El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que alias ‘Iván Mordisco’, máximo cabecilla de las disidencias de las Farc, atraviesa su momento más crítico tras un año de ofensiva sostenida de la fuerza pública. Según el funcionario, la presión militar y policial ha sido tan fuerte que el cabecilla estaría recurriendo a otros carteles del narcotráfico para evitar ser capturado o neutralizado.“Alias 'Mordisco' ha sido afectado tan críticamente durante los últimos 12 meses que recurre ahora a un llamado de auxilio a los demás carteles del narcotráfico para que lo protejan y no termine neutralizado por una acción de la fuerza pública”, afirmó el ministro, al referirse al impacto de las operaciones desplegadas en distintas regiones del país contra su estructura criminal.Sánchez reiteró que la persecución contra ‘Iván Mordisco’ no se detendrá y recordó que el Gobierno mantiene vigente una millonaria recompensa por información que conduzca a su captura. “Por Mordisco, por quien ofrecemos hasta 5 mil millones de pesos, no descansará la fuerza pública hasta encontrarlo y que pague por sus delitos”, subrayó, dejando claro que se trata de uno de los objetivos prioritarios del Estado.En un tono contundente, el ministro describió el historial criminal del cabecilla, al asegurar que su nombre quedará marcado como uno de los más violentos del conflicto armado y del narcotráfico. “Alias 'Mordisco' pasará a la historia como uno de los peores asesinos, criminales, reclutador de menores, de niños, niñas y adolescentes, asesino de indígenas, extorsionador y uno de los capos del narcotráfico que mucho daño le ha hecho a Colombia”, señaló.El jefe de la cartera de Defensa insistió en que, pese a los discursos con los que estas estructuras intentan justificarse, su verdadera motivación es exclusivamente criminal. “Estos criminales solamente les interesa el narcotráfico”, dijo, al advertir que incluso las disputas y alianzas entre grupos armados ilegales giran alrededor de ese negocio ilícito. En ese contexto, explicó que “mientras se pelean en el Catatumbo, se unen en el sur de Bolívar”, demostrando, según él, que el narcotráfico es el eje de sus decisiones.Sánchez también envió un mensaje directo a ‘Iván Mordisco’ y a quienes integran su organización, invitándolos a abandonar las armas antes de ser capturados. “La invitación es a que se desmovilice, a que dejen de causarle tanto daño a Colombia y que lo hagan antes de que el Estado los encuentre y los lleve a la justicia”, afirmó.Finalmente, el ministro hizo un llamado a la ciudadanía para que colabore con información que permita ubicar a este cabecilla y desarticular su red criminal. “Denuncien llamando al 107 o al 157”, pidió, al concluir que el narcotráfico no solo une a estos grupos, sino que “también los lleva a la autodestrucción”.
El cabecilla de las disidencias de las Farc, alias ‘Iván Mordisco’ reapareció en un vídeo en el que le hace un llamado al ELN, a la Segunda Marquetalia y a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano para que hagan una alianza criminal, lo anterior, tras la operación de Estados Unidos en Venezuela que llevó a la captura de Nicolás Maduro.“Los convocamos con necesidad imperiosa a una cumbre de comandantes insurgentes de Colombia y de toda nuestra América. Basta intervenciones militares”, señala en el video alias ‘Iván Mordisco’.Es importante recordar que, según información de inteligencia, la operación de Estados Unidos en Venezuela ha llevado a algunos cabecillas de grupos armados como el ELN y la Segunda Marquetalia a huir del vecino país, en donde se refugiaban bajo el auspicio del régimen de Maduro.Venezuela también ha sido país garante en las negociaciones de paz que ha adelantado el Gobierno nacional con diferentes grupos armados, como la Segunda Marquetalia y el ELN.Actualmente la Segunda Marquetalia es comandada por alias 'Iván Márquez', cuya última aparición fue justamente en Caracas.Por su parte, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano es una disidencia de la Segunda Marquetalia que actualmente está en negociaciones de paz con el Gobierno.
Un conjunto de documentos de inteligencia internacional y territorial revela con detalle la arquitectura clandestina que sostiene la presencia del ELN y las redes del narcotráfico en el estado Zulia, Venezuela. Lejos de ser asentamientos improvisados, las bases guerrilleras y las pistas aéreas ilegales responden a una lógica estratégica que combina geografía, ocultamiento y conectividad fluvial.El análisis identifica al menos diez zonas clave de asentamiento del ELN ubicadas en la franja Catatumbo–Zulia y en los piedemontes de la Serranía de Perijá. Se trata de territorios dominados por planicies inundables, selvas húmedas, marismas y corredores ribereños, entornos que ofrecen protección natural, abundancia de agua y una movilidad silenciosa a través de ríos y caños.Estas áreas, como Encontrados, Udón Pérez, Valderrama o Machiques de Perijá, presentan un patrón recurrente: baja densidad poblacional, escasa presencia estatal y múltiples rutas de aproximación secundarias, lo que dificulta la detección aérea y terrestre. En varios puntos, la vegetación densa y los obstáculos por inundación actúan como barreras naturales frente a operativos convencionales.En paralelo, los documentos detallan al menos diez pistas aéreas irregulares utilizadas para el narcotráfico, con longitudes que oscilan entre 1.300 y 2.300 metros, suficientes para aeronaves ligeras cargadas con droga o insumos ilícitos. Estas pistas se encuentran estratégicamente alineadas con riberas, planicies aluviales y claros rectilíneos en medio del bosque, muchas de ellas conectadas por trochas o canales fluviales.Llama la atención la superposición geográfica entre las zonas de presencia del ELN y las pistas clandestinas. Municipios como Jesús María Semprún, Catatumbo y Rosario de Perijá aparecen de forma reiterada, lo que refuerza la hipótesis de coexistencia operativa o acuerdos funcionales entre estructuras armadas y organizaciones narcotraficantes.La orientación de las pistas, la baja huella nocturna y el acceso anfibio en varios sectores evidencian una planificación técnica orientada a evadir radares, patrullajes y controles fronterizos. No se trata solo de esconderse, sino de garantizar flujos constantes de movilidad, abastecimiento y salida de cargamentos.En conjunto, los documentos pintan un mapa preciso de cómo la criminalidad organizada ha convertido el sur y occidente del Zulia en un santuario logístico, donde la selva, el agua y la geografía no son obstáculos, sino aliados estratégicos.
