El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que alias ‘Iván Mordisco’, máximo cabecilla de las disidencias de las Farc, atraviesa su momento más crítico tras un año de ofensiva sostenida de la fuerza pública. Según el funcionario, la presión militar y policial ha sido tan fuerte que el cabecilla estaría recurriendo a otros carteles del narcotráfico para evitar ser capturado o neutralizado.“Alias 'Mordisco' ha sido afectado tan críticamente durante los últimos 12 meses que recurre ahora a un llamado de auxilio a los demás carteles del narcotráfico para que lo protejan y no termine neutralizado por una acción de la fuerza pública”, afirmó el ministro, al referirse al impacto de las operaciones desplegadas en distintas regiones del país contra su estructura criminal.Sánchez reiteró que la persecución contra ‘Iván Mordisco’ no se detendrá y recordó que el Gobierno mantiene vigente una millonaria recompensa por información que conduzca a su captura. “Por Mordisco, por quien ofrecemos hasta 5 mil millones de pesos, no descansará la fuerza pública hasta encontrarlo y que pague por sus delitos”, subrayó, dejando claro que se trata de uno de los objetivos prioritarios del Estado.En un tono contundente, el ministro describió el historial criminal del cabecilla, al asegurar que su nombre quedará marcado como uno de los más violentos del conflicto armado y del narcotráfico. “Alias 'Mordisco' pasará a la historia como uno de los peores asesinos, criminales, reclutador de menores, de niños, niñas y adolescentes, asesino de indígenas, extorsionador y uno de los capos del narcotráfico que mucho daño le ha hecho a Colombia”, señaló.El jefe de la cartera de Defensa insistió en que, pese a los discursos con los que estas estructuras intentan justificarse, su verdadera motivación es exclusivamente criminal. “Estos criminales solamente les interesa el narcotráfico”, dijo, al advertir que incluso las disputas y alianzas entre grupos armados ilegales giran alrededor de ese negocio ilícito. En ese contexto, explicó que “mientras se pelean en el Catatumbo, se unen en el sur de Bolívar”, demostrando, según él, que el narcotráfico es el eje de sus decisiones.Sánchez también envió un mensaje directo a ‘Iván Mordisco’ y a quienes integran su organización, invitándolos a abandonar las armas antes de ser capturados. “La invitación es a que se desmovilice, a que dejen de causarle tanto daño a Colombia y que lo hagan antes de que el Estado los encuentre y los lleve a la justicia”, afirmó.Finalmente, el ministro hizo un llamado a la ciudadanía para que colabore con información que permita ubicar a este cabecilla y desarticular su red criminal. “Denuncien llamando al 107 o al 157”, pidió, al concluir que el narcotráfico no solo une a estos grupos, sino que “también los lleva a la autodestrucción”.
El cabecilla de las disidencias de las Farc, alias ‘Iván Mordisco’ reapareció en un vídeo en el que le hace un llamado al ELN, a la Segunda Marquetalia y a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano para que hagan una alianza criminal, lo anterior, tras la operación de Estados Unidos en Venezuela que llevó a la captura de Nicolás Maduro.“Los convocamos con necesidad imperiosa a una cumbre de comandantes insurgentes de Colombia y de toda nuestra América. Basta intervenciones militares”, señala en el video alias ‘Iván Mordisco’.Es importante recordar que, según información de inteligencia, la operación de Estados Unidos en Venezuela ha llevado a algunos cabecillas de grupos armados como el ELN y la Segunda Marquetalia a huir del vecino país, en donde se refugiaban bajo el auspicio del régimen de Maduro.Venezuela también ha sido país garante en las negociaciones de paz que ha adelantado el Gobierno nacional con diferentes grupos armados, como la Segunda Marquetalia y el ELN.Actualmente la Segunda Marquetalia es comandada por alias 'Iván Márquez', cuya última aparición fue justamente en Caracas.Por su parte, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano es una disidencia de la Segunda Marquetalia que actualmente está en negociaciones de paz con el Gobierno.
Un conjunto de documentos de inteligencia internacional y territorial revela con detalle la arquitectura clandestina que sostiene la presencia del ELN y las redes del narcotráfico en el estado Zulia, Venezuela. Lejos de ser asentamientos improvisados, las bases guerrilleras y las pistas aéreas ilegales responden a una lógica estratégica que combina geografía, ocultamiento y conectividad fluvial.El análisis identifica al menos diez zonas clave de asentamiento del ELN ubicadas en la franja Catatumbo–Zulia y en los piedemontes de la Serranía de Perijá. Se trata de territorios dominados por planicies inundables, selvas húmedas, marismas y corredores ribereños, entornos que ofrecen protección natural, abundancia de agua y una movilidad silenciosa a través de ríos y caños.Estas áreas, como Encontrados, Udón Pérez, Valderrama o Machiques de Perijá, presentan un patrón recurrente: baja densidad poblacional, escasa presencia estatal y múltiples rutas de aproximación secundarias, lo que dificulta la detección aérea y terrestre. En varios puntos, la vegetación densa y los obstáculos por inundación actúan como barreras naturales frente a operativos convencionales.En paralelo, los documentos detallan al menos diez pistas aéreas irregulares utilizadas para el narcotráfico, con longitudes que oscilan entre 1.300 y 2.300 metros, suficientes para aeronaves ligeras cargadas con droga o insumos ilícitos. Estas pistas se encuentran estratégicamente alineadas con riberas, planicies aluviales y claros rectilíneos en medio del bosque, muchas de ellas conectadas por trochas o canales fluviales.Llama la atención la superposición geográfica entre las zonas de presencia del ELN y las pistas clandestinas. Municipios como Jesús María Semprún, Catatumbo y Rosario de Perijá aparecen de forma reiterada, lo que refuerza la hipótesis de coexistencia operativa o acuerdos funcionales entre estructuras armadas y organizaciones narcotraficantes.La orientación de las pistas, la baja huella nocturna y el acceso anfibio en varios sectores evidencian una planificación técnica orientada a evadir radares, patrullajes y controles fronterizos. No se trata solo de esconderse, sino de garantizar flujos constantes de movilidad, abastecimiento y salida de cargamentos.En conjunto, los documentos pintan un mapa preciso de cómo la criminalidad organizada ha convertido el sur y occidente del Zulia en un santuario logístico, donde la selva, el agua y la geografía no son obstáculos, sino aliados estratégicos.
