías de no repetición.Las organizaciones defensoras de derechos humanos coinciden en que el Estado colombiano sigue en deuda con las comunidades rurales y los procesos sociales que, a pesar de los riesgos, continúan promoviendo la reconciliación y la defensa del territorio.Mientras tanto, colectivos como las Tejedoras de Vida del Putumayo mantienen viva la voz de resistencia con una pregunta que se repite en cada marcha y conmemoración: “¿Por qué nos matan?”.El llamado de las entidades es urgente: fortalecer los mecanismos de seguridad para los líderes sociales, garantizar justicia frente a los crímenes y avanzar en una política integral de protección que ponga fin a la impunidad y al miedo que sigue acechando a quienes defienden la paz.
Se llevó a cabo este viernes una reunión de emergencia entre la delegación que integra la mesa de diálogos del Gobierno con la guerrilla del ELN y el presidente de la República, Gustavo Petro, tras el ataque de esta guerrilla el pasado miércoles, 29 de marzo, al municipio El Carmen, en Norte de Santander.El Gobierno nacional reconoció, tras esta reunión, que hay una crisis en las negociaciones; pero le pidió al gobierno claridad sobre sus objetivos con este proceso. Este pronunciamiento se conoció luego del hecho que dejó nueve militares muertos en esta población del oriente colombiano."Hay un gran interrogante y una gran interpelación que hay: y es si el ELN está usando las conversaciones para fortalecerse en sus territorios y como organización, o si por el contrario, digamos, su estadía en la mesa significa una real vocación de paz", señaló Otty Patiño, jefe de la delegación de diálogos.En el mismo sentido, el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, señaló que el ELN debe generar esperanza en la sociedad colombiana, pues estos hechos causan incertidumbre frente al proceso y la voluntad de paz que pueda tener la guerrilla.Para el funcionario, es importante recordar que no solo se ha registrado este hecho en el Catatumbo, sino otras acciones violentas en departamentos como Arauca, que también se le adjudican a esta guerrilla."En este momento de crisis, es absolutamente pertinente y la pertinencia que toca antes de que comience este tercer ciclo es absolutamente necesaria, una respuesta clara para que sepamos a qué atenernos en las intenciones que tiene el ELN con relación a este proceso de esta manera", dijo Rueda.Le puede interesar:
Este miércoles, 29 de marzo, la Unidad para las Víctimas informó de una nueva decisión histórica; reconocer a integrantes de las centrales sindicales víctimas del conflicto armado colombiano. Según la entidad, durante el conflicto armado interno los integrantes de las centrales sindicales del país fueron víctimas de una violencia sistemática, así lo detallaron: "Así lo determinaron varias herramientas jurídicas, que permitieron una valoración de la Unidad para las Víctimas que anunció este lunes que se encargará de la inclusión del Movimiento Sindical Colombiano en el Registro Único de Víctimas (RUV) como sujeto colectivo". Agregan que el proceso de reparación se intentó realizar tres veces desde 2016, en cumplimiento del Decreto 624 de ese año que determinó la necesidad de compensar a las y los miembros de la Confederación General del Trabajo (CGT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Federación Colombiana de Educadores (FECODE).Dicen que bajo el Gobierno de Gustavo Petro, en el 2022, lograron destrabar el proceso. "Así es como desde el segundo semestre de 2022, la Unidad viene coordinando el proceso de reparación al Movimiento Sindical como un grupo social, bajo el precepto de que sus integrantes han consolidado una red que tiene como fin la defensa y garantía de los derechos humanos", informan desde la Unidad. Explican además, que el Decreto 624 de 2016 y las sentencias T-388 de 2019 y T-015 de 2022 fueron las bases jurídicas para formalizar el proceso de reparación y la creación de la Mesa Permanente de Concertación para la Reparación Colectiva al Movimiento Sindical.Igualmente que las vulneraciones identificadas constituyeron daños a los sindicalistas como afectaciones a sus prácticas colectivas, sus formas organizativas y al autorreconocimiento, mediante hechos como amenazas, homicidios, situaciones de estigmatización y desplazamientos que impidieron movilizaciones sociales, actividades pedagógicas y consolidación de liderazgos, pues a menudo las y los miembros de las centrales sindicales fueron falsamente señalados como integrantes de alguno de los grupos armados al margen de la ley."Con este anuncio se abre paso al proceso de reparación integral del que se encargará el Estado colombiano para reparar los daños sufridos por este Sujeto Colectivo, buscando su dignificación y el restablecimiento de sus derechos", confirman desde la Unidad para las Víctimas. Le puede interesar:
Un ataque del ELN con explosivos se registró este miércoles en zona rural de El Carmen, Norte de Santander. El atentado dejó un saldo de nueve militares muertos y siete más heridos.Entre las víctimas se encuentran dos suboficiales y siete soldados que prestaban el servicio. Los militares pertenecían al batallón Especial Energético y Vial N•10, que brinda seguridad en la vereda Villa Nueva, del corregimiento de Guamalito.El Ejército Nacional emitió un comunicado de 10 puntos en los que reveló detalles del violento ataque que se da en medio de los diálogos con esta guerrilla.“Según las primeras informaciones, con artefactos explosivos improvisados y ráfagas de fusil, por integrantes del grupo armado organizado (GAO) ELN, del autodenominado frente Camilo Torres. Producto de esta acción terrorista, que viola de manera flagrante los derechos humanos e infringe las disposiciones del derecho internacional humanitario, son asesinados nueve de nuestros militares y nueve más resultaron heridos”, señaló la institución en el texto.Además de entregar la identidad de los uniformados asesinados, el Ejército informó sobre el estado de los militares que resultaron heridos y señaló que se adelantan las investigaciones para tomar las acciones correspondientes.“A través de la unidad táctica se instaurarán las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes frente a este hecho terrorista y, al tiempo, se adelantarán las investigaciones que permitan determinar lo ocurrido. Al lugar de los hechos se desplazan el comandante del Ejército e integrantes del Estado Mayor para apoyar a las unidades, verificar la situación y tomar las acciones correspondientes”, agregó.Finalmente, la institución envió un mensaje de condolencias y enfatizó en que no escatimará esfuerzos para apoyar la recuperación de los militares heridos. Por el ataque, el presidente de la República, Gustavo Petro, citó a la delegación de paz del Gobierno para consultar negociación con esta guerrilla.Gustavo Petro citó a la delegación de paz del Gobierno para consultar negociación con el ELNEl presidente de Colombia, Gustavo Petro, llamó a consultas a la delegación gubernamental que negocia con el ELN, después del ataque de este miércoles, 29 de marzo, contra una unidad del Ejército en la región del Catatumbo que dejó nueve militares muertos y nueve heridos."He convocado a consulta a la delegación del Gobierno en la mesa del ELN, países garantes y acompañantes. Un proceso de Paz debe ser serio y responsable con la sociedad colombiana", anunció el mandatario en un mensaje en su cuenta de Twitter.Según información de Palacio de Nariño, la reunión se daría en la Presidencia el próximo lunes, 3 de abril, y a la misma asistirán no solo los negociadores del equipo de Gobierno , también los países garantes en ese proceso que son Cuba, Noruega, Venezuela, Brasil, Chile y México.Conéctese con la señal en vivo de Blu Radio:
Los firmantes del acuerdo de paz entre el Gobierno y las desmovilizadas Farc, están viviendo hoy una realidad frente a su seguridad en las regiones donde intentan construir un futuro fuera de la guerra. Así lo han denunciando los dirigentes políticos del partido Comunes como Rodrigo Londoño (Timochenko) y Pastor Alape, que en conversación con Sala de Prensa Blu, se refirió a este tema y también a cómo va la implementación del acuerdo bajo el Gobierno de Gustavo Petro. “De alguna manera en el Gobierno anterior las violencias tenían una dirección concreta sobre algunos sectores, hoy se están dirigiendo con más fuerza a los firmantes”, señaló Alape. Sobre la polémica frase que lanzó Timochenko en medio de un conversatorio en la Universidad Javeriana en el que dijo: "yo me sentía más seguro en el Gobierno Duque que en este". Para Alape la frase fue sacada de contexto puesto que lo que quería decir el exjefe guerrillero es que el gobierno pasado de Iván Duque dejó muchos problemas en la implementación del acuerdo que se derivó en el descuido de la seguridad de los firmantes. “Efectivamente el Gobierno anterior atrasó la implementación de la paz, eso no lo decimos sólo nosotras, lo dice la Corte Constitucional (…) se perdieron cuatro años que toca poner en este Gobierno”, señaló Pastor Alape. Escuche la entrevista completa aquí:
“En la mesa no estamos negociando la impunidad para los miembros del grupo ni hemos pactado ni pactaremos ningún acuerdo que vulnere el Estado social de derecho”, dijo Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno, tras responder críticas del excoronel Jaime Ariza.Novoa insistió que, durante un año y seis meses de diálogos, con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano se han presentado diferentes posturas de personas que han generado disensos los cuales se han debatido con respeto y altura, además, dijo que la presencia de todos los integrantes de la delegación del Gobierno es a título personal y no representan a ningún gremio u organización.Según el jefe negociador del Gobierno, cada uno de los miembros de la delegación asumen sus propias responsabilidades y lamentó el retiro del coronel Ariza como integrante del equipo de paz del Gobierno.La reacción del jefe negociador se da horas después que el coronel Jaime Ariza manifestará su inconformidad por lo que llamó “beneficios a personas detenidas con fines de extradición”, como es el caso de Andrés Rojas, comandante del grupo ilegal Comandos de Frontera, que hace parte de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.Novoa negó cualquier choque interno con agremiaciones como Acore y señaló que todas las preocupaciones expresadas por las comunidades, autoridades locales y departamentales sobre la paz total han sido tenidas en cuenta, asimismo, afirmó que hay plena confianza entre los integrantes de la delegación del Gobierno.Este es el comunicado emitido por la delegación del Gobierno nacional en diálogos de paz.
El Gobierno nacional oficializó, mediante la Resolución 471 del 22 de diciembre de 2025, la creación de Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) para los integrantes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (AGC), conocido como Clan del Golfo, como parte del proceso de conversación sociojurídico con ese grupo armado.De acuerdo con el documento, las ZUT estarán activas hasta el 31 de diciembre de 2026 y se ubicarán en áreas rurales de los municipios de Belén de Bajirá y Unguía (Chocó), así como en Tierralta (Córdoba). Estas zonas serán espacios monitoreados y vigilados que permitirán la transición de los integrantes del AGC hacia su sometimiento a la justicia y su eventual reincorporación a la vida civil, en el marco de la política de Paz Total impulsada por el Gobierno Nacional.La medida busca garantizar seguridad jurídica y humana a los miembros del grupo armado que ingresen al proceso, al tiempo que asegura la protección de las comunidades y la presencia del Estado en los territorios. La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA) acompañará el monitoreo y la verificación de las condiciones en las zonas, junto con el Ministerio de Defensa Nacional y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.El decreto también contempla la suspensión temporal de órdenes de captura y extradición para los miembros del AGC incluidos en los listados oficiales aprobados por la Oficina del Alto Comisionado, mientras dure su permanencia en las zonas de ubicación.El Gobierno recalcó que esta decisión no implica impunidad, sino que busca crear las condiciones necesarias para avanzar en el sometimiento judicial y la reparación a las víctimas. Además, dejó claro que en las zonas establecidas seguirá vigente la autoridad civil y militar, con pleno ejercicio del Estado de derecho.
El reciente fallo de la Corte Constitucional que ordena rectificar afirmaciones públicas contra la senadora Sandra Ramírez, exintegrante de las Farc y actual miembro del partido Comunes, ha generado un fuerte rechazo entre las víctimas del conflicto armado. La decisión, con ponencia del magistrado Miguel Polo Rosero, argumenta que Ramírez se ha reincorporado plenamente a la vida civil y que no existen investigaciones vigentes en su contra por hechos cometidos durante la guerra.Sin embargo, las víctimas calificaron la decisión como una “mordaza judicial” que limita su derecho a la libertad de expresión y a llamar a los responsables de la violencia por su nombre. Consideran que el fallo protege a victimarios y desprotege a las víctimas, en un contexto en el que muchos de los casos de reclutamiento forzado, secuestro y abuso sexual aún no han tenido respuesta efectiva en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).La presidenta de la Federación Colombiana de Víctimas, Sofía Gaviria, fue una de las voces más críticas frente a la decisión. En un pronunciamiento público, afirmó:“Rechazamos con toda la contundencia, como cualquier persona de bien lo debe hacer, que a quienes hemos defendido a las víctimas se nos cercene el derecho a llamar a nuestros victimarios como lo que son. La señora Sandra Ramírez era la responsable de entregarles como carne de cañón los niños reclutados al Secretariado de las Farc. Repudiamos completamente la decisión”.Gaviria señaló que el fallo no solo desconoce el suffarcrimiento de miles de víctimas, sino que envía un mensaje de impunidad al impedir que se hable libremente de los crímenes cometidos por los exintegrantes de la antigua guerrilla. “Lo que la Corte está haciendo es castigar la verdad”, manifestó la dirigente.Organizaciones de víctimas coincidieron en que la decisión restringe el derecho a la memoria histórica y la denuncia, pilares fundamentales del proceso de reconciliación. Advirtieron que la reparación y la justicia no pueden construirse sobre el silencio ni sobre el olvido, y pidieron a las instituciones del Estado garantizar que sus voces sigan siendo escuchadas.