La ONU Derechos Humanos Colombia exigió la liberación inmediata de los cinco integrantes de la Policía Nacional que habrían sido secuestrados por el ELN en zona rural del municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander.En un pronunciamiento oficial, pidieron al grupo armado que tendría en su poder a los policías José Ricardo Carrillo Romero, Carlos Eduardo Barrera Ruiz, Edwin Fabián Manosalva Contreras, Ramón Alberto Coronel Medina y Daniel de Jesús Granada Quiroz, a respetar en todo momento su vida e integridad personal.“Rechazamos la privación de la libertad de estos cinco funcionarios de la @PoliciaColombia de Norte de Santander”, señalaron en el comunicado.De acuerdo con la información recopilada por la entidad, los uniformados se movilizaban vestidos de civil, a bordo de un vehículo de transporte público, cuando fueron privados de la libertad en la vía que comunica a Tibú con otras zonas del Catatumbo.El organismo rechazó de manera categórica este hecho y reiteró a los grupos armados no estatales su obligación de respetar el Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos aun en contextos de conflicto armado.
La música popular colombiana, así como el mundo del entretenimiento, está de luto tras confirmarse el fallecimiento del ícono popular Yeison Jiménez, quien perdió la vida en un accidente aéreo luego de que la avioneta en la que viajaba desde Paipa, Boyacá, colisionara. El artista se dirigía hacia el departamento de Antioquia para presentarse este sábado 10 de enero en el municipio de Marinilla.Según lo confirmado por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Duitama, la aeronave involucrada es una Piper Navajo PA-31, de matrícula N325FA, la cual colisionó contra una finca ubicada en la vereda Romitas, sector Marengo, en jurisdicción de Paipa.Ante la sorpresiva noticia, varios artistas del ámbito musical y del entretenimiento colombiano reaccionaron al fallecimiento de quien se había convertido en uno de los referentes más importantes de la música popular en el país.Artistas reaccionan a la muerte de Yeison JiménezUno de los primeros en pronunciarse fue Martín Elías Jr., hijo del también fallecido cantante de vallenato Martín Elías. “Tengo el corazón roto y el alma en tristeza, mis cercanos saben lo mucho que te admiraba, eres uno de mis cantantes favoritos”, escribió, mensaje que acompañó con emojis de caras llenas de lágrimas.Otro de los referentes musicales del país, Jessi Uribe, se despidió de Jiménez a través de un video en el que ora y rinde homenaje al artista, cantando y colocándose el sombrero en su honor. “Te vas como un gigante de la música”, expresó sobre el cantante de Manzanares.Una de las despedidas más sentidas fue la de Pipe Bueno, artista del mismo género y con quien compartió escenario y una relación cercana. “Todavía no logro procesar esta noticia… pero decido quedarme con los recuerdos y la gratitud. Con todo lo que viví junto a un amigo, pero también junto al colega, al compañero de tarimas, de canciones y de sueños”, escribió.Por su parte, una de las leyendas del género popular, el Charrito Negro, publicó en su cuenta de Instagram: “Hoy queda un silencio difícil de explicar. Se va una voz que marcó a su público, un talento que dejó huella y un ser humano que siempre llevó la música popular con orgullo y pasión”.Otra de las publicaciones que más sentimiento generó fue la de Jhon Alex Castaño, quien compartió un video junto a Yeison Jiménez en sus inicios, cuando aún buscaban un camino dentro de la escena musical. “Te vi nacer, pero nunca creí que iba a verte partir”, escribió.Luis Alberto Posada se despide entre lágrimasUna de las reacciones más inesperadas fue la de Luis Alberto Posada, con quien habría tenido diferencias artísticas y procesos legales en el pasado. Pese a ello, el cantante envió un mensaje de condolencias a la familia y a los seguidores de Yeison Jiménez, dejando de lado cualquier diferencia.
La música popular colombiana está de luto tras el trágico accidente aéreo ocurrido en la tarde del sábado 10 de enero de 2026, en el que perdió la vida el cantante Yeison Jiménez junto a otras cinco personas. El siniestro se registró cuando una aeronave Piper Navajo PA-31, de matrícula N325FA, se precipitó a tierra en una zona rural del departamento de Boyacá, entre los municipios de Paipa y Duitama, específicamente en el sector de Romita, pocos minutos después de despegar del aeropuerto de Paipa.De acuerdo con la información confirmada por la Aeronáutica Civil y la Gobernación de Boyacá, en el avión viajaban seis personas, todas fallecidas en el lugar. Las víctimas fueron identificadas como el cantante Yeison Jiménez; el piloto de la aeronave, capitán Hernando Torres; y cuatro integrantes de su equipo de trabajo: Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora. Tras confirmarse la noticia, la hermana del artista, Heidy Jiménez, envió un mensaje a sus seguidores donde pide prundencia en estos duros momentos. "Por favor no llamar, es un momento doloroso. Muchas gracias por los mensajes de apoyo", escribió. Según los reportes oficiales, la aeronave tenía como destino el departamento de Antioquia, donde el artista caldense tenía prevista una presentación en el municipio de Marinilla esa misma noche. Horas antes del accidente, Jiménez había cumplido compromisos artísticos en Santander. Yeison Jiménez, oriundo de Manzanares, Caldas, contaba con una trayectoria artística de más de una década y era considerado una de las figuras más representativas de la música popular en Colombia.