La ONU Derechos Humanos Colombia exigió la liberación inmediata de los cinco integrantes de la Policía Nacional que habrían sido secuestrados por el ELN en zona rural del municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander.En un pronunciamiento oficial, pidieron al grupo armado que tendría en su poder a los policías José Ricardo Carrillo Romero, Carlos Eduardo Barrera Ruiz, Edwin Fabián Manosalva Contreras, Ramón Alberto Coronel Medina y Daniel de Jesús Granada Quiroz, a respetar en todo momento su vida e integridad personal.“Rechazamos la privación de la libertad de estos cinco funcionarios de la @PoliciaColombia de Norte de Santander”, señalaron en el comunicado.De acuerdo con la información recopilada por la entidad, los uniformados se movilizaban vestidos de civil, a bordo de un vehículo de transporte público, cuando fueron privados de la libertad en la vía que comunica a Tibú con otras zonas del Catatumbo.El organismo rechazó de manera categórica este hecho y reiteró a los grupos armados no estatales su obligación de respetar el Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos aun en contextos de conflicto armado.
El gobierno de Venezuela ratificó su postura histórica frente a las relaciones que mantiene con Cuba y los países del Caribe, al asegurar que estas se fundamentan en “la hermandad, la solidaridad, la cooperación y la complementariedad”.A través de un comunicado oficial, Caracas señaló que dichos vínculos se ajustan a los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y en el Derecho Internacional, en particular al respeto por la soberanía nacional y la libre autodeterminación de los pueblos.El documento también subraya que las relaciones internacionales deben regirse por la no intervención y la igualdad soberana entre los Estados, como pilares para la convivencia pacífica entre las naciones.Finalmente, el gobierno venezolano reiteró que el diálogo político y diplomático es el único mecanismo legítimo para resolver controversias de cualquier naturaleza, descartando vías distintas a la negociación pacífica. Este comunicado se da en el marco del reciente anuncio del presidente estadounidense Donald Trump en el que exigió que Venezuela no le venda petroleo a Cuba.
En la tarde de este domingo 11 de enero de 2026, el Ministerio de Transporte entregó detalles sobre el accidente aéreo ocurrido en inmediaciones del aeródromo Juan José Rondón, en el sector comprendido entre los municipios de Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá, donde perdieron la vida seis personas, entre ellas el cantante de música popular Yeison Jiménez.Según el relato de testigos y la información preliminar suministrada por las autoridades, la aeronave volaba a una altura aproximada de 50 metros sobre el terreno. “El impacto inicial contra el suelo habría generado un rebote y, en el segundo contacto, se produjo la fractura de la cola de la aeronave, seguida de dos explosiones separadas por algunos segundos, atribuibles a residuos de combustible”.En el comunicado oficial, el Ministerio aclaró que “las autoridades confirmaron que la aeronave se encontraba en vuelo al momento del siniestro y que el punto del impacto se localiza a una distancia aproximada de una milla de la cabecera de la pista”.Asimismo, confirmaron que en el lugar continúan las labores de las autoridades, que adelantan la recolección de material probatorio que será analizado con el fin de esclarecer lo ocurrido.Esta es la hipótesis del accidente donde murió Yeison JiménezPor otro lado, el Ministerio informó que se están manejando cerca de tres líneas de investigación para determinar las causas del accidente. La primera corresponde al componente operacional, que evalúa “las condiciones de la aeronave, su operación en pista y las condiciones meteorológicas”.La segunda línea de investigación aborda un componente técnico relacionado con el mantenimiento y el estado de la aeronave: “Revisa manuales, trazabilidad de mantenimientos recientes, novedades técnicas y certificaciones de aeronavegabilidad”.Finalmente, se analizan los factores humanos, que evalúan “el entrenamiento, experiencia, licencia y condiciones psicofísicas del piloto, así como sus hábitos y horas de vuelo recientes”.“Desde el Ministerio de Transporte acompañamos de manera permanente esta investigación, respetando la autonomía técnica de la autoridad aeronáutica y garantizando que cada hallazgo sea analizado con el máximo rigor”, afirmó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.Cabe resaltar que en este siniestro perdieron la vida Yeison Jiménez, el capitán Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.
El Sinuano Noche continúa posicionándose como uno de los juegos de chance más representativos del Caribe colombiano. Con el paso del tiempo, este sorteo nocturno se ha convertido en una costumbre diaria para miles de personas que consultan los resultados del chance con la expectativa de que la fortuna los acompañe y su número resulte ganador.Los números publicados corresponden exclusivamente al sorteo más reciente y son los únicos válidos para la verificación de premios. Por ello, deben compararse directamente con los tiquetes de apuesta adquiridos en los puntos autorizados, garantizando así un proceso claro, seguro y confiable para los jugadores.Resultado oficial del Sinuano Noche hoy, domingo 11 de enero de 2026La organización del sorteo dio a conocer la combinación ganadora correspondiente al domingo 11 de enero de 2026: 6566 - 9. Una jornada que despertó gran interés entre los jugadores habituales del chance.Número ganador: 6566 Tres últimas cifras: 566 Dos últimas cifras: 66 Quinta balota: 9Un juego tradicional, accesible y en constante evoluciónEl éxito del Sinuano Noche se basa en el equilibrio entre tradición y accesibilidad. Los valores de apuesta, que oscilan entre $500 y $25.000, permiten la participación de personas con distintos presupuestos, manteniendo su carácter popular dentro del panorama de los juegos de azar en Colombia.Durante 2025, el sorteo incorporó una actualización relevante con la inclusión de la quinta balota. Esta novedad amplió el número de combinaciones posibles y aumentó las opciones de premio, sin modificar la mecánica tradicional que los jugadores ya conocían. La incorporación fue bien recibida tanto por apostadores habituales como por nuevos participantes, fortaleciendo la vigencia y el atractivo del juego.Horario y transmisión oficialEl Sinuano Noche se juega todos los días a las 10:30 p. m., con transmisión oficial en vivo. Este horario fijo facilita que los jugadores organicen sus apuestas y consulten los resultados de manera oportuna.La transparencia del proceso, junto con la publicación permanente de los números ganadores en los canales oficiales, refuerza la confianza del público y consolida al sorteo como una referencia diaria dentro de los juegos de chance en Colombia.Modalidades de apuesta del Sinuano NochePara adaptarse a distintos perfiles de jugadores, el Sinuano Noche ofrece diversas modalidades de apuesta:Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número de cuatro cifras.Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.Tres cifras combinado: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.Una cifra (uña): acierto de la última cifra.Cada modalidad otorga premios proporcionales al valor apostado y al tipo de jugada, lo que permite estrategias flexibles tanto para jugadores ocasionales como para apostadores con mayor experiencia.¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche?El proceso para reclamar un premio del Sinuano Noche es sencillo y seguro. El ganador debe presentar el tiquete original en buen estado, junto con el documento de identidad original y una fotocopia legible.De acuerdo con el valor del premio, calculado en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:Menos de 48 UVT: documentos básicos.Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formato SIPLAFT.Más de 182 UVT: documentos básicos, formato SIPLAFT y certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).Cumplir con estos requisitos garantiza un pago oportuno y reafirma el compromiso del Sinuano Noche con la legalidad, la transparencia y la confianza de sus jugadores.