El coronel (r) Jaime Ariza, quien integró la delegación del Gobierno Nacional en los diálogos con la antigua Segunda Marquetalia, hoy Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, aseguró que su retiro del proceso respondió a discrepancias profundas con el manejo que el jefe negociador, Armando Novoa, dio a varios episodios críticos durante las conversaciones de paz.Según explicó Ariza, su participación se dio a solicitud del alto comisionado para la Paz, quien en 2024 invitó a la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro (Acore) a vincular algunos de sus miembros al esfuerzo de la Paz Total. “Acore presentó varios nombres y fui designado para representar al componente de retirados de las Fuerzas Militares y de Policía”, precisó.Durante los primeros ciclos de negociación se alcanzaron acuerdos parciales importantes, entre ellos la entrega de 14 toneladas de material de guerra y la sustitución de 30.000 hectáreas de cultivos ilícitos en Nariño y Putumayo. También se avanzó en la definición de zonas de ubicación temporal para procesos de desarme, desmovilización y reincorporación.Sin embargo, las conversaciones se vieron afectadas tras un grave hecho ocurrido en el Putumayo, donde un teniente y un soldado fueron incinerados por una turba manipulada por el grupo armado, en medio de una operación contra el narcotráfico. Ariza explicó que solicitó a la mesa exigir responsabilidades, pero la respuesta de la Coordinadora fue “insuficiente” y sin reconocimiento alguno.“No se puede seguir permitiendo que la Fuerza Pública sea atacada mientras se habla de paz. La población es manipulada por quienes controlan la economía ilegal”, afirmó.Acore elaboró luego un documento reservado con observaciones y recomendaciones sobre el proceso, que —según Ariza— “no fue bien recibido” por el jefe negociador. Las diferencias se profundizaron cuando se solicitó una posición frente al caso de extradición de Andrés Rosas Taraña, frente al cual Ariza propuso condicionar cualquier pronunciamiento a una desmovilización irreversible en 30 días, lo que marcó su ruptura definitiva con la delegación.El oficial en retiro también señaló que posteriormente el Gobierno desconoció su papel como representante de Acore, asegurando que participaba “a título personal”. Esa decisión, sumada al silencio del Ejecutivo, llevó a la organización de oficiales retirados a cerrar unilateralmente su participación.“Los hechos son los hechos. El Gobierno pidió nuestro apoyo y luego nos desconoció. Guardaron silencio, y quien calla, otorga”, concluyó Ariza.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos advirtió que durante 2025 se intensificaron los focos de violencia territorial en Arauca, Arauquita, Tame, Sácama y Casanare, lo que provocó un aumento de víctimas y graves violaciones a los derechos humanos. La entidad recordó que las privaciones arbitrarias de la libertad, las desapariciones y los asesinatos en el marco del conflicto armado constituyen delitos de extrema gravedad que el Estado tiene la obligación de prevenir y sancionar.ONU Derechos Humanos insistió en la necesidad de que el Gobierno nacional refuerce la presencia institucional en los territorios, asigne recursos suficientes a las autoridades locales y garantice un acceso efectivo a la justicia, así como la atención y reparación a las víctimas.Una de las principales alertas del organismo se centra en el reclutamiento y la utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados no estatales. Solo en 2025, la ONU documentó 55 casos de afectaciones a menores de edad en Arauca, de los cuales 35 corresponden a reclutamiento directo o utilización, y otros 36 casos adicionales entre 2024 y 2025 afectaron a niñas y niños de los pueblos indígenas Makaguán, Hitnü, Betoy y U’wa. Esta situación, señaló la entidad, genera un impacto desproporcionado sobre las comunidades indígenas y campesinas.La Oficina también verificó el asesinato de tres personas defensoras de derechos humanos en Arauca durante 2025: una con liderazgo comunal, otra gremial y una más con liderazgo político y social. Aunque las cifras son menores a las de 2024, cuando se registraron 16 homicidios, la ONU advirtió que esta reducción no refleja una mejora en la seguridad, sino el miedo, la autocensura y el desplazamiento forzado de líderes sociales.A pesar de este panorama, la ONU destacó la valentía de las personas que continúan defendiendo los derechos humanos en Arauca y reiteró su llamado al Estado colombiano para que garantice su protección y el respeto a la población civil.