Una tragedia enluta al barrio Flor del Campo, en el sur de Cartagena. Un menor de cuatro años murió en medio del incendio de una vivienda que se registró durante la tarde de este sábado 10 de enero.De acuerdo al reporte de las unidades de Bomberos que atendieron la emergencia en la manzana 1B de este popular sector de la ciudad, el cuerpo del menor fue encontrado en una de las habitaciones de la vivienda una vez fueron controladas las llamas.“Al llegar al lugar, se evidenció que la comunidad había logrado sofocar las llamas utilizando arena. Durante la inspección de la vivienda, lamentablemente, se encontró en una de las habitaciones el cuerpo sin vida de un menor, de 4 años de edad, en circunstancias que son materia de investigación por parte de las autoridades judiciales”, explicó Ahizar Fuentes Lizcano, comandante del Cuerpo de Bomberos de Cartagena.Las autoridades investigan si el menor se encontraba solo en la vivienda y quién estaba a su cargo. Entretanto, las autoridades distritales reiteraron las recomendaciones a la comunidad, especialmente en esta temporada en la que se presentan altas temperaturas.No dejar niños solos dentro de las viviendas.Evitar el uso inadecuado de velas, velones, mecheros o elementos con llama abierta.Desconectar electrodomésticos que no estén en uso y revisar las instalaciones eléctricas.Mantener fósforos, encendedores y materiales inflamables fuera del alcance de los menores.En caso de incendio, dar aviso inmediato a la línea 119 y no exponerse al riesgo.
El cantante de música popular Yeison Jiménez, de 34 años, nacido el 26 de julio de 1991 en Manzanares, Caldas, falleció tras un siniestro aéreo ocurrido en zona rural del municipio de Paipa, en el departamento de Boyacá, durante la tarde de este sábado 10 de enero.El artista era reconocido por su profunda entrega a su familia. Era hijo de Jaime Jiménez Aristizábal y Luz Mery Galeano, y padre de tres menores. Su compañera sentimental, Sonia Restrepo, madre de sus hijos, mantuvo una relación con el cantante durante varios años.Sus hijos eran Camila, la mayor, de aproximadamente 15 años, quien aunque era su hijastra, Yeison consideraba como su propia hija; Thaliana, de unos 7 años; y Santiago, el menor, nacido en 2024, quien apenas comenzaba a compartir sus primeros momentos junto a su padre.Fue Camila quien protagonizó uno de los momentos más conmovedores en redes sociales tras conocerse la noticia del fallecimiento del artista. En un comentario escribió: “Te amo papá, no sabes cuánto me parte ver tus videos y que no estés aquí”.A este mensaje se sumó el pronunciamiento de la hermana del cantante, Heidy Jiménez, quien a través de sus historias de Instagram pidió respeto por el duelo familiar: “Por favor no llamar, es un momento doloroso. Muchas gracias por los mensajes de apoyo”.De acuerdo con la información oficial, las muertes registradas fueron producto de un accidente aéreo. La Aeronáutica Civil informó que la aeronave transportaba seis ocupantes, entre ellos el piloto, el copiloto y cuatro pasajeros, y que había presentado un plan de vuelo con destino a la ciudad de Medellín.Las autoridades continúan adelantando las investigaciones para establecer las causas exactas del siniestro. Asimismo, se confirmó que en la avioneta se movilizaban:Yeison JiménezJuan Manuel RodríguezÓscar MarínJefferson OsorioWeisman Mora
La tarde del sábado 10 de enero se oscureció luego de conocerse la muerte de Yeison Jiménez, famoso cantante colombiano de música popular a causa de un accidente aéreo ocurrido en entre los municipios de Paipa y Duitama, en Boyacá.El lamentable hecho dejó a seis personas sin vida; no obstante, Jiménez no habría sido el único famoso que perdió la vida en el siniestro, pues, según Yina Calderón, un familiar cercano a ella también murió.De acuerdo con la Aeronáutica Civil, el accidente ocurrió en horas de la tarde luego de que la aeronave despegara del aeropuerto Juan José Rondón en Paipa, al parecer la avioneta no logró alcanzar la altura suficiente y terminó por precipitarse al suelo con gran fuerza.La Administración Municipal de Paipa informó que pasadas las 4:00 p. m. de este sábado, recibieron un reporte de un accidente aéreo, lo cual llevo a activar acciones para brindar la debida atención y respuesta en el lugar de la emergencia.De inmediato, la emergencia fue atendida, por el cuerpo de bomberos de la zona, priorizando la verificación de las condiciones del área y la seguridad de la comunidad. Al lugar acudieron ambulancias y demás autoridades.Yina calderón habría perdido a ser querido en el mismo accidente aéreo de Yeison JiménezLuego de que la Aerocivil confirmó las entidades de las seis personas fallecidas, la creadora de contenido Yina Calderón manifestó en sus redes sociales que una persona cercana ella y a su familia estaba entre las víctimas.Así notificó la entidad aérea la identidad de las personas que iban a bordo de la avioneta:“En el avión se desplazaban seis personas: el piloto, el copiloto y cuatro pasajeros, entre ellos el artista, cuya presencia a bordo fue confirmada oficialmente por las autoridades”.Piloto: Capitán Hernando Torres.Pasajeros: Yeison Jiménez, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.Por medio de una historia en Instagram, la influencer aseguró una doble tragedia que vivió ella y su familia: Juan Manuel Rodríguez, era el productor audiovisual de Yeison Jiménez y, según Yina Calderón, era el novio de su hermana Juliana Calderón.Sin embargo, comentarios de internautas en la historia publicada por la creadora de contenido, mencionan que Rodríguez no sería el novio actual de Juliana Calderón.En otra historia, Yina Calderón rindió homenaje al cantante de 34 años, Yeison Jiménez, tras su trágica partida.
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas lanzó una alerta tras las advertencias de la Defensoría del Pueblo, que señala a los municipios de Riohacha y San Juan del Cesar en riesgo extremo por el aumento de combates entre grupos armados ilegales en inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.Desde el 26 de diciembre de 2025, al menos 195 personas, pertenecientes a 43 familias, se han visto obligadas a abandonar sus territorios rurales debido a los enfrentamientos armados. Los hechos han afectado de manera directa a comunidades indígenas del pueblo Wiwa, así como a población campesina, niños, niñas y adolescentes, docentes y liderazgos sociales.Uno de los casos más críticos es el desplazamiento total de la comunidad indígena Wiwa de La Múkura, una situación que, según el informe, “afecta su relación histórica, espiritual y colectiva con el territorio”. Estas comunidades ya habían enfrentado crisis humanitarias recurrentes en los últimos dos años, lo que ha debilitado sus procesos organizativos y de protección colectiva.A esto se suman restricciones al acceso a alimentos y servicios básicos, especialmente en territorios con vocación agrícola, además de amenazas y agresiones contra docentes, líderes comunitarios e integrantes del pueblo Wiwa, así como restricciones a la movilidad y al acceso a la información.La OCHA también advierte que las alcaldías de Riohacha y San Juan del Cesar no cuentan con recursos para brindar asistencia humanitaria inmediata y que, hasta el momento, no se ha entregado ayuda a las familias afectadas. Aunque se han activado algunas rutas de protección, Naciones Unidas mantiene el monitoreo permanente de la situación ante la gravedad de los riesgos humanitarios.