El Super Astro Luna se ha consolidado como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia, gracias a una propuesta diferenciadora que combina la elección de números con los signos del zodiaco. Esta fusión entre azar y astrología ha captado la atención de miles de personas que cada noche consultan los resultados del chance, con la expectativa de que la suerte y los astros se alineen a su favor.La transmisión del sorteo en vivo refuerza la transparencia del proceso y permite a los jugadores seguir el desarrollo en tiempo real, un aspecto clave para quienes revisan de forma constante los resultados oficiales del Super Astro Luna.Resultado del Super Astro Luna hoy domingo 11 de enero de 2026El sorteo del Super Astro Luna correspondiente al domingo 11 de enero de 2026, dejó definida la combinación ganadora de la jornada nocturna, marcando la suerte de los apostadores: 9079 - SagitarioNúmero ganador: 9079 Tres últimas cifras: 079 Dos últimas cifras: 79 Signo zodiacal: SagitarioHorarios oficiales del Super Astro LunaEl Super Astro Luna realiza sorteos todos los días, lo que facilita una participación continua a lo largo de la semana. Los horarios oficiales establecidos son:Lunes a viernes: 10:40 p. m.Sábados: 10:42 p. m.Domingos y festivos: 8:30 p. m.Esta programación permite que los participantes organicen sus apuestas y consulten los resultados de acuerdo con su rutina diaria, convirtiendo al Super Astro Luna en una referencia habitual dentro del calendario del chance en Colombia.¿Cómo jugar al Super Astro Luna?La mecánica del Super Astro Luna es simple y flexible, lo que lo hace atractivo para distintos perfiles de jugadores. Para participar, se debe:Elegir un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.Seleccionar un signo zodiacal.Activar de forma opcional la modalidad “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número con los 12 signos del zodiaco.Definir el valor de la apuesta, desde $500 hasta $10.000 por jugada, con un máximo de cuatro jugadas por tiquete.Esta dinámica permite participar de manera recreativa o seguir una estrategia específica, según las preferencias de cada jugador que consulta los resultados del chance nocturno.¿Dónde apostar al Super Astro Luna?Las apuestas del Super Astro Luna se realizan exclusivamente en puntos de venta autorizados en todo el país. Esta medida garantiza un proceso seguro, confiable y transparente, tanto para la compra de las apuestas como para la validación de posibles premios.Requisitos para cobrar un premioEl proceso para cobrar un premio del Super Astro Luna es claro y ágil. Para realizar el reclamo, el ganador debe presentar:El tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.El documento de identidad original y una fotocopia legible.Cumplir con estos requisitos permite que el pago se efectúe de manera oportuna, reforzando la confianza y la transparencia que caracterizan a este sorteo nocturno.
La Caribeña Noche continúa siendo uno de los juegos de chance más representativos del Caribe colombiano. Gracias a una trayectoria que ha ganado reconocimiento con el paso del tiempo, este sorteo nocturno se ha convertido en una consulta habitual para miles de personas que revisan a diario los resultados del chance, motivadas tanto por la posibilidad de obtener un premio como por la tradición que rodea al juego en distintas regiones del país.La constancia del sorteo y la facilidad para consultar los números ganadores han contribuido a que la Caribeña Noche mantenga su vigencia dentro del panorama del chance en ColombiaResultado oficial de la Caribeña Noche hoy domingo 11 de enero de 2026Durante el sorteo realizado en la noche del domingo11 de enero de 2026, se confirmó la combinación que definió la suerte de numerosos jugadores. El resultado oficial fue el siguiente: 9635 - 1Número ganador: 9635 Tres últimas cifras: 635 Dos últimas cifras: 35 Quinta balota: 1¿A qué hora se juega la Caribeña Noche?La Caribeña Noche se sortea todos los días a las 10:30 p. m. Los resultados oficiales se publican pocos minutos después de finalizada la transmisión, lo que permite una consulta rápida, segura y confiable a través de los canales autorizados.Este horario fijo hace parte de la rutina nocturna de muchos apostadores del Caribe colombiano y de otras zonas del país, facilitando el seguimiento constante del sorteo y la verificación oportuna de los números ganadores.Modalidades de juego disponiblesUno de los principales atractivos de la Caribeña Noche es la variedad de modalidades de apuesta, diseñadas para distintos perfiles de jugadores y niveles de riesgo:Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.Cuatro cifras combinado: acierto de las cifras sin importar el orden.Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.Tres cifras combinado: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.Una cifra (uña): acierto de la última cifra.Esta diversidad permite que cada participante elija la modalidad que mejor se ajuste a su estrategia, experiencia y presupuesto, manteniendo el interés en los resultados del chance nocturno.Costos de las apuestasLa Caribeña Noche se caracteriza por ofrecer valores accesibles, lo que promueve una participación amplia y responsable:Apuesta mínima: $500Apuesta máxima por jugada: $10.000Límite por tiquete: $25.000Estas condiciones posicionan a este sorteo como una de las alternativas más competitivas dentro del chance nocturno en Colombia.¿Cómo reclamar un premio?Para reclamar un premio de la Caribeña Noche, el ganador debe presentar el tiquete original en buen estado y un documento de identidad vigente. Dependiendo del valor del premio, el operador puede solicitar requisitos adicionales, de acuerdo con la normativa y los procedimientos establecidos.Cumplir con estas condiciones garantiza un pago oportuno y refuerza la transparencia y la confianza en uno de los sorteos más tradicionales del Caribe colombiano.