Colombia cierra el año 2025 en medio de una de las arremetidas violentas más graves de los últimos tiempos. El paro armado de 72 horas decretado por el ELN dejó cerca de 100 acciones armadas en al menos nueve departamentos, con un saldo de por lo menos 12 personas asesinadas, decenas de heridos, vías bloqueadas, vehículos incinerados y ataques con explosivos contra la fuerza pública. El hecho más grave ocurrió en zona rural de Aguachica, Cesar, donde un ataque con drones cargados de explosivos contra un batallón militar dejó siete soldados muertos y 28 heridos.En este contexto, María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), analizó en entrevista en El Radar con Ricardo Ospina el significado político y estratégico de esta ofensiva armada, no solo del ELN, sino también de las disidencias lideradas por alias Iván Mordisco. Para la experta, la violencia no es un fenómeno aislado ni coyuntural, sino que está directamente relacionada con el calendario electoral que se avecina.“Tengo la lectura de que sí están preparándose para lo que viene en el proceso electoral, para tener un espacio en el debate público, hacerse notar”, afirmó Llorente, al señalar que estos grupos buscan incidir en la agenda política y forzar definiciones sobre su tratamiento en el próximo gobierno. Según explicó, se trata de una dinámica repetida en Colombia cada cuatro años, pero que hoy se agrava por la expansión territorial y el fortalecimiento económico de las organizaciones armadas ilegales.La directora de la FIP también se refirió a la política de “paz total” del Gobierno del presidente Gustavo Petro, cuya apuesta central ha sido mantener abiertas múltiples mesas de negociación, incluso aquellas que no han mostrado resultados concretos. “Teníamos nueve mesas de negociación, ninguna se ha desmontado, en ninguna hemos tenido ningún resultado, pero ninguna se ha desmontado”, advirtió, al tiempo que cuestionó la ausencia de una estrategia clara de seguridad que acompañe estos diálogos.Para Llorente, el Ejecutivo busca dejar “hechos irreversibles” que condicionen al próximo Gobierno. “Aquí seguimos con esta política… y vamos a seguir insistiendo en ello y generando hechos que le hagan muy difícil al siguiente Gobierno desmontar” los procesos en curso, explicó, refiriéndose a iniciativas como las zonas de ubicación territorial con distintos grupos armados.Sin embargo, el balance en seguridad es preocupante. La analista recordó que la falta de una estrategia integral ha derivado en la fragmentación y multiplicación de estructuras criminales. Como ejemplo, citó el crecimiento del Clan del Golfo: “Se han incrementado en un 85 % con respecto a lo que había cuando se desmovilizaron las Farc”.De cara al próximo Gobierno, Llorente fue enfática en la necesidad de un cambio de enfoque. “Es absolutamente indispensable establecer una hoja de ruta de seguridad en los territorios”, señaló, insistiendo en recuperar la iniciativa del Estado, proteger a la población civil y contener el avance de los grupos armados. Aunque defendió la negociación como herramienta, advirtió que sin seguridad territorial y sin incentivos claros, cualquier proceso está condenado al fracaso.El cierre de año deja así un panorama complejo: más violencia, negociaciones fragmentadas y una campaña electoral que ya empieza a sentirse en los fusiles. Para expertos como Llorente, el reto del 2026 será enorme: construir una política de seguridad y paz que no repita los errores del presente y devuelva la tranquilidad a los territorios más golpeados del país.