En los últimos días, diversas organizaciones sociales, líderes comunitarios y entidades del Estado colombiano han venido reportando una nueva escalada de violencia en el corregimiento de Filogringo, jurisdicción de El Tarra (Norte de Santander), como resultado de enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Según los reportes de habitantes locales y personeros de la región, los combates se han intensificado desde mediados de diciembre, con hechos que incluyen uso de drones armados, ataques con artefactos explosivos y enfrentamientos directos entre los grupos armados ilegales. Estos incidentes han ocurrido tanto en zonas rurales como en las cercanías del casco urbano de Filogringo, lo cual ha puesto en alerta máxima a las comunidades. Los habitantes han compartido en redes sociales y medios locales grabaciones donde se muestra la llegada de grupos armados al área y el intercambio de disparos que se prolongan durante horas. Los reportes coinciden en que estos hechos han generado pánico, con detonaciones escuchadas de noche y presencia de artefactos aéreos no tripulados sobre zonas pobladas, lo que impide que muchas familias se desplacen libremente o busquen refugio seguro. Organizaciones comunitarias han señalado que más de 300 personas están siendo desplazadas o confinadas como consecuencia de estos combates. Además, el uso de drones ha sido descrito como especialmente preocupante, ya que estos ataques indiscriminados elevan el riesgo de víctimas civiles y daños a infraestructura habitacional. La Defensoría del Pueblo y personeros del Catatumbo han publicado comunicados oficiales en los que instan a las partes armadas a cesar las acciones violentas y respetar el Derecho Internacional Humanitario, enfatizando que la población civil no forma parte del conflicto y no debe ser expuesta a estas hostilidades. Estas entidades también han pedido al gobierno nacional fortalecer la presencia institucional para proteger a las comunidades afectadas. Los reportes coinciden con alertas humanitarias emitidas previamente este año, en donde se advirtió sobre el riesgo de nuevos enfrentamientos en diciembre debido al histórico de tensiones entre el ELN y las disidencias de las Farc, especialmente en áreas como El Tarra y Tibú. La continuidad de estos combates en Filogringo ha evidenciado cómo las advertencias generadas por organismos de derechos humanos se han cumplido, resultando en un aumento de desplazamientos forzados y deterioro de las condiciones de seguridad en la región. Estos reportes se suman a la grave crisis humanitaria que atraviesa el Catatumbo, donde se han documentado más de 78.000 desplazados como consecuencia de la violencia sostenida durante 2025, con Tibú y El Tarra entre los municipios más afectados. Las organizaciones sociales han resaltado que la situación no solo implica combates armados, sino también restricciones de movilidad, bloqueos a servicios básicos y afectaciones directas al acceso a alimentos y atención médica para la población civil. En síntesis, los reportes sobre la llegada y escalada de violencia en Filogringo coinciden en que se trata de una dinámica compleja y peligrosa, con impactos directos en la seguridad y los derechos humanos de las comunidades locales, que ahora enfrentan no solo la confrontación armada entre grupos ilegales, sino también las consecuencias humanitarias de un conflicto prolongado y en constante evolución.
La Defensoría del Pueblo alertó sobre la grave crisis humanitaria que atraviesa la subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, donde los enfrentamientos entre grupos armados ilegales han provocado más de 78.000 desplazamientos forzados durante 2025. Tibú y El Tarra figuran entre los municipios más afectados por un conflicto que no da tregua y que ha generado confinamientos, amenazas y violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).El organismo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 017 de 2025 ante el recrudecimiento de la violencia entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las extintas Farc —Frente 33 y Bloque Magdalena Medio—, así como por el control territorial ejercido por el ELN en amplias zonas rurales. En este escenario confluyen economías ilegales, débil presencia estatal y una estructura de poder paralelo que impone restricciones de movilidad, normas de conducta y prácticas de coerción social sobre la población civil.En mayo, el Gobierno nacional autorizó la creación de una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) para miembros del Frente 33 en Tibú, medida que fue prorrogada el 23 de diciembre sin que hasta la fecha existan los protocolos necesarios para su funcionamiento. La Defensoría advirtió que la persistencia del conflicto armado en el área hace inviable esta iniciativa y podría aumentar los riesgos humanitarios para las comunidades cercanas.Los hechos más recientes agravan el panorama. Desde el 14 de diciembre se registran nuevos enfrentamientos en Tibú y El Tarra, que han dejado decenas de familias desplazadas y miles confinadas. Solo en el corregimiento de Pachelli, cerca de 1.500 familias —unas 6.000 personas— permanecen sin acceso a alimentos ni servicios básicos por los combates y el paro armado del ELN. En la vereda Kilómetro 16, 223 personas tuvieron que abandonar sus hogares, mientras que los ataques con drones en Filo Gringo mantienen aisladas a varias comunidades rurales.La Defensoría alertó además que las alcaldías de Cúcuta y Tibú no tienen la capacidad operativa ni presupuestal para responder a la emergencia, debido al vencimiento de contratos del personal de atención y del operador logístico. La falta de seguridad en el territorio ha impedido verificar de manera directa los nuevos desplazamientos, por lo que se presume un subregistro significativo.Ante esta situación, el organismo pidió al Gobierno nacional y a las autoridades locales fortalecer las rutas de atención humanitaria, garantizar el envío de ayuda inmediata y activar corredores humanitarios para las zonas más afectadas. También llamó a los grupos armados ilegales a cesar las hostilidades y respetar el Derecho Internacional Humanitario, para evitar que la crisis siga cobrando víctimas en el Catatumbo.Al llamado de la Defensoría del Pueblo se suma la alerta que emiten cerca de 28 organizaciones sociales de la región del Catatumbo en la que claman acciones inmediatas por parte de los grupos armados ilegales y los organismos del Estado."Alertamos sobre la grave escalada de la crisis humanitaria en el Catatumbo en los últimos días. Las confrontaciones armadas han generado más de 300 personas desplazadas, cierre de vías, presencia de artefactos explosivos, bloqueo a misiones médicas y graves afectaciones a la población civil", indicaron.Agregaron que la actual situación que ya había sido advertida por la mesa humanitaria desde noviembre, pone en alto riesgo a las comunidades campesinas e indígenas, especialmente a niñas, niños, personas mayores y líderes sociales."Exigimos acciones inmediatas de protección y atención humanitaria por parte del Estado y el respeto al DIH por los actores armados. Seguiremos acompañando a las comunidades por la vida, la paz y la permanencia digna en el Catatumbo".La crisis humanitaria que vive actualmente el Catatumbo empezó el 16 de enero de este año.