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas lanzó una alerta tras las advertencias de la Defensoría del Pueblo, que señala a los municipios de Riohacha y San Juan del Cesar en riesgo extremo por el aumento de combates entre grupos armados ilegales en inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.Desde el 26 de diciembre de 2025, al menos 195 personas, pertenecientes a 43 familias, se han visto obligadas a abandonar sus territorios rurales debido a los enfrentamientos armados. Los hechos han afectado de manera directa a comunidades indígenas del pueblo Wiwa, así como a población campesina, niños, niñas y adolescentes, docentes y liderazgos sociales.Uno de los casos más críticos es el desplazamiento total de la comunidad indígena Wiwa de La Múkura, una situación que, según el informe, “afecta su relación histórica, espiritual y colectiva con el territorio”. Estas comunidades ya habían enfrentado crisis humanitarias recurrentes en los últimos dos años, lo que ha debilitado sus procesos organizativos y de protección colectiva.A esto se suman restricciones al acceso a alimentos y servicios básicos, especialmente en territorios con vocación agrícola, además de amenazas y agresiones contra docentes, líderes comunitarios e integrantes del pueblo Wiwa, así como restricciones a la movilidad y al acceso a la información.La OCHA también advierte que las alcaldías de Riohacha y San Juan del Cesar no cuentan con recursos para brindar asistencia humanitaria inmediata y que, hasta el momento, no se ha entregado ayuda a las familias afectadas. Aunque se han activado algunas rutas de protección, Naciones Unidas mantiene el monitoreo permanente de la situación ante la gravedad de los riesgos humanitarios.
En los últimos días, diversas organizaciones sociales, líderes comunitarios y entidades del Estado colombiano han venido reportando una nueva escalada de violencia en el corregimiento de Filogringo, jurisdicción de El Tarra (Norte de Santander), como resultado de enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Según los reportes de habitantes locales y personeros de la región, los combates se han intensificado desde mediados de diciembre, con hechos que incluyen uso de drones armados, ataques con artefactos explosivos y enfrentamientos directos entre los grupos armados ilegales. Estos incidentes han ocurrido tanto en zonas rurales como en las cercanías del casco urbano de Filogringo, lo cual ha puesto en alerta máxima a las comunidades. Los habitantes han compartido en redes sociales y medios locales grabaciones donde se muestra la llegada de grupos armados al área y el intercambio de disparos que se prolongan durante horas. Los reportes coinciden en que estos hechos han generado pánico, con detonaciones escuchadas de noche y presencia de artefactos aéreos no tripulados sobre zonas pobladas, lo que impide que muchas familias se desplacen libremente o busquen refugio seguro. Organizaciones comunitarias han señalado que más de 300 personas están siendo desplazadas o confinadas como consecuencia de estos combates. Además, el uso de drones ha sido descrito como especialmente preocupante, ya que estos ataques indiscriminados elevan el riesgo de víctimas civiles y daños a infraestructura habitacional. La Defensoría del Pueblo y personeros del Catatumbo han publicado comunicados oficiales en los que instan a las partes armadas a cesar las acciones violentas y respetar el Derecho Internacional Humanitario, enfatizando que la población civil no forma parte del conflicto y no debe ser expuesta a estas hostilidades. Estas entidades también han pedido al gobierno nacional fortalecer la presencia institucional para proteger a las comunidades afectadas. Los reportes coinciden con alertas humanitarias emitidas previamente este año, en donde se advirtió sobre el riesgo de nuevos enfrentamientos en diciembre debido al histórico de tensiones entre el ELN y las disidencias de las Farc, especialmente en áreas como El Tarra y Tibú. La continuidad de estos combates en Filogringo ha evidenciado cómo las advertencias generadas por organismos de derechos humanos se han cumplido, resultando en un aumento de desplazamientos forzados y deterioro de las condiciones de seguridad en la región. Estos reportes se suman a la grave crisis humanitaria que atraviesa el Catatumbo, donde se han documentado más de 78.000 desplazados como consecuencia de la violencia sostenida durante 2025, con Tibú y El Tarra entre los municipios más afectados. Las organizaciones sociales han resaltado que la situación no solo implica combates armados, sino también restricciones de movilidad, bloqueos a servicios básicos y afectaciones directas al acceso a alimentos y atención médica para la población civil. En síntesis, los reportes sobre la llegada y escalada de violencia en Filogringo coinciden en que se trata de una dinámica compleja y peligrosa, con impactos directos en la seguridad y los derechos humanos de las comunidades locales, que ahora enfrentan no solo la confrontación armada entre grupos ilegales, sino también las consecuencias humanitarias de un conflicto prolongado y en constante evolución.
La Defensoría del Pueblo alertó sobre la grave crisis humanitaria que atraviesa la subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, donde los enfrentamientos entre grupos armados ilegales han provocado más de 78.000 desplazamientos forzados durante 2025. Tibú y El Tarra figuran entre los municipios más afectados por un conflicto que no da tregua y que ha generado confinamientos, amenazas y violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).El organismo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 017 de 2025 ante el recrudecimiento de la violencia entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las extintas Farc —Frente 33 y Bloque Magdalena Medio—, así como por el control territorial ejercido por el ELN en amplias zonas rurales. En este escenario confluyen economías ilegales, débil presencia estatal y una estructura de poder paralelo que impone restricciones de movilidad, normas de conducta y prácticas de coerción social sobre la población civil.En mayo, el Gobierno nacional autorizó la creación de una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) para miembros del Frente 33 en Tibú, medida que fue prorrogada el 23 de diciembre sin que hasta la fecha existan los protocolos necesarios para su funcionamiento. La Defensoría advirtió que la persistencia del conflicto armado en el área hace inviable esta iniciativa y podría aumentar los riesgos humanitarios para las comunidades cercanas.Los hechos más recientes agravan el panorama. Desde el 14 de diciembre se registran nuevos enfrentamientos en Tibú y El Tarra, que han dejado decenas de familias desplazadas y miles confinadas. Solo en el corregimiento de Pachelli, cerca de 1.500 familias —unas 6.000 personas— permanecen sin acceso a alimentos ni servicios básicos por los combates y el paro armado del ELN. En la vereda Kilómetro 16, 223 personas tuvieron que abandonar sus hogares, mientras que los ataques con drones en Filo Gringo mantienen aisladas a varias comunidades rurales.La Defensoría alertó además que las alcaldías de Cúcuta y Tibú no tienen la capacidad operativa ni presupuestal para responder a la emergencia, debido al vencimiento de contratos del personal de atención y del operador logístico. La falta de seguridad en el territorio ha impedido verificar de manera directa los nuevos desplazamientos, por lo que se presume un subregistro significativo.Ante esta situación, el organismo pidió al Gobierno nacional y a las autoridades locales fortalecer las rutas de atención humanitaria, garantizar el envío de ayuda inmediata y activar corredores humanitarios para las zonas más afectadas. También llamó a los grupos armados ilegales a cesar las hostilidades y respetar el Derecho Internacional Humanitario, para evitar que la crisis siga cobrando víctimas en el Catatumbo.Al llamado de la Defensoría del Pueblo se suma la alerta que emiten cerca de 28 organizaciones sociales de la región del Catatumbo en la que claman acciones inmediatas por parte de los grupos armados ilegales y los organismos del Estado."Alertamos sobre la grave escalada de la crisis humanitaria en el Catatumbo en los últimos días. Las confrontaciones armadas han generado más de 300 personas desplazadas, cierre de vías, presencia de artefactos explosivos, bloqueo a misiones médicas y graves afectaciones a la población civil", indicaron.Agregaron que la actual situación que ya había sido advertida por la mesa humanitaria desde noviembre, pone en alto riesgo a las comunidades campesinas e indígenas, especialmente a niñas, niños, personas mayores y líderes sociales."Exigimos acciones inmediatas de protección y atención humanitaria por parte del Estado y el respeto al DIH por los actores armados. Seguiremos acompañando a las comunidades por la vida, la paz y la permanencia digna en el Catatumbo".La crisis humanitaria que vive actualmente el Catatumbo empezó el 16 de enero de este año.