La paz en Colombia dejó de ser una promesa abstracta para convertirse en una realidad tangible en distintos territorios del país. Así lo demuestra el balance presentado por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), que durante 2025 impulsó iniciativas, proyectos productivos e inversiones clave para fortalecer la reincorporación y evitar la repetición del conflicto armado.El siguiente video recoge los principales hitos de este proceso y evidencia cómo el trabajo articulado entre el Estado, las comunidades y las personas firmantes de paz ha permitido abrir nuevas oportunidades y sembrar arraigo a la vida civil.Durante el año, la educación se consolidó como uno de los principales pilares de la construcción de paz. Más de 10.200 personas en proceso de reincorporación lograron elevar su nivel de escolaridad, mientras que firmantes del Acuerdo de Paz y sus hijos e hijas accedieron a educación superior, gracias a convenios estratégicos como el firmado con el Icetex. Estas acciones no solo fortalecen las capacidades individuales, sino que también impactan de manera directa la sostenibilidad económica de las familias.En materia productiva, la ARN impulsó 6.097 proyectos —tanto individuales como colectivos— que recibieron inversiones superiores a los 104.000 millones de pesos. A esto se suman los convenios con el Fondo Emprender del SENA y el Banco Agrario, que abrieron nuevas puertas para el emprendimiento, el acceso a crédito y la generación de ingresos en los territorios.Sin embargo, el avance hacia la paz no se limita a lo económico. La reconstrucción del tejido social fue otro eje fundamental en 2025. A través de las agendas comunitarias, diálogos para el futuro, se promovieron espacios de reconciliación y convivencia pacífica en 66 territorios, con la participación de más de 9.540 personas entre comunidades y firmantes de paz.El año también marcó un hito histórico en el cumplimiento de compromisos: cerca de 18.500 hectáreas adquiridas y 347 viviendas entregadas o en proceso de entrega desde la firma del Acuerdo de Paz, fortaleciendo el arraigo territorial y los proyectos de vida de quienes apostaron por dejar las armas.Para 2026, la ARN y el Gobierno del Cambio reiteran su compromiso de seguir llegando a los territorios históricamente marginados, entendiendo que la paz crece cuando la reincorporación se fortalece desde lo local y se traduce en transformaciones reales para Colombia.
La Defensoría del Pueblo advirtió que entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2025 se registraron 165 asesinatos de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos en el país. Del total de casos confirmados, 143 corresponden a hombres y 22 a mujeres, lo que refleja una grave y sostenida vulneración a quienes promueven la defensa de los derechos y la paz en los territorios.Los datos revelan que los meses con mayor número de homicidios fueron marzo (20 casos), julio (19) y noviembre (18). Desde enero de 2016 hasta noviembre de 2025, la Defensoría ha documentado 1.653 asesinatos de líderes y defensores, una cifra que pone en evidencia la magnitud de la crisis y la necesidad de reforzar la protección institucional.A las cifras de la Defensoría se suman los datos de Indepaz, que confirman la persistencia de un patrón sistemático de violencia y silenciamiento contra quienes defienden la vida, los derechos humanos y la implementación del Acuerdo de Paz. El instituto señala que el asesinato de líderes sociales, de firmantes de paz y la repetición de masacres en distintos departamentos no solo responde a la acción de grupos armados ilegales, sino también a profundas fallas estructurales del Estado en materia de prevención, protección y garantías de no repetición.Las organizaciones defensoras de derechos humanos coinciden en que el Estado colombiano sigue en deuda con las comunidades rurales y los procesos sociales que, a pesar de los riesgos, continúan promoviendo la reconciliación y la defensa del territorio.Mientras tanto, colectivos como las Tejedoras de Vida del Putumayo mantienen viva la voz de resistencia con una pregunta que se repite en cada marcha y conmemoración: “¿Por qué nos matan?”.El llamado de las entidades es urgente: fortalecer los mecanismos de seguridad para los líderes sociales, garantizar justicia frente a los crímenes y avanzar en una política integral de protección que ponga fin a la impunidad y al miedo que sigue acechando a quienes defienden la paz.
El Gobierno nacional le pidió a la Fiscalía General de la Nación suspender temporalmente las órdenes de captura contra 20 mandos de las disidencias de alias 'Iván Mordisco', grupo que nunca suscribió el acuerdo de paz firmado en 2016, la idea es que estas personas puedan reunirse y definir sus negociadores para empezar un diálogo formal de carácter político que se hará en Colombia, en algunas zonas adecuadas para el proceso que contarán con la presencia de la fuerza pública.Entre los nombres de estas 20 personas está el de Alonso Velosa García, máximo cabecilla del frente 33 de las disidencias y quien es señalado como el presunto responsable del atentado al helicóptero en el que se transportaba el expresidente Iván Duque y a la Brigada 30 del Ejército, con sede en esa misma ciudad.Ante la situación el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, aseguró que la solicitud de suspender esta orden de captura no significa una amnistía o que se suspendan las investigaciones que cursan contra 'Jhon Mechas'."La designación no implica la suspensión de investigación judicial alguna ni una amnistía o indulto para ninguna de las 20 personas en cuestión. La designación como miembros representantes del EMC Farc tiene como único propósito facilitar los acercamientos. No es la primera vez que un gobierno acudir a este tipo de medidas para avanzar en la construcción de la paz" señaló Rueda.En este momento el Gobierno está esperando la decisión de la Fiscalía frente a la solicitud presentada, pues el fiscal general, Francisco Barbosa, le pidió a presidencia que explique las razones por las que se solicitó la suspensión de capturas temporalmente de 11 de estos 20 mandos, ya que según los registros habrían firmado el acuerdo en 2016, por lo que no serían disidentes sino desertores. El gobierno responderá a la Fiscalía en las próximas horas.
El alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, confirmó que en las próximas semanas empezará un proceso de diálogo formal con las disidencias al mando de 'Iván Mordisco', pero también con la Segunda Marquetalia, grupo comandado por alias ‘Iván Márquez’ que abandonó el proceso de paz firmado con las extintas Farc en el año 2016.La metodología de estos procesos ya se ha ido trabajando en la fase exploratoria y de acercamientos con los dos grupos armados, por lo que también se buscará suspender órdenes de captura por un periodo de 10 días. Lo anterior para que los mandos de estas estructuras, que están en la cárcel, puedan reunirse y acordar negociadores y puntos importantes de cara al inicio de las conversaciones, posteriormente volverían a la cárcel.Rueda aseguró que los diálogos se desarrollarían en Colombia en algunas zonas adecuadas para este proceso, pero además contarán con el acompañamiento de la fuerza pública, para garantizar que no se realicen operaciones ilegales por parte de ningún grupo al margen de la ley, también aclara que serán procesos separados, es decir, uno con las disidencias de ‘Mordisco’ y otro con la Segunda Marquetalia."Habría unos lugares específicos que concertaríamos entre ellos y el Gobierno nacional, que significaría que la fuerza pública cumple todos sus derechos constitucionales, posibilitará la presencia de las instituciones civiles del Estado, verificando que allí no se estén desarrollando operaciones ilegales y generando un clima de conversaciones que sea eficiente y eficaz", señaló el comisionado en diálogo con la agencia Reuters.Le puede interesar:
El pasado martes, 14 de febrero en el municipio de Arauquita, ubicado en el departamento de Arauca, fue secuestrado el sargento primero Libey Danilo Bravo cuando se encontraba en un establecimiento comercial. En la mañana de este lunes, la guerrilla del ELN se adjudicó el secuestro y aseguró que responsabiliza a la fuerza pública por lo que le pueda pasar al militar. El presidente Gustavo Petro en las últimas horas se refirió a este caso y dijo que de esta manera se estaba saboteando la paz."Que este suboficial está recibiendo el trato que corresponde dentro del marco de los derechos humanos. Se acordó la realidad de la guerra que actualmente se viene el departamento de Arauca en los próximos días entregaremos. Pruebas de supervivencia la familia", señaló la guerrilla del ELN.Por su parte, el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, aseguró que el Gobierno nacional ya pidió la liberación del sargento Bravo en la mesa de diálogos con este grupo al margen de la ley, que cumple su segundo ciclo en Ciudad de México. El funcionario también aseguró que la guerrilla tiene voluntad de paz."Hay voluntad de parte del ELN, estamos hablando de un diálogo en medio de una conflictividad armada que no tiene un cese al fuego, ya se pidió la liberación, el propio presidente de la República la pidió, cuando recibimos la información estando en México de manera inmediata le solicitamos al ELN su libertad", señaló Rueda.Por otro lado, monseñor Héctor Fabio Henao se pronunció desde México, una vez el ELN confirmó que tiene en su poder al sargento primero Libey Danilo Bravo.También se refirió a la situación que se vive en Arauquita, asegurando que son objeto de gran preocupación tanto para la fuerza pública, como para los habitantes de este sector del país.“Este será un tema de la mesa de negociación que se desarrolla en México con el ELN, y nos llama la atención sobre la urgencia de avanzar hacia un cese al fuego que permita garantizar todas las condiciones”, aseguró monseñor Héctor Fabio Henao.Le puede interesar:
Aunque el Gobierno nacional, en un principio, solo inició diálogos formales con el ELN, el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, tuvo acercamientos en fase exploratoria, con las disidencias al mando de 'Iván Mordisco': las mismas que nunca suscribieron el acuerdo de paz, firmado en 2016 por las Farc con el gobierno de Juan Manuel Santos.Según se supo, este proceso con las disidencias ha registrado avances importantes y pronto empezaría una etapa formal de diálogos.Al referirse al punto en el que se encuentra este proceso de diálogos, Rueda aseguró que se activaron los mecanismos judiciales necesarios para que, algunos disidentes que hacen parte de los mandos de esta guerrilla, puedan ir a reunirse con el grupo armado. Y así discutir las condiciones finales para poder empezar una etapa de diálogo con el Gobierno."Estamos esperando que algunas personas puedan ser, conforme a la Constitución y las disposiciones legales, excarceladas durante 10 días y suspendida su condición de privados de la libertad. Estarán en la reunión de esos mandos y regresarán a la cárcel", señaló Rueda a los medios de comunicación.Este diálogo será de carácter político, teniendo en cuenta que este grupo armado ilegal nunca firmó el acuerdo de paz, al que sí se acogieron otros frentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.En las últimas semanas este proceso de exploración con las disidencias de 'Mordisco' han tenido avances importantes y por eso, en cuestión de semanas empezaría una fase de diálogo con los voceros de esta guerrilla que ya fueron elegidos durante un proceso interno, esta negociación será de carácter político, pues el Gobierno decidió que ya que este grupo nunca suscribió el acuerdo de paz, podrá recibir esta designación.Gobierno adelantaría los mecanismos y protocolos judiciales, teniendo en cuenta que los voceros de este grupo armado que empezarían el proceso de diálogo tienen órdenes de captura activas, las cuales deben suspenderse con el fin de que los guerrilleros puedan movilizarse a la zona donde empezarían las negociaciones.Le puede interesar:
“En la mesa no estamos negociando la impunidad para los miembros del grupo ni hemos pactado ni pactaremos ningún acuerdo que vulnere el Estado social de derecho”, dijo Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno, tras responder críticas del excoronel Jaime Ariza.Novoa insistió que, durante un año y seis meses de diálogos, con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano se han presentado diferentes posturas de personas que han generado disensos los cuales se han debatido con respeto y altura, además, dijo que la presencia de todos los integrantes de la delegación del Gobierno es a título personal y no representan a ningún gremio u organización.Según el jefe negociador del Gobierno, cada uno de los miembros de la delegación asumen sus propias responsabilidades y lamentó el retiro del coronel Ariza como integrante del equipo de paz del Gobierno.La reacción del jefe negociador se da horas después que el coronel Jaime Ariza manifestará su inconformidad por lo que llamó “beneficios a personas detenidas con fines de extradición”, como es el caso de Andrés Rojas, comandante del grupo ilegal Comandos de Frontera, que hace parte de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.Novoa negó cualquier choque interno con agremiaciones como Acore y señaló que todas las preocupaciones expresadas por las comunidades, autoridades locales y departamentales sobre la paz total han sido tenidas en cuenta, asimismo, afirmó que hay plena confianza entre los integrantes de la delegación del Gobierno.Este es el comunicado emitido por la delegación del Gobierno nacional en diálogos de paz.
El Gobierno nacional oficializó, mediante la Resolución 471 del 22 de diciembre de 2025, la creación de Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) para los integrantes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (AGC), conocido como Clan del Golfo, como parte del proceso de conversación sociojurídico con ese grupo armado.De acuerdo con el documento, las ZUT estarán activas hasta el 31 de diciembre de 2026 y se ubicarán en áreas rurales de los municipios de Belén de Bajirá y Unguía (Chocó), así como en Tierralta (Córdoba). Estas zonas serán espacios monitoreados y vigilados que permitirán la transición de los integrantes del AGC hacia su sometimiento a la justicia y su eventual reincorporación a la vida civil, en el marco de la política de Paz Total impulsada por el Gobierno Nacional.La medida busca garantizar seguridad jurídica y humana a los miembros del grupo armado que ingresen al proceso, al tiempo que asegura la protección de las comunidades y la presencia del Estado en los territorios. La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA) acompañará el monitoreo y la verificación de las condiciones en las zonas, junto con el Ministerio de Defensa Nacional y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.El decreto también contempla la suspensión temporal de órdenes de captura y extradición para los miembros del AGC incluidos en los listados oficiales aprobados por la Oficina del Alto Comisionado, mientras dure su permanencia en las zonas de ubicación.El Gobierno recalcó que esta decisión no implica impunidad, sino que busca crear las condiciones necesarias para avanzar en el sometimiento judicial y la reparación a las víctimas. Además, dejó claro que en las zonas establecidas seguirá vigente la autoridad civil y militar, con pleno ejercicio del Estado de derecho.
El reciente fallo de la Corte Constitucional que ordena rectificar afirmaciones públicas contra la senadora Sandra Ramírez, exintegrante de las Farc y actual miembro del partido Comunes, ha generado un fuerte rechazo entre las víctimas del conflicto armado. La decisión, con ponencia del magistrado Miguel Polo Rosero, argumenta que Ramírez se ha reincorporado plenamente a la vida civil y que no existen investigaciones vigentes en su contra por hechos cometidos durante la guerra.Sin embargo, las víctimas calificaron la decisión como una “mordaza judicial” que limita su derecho a la libertad de expresión y a llamar a los responsables de la violencia por su nombre. Consideran que el fallo protege a victimarios y desprotege a las víctimas, en un contexto en el que muchos de los casos de reclutamiento forzado, secuestro y abuso sexual aún no han tenido respuesta efectiva en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).La presidenta de la Federación Colombiana de Víctimas, Sofía Gaviria, fue una de las voces más críticas frente a la decisión. En un pronunciamiento público, afirmó:“Rechazamos con toda la contundencia, como cualquier persona de bien lo debe hacer, que a quienes hemos defendido a las víctimas se nos cercene el derecho a llamar a nuestros victimarios como lo que son. La señora Sandra Ramírez era la responsable de entregarles como carne de cañón los niños reclutados al Secretariado de las Farc. Repudiamos completamente la decisión”.Gaviria señaló que el fallo no solo desconoce el suffarcrimiento de miles de víctimas, sino que envía un mensaje de impunidad al impedir que se hable libremente de los crímenes cometidos por los exintegrantes de la antigua guerrilla. “Lo que la Corte está haciendo es castigar la verdad”, manifestó la dirigente.Organizaciones de víctimas coincidieron en que la decisión restringe el derecho a la memoria histórica y la denuncia, pilares fundamentales del proceso de reconciliación. Advirtieron que la reparación y la justicia no pueden construirse sobre el silencio ni sobre el olvido, y pidieron a las instituciones del Estado garantizar que sus voces sigan siendo escuchadas.