La paz en Colombia dejó de ser una promesa abstracta para convertirse en una realidad tangible en distintos territorios del país. Así lo demuestra el balance presentado por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), que durante 2025 impulsó iniciativas, proyectos productivos e inversiones clave para fortalecer la reincorporación y evitar la repetición del conflicto armado.El siguiente video recoge los principales hitos de este proceso y evidencia cómo el trabajo articulado entre el Estado, las comunidades y las personas firmantes de paz ha permitido abrir nuevas oportunidades y sembrar arraigo a la vida civil.Durante el año, la educación se consolidó como uno de los principales pilares de la construcción de paz. Más de 10.200 personas en proceso de reincorporación lograron elevar su nivel de escolaridad, mientras que firmantes del Acuerdo de Paz y sus hijos e hijas accedieron a educación superior, gracias a convenios estratégicos como el firmado con el Icetex. Estas acciones no solo fortalecen las capacidades individuales, sino que también impactan de manera directa la sostenibilidad económica de las familias.En materia productiva, la ARN impulsó 6.097 proyectos —tanto individuales como colectivos— que recibieron inversiones superiores a los 104.000 millones de pesos. A esto se suman los convenios con el Fondo Emprender del SENA y el Banco Agrario, que abrieron nuevas puertas para el emprendimiento, el acceso a crédito y la generación de ingresos en los territorios.Sin embargo, el avance hacia la paz no se limita a lo económico. La reconstrucción del tejido social fue otro eje fundamental en 2025. A través de las agendas comunitarias, diálogos para el futuro, se promovieron espacios de reconciliación y convivencia pacífica en 66 territorios, con la participación de más de 9.540 personas entre comunidades y firmantes de paz.El año también marcó un hito histórico en el cumplimiento de compromisos: cerca de 18.500 hectáreas adquiridas y 347 viviendas entregadas o en proceso de entrega desde la firma del Acuerdo de Paz, fortaleciendo el arraigo territorial y los proyectos de vida de quienes apostaron por dejar las armas.Para 2026, la ARN y el Gobierno del Cambio reiteran su compromiso de seguir llegando a los territorios históricamente marginados, entendiendo que la paz crece cuando la reincorporación se fortalece desde lo local y se traduce en transformaciones reales para Colombia.
La Defensoría del Pueblo advirtió que entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2025 se registraron 165 asesinatos de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos en el país. Del total de casos confirmados, 143 corresponden a hombres y 22 a mujeres, lo que refleja una grave y sostenida vulneración a quienes promueven la defensa de los derechos y la paz en los territorios.Los datos revelan que los meses con mayor número de homicidios fueron marzo (20 casos), julio (19) y noviembre (18). Desde enero de 2016 hasta noviembre de 2025, la Defensoría ha documentado 1.653 asesinatos de líderes y defensores, una cifra que pone en evidencia la magnitud de la crisis y la necesidad de reforzar la protección institucional.A las cifras de la Defensoría se suman los datos de Indepaz, que confirman la persistencia de un patrón sistemático de violencia y silenciamiento contra quienes defienden la vida, los derechos humanos y la implementación del Acuerdo de Paz. El instituto señala que el asesinato de líderes sociales, de firmantes de paz y la repetición de masacres en distintos departamentos no solo responde a la acción de grupos armados ilegales, sino también a profundas fallas estructurales del Estado en materia de prevención, protección y garantías de no repetición.Las organizaciones defensoras de derechos humanos coinciden en que el Estado colombiano sigue en deuda con las comunidades rurales y los procesos sociales que, a pesar de los riesgos, continúan promoviendo la reconciliación y la defensa del territorio.Mientras tanto, colectivos como las Tejedoras de Vida del Putumayo mantienen viva la voz de resistencia con una pregunta que se repite en cada marcha y conmemoración: “¿Por qué nos matan?”.El llamado de las entidades es urgente: fortalecer los mecanismos de seguridad para los líderes sociales, garantizar justicia frente a los crímenes y avanzar en una política integral de protección que ponga fin a la impunidad y al miedo que sigue acechando a quienes defienden la paz.
La guerrilla de ELN anunció una tregua unilateral navideña, la cual comenzará a regir desde las 6:00 de la mañana del sábado 24 de diciembre hasta la misma hora del lunes 2 de enero. La declaración del grupo armado ilegal se produjo días después de la exigencia de la Defensoría del Pueblo de dar muestras genuinas de paz, luego del anuncio de un "paro armado" anunciado por esa guerrilla en zonas de "alivios humanitarios".Varias comunidades del departamento del Chocó alertaron el pasado miércoles sobre el "grave riesgo" que enfrentan por la incursión de grupos ilegales y enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN, así como por un "paro armado".Uno de los primeros acuerdos de los diálogos de paz entre el Gobierno colombiano y el ELN en Venezuela es "un sistema de alivios humanitarios para garantizar el retorno de población desplazada y poner fin a situaciones de confinamiento" en el Medio Calima (Valle del Cauca) y el Medio San Juan (Chocó) a partir de enero.A propósito del anuncio de "paro armado" del frente occidental del ELN 'Ómar Gómez', el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, pidió al Comando Central de esa guerrilla un pronunciamiento para seguir generando confianza en torno al proceso de diálogo que se viene desarrollando.En todo caso eso "debe ir acompañado de la cesación inmediata de cualquier acción armada en contra de la población civil".Por su parte, el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, rechazó la posibilidad de un paro armado, y dijo que el Gobierno ha "actuado bajo los mecanismos que tenemos con el ELN para que nos den una respuesta al respecto".En un "paro armado", la guerrilla suele restringir el desplazamiento de vehículos por carreteras, la movilidad de las personas e incluso ordena el cierre de comercios, así como cometer agresiones y proferir amenazas contra todo aquel que no cumpla estas normas.
Así lo dio a conocer el representante a la Cámara del Centro Democrático Christian Garcés, quien dijo que se trataría de los jóvenes Andrés Duque Ruiz y Bremmen Hinestroza, luego de una verificación que hizo con órganos judiciales.Según el congresista, la liberación de Duque Ríos e Hinestroza también obedecería a una presión por parte del senador del Pacto Histórico Ermes Pete, quien también pertenece al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).“En el listado que el gobierno del presidente Gustavo Petro entregó para iniciar la liberación de los llamados voceros de paz hay dos colados, que no están imputados por delitos relacionados con el paro nacional o los bloqueos. Están hoy en la cárcel de Popayán, detenidos por haber hecho invasión de tierras, avasallamiento, daños a la propiedad privada y agresión al servidor público”, enfatizó Garcés.Según el congresista, con la liberación de los jóvenes de la cárceles se estaría violando la división de poderes y el orden constitucional, pues considera que estas liberaciones son una burla a la Fiscalía y jueces de la República.“Estarían buscando liberarlos con la presión del Pacto Histórico, que además recibieron en la cárcel una visita de una delegación encabezada por el congresista Pete, quien hace parte de una organización que se ha caracterizado por promover las invasiones en el Cauca”, puntualizó el denunciante.
Las Fuerzas Revolucionarias Mexicanas y las Fuerzas Armadas RPS - Cartel del Norte, dos agrupaciones armadas que delinquen en la ciudad de Quibdó, en el departamento de Chocó, anunciaron cese al fuego unilateral en los barrios de la capital del Chocó donde tienen presencia con el objetivo de llegar a algunos acercamientos con el Gobierno nacional en medio del proceso de paz total."Saludamos la decisión de ambos grupos que, sin duda, mitigará la grave situación de violencia e inseguridad que viven los habitantes de Quibdó y sus alrededores. A las Fuerzas Armadas RPS - Cartel del Norte y a las Fuerzas Revolucionarias Mexicanas les reiteramos que, vía la mediación de la Iglesia o de sus propios voceros, el gobierno del presidente Gustavo Petro está dispuesto, a través de esta Oficina de Paz, a iniciar un proceso de acercamiento", explicó en un comunicado el comisionado para la Paz, Danilo Rueda.En el mismo sentido, Rueda aseguró que el primer gesto de voluntad de paz que pueden manifestar estos dos grupos es el respeto a la vida de los habitantes de Quibdó, pues cuando se cumple esta condición se podría avanzar hacia un acercamiento y eventualmente a un proceso de diálogo. Al respecto, el Gobierno también verificará el cumplimiento de los compromisos asumidos por los dos grupos armados."Valoramos el papel primordial que han jugado en este proceso el Consejo Municipal de Juventudes de Quibó, las Juntas de Acción Comunal de los barrios y la comunidad quibdoseña en general, quienes reiteradamente han reclamado a los armados un cese de la violencia contra la población. Estamos listos para un encuentro directo", señala el comunicado del comisionado para la Paz.El anuncio de las bandas en Quibdó se da dos días después del anuncio del presidente Gustavo Petro de crear un programa que permita a 100.000 jóvenes no caer en las redes de grupos armados ilegales."Quitarles la juventud a las organizaciones multicrimen es un camino indudable y serio hacia la paz", dijo el jefe de Estado en la presentación del balance del Programa de Generación de Empleo para Jóvenes, de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), en la Zona Franca de Bogotá.
Siete reclusas de la cárcel Buen Pastor y ocho presos de penitenciaría La Picota integrarán las Mesas Penitenciarias de Paz y Reconciliación de Apoyo para la Construcción de la Paz Total de los Centros Penitenciarios, como parte del avance en los diálogos que permitan la consolidación de la propuesta del Gobierno del presidente Gustavo Petro.Quienes se unirán a las mesas de diálogo serán: Jacinto Alberto Toro, el contador de la casa Castaño, el hermano de 'Otoniel', Carlos Mario Úsuga, quien desarrolló un software que promete descongestionar el sistema penitenciario de Colombia con un algoritmo que calcula la fecha en la que deben salir las personas de la cárcel.También se destaca Jacinto Alberto Soto Toro, alias ‘Lucas’, privado de la libertad por delitos como homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y tentativa de homicidio, quien además era el jefe financiero de los paramilitares Castaño Gil.En representación de la cárcel Buen Pastor, integrará la mesa Isabel Cristina Bolaños Dereix, prima de la exesposa de Salvatore Mancuso, Martha Dereix, quien perteneció al bloque Córdoba de los paramilitares y paga una condena de 40 años de cárcel por la muerte de la líder campesina Yolanda Izquierdo.Las mesas, según comunicó el Gobierno, buscan ayudar a la reparación de las víctimas, en articulación con gestores de paz e intermediarios en la reconciliación con los grupos armados ilegales organizados que actualmente adelantan acercamientos con la administración nacional.La mesa de paz se desarrollará este viernes a las 11 de la mañana en la cárcel La Picota de Bogotá.Los nombres completos de los procesados son:Cárcel el Buen Pastor:Ávila Adriana SilvaBolaños Dereix Isabel CristinaCarrascal Cantillo Eva KatherineMercado Scalzoto Claudia IsabelMorales González Mary LuzRayo Ávila Zuli JaidySánchez De Quintero Dora EugeniaPenitenciaría La Picota:Atehortúa Gómez Faber de Jesús, alias ‘Julio Palizada’Díaz Barrios Jairo Luis, alias ‘Mincho’Hurtado Ríos Jesús María, procesado por narcotráficoOviedo Morelos Héctor Manuel, alias ‘Osama’ o ‘Rufino’Pérez Mantilla Sandro ManuelSoto Toro Jacinto Alberto, alias ‘Lucas’Úsuga Carlos Mario, hermano de alias ‘Otoniel’Vallejo Alarcón Jorge de Jesús, alias ‘Vallejo’ o ‘El Doctor’Le puede interesar:
“En la mesa no estamos negociando la impunidad para los miembros del grupo ni hemos pactado ni pactaremos ningún acuerdo que vulnere el Estado social de derecho”, dijo Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno, tras responder críticas del excoronel Jaime Ariza.Novoa insistió que, durante un año y seis meses de diálogos, con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano se han presentado diferentes posturas de personas que han generado disensos los cuales se han debatido con respeto y altura, además, dijo que la presencia de todos los integrantes de la delegación del Gobierno es a título personal y no representan a ningún gremio u organización.Según el jefe negociador del Gobierno, cada uno de los miembros de la delegación asumen sus propias responsabilidades y lamentó el retiro del coronel Ariza como integrante del equipo de paz del Gobierno.La reacción del jefe negociador se da horas después que el coronel Jaime Ariza manifestará su inconformidad por lo que llamó “beneficios a personas detenidas con fines de extradición”, como es el caso de Andrés Rojas, comandante del grupo ilegal Comandos de Frontera, que hace parte de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.Novoa negó cualquier choque interno con agremiaciones como Acore y señaló que todas las preocupaciones expresadas por las comunidades, autoridades locales y departamentales sobre la paz total han sido tenidas en cuenta, asimismo, afirmó que hay plena confianza entre los integrantes de la delegación del Gobierno.Este es el comunicado emitido por la delegación del Gobierno nacional en diálogos de paz.