El coronel (r) Jaime Ariza, quien integró la delegación del Gobierno Nacional en los diálogos con la antigua Segunda Marquetalia, hoy Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, aseguró que su retiro del proceso respondió a discrepancias profundas con el manejo que el jefe negociador, Armando Novoa, dio a varios episodios críticos durante las conversaciones de paz.Según explicó Ariza, su participación se dio a solicitud del alto comisionado para la Paz, quien en 2024 invitó a la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro (Acore) a vincular algunos de sus miembros al esfuerzo de la Paz Total. “Acore presentó varios nombres y fui designado para representar al componente de retirados de las Fuerzas Militares y de Policía”, precisó.Durante los primeros ciclos de negociación se alcanzaron acuerdos parciales importantes, entre ellos la entrega de 14 toneladas de material de guerra y la sustitución de 30.000 hectáreas de cultivos ilícitos en Nariño y Putumayo. También se avanzó en la definición de zonas de ubicación temporal para procesos de desarme, desmovilización y reincorporación.Sin embargo, las conversaciones se vieron afectadas tras un grave hecho ocurrido en el Putumayo, donde un teniente y un soldado fueron incinerados por una turba manipulada por el grupo armado, en medio de una operación contra el narcotráfico. Ariza explicó que solicitó a la mesa exigir responsabilidades, pero la respuesta de la Coordinadora fue “insuficiente” y sin reconocimiento alguno.“No se puede seguir permitiendo que la Fuerza Pública sea atacada mientras se habla de paz. La población es manipulada por quienes controlan la economía ilegal”, afirmó.Acore elaboró luego un documento reservado con observaciones y recomendaciones sobre el proceso, que —según Ariza— “no fue bien recibido” por el jefe negociador. Las diferencias se profundizaron cuando se solicitó una posición frente al caso de extradición de Andrés Rosas Taraña, frente al cual Ariza propuso condicionar cualquier pronunciamiento a una desmovilización irreversible en 30 días, lo que marcó su ruptura definitiva con la delegación.El oficial en retiro también señaló que posteriormente el Gobierno desconoció su papel como representante de Acore, asegurando que participaba “a título personal”. Esa decisión, sumada al silencio del Ejecutivo, llevó a la organización de oficiales retirados a cerrar unilateralmente su participación.“Los hechos son los hechos. El Gobierno pidió nuestro apoyo y luego nos desconoció. Guardaron silencio, y quien calla, otorga”, concluyó Ariza.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos advirtió que durante 2025 se intensificaron los focos de violencia territorial en Arauca, Arauquita, Tame, Sácama y Casanare, lo que provocó un aumento de víctimas y graves violaciones a los derechos humanos. La entidad recordó que las privaciones arbitrarias de la libertad, las desapariciones y los asesinatos en el marco del conflicto armado constituyen delitos de extrema gravedad que el Estado tiene la obligación de prevenir y sancionar.ONU Derechos Humanos insistió en la necesidad de que el Gobierno nacional refuerce la presencia institucional en los territorios, asigne recursos suficientes a las autoridades locales y garantice un acceso efectivo a la justicia, así como la atención y reparación a las víctimas.Una de las principales alertas del organismo se centra en el reclutamiento y la utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados no estatales. Solo en 2025, la ONU documentó 55 casos de afectaciones a menores de edad en Arauca, de los cuales 35 corresponden a reclutamiento directo o utilización, y otros 36 casos adicionales entre 2024 y 2025 afectaron a niñas y niños de los pueblos indígenas Makaguán, Hitnü, Betoy y U’wa. Esta situación, señaló la entidad, genera un impacto desproporcionado sobre las comunidades indígenas y campesinas.La Oficina también verificó el asesinato de tres personas defensoras de derechos humanos en Arauca durante 2025: una con liderazgo comunal, otra gremial y una más con liderazgo político y social. Aunque las cifras son menores a las de 2024, cuando se registraron 16 homicidios, la ONU advirtió que esta reducción no refleja una mejora en la seguridad, sino el miedo, la autocensura y el desplazamiento forzado de líderes sociales.A pesar de este panorama, la ONU destacó la valentía de las personas que continúan defendiendo los derechos humanos en Arauca y reiteró su llamado al Estado colombiano para que garantice su protección y el respeto a la población civil.
Colombia cierra el año 2025 en medio de una de las arremetidas violentas más graves de los últimos tiempos. El paro armado de 72 horas decretado por el ELN dejó cerca de 100 acciones armadas en al menos nueve departamentos, con un saldo de por lo menos 12 personas asesinadas, decenas de heridos, vías bloqueadas, vehículos incinerados y ataques con explosivos contra la fuerza pública. El hecho más grave ocurrió en zona rural de Aguachica, Cesar, donde un ataque con drones cargados de explosivos contra un batallón militar dejó siete soldados muertos y 28 heridos.En este contexto, María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), analizó en entrevista en El Radar con Ricardo Ospina el significado político y estratégico de esta ofensiva armada, no solo del ELN, sino también de las disidencias lideradas por alias Iván Mordisco. Para la experta, la violencia no es un fenómeno aislado ni coyuntural, sino que está directamente relacionada con el calendario electoral que se avecina.“Tengo la lectura de que sí están preparándose para lo que viene en el proceso electoral, para tener un espacio en el debate público, hacerse notar”, afirmó Llorente, al señalar que estos grupos buscan incidir en la agenda política y forzar definiciones sobre su tratamiento en el próximo gobierno. Según explicó, se trata de una dinámica repetida en Colombia cada cuatro años, pero que hoy se agrava por la expansión territorial y el fortalecimiento económico de las organizaciones armadas ilegales.La directora de la FIP también se refirió a la política de “paz total” del Gobierno del presidente Gustavo Petro, cuya apuesta central ha sido mantener abiertas múltiples mesas de negociación, incluso aquellas que no han mostrado resultados concretos. “Teníamos nueve mesas de negociación, ninguna se ha desmontado, en ninguna hemos tenido ningún resultado, pero ninguna se ha desmontado”, advirtió, al tiempo que cuestionó la ausencia de una estrategia clara de seguridad que acompañe estos diálogos.Para Llorente, el Ejecutivo busca dejar “hechos irreversibles” que condicionen al próximo Gobierno. “Aquí seguimos con esta política… y vamos a seguir insistiendo en ello y generando hechos que le hagan muy difícil al siguiente Gobierno desmontar” los procesos en curso, explicó, refiriéndose a iniciativas como las zonas de ubicación territorial con distintos grupos armados.Sin embargo, el balance en seguridad es preocupante. La analista recordó que la falta de una estrategia integral ha derivado en la fragmentación y multiplicación de estructuras criminales. Como ejemplo, citó el crecimiento del Clan del Golfo: “Se han incrementado en un 85 % con respecto a lo que había cuando se desmovilizaron las Farc”.De cara al próximo Gobierno, Llorente fue enfática en la necesidad de un cambio de enfoque. “Es absolutamente indispensable establecer una hoja de ruta de seguridad en los territorios”, señaló, insistiendo en recuperar la iniciativa del Estado, proteger a la población civil y contener el avance de los grupos armados. Aunque defendió la negociación como herramienta, advirtió que sin seguridad territorial y sin incentivos claros, cualquier proceso está condenado al fracaso.El cierre de año deja así un panorama complejo: más violencia, negociaciones fragmentadas y una campaña electoral que ya empieza a sentirse en los fusiles. Para expertos como Llorente, el reto del 2026 será enorme: construir una política de seguridad y paz que no repita los errores del presente y devuelva la tranquilidad a los territorios más golpeados del país.