El Gobierno nacional oficializó, mediante la Resolución 471 del 22 de diciembre de 2025, la creación de Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) para los integrantes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (AGC), conocido como Clan del Golfo, como parte del proceso de conversación sociojurídico con ese grupo armado.De acuerdo con el documento, las ZUT estarán activas hasta el 31 de diciembre de 2026 y se ubicarán en áreas rurales de los municipios de Belén de Bajirá y Unguía (Chocó), así como en Tierralta (Córdoba). Estas zonas serán espacios monitoreados y vigilados que permitirán la transición de los integrantes del AGC hacia su sometimiento a la justicia y su eventual reincorporación a la vida civil, en el marco de la política de Paz Total impulsada por el Gobierno Nacional.La medida busca garantizar seguridad jurídica y humana a los miembros del grupo armado que ingresen al proceso, al tiempo que asegura la protección de las comunidades y la presencia del Estado en los territorios. La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA) acompañará el monitoreo y la verificación de las condiciones en las zonas, junto con el Ministerio de Defensa Nacional y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.El decreto también contempla la suspensión temporal de órdenes de captura y extradición para los miembros del AGC incluidos en los listados oficiales aprobados por la Oficina del Alto Comisionado, mientras dure su permanencia en las zonas de ubicación.El Gobierno recalcó que esta decisión no implica impunidad, sino que busca crear las condiciones necesarias para avanzar en el sometimiento judicial y la reparación a las víctimas. Además, dejó claro que en las zonas establecidas seguirá vigente la autoridad civil y militar, con pleno ejercicio del Estado de derecho.
El reciente fallo de la Corte Constitucional que ordena rectificar afirmaciones públicas contra la senadora Sandra Ramírez, exintegrante de las Farc y actual miembro del partido Comunes, ha generado un fuerte rechazo entre las víctimas del conflicto armado. La decisión, con ponencia del magistrado Miguel Polo Rosero, argumenta que Ramírez se ha reincorporado plenamente a la vida civil y que no existen investigaciones vigentes en su contra por hechos cometidos durante la guerra.Sin embargo, las víctimas calificaron la decisión como una “mordaza judicial” que limita su derecho a la libertad de expresión y a llamar a los responsables de la violencia por su nombre. Consideran que el fallo protege a victimarios y desprotege a las víctimas, en un contexto en el que muchos de los casos de reclutamiento forzado, secuestro y abuso sexual aún no han tenido respuesta efectiva en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).La presidenta de la Federación Colombiana de Víctimas, Sofía Gaviria, fue una de las voces más críticas frente a la decisión. En un pronunciamiento público, afirmó:“Rechazamos con toda la contundencia, como cualquier persona de bien lo debe hacer, que a quienes hemos defendido a las víctimas se nos cercene el derecho a llamar a nuestros victimarios como lo que son. La señora Sandra Ramírez era la responsable de entregarles como carne de cañón los niños reclutados al Secretariado de las Farc. Repudiamos completamente la decisión”.Gaviria señaló que el fallo no solo desconoce el suffarcrimiento de miles de víctimas, sino que envía un mensaje de impunidad al impedir que se hable libremente de los crímenes cometidos por los exintegrantes de la antigua guerrilla. “Lo que la Corte está haciendo es castigar la verdad”, manifestó la dirigente.Organizaciones de víctimas coincidieron en que la decisión restringe el derecho a la memoria histórica y la denuncia, pilares fundamentales del proceso de reconciliación. Advirtieron que la reparación y la justicia no pueden construirse sobre el silencio ni sobre el olvido, y pidieron a las instituciones del Estado garantizar que sus voces sigan siendo escuchadas.
El coronel (r) Jaime Ariza, quien integró la delegación del Gobierno Nacional en los diálogos con la antigua Segunda Marquetalia, hoy Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, aseguró que su retiro del proceso respondió a discrepancias profundas con el manejo que el jefe negociador, Armando Novoa, dio a varios episodios críticos durante las conversaciones de paz.Según explicó Ariza, su participación se dio a solicitud del alto comisionado para la Paz, quien en 2024 invitó a la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro (Acore) a vincular algunos de sus miembros al esfuerzo de la Paz Total. “Acore presentó varios nombres y fui designado para representar al componente de retirados de las Fuerzas Militares y de Policía”, precisó.Durante los primeros ciclos de negociación se alcanzaron acuerdos parciales importantes, entre ellos la entrega de 14 toneladas de material de guerra y la sustitución de 30.000 hectáreas de cultivos ilícitos en Nariño y Putumayo. También se avanzó en la definición de zonas de ubicación temporal para procesos de desarme, desmovilización y reincorporación.Sin embargo, las conversaciones se vieron afectadas tras un grave hecho ocurrido en el Putumayo, donde un teniente y un soldado fueron incinerados por una turba manipulada por el grupo armado, en medio de una operación contra el narcotráfico. Ariza explicó que solicitó a la mesa exigir responsabilidades, pero la respuesta de la Coordinadora fue “insuficiente” y sin reconocimiento alguno.“No se puede seguir permitiendo que la Fuerza Pública sea atacada mientras se habla de paz. La población es manipulada por quienes controlan la economía ilegal”, afirmó.Acore elaboró luego un documento reservado con observaciones y recomendaciones sobre el proceso, que —según Ariza— “no fue bien recibido” por el jefe negociador. Las diferencias se profundizaron cuando se solicitó una posición frente al caso de extradición de Andrés Rosas Taraña, frente al cual Ariza propuso condicionar cualquier pronunciamiento a una desmovilización irreversible en 30 días, lo que marcó su ruptura definitiva con la delegación.El oficial en retiro también señaló que posteriormente el Gobierno desconoció su papel como representante de Acore, asegurando que participaba “a título personal”. Esa decisión, sumada al silencio del Ejecutivo, llevó a la organización de oficiales retirados a cerrar unilateralmente su participación.“Los hechos son los hechos. El Gobierno pidió nuestro apoyo y luego nos desconoció. Guardaron silencio, y quien calla, otorga”, concluyó Ariza.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos advirtió que durante 2025 se intensificaron los focos de violencia territorial en Arauca, Arauquita, Tame, Sácama y Casanare, lo que provocó un aumento de víctimas y graves violaciones a los derechos humanos. La entidad recordó que las privaciones arbitrarias de la libertad, las desapariciones y los asesinatos en el marco del conflicto armado constituyen delitos de extrema gravedad que el Estado tiene la obligación de prevenir y sancionar.ONU Derechos Humanos insistió en la necesidad de que el Gobierno nacional refuerce la presencia institucional en los territorios, asigne recursos suficientes a las autoridades locales y garantice un acceso efectivo a la justicia, así como la atención y reparación a las víctimas.Una de las principales alertas del organismo se centra en el reclutamiento y la utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados no estatales. Solo en 2025, la ONU documentó 55 casos de afectaciones a menores de edad en Arauca, de los cuales 35 corresponden a reclutamiento directo o utilización, y otros 36 casos adicionales entre 2024 y 2025 afectaron a niñas y niños de los pueblos indígenas Makaguán, Hitnü, Betoy y U’wa. Esta situación, señaló la entidad, genera un impacto desproporcionado sobre las comunidades indígenas y campesinas.La Oficina también verificó el asesinato de tres personas defensoras de derechos humanos en Arauca durante 2025: una con liderazgo comunal, otra gremial y una más con liderazgo político y social. Aunque las cifras son menores a las de 2024, cuando se registraron 16 homicidios, la ONU advirtió que esta reducción no refleja una mejora en la seguridad, sino el miedo, la autocensura y el desplazamiento forzado de líderes sociales.A pesar de este panorama, la ONU destacó la valentía de las personas que continúan defendiendo los derechos humanos en Arauca y reiteró su llamado al Estado colombiano para que garantice su protección y el respeto a la población civil.
Colombia cierra el año 2025 en medio de una de las arremetidas violentas más graves de los últimos tiempos. El paro armado de 72 horas decretado por el ELN dejó cerca de 100 acciones armadas en al menos nueve departamentos, con un saldo de por lo menos 12 personas asesinadas, decenas de heridos, vías bloqueadas, vehículos incinerados y ataques con explosivos contra la fuerza pública. El hecho más grave ocurrió en zona rural de Aguachica, Cesar, donde un ataque con drones cargados de explosivos contra un batallón militar dejó siete soldados muertos y 28 heridos.En este contexto, María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), analizó en entrevista en El Radar con Ricardo Ospina el significado político y estratégico de esta ofensiva armada, no solo del ELN, sino también de las disidencias lideradas por alias Iván Mordisco. Para la experta, la violencia no es un fenómeno aislado ni coyuntural, sino que está directamente relacionada con el calendario electoral que se avecina.“Tengo la lectura de que sí están preparándose para lo que viene en el proceso electoral, para tener un espacio en el debate público, hacerse notar”, afirmó Llorente, al señalar que estos grupos buscan incidir en la agenda política y forzar definiciones sobre su tratamiento en el próximo gobierno. Según explicó, se trata de una dinámica repetida en Colombia cada cuatro años, pero que hoy se agrava por la expansión territorial y el fortalecimiento económico de las organizaciones armadas ilegales.La directora de la FIP también se refirió a la política de “paz total” del Gobierno del presidente Gustavo Petro, cuya apuesta central ha sido mantener abiertas múltiples mesas de negociación, incluso aquellas que no han mostrado resultados concretos. “Teníamos nueve mesas de negociación, ninguna se ha desmontado, en ninguna hemos tenido ningún resultado, pero ninguna se ha desmontado”, advirtió, al tiempo que cuestionó la ausencia de una estrategia clara de seguridad que acompañe estos diálogos.Para Llorente, el Ejecutivo busca dejar “hechos irreversibles” que condicionen al próximo Gobierno. “Aquí seguimos con esta política… y vamos a seguir insistiendo en ello y generando hechos que le hagan muy difícil al siguiente Gobierno desmontar” los procesos en curso, explicó, refiriéndose a iniciativas como las zonas de ubicación territorial con distintos grupos armados.Sin embargo, el balance en seguridad es preocupante. La analista recordó que la falta de una estrategia integral ha derivado en la fragmentación y multiplicación de estructuras criminales. Como ejemplo, citó el crecimiento del Clan del Golfo: “Se han incrementado en un 85 % con respecto a lo que había cuando se desmovilizaron las Farc”.De cara al próximo Gobierno, Llorente fue enfática en la necesidad de un cambio de enfoque. “Es absolutamente indispensable establecer una hoja de ruta de seguridad en los territorios”, señaló, insistiendo en recuperar la iniciativa del Estado, proteger a la población civil y contener el avance de los grupos armados. Aunque defendió la negociación como herramienta, advirtió que sin seguridad territorial y sin incentivos claros, cualquier proceso está condenado al fracaso.El cierre de año deja así un panorama complejo: más violencia, negociaciones fragmentadas y una campaña electoral que ya empieza a sentirse en los fusiles. Para expertos como Llorente, el reto del 2026 será enorme: construir una política de seguridad y paz que no repita los errores del presente y devuelva la tranquilidad a los territorios más golpeados del